¿Necesitamos un IPCC de la alimentación?

Si se tratara de una historia bélica, el cambio climático sería una guerra con muchas batallas. Para ganar (realmente se trata de perder lo menos posible) es necesario centrar esfuerzos en todos los sectores –y no solo en uno– que contribuyen al calentamiento global de la atmósfera. El energético y el transporte son dos de los más mencionados. Pero no son los únicos: el sistema alimentario es uno de los grandes desafíos de la década. El impacto en el clima, la biodiversidad y la salud (humana y animal) es cada vez mayor. Y no parece que vaya a mejorar a corto y medio plazo dado el revuelo que siempre se genera al respecto.

Pero ni esto es una guerra, ni los humanos son soldados. Se trata de la historia de nuestra vida, de un reto sin precedentes. Va de qué grado de temperatura y, a su vez, de hostilidad, sufrimiento y bienestar se quiere para esta y las generaciones futuras. Por lo que, sí, hay que hacer esfuerzos individuales que se tornen colectivos.

Con este objetivo como prioridad, la alimentación juega un papel clave. Se trata de una de las actividades humanas con mayor impacto ambiental, lo que hace urgente cambiar los patrones actuales. Según un reciente trabajo conjunto del IPCC y el IPBES (el homólogo del primero en biodiversidad), se calcula que a nivel mundial el sistema alimentario es responsable de entre el 21 y el 37% del total de las emisiones netas de gases de efecto invernadero antropogénicas, si se incluyen las actividades previas y posteriores a la producción. Además, entre el 25% y el 30% del total de alimentos producidos en el mundo se pierde o se desperdicia, alertaba el informe especial del IPCC sobre cambio climático y uso de la tierra.

¿Qué se puede hacer que no se esté haciendo ya? 

Un grupo de especialistas ha publicado un artículo en Science donde plantea la posibilidad –e idoneidad– de crear un IPCC de la alimentación. Es decir, un grupo de especialistas de todo el mundo que tuviera el amparo de todos los países, cuyos informes fueran la referencia en la materia para la toma de decisiones y que generasen un mayor llamamiento a la acción. «La acción sobre la alimentación es tan urgente como la acción sobre el clima», defienden.

“La ciencia debe integrarse mejor con la política y la acción”, asegura Fabrice DeClerck, investigador de la Alianza de Bioversity International y el CIAT, y coautor del artículo. En él, señalan que, si bien muchas organizaciones mundiales dan prioridad a la transformación del sistema alimentario, “ninguna tiene la autoridad para reunir a 196 naciones como hizo el IPCC para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el Acuerdo de París”.

En su análisis, denuncian que los sistemas alimentarios actuales son «terriblemente desiguales y poco saludables para los seres humanos», y ponen como ejemplo el hecho de que las enfermedades relacionadas con la dieta siguen siendo la principal causa de mortalidad prematura en el mundo. “Se trata, sobre todo, de una cuestión político-económica. Las políticas han estimulado la sobreproducción de algunos productos alimentarios y la infraproducción de otros, así como su desigual distribución”, declara a Climática la doctora Esther Turnhout, autora principal del artículo.

En este contexto, la pandemia de COVID-19, los conflictos y el cambio climático están agravando el aumento del hambre: unos 900 millones de personas padecen hoy inseguridad alimentaria. “Cuatro mil millones de personas luchan por acceder a dietas suficientes y saludables, lo que contribuye a una crisis de salud pública mundial que pone en peligro la salud global incluso más que la pandemia”, recoge el artículo.

El sur de Madagascar, actualmente experimenta su peor sequía en 40 años, con más de 1 millón de personas en situación de inseguridad alimentaria. En la ciudad de Amboasary se estima que 14.000 están al borde de la hambruna, y para finales de año podrían ser el doble, alertaba recientemente el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

“Los sistemas agroalimentarios son tremendamente importantes para la sostenibilidad medioambiental y socioeconómica regionales y global”, apunta Alberto Sanz Cobeña, profesor e investigador en el Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Ambientales en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Y va más allá: “No solamente por las emisiones de gases, sino por biodiversidad, alteración de ciclos biogeoquímicos y sus impactos asociados (eutrofización, por ejemplo)”.

El investigador, en líneas generales, está de acuerdo con los planteamientos del artículo, sobre todo con el hecho de que se debería tener en consideración el conocimiento e iniciativas ya existentes centradas exclusivamente en alimentación. Aun así, recuerda que el IPCC e IPBES “han puesto foco especial en el impacto de la producción (y consumo) de alimentos en emisiones de gases de efecto invernadero y biodiversidad, respectivamente. El informe sobre Cambio climático y uso de la tierra es un ejemplo de la relevancia que se le ha dado al sector dentro del IPCC“, señala.

¿Puede ser peligroso un IPCC de la alimentación?

El grupo de especialistas es consciente de que «los logros del IPCC han requerido décadas de prolongadas negociaciones, y no podemos permitirnos ese lujo en el caso de los alimentos si queremos alcanzar los objetivos de 2030». DeClerck y sus coautores sugieren que un conjunto diverso de grupos líderes centrados en la alimentación podría integrarse en un marco al estilo de las Naciones Unidas para ser lo suficientemente ágil como para alcanzar un consenso más rápido sobre los principales retos a los que se enfrenta la alimentación.

Una de las principales quejas que se recogen en el artículo es el hecho de que los actuales espacios –como el Foro de las Naciones Unidas sobre Normas de Sostenibilidad– se centra demasiado en la tecnología y en las soluciones impulsadas por los Estados miembros, “mientras se excluye a muchas partes interesadas, incluidos los aproximadamente 500 millones de pequeños agricultores y consumidores de bajos ingresos del mundo que corren el mayor riesgo de desnutrición y hambre”. 

Por tanto, de surgir un “IPCC de la alimentación”, se deben de tener en cuenta varios aspectos, siendo el principal incluir a los innumerables actores de los sistemas alimentarios. “Tendemos a decir que el conocimiento científico es el único válido, pero también hay muchos conocimientos autóctonos y locales a los que se puede recurrir para crear evaluaciones sólidas del sistema alimentario que sean más inclusivas”, sostiene DeClerck.

Asimismo, a su juicio es fundamental que las ciencias económicas, sociales y del comportamiento formen también parte de las evaluaciones alimentarias globales, las cuales “suelen estar dirigidas por científicos biofísicos, nutricionales y climáticos”.

En este sentido, los autores proponen tres consideraciones claves para este hipotético grupo intergubernamental de especialistas en el sistema alimentario. La primera, explican, es comprender lo que ya existe en términos de conocimiento experto, “incluido el Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (HLPE), que es una importante interfaz científico-política del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la ONU”.

La segunda consiste en entender que “si no se puede garantizar el pluralismo, la participación equitativa y la inclusión de diversas formas de conocimiento, una nueva plataforma podría hacer más daño que bien». Por último, insisten en que “la gobernanza eficaz del sistema alimentario no puede basarse estrictamente en la aportación científica, sino en la interacción entre la ciencia y la acción”.

Sobre la peligrosa deriva que podría tomar la plataforma si no se hace bien, Turnhout alerta de que no puede “acabar siendo una agenda dirigida por la tecnología y la industria que fomenta la agricultura industrial intensiva a expensas de la seguridad y la soberanía alimentarias, la salud y la sostenibilidad”.

Bajo el punto de vista de Alberto Sanz Cobeña, “es posible que un paraguas que englobase las distintas iniciativas y grupos de trabajo fuese útil”, pero se cuestiona si la existencia de un panel más realmente “contribuye a alcanzar soluciones a los graves problemas asociados a los sistemas agroalimentarios”. En este sentido, el investigador propone “dotar a la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación) de mayores atribuciones para que los países tomen decisiones ejecutivas que tengan impactos reales”. O incluso “crear un ‘panel’ en el seno de FAO con representación de grupos de trabajo de los distintos iniciativas citadas (IPCC, IPBES, FAO, OMS, etc…)”. Aun así, de realmente surgir, confía en que sirva para crear políticas reales “que lleven a unos sistemas de producción y CONSUMO más sostenibles y resilientes”.

¿Estamos preparados para abordar este tema?

La pregunta –y la clave de todo esto– es: ¿está la sociedad actual preparada para un organismo que le repita lo que ya lleva años diciendo la comunidad científica en cientos de informes, estudios y foros? En España, recientemente generó mucha opinión en contra un vídeo del ministro de Consumo, Alberto Garzón, pidiendo comer menos carne. En Países Bajos, ni siquiera se atrevieron a tocar el tema durante una campaña gubernamental sobre cambio climático por considerar el tema “sensible políticamente”.

Son muchas las consecuencias negativas de mantener las actuales tendencias de producción y consumo de alimentos. Es prioritario, así lo dice la ciencia y no sólo el político de turno, mantener los sistemas alimentarios dentro de los límites planetarios. Por el clima, por la biodiversidad y por la salud de todos los seres que habitan la Tierra.