Dejar de emitir gases de efecto invernadero –responsables del calentamiento de la atmósfera– no es una opción para la sociedad capitalista. No al menos de una manera tan drástica como la que se necesita. En la actualidad, toda acción climática –y esperanza– pasa por los planes de cada país para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París: que la temperatura no pase de los 2ºC, y hacer todo lo posible por limitar ese aumento a 1,5 ºC. No obstante, como viene avisando la comunidad científica, los compromisos de los Estados están lejos de lo que realmente se necesita.
Cada 28 de enero se celebra el Día Mundial de la reducción de dióxido de carbono. Aunque no es el único, este gas es el que más contribuye al cambio climático, además de usarse como referencia para englobar al resto de gases de efecto invernadero. El 21 de enero, el Observatorio Mauna Loa, en Hawái, registró la mayor concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en un día: 415,79 ppm (partes por millón). En 2018, la concentración media de gases de efecto invernadero alcanzó registros históricos no vistos en los últimos tres millones de años.
A finales del año pasado, la ONU avisaba en un informe de que la ambición climática global de las naciones deberá triplicarse: “Tal y como están las cosas, cabe esperar que las temperaturas aumenten entre 3,4 y 3,9°C este siglo, lo que traerá consigo impactos climáticos de gran alcance y destructivos”.
Con los causantes más que detectados y con las consecuencias más que claras, ¿qué hacen los países? Estos son algunos ejemplos:
La semana pasada, el Gobierno de España declaró la emergencia climática y ambiental. Si bien el acuerdo no tiene rango legal alguno, servirá para acelerar la acción climática. En total, se llevarán a cabo 30 líneas de acción «prioritarias». El Ejecutivo se ha comprometido a ejecutar cinco de esas medidas en los 100 primeros días de Gobierno. La que más apremia, dada su importancia, es remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Con esta ley, se busca garantizar que se alcancen las emisiones netas cero –es decir, compensar lo que se emite y lo que se absorbe– para 2050, año en el que el mundo debería estar ‘libre’ de gases de efecto invernadero.
Esa ley de cambio climático incluirá un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de vehículos que no emitan gases de efecto invernadero, un sistema agrario neutro en emisiones, y un sistema fiscal que lleve a la descarbonización. El resto de medidas prioritarias pasan por presentar el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la creación de una Asamblea Ciudadana, e impulsar la transformación del modelo industrial y del sector servicio.
Además, el Gobierno se ha comprometido a no otorgar, «salvo casos justificados», nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil, responsables principales del calentamiento global.
Aunque España tenga su propia hoja de ruta para mitigar y adaptarse al cambio climático, esta deberá estar en consonancia con los objetivos acordados en el seno de la Unión Europea. En noviembre, el Parlamento Europeo ya declaró la emergencia climática y ambiental, una resolución que insta a todos los actores posibles a que “lleven a cabo las acciones concretas necesarias para luchar y contener esta amenaza antes de que sea demasiado tarde”.
En esta línea, la Comisión Europea, dirigida por la alemana Ursula von der Leyden, presentó en diciembre el Pacto Verde Europeo. Este plan, sin carácter jurídico vinculante pero con valor político, incluye hasta 50 acciones para la lucha contra el cambio climático. La meta es convertir Europa en el primer continente neutro en emisiones para mediados de siglo.
Un paso importante para vertebrar el acuerdo verde será la ley climática europea, que se espera que vea la luz durante el primer trimestre del año. Otra actualización importante es el aumento en la ambición para la próxima década. El Pacto Verde recoge la necesidad de reducir las emisiones “al menos el 50% y hacia el 55%”, frente al actual objetivo del 40%. Para ello, serán necesarios 260.000 millones de euros de inversión anual adicional: “Será necesaria la colaboración tanto del sector privado como público y supondrá que al menos un 25% del presupuesto de la UE tendrá que ir destinado a acciones contra el cambio climático”.
El país germano es el sexto del mundo que más contribuye al cambio climático. Para corregir esa realidad, el pasado 18 de diciembre de 2019 entró en vigor un plan de 70 medidas. El objetivo es reducir el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Para ello contarán con un presupuesto de 54.000 millones de euros a gastar hasta 2023.
El documento, no obstante, no ha estado exento de críticas. Para Anton Hofreiter, líder del grupo de oposición del Partido Verde, el Gobierno alemán “ha fallado en la tarea de la humanidad de proteger el clima”, en referencia a la poca ambición de las propuestas.
La pieza central del paquete de medidas, como en el caso de España, será una ley de acción climática. Con ella como referencia, los ministerios deben hacer reducciones de emisiones específicas en sus sectores, como energía, transporte o vivienda, así como implementar las medidas adicionales necesarias para cumplir.
Entre las principales medidas impulsadas por el Ejecutivo de Ángela Merkel se encuentra una tasa por las emisiones de carbono. La tasa cubre los gases que generan los combustibles de transporte y calefacción. A partir de 2021, se empezará a pagar 10 euros por tonelada de CO2. El precio irá subiendo hasta costar 35 euros en 2025, afectando al precio de la gasolina, diésel, calefacciones y gas natural. Lo que se ingrese se usará como fuente de financiación para la transición energética.
Una de las propuestas más llamativas del plan alemán está relacionada con el transporte. Se ha optado por abaratar los billetes de tren mediante una reducción del IVA; a su vez, se subirán las tasas sobre los trayectos en avión. Además, se establecerán impuestos sobre los coches contaminantes y se incentivará la compra de coches eléctricos.
La canciller alemana ha asegurado que este plan para combatir las causas del cambio climático se va a ejecutar manteniendo la “estabilidad presupuestaria”. Además, una comisión independiente será la encargada de velar por que se cumplan los objetivos de aquí a 2030.
En estos momentos, Reino Unido está presidido por Boris Johnson, quien en el pasado ha realizado declaraciones negacionistas. Sin embargo, no siempre ha sido así. En 2008, el país anglosajón fue pionero en llevar el cambio climático a rango de ley. Aunque esa disposición exigía un recorte del 80% para 2050, el año pasado, la entonces primera ministra, Theresa May, anunció un compromiso para que el país alcanzara la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero para la misma fecha.
Recientemente, el Comité de Cambio Climático del Reino Unido concluía que, si bien en 2018 las emisiones del país fueron un 44% inferiores a los niveles de 1990, no están en camino de cumplir el presupuesto de carbono que cubre el período 2023-2027. De cara a la COP 26 de este año, –que albergará Glasgow–, desde el Gobierno aseguran que aumentarán sus compromisos climáticos.
En 2017, Francia adoptó una serie de medidas contra el cambio climático a través del llamado ‘paquete climático solidario’. En septiembre de 2019, el Parlamento francés dio un paso más al aprobar el Proyecto de Ley de Energía y Clima. El objetivo último es alcanzar emisiones netas de carbono para 2050. Para ello, se apunta a reducir el consumo de combustibles fósiles al 60% de los niveles de 2012 para 2030.
El proyecto de ley también ratifica el aplazamiento de 2025 a 2035 la reducción al 50% de la participación en la generación de energía nuclear. Actualmente, representa más del 70% de la combinación de electricidad. Para 2035, está previsto cerrar 14 de 58 reactores nucleares. En cuanto a las centrales eléctricas de carbón, las últimas tiene previsto su cierre para 2022. Aún cuatro permanecen abiertas. Desde Greenpeace Francia critican que «esta ley agrava el riesgo nuclear y significa la incapacidad del gobierno y su mayoría para tomar las medidas inmediatas necesarias para mantenerse por debajo de 1,5°C del calentamiento global».
Al igual que en Alemania, el Gobierno de Emmanuel Macron aplicará desde este año un impuesto sobre los billetes de avión. Esta medida pretende recaudar 182 millones de euros y servirá para financiar otros medios de transporte, como el ferrocarril.
Son los dos países que más gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera. Sin embargo, ninguno presenta planes lo suficientemente ambiciosos para reducir las emisiones al nivel que reclama la ciencia.
En el caso de Estados Unidos, Donald Trump ha dejado claro cada vez que tiene oportunidad su rechazo a la ciencia del clima. Tampoco es un gran amante de la biodiversidad. El último gran golpe a la lucha climática del líder estadounidense se hará realidad a finales de año. En noviembre, el país norteamericano saldrá oficialmente del Acuerdo de París. Y se culminará el día después de las elecciones presidenciales.
La desconexión entre la comunidad científica y la Casa Blanca es absoluta. Aun así, Estados Unidos continúa presente en la acción climática gracias a muchos territorios del país. Más de una veintena de Estados, más de 500 ciudades, más de 2.000 empresas y grupos inversores, así como distintas instituciones se han unido para formar el movimiento We are still in. Como recoge El País, estas entidades representan el 68% del PIB de EEUU, el 65% de la población estadounidense y el 51% de todas las emisiones del país. Se espera que las emisiones caigan un 25% para 2030 gracias a esta coalición.
En cuanto a China, este deberá ser el año en que revise sus compromisos climáticos. Desde el Gobierno han prometido mostrar “la mayor ambición posible” de cara a su plan quinquenal de 2021. El país asiático tiene que reducir las emisiones de GEI por unidad del PIB entre un 60-65% en 2030 respecto a sus niveles de 2005. Según el Informe del Progreso de China sobre la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en 2018 la intensidad del carbono de China disminuyó aproximadamente un 45,8% en comparación con las cifras de 2005. El país asiático superaba así el objetivo del 45% marcado para este año. Actualmente, un 14,3% de la energía que consume el país procede de fuentes no fósiles.
“Nos comprometemos plenamente con nuestras promesas sobre cambio climático y seguiremos impulsando la transición de nuestra economía hacia bajas emisiones y alta calidad”, llegó a afirmar el viceministro Zhao Yingmin.
Según el estudio Fuera de sintonía: China está impulsando el crecimiento continuo de la flota global de carbón, elaborado por la organización Endcoal.org, entre 2018 y junio de 2019 la mayoría de los países redujo la producción de energía basada en carbón en 8,1 gigavatios (GW). Sin embargo, en ese mismo periodo, China generó 43 GW más, la cantidad suficiente para abastecer a 31 millones de hogares. Según los autores, para poder mantener el calentamiento global por debajo de los 2ºC, China tiene que reducir su generación de electricidad a partir del carbón en un 40% para 2030.
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Para combatir la emisión de CO 2 es necesaria la energía nuclear. Es la energía más limpia pues las renovables no son suficientes para cubrir el consumo actual y venidero y no son capaces de dar un flujo continuo de energía.
Nucleares, sí. Gracias