Segunda y última parte analizando el papel del Banco Santander en la deforestación que afecta a la selva amazónica en Brasil. Puedes leer la primera parte aquí.
El Banco Santander es una de las entidades financieras que sostienen a las empresas cárnicas JBS, Marfrig y Minera, con inversiones estimadas en 1.600 millones de dólares, según un informe de diciembre de 2020 de Chain Reaction Research. Dos de estas grandes empresas, ya lo hemos comentado en el anterior texto, acudían junto con la delegación brasileña de Glasgow a sumarse a las promesas de lucha contra la deforestación.
El incumplimiento de las promesas de aplicar la correcta y debida vigilancia a las empresas del sector agropecuario colisiona con la decisión estratégica de establecer alianzas con las grandes empresas del sector cárnico. Una de ellas es JBS, el mayor productor de carne del mundo.
En marzo de 2021, JBS anunció que para 2025 se comprometía a eliminar la deforestación ilegal de la Amazonia de su cadena de suministro, incluidos los proveedores de sus proveedores. Para otros biomas brasileños alcanzaría el objetivo en 2030. Y para 2035, la empresa lograría la deforestación cero en toda su cadena de suministro global. Dicho de otra manera, anunció 14 años más de deforestación en su cadena de suministro.
Pero llueve sobre mojado. Esta nueva declaración de JBS implica el reconocimiento del fracaso de su promesa anterior, la anunciada en 2009 y que aseguraba deforestación cero en toda la cadena de suministro procedente de la Amazonia para 2011. Y, como integrante del Consumer Good Forum, también ha visto pasar de largo la promesa hecha en el año 2010 de alcanzar la deforestación cero en la producción de materias primas a nivel global en 2020. Con estos antecedentes es fácil ver en las nuevas promesas otro brindis al sol.
Pero, como en todo contrato, es fundamental leer la letra pequeña. En primer lugar, la declaración de la empresa no se compromete a abordar el principal origen de su enorme su huella de carbono: la producción de carne. Sus compromisos no van más allá de la medición de los alcances 1 y 2 de su huella de carbono. Más desconcertante es el hecho de que se refieran a eliminar solo la deforestación “ilegal”, no incluyendo la deforestación legal que permiten las leyes brasileñas, y que aumentará en los próximos meses (y años) debido a los cambios legislativos promovidos por Bolsonaro.
Como reza la web británica drop.jbs, mientras el presidente brasileño Jair Bolsonaro se aplica en la tarea de impulsar nuevas legislaciones para desmantelar las protecciones ambientales, legalizar formas de acaparamiento de tierras y despojar a los pueblos indígenas de sus tierras y derechos, la empresa JBS guarda un llamativo silencio. Las políticas de Bolsonaro caminan en la dirección de ampliar la superficie que se puede deforestar legalmente, lo que hará más fácil que JBS alcance sus objetivos.
Podríamos decir otro tanto del silencio del Santander. Al poco de ganar las elecciones presidenciales en el otoño de 2018, Bolsonaro eligió como nuevo presidente del Banco Central del país al economista Roberto Campos Neto, entonces alto directivo del Banco Santander Brasil. Y las sospechas de que el Santander Brasil comparte algunos de los objetivos del bolsonarismo cobraron fuerza en agosto pasado cuando uno de los economistas de la entidad, Victor Candido, escribió un análisis en el que parece defender un golpe de Estado para evitar que Lula da Silva vuelva a ser presidente.
Por eso sería deseable que el cálculo de la huella de carbono global del Banco Santander incluya de manera pormenorizada lo que se conoce como alcance 3, es decir, las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de su cartera de préstamos e inversión, que supone el cálculo de las emisiones indirectas ocasionadas por su errática apuesta por el sector agropecuario en un país devorado por las llamas cada vez que comienza la época de queimadas.
Este cálculo revelaría que los vínculos del Banco Santander con el gigante cárnico JBS son claves a la hora de entender las dificultades para abordar de manera efectiva la lucha contra la destrucción ambiental en Brasil. Y pondrían evidencia los escasos avances del banco para limpiar de deforestación su cadena de valor. Como reflejo de la excelente relación entre ambas empresas, recientemente se ha hecho público que el Santander ha asesorado a JBS para una operación de entrada en el capital de una empresa vasca dedicada a la fabricación de carne cultivada en laboratorio.
El pasado 22 de octubre, la organización Global Witness publicó un informe donde aborda cómo el apoyo a la agroindustria y el comercio internacional de materias primas (soja, aceite de palma, carne, cacao, papel, etc.) por parte de las instituciones financieras internacionales está alimentando la emergencia climática, con un coste devastador para las comunidades forestales, que los defienden y dependen de ellos.
La fuente de información de Global Witness fue Forests and Finance, una base de datos gestionada por una coalición de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Esta base de datos aborda a nivel global (no solo en Brasil) cómo incide la política de cada una de las entidades financieras en sectores de materias primas que afectan a los bosques tropicales naturales y a las comunidades que dependen de ellos en el Sudeste Asiático, África Central y Occidental, y partes de Sudamérica.
Dado el carácter global del análisis de Global Witness, el Banco Santander fue consultado por esta organización, aunque no aparece finalmente entre el sexteto de entidades financieras señaladas (HSBC, Deutsche Bank, JP Morgan, BNP Paribas, Rabobank y el Banco de China) por su implicación en financiar la deforestación. Pero lo que sí aparece en el informe de Global Witness son los clientes de Santander Brasil, señalados como “top deforesters”. Las mayores empresas cárnicas que operan en Brasil: JBS, Minerva y Marfrig.
Global Witness reclama que las empresas deberían inspeccionar debidamente a sus socios en sectores de riesgo en el ámbito forestal, incluso mediante el uso de datos verificados recabados sobre el terreno y a nivel comunitario.
También, pide a los gobiernos exigir que todas las empresas, incluidas las instituciones financieras, respeten el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas por sus actividades inversoras y de préstamos, así como adoptar una legislación que aborde todas las formas de deforestación y los daños medioambientales asociados, no sólo las consideradas ilegales por las leyes locales.
La manera en la que el Banco de Santander está abordando la responsabilidad empresarial en su cadena de valor agudiza la crisis climática y de biodiversidad. De la misma forma que han incorporado a su narrativa el cumplimiento del Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Economía Circular, el Santander integra en su discurso el concepto de Debida Diligencia, siempre y cuando este procedimiento no suponga una alteración en su actual apuesta por el sector agropecuario en Brasil.
Y estas carencias del Santander en Brasil son un buen ejemplo de la necesidad de abandonar la mera voluntariedad y la Responsabilidad Social Corporativa, y avanzar en nuevos marcos regulatorios de obligado cumplimiento.
La semana pasada, la Comisión Europea presentó una propuesta de Ley de Deforestación para poner fin a la importación y consumo de materias primas y productos en la UE que estén incentivando la deforestación. Entre las carencias de la propuesta de la Comisión está que el sector financiero ha quedado fuera de los sectores obligados a evitar que esto suceda. Algo que deberá subsanar el Parlamento Europeo cuando comience la discusión y la negociación el próximo mes de febrero.
La Debida Diligencia tiene que servir para que las complejas cadenas de valor del sistema financiero aborden los actuales retos de la comunidad internacional en materia de crisis climática, de biodiversidad y de derechos humanos. Mientras el beneficio empresarial siga primando en los objetivos empresariales estas cadenas de valor hundirán sus raíces en la injusticia, la desigualdad y la destrucción del planeta.
Y es en estos contextos regionales y en estos casos de malas prácticas empresariales donde se pone en evidencia el incumplimiento reiterado del apartado número 17 de los Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas: “proteger, respetar y remediar” significa poner en marcha acciones que identifiquen, prevengan, mitiguen y rindan cuentas de cómo las empresas abordan su impacto sobre el medioambiente y los derechos humanos. Justo lo que el Santander no acaba de poner en práctica en Brasil.
Para impulsar esta nueva normativa, Greenpeace España se ha unido a otras 14 organizaciones de la sociedad civil (que representan a su vez a más de 530 entidades sociales) en la Plataforma por las Empresas Responsables, con el fin común de demandar también al gobierno español una ley de debida diligencia de las empresas en materia de derechos humanos y de medioambiente. Esta demanda va más allá del mundo social y es compartida por personas del mundo académico, por empresas y por organizaciones empresariales españolas, como la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), que representa más de un 10% de nuestro PIB.Como recordaba recientemente Isabel Tamarit, coordinadora de la Plataforma por las Empresas Responsables, los programas políticos con los que concurrieron a las elecciones los dos partidos que hoy comparten el gobierno de coalición incluían la promesa de aprobar una ley nacional de debida diligencia. Es el momento de que se cumplan estas promesas.
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