Francia considera terroristas a los activistas de Soulèvements de la Terre

Los detractores de Emmanuel Macron confiesan haber normalizado ya la “pulsión autoritaria” del presidente francés. Tras la salvaje represión contra los chalecos amarillos y la intransigencia demostrada en la crisis desatada por su reforma de las pensiones, el objetivo ahora son los activistas medioambientales. La semana pasada, su gobierno disolvió “por decreto” el movimiento Soulèvements de la Terre. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, dijo que las acciones de sus miembros revelaban claros signos de “ecoterrorismo”.

Hacía mucho tiempo que el ministerio de Darmanin tenía a este grupo en el punto de mira. Los enfrentamientos entre ecologistas y fuerzas del orden en la llamada “batalla de Sainte-Soline” (contra el acaparamiento de agua en una macrobalsa para el regadío) aceleró el proceso. A finales de marzo presentó un informe en el que procuraba argumentar las razones para la disolución. Aquel documento incluía la palabra “sabotaje” 11 veces en sólo cuatro páginas. Porque, efectivamente, como activistas ante una situación de extrema urgencia, en Soulèvements de la Terre son saboteadores. La comparación con la Resistencia francesa contra los nazis es inevitable.

Nacido hace tres años en la zona de defensa (ZAD, por sus siglas en francés) de Notre-Dame-de-Landes, el movimiento Soulèvements de la Terre reúne a más de cien asociaciones con diferentes sensibilidades ecologistas y anticapitalistas. Sus miembros son partidarios de la acción directa, de las ocupaciones y del sabotaje de infraestructuras que consideran nocivas para el medioambiente. El último ejemplo, pocos días antes de su disolución, tuvo lugar en Maurienne (Saboya) y se proponía paralizar las obras de construcción de la línea ferroviaria que unirá Lyon y Turín. Antes ya habían protagonizado otras acciones contundentes, como la ocupación de la sede de Monsanto en Lyon, el sabotaje de una fábrica de cementos de Lafarge (Provenza) y la movilización contra la autopista Toulouse-Castres.

“No se pone en cuestión ni la libertad de expresión ni la libertad de manifestación. Tampoco se sancionan las ideas. Lo que se sanciona es la utilización recurrente de la violencia contra bienes, contra personas”, aseguraba el portavoz del gobierno, Olivier Véran, tras el Consejo de Ministros que firmó la ilegalización del grupo ecologista. El orden de los sustantivos, en este caso, tiene su importancia: Véran habla primero de los bienes y luego de las personas. La prioridad es exactamente la contraria para Soulèvements de la Terre, según indicaban en un manifiesto difundido en enero de 2021. «Somos habitantes en lucha apegados a su territorio. (…) Somos jóvenes rebeldes que han crecido con la catástrofe ecológica como fondo de pantalla y con la precaridad como único horizonte. (…) Somos campesinos y campesinas. Francia apenas cuenta con nosotros. Con etiqueta o sin ella, somos los últimos que se esfuerzan por establecer una relación de cuidado diario con la tierra y con la vida para alimentar a nuestros semejantes», afirmaban.

«Desde hace mucho tiempo, la economía nos ha separado de la tierra para hacer de ella un mercado. Error fatal que nos lleva directos al desastre. La tierra no es capital. Es vida natural, es paisaje, son estaciones. (…) Después de haber cercado y privatizado las tierras comunes, el mercado capitalista y sus instituciones están acelerando a día de hoy el daño a la biodiversidad, el cambio climático y la atomización social», continuaban diciendo en una declaración de marcado carácter político. Y aún fueron más allá: «En los próximos diez años, la mitad de los agricultores de Francia se jubilarán. Concretamente, casi un tercio de la superficie del territorio nacional cambiará de manos. Ahora o nunca: es el momento de luchar por un acceso popular a la tierra, de restaurar en todas partes las prácticas y los cuidados necesarios para preservarla». Ante objetivos como éste (que apuntan directamente a la propiedad privada) y tras una serie de acciones que han dejado un buen número de imágenes impactantes, la ilegalización de Soulèvements de la Terre responde a un patrón bien conocido: se trata del Estado (en su acepción burguesa) defendiéndose.

El Estado contra el “grupúsculo” terrorista

La desproporción de este pulso (Estado vs. «grupúsculo», según la denominación de Darmanin) ha afectado también a la retórica institucional. La disolución, según el portavoz del gobierno, estaba decidida desde el momento en el que «organizas una manifestación prohibida, como fue el caso de Sainte-Solines, en la que tienes más de mil personas, incluidas las que vinieron del extranjero. Mil extranjeros [sic] que vienen de Europa del Este, armados con barras de hierro, latas de gasolina, bolas de petanca y que buscan matar a policías y gendarmes». El choque fue indudablemente violento, pero quizás Véran exagerara un poco al presentarlo como una nueva invasión de suevos, hunos y alanos.

Las cifras de heridos demuestran que Darmanin también exageró cuando presentó en la Asamblea su propósito de disolver Soulèvements de la Terre poco después del enfrentamiento en la línea ferroviaria Lyon-Turín. «Ninguna causa justifica que se hiera a policías y gendarmes», dijo. Las autoridades señalaron que aquellos altercados se saldaron con 15 heridos leves, de los cuales 12 eran gendarmes. Los manifestantes hablan de unos 50 heridos graves en sus filas, lo que incluye «seis hospitalizaciones», con dos pacientes en estado crítico entre ellas.

La reacción judicial ha sido, como siempre ocurre en estos casos, expeditiva. La acción contra la cementera Lafarge tuvo lugar en diciembre de 2022. Las detenciones, sin embargo, han tardado más de seis meses en producirse. Y tres meses en el caso de la revuelta de Sainte-Soline. Sólo se hicieron efectivas en la víspera del anuncio de Darmanin de ilegalizar al grupo ecologista. Entonces se abrió la veda. Veintidós personas fueron arrestadas y puestas en prisión preventiva. Esta modalidad de detención puede durar como máximo cuatro días; sólo hay una razón que pueda alargar esta estancia en la cárcel: que se les aplique la ley terrorista, que es precisamente lo que se ha hecho con los activistas de Soulèvements de la Terre. “Asistimos a un uso totalmente inapropiado del término ecoterrorismo, del que el poder abusa como una etiqueta infamante con la que trata de desacreditar el movimiento”, se lamentaba en las páginas de Basta! Jérôme Baschet, copresidente de la Asociación en Defensa de las Tierras, otro grupo ecologista que está ayudando financieramente a la organización ilegalizada.

¿Pero qué supone realmente la disolución del grupo? Desde Soulèvements de la Terre dicen que nada, ya que “no se puede disolver un movimiento” de carácter popular. A partir de ahora, estos activistas se organizarán de otra manera y continuarán con sus reivindicaciones. Pero para los detenidos (o los miembros vigilados de cerca por las autoridades; el Ministerio del Interior ha admitido que ya ha hecho sus listas), las consecuencias sí pueden ser más graves. Por ley, los miembros de este movimiento tienen restringido el derecho de reunión y no pueden acometer ninguna acción colectiva. En caso de no acatar esta orden podrían ser condenados a tres años de prisión.

El debate en el que ahora está inmerso el ecologismo francés no difiere demasiado del que han mantenido en su seno todos los movimientos izquierdistas desde que la clase obrera empezó a organizarse: ¿qué hacer? ¿hasta dónde llegar? En la defensa del medioambiente, ¿los grupos más activos (más radicales según la terminología popular) son indispensables para despertar la sensibilidad de la opinión pública o acaban siendo contraproducentes para la causa? ¿Es posible una revolución ecologista sin un componente de radicalidad y de presión?

El caso de Francia quizás sea el más severo, pero la persecución del activismo climático es un fenómeno judicial que se está reproduciendo en todas partes. También en España, por supuesto. El profesor Jorge Riechmann, por ejemplo, fue uno de los 15 arrestados tras una protesta en la que se arrojó pintura roja a la entrada del Congreso de los Diputados para protestar contra la inacción climática del gobierno. Como escribía Azahara Palomeque recientemente, a este paso todos seremos terroristas.