“Nos solidarizamos con la sociedad Chilena y entendemos la prioridad que supone su agenda doméstica. Por ello, hemos ofrecido a Chile el apoyo de España para que la COP 25 pueda desarrollarse con normalidad”. Con estas palabras anunciaba la ministra en funciones para la Transición Ecológica Teresa Ribera la (rápida) oferta de España para acoger la cumbre del clima de este año tras de la renuncia de Chile. Al día siguiente, con el visto bueno de la ONU, ya era una realidad, celebrada incluso por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, ambas instituciones presididas por el Partido Popular.
No entraba en los planes, pero Madrid será en diciembre, con la celebración de la cumbre del clima de la ONU, el centro de las negociaciones mundiales por el clima. Un giro de guion que llega con solo un mes de margen para su preparación, y se produce tras la renuncia por cuestiones sociales y políticas de no uno, sino dos países latinoamericanos, región que debía haber albergado esta vigesimoquinta edición.
La primera opción era Brasil, pero tras llegar a la presidencia el negacionista de la ciencia del clima Jair Bolsonaro, en noviembre de 2018 decidió retirar la oferta alegando razones económicas. Ante esta situación, Chile recogió el testigo y asumió la presidencia de la COP 25, con la capital, Santiago, como sede. Sin embargo, la semana pasada, el presidente chileno Sebastián Piñera anunciaba que tanto la cumbre del clima como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) no se llevarían a cabo. La decisión, justificó su gobierno, se debe a “las difíciles circunstancias” que vive “el país y todos los chilenos” durante las últimas semanas”, dando prioridad a “restablecer plenamente el orden público y la paz social”.
Esa “agenda doméstica” a la que hacía referencia la ministra Ribera y que ha propiciado todos estos cambio de última hora es el mayor conflicto social que ha vivido Chile en las últimas décadas. Comenzó el viernes 18 de octubre con las protestas estudiantiles tras una subida en el precio del billete del metro de la capital. Un acontecimiento que sirvió para desencadenar toda una oleada de protestas sociales, con multitudinarias manifestaciones pacíficas durante los últimos días. Algunas de estas manifestaciones han llegado a reunir a más de un millón de personas.
Hasta el momento se han reportado al menos 20 víctimas mortales y, según difunde el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, a 4 de noviembre se han producido más de 4.000 detenciones y más de 1.600 personas están heridas en hospitales. Asimismo, 160 personas presentan daños oculares por disparos.
Oportunidad para España (y el clima) a costa de la tragedia
Ante el estallido del pueblo chileno y en vistas de un encuentro internacional que pondría aún más en el foco las revueltas sociales, el presidente Piñera optó por cancelar el acto. La decisión se produjo “de forma unilateral y sin consultar con la sociedad civil”, claman desde Sociedad Civil por la Acción Climática. “Estamos convencidos y convencidas, y seguiremos trabajando para hacer ver al gobierno, de que la crisis social también es también una crisis ecológica”, reclama en una nota de prensa el colectivo social chileno. Denuncian, además, que “Chile lleva demasiados años ‘creciendo’ a costa de las personas más vulnerables y del medio ambiente, obligando a comunidades enteras a cargar con el peso del mal llamado desarrollo”.
Desde España, las principales organizaciones ecologistas también se han querido posicionar al respecto. En el caso de Ecologistas en Acción, consideran la decisión tomada por Piñera como “un intento de zafarse de la atención internacional”, y muestran “su solidaridad con la sociedad chilena y con las organizaciones que llevan meses organizando encuentros alternativos para poner en el centro la justicia climática y la voz de Latinoamérica”.
Por su parte, Greenpeace España “valora” la iniciativa del Gobierno español “porque permite mantener la celebración de la cumbre”, aunque recordó al ejecutivo la responsabilidad para con el clima que supone la organización del evento. Sobre la grave situación que ha precipitado estos acontecimientos, la directora ejecutiva internacional de Greenpeace, Jennifer Morgan, manifestó mediante un comunicado que el gobierno de Chile “no debe detener el debate en la sociedad chilena sobre la injusticia ambiental y social”, y que “los líderes no pueden esconderse, sino que deben escuchar las demandas de la gente y actuar con urgencia sobre el impacto que la crisis climática está teniendo en nuestro planeta y nuestro tejido social”.
El movimiento Extinction Rebellion (XR) sigue una línea similar: “Así como ninguno de nosotros podemos huir de la crisis climática y ecológica, las élites institucionales no pueden huir de la crisis social que supone la realidad a la que se enfrenta el planeta. Desde Madrid haremos que se oigan vuestras voces”, avisaban. En declaraciones a Climática, fuentes de Extinction Rebellion Chile consideran la cancelación “una decisión entendible, pero muy lamentable”, argumentando dos motivos. Por un lado, apelan a la grave “crisis política interna que tiene el Gobierno”, para el que mantener la cumbre habría sumado “otro frente de críticas desde las organizaciones medioambientales”. Asimismo, desde el movimiento se apunta a que tal medida se debe a “una improvisación y desorden en la organización del evento”.
Quien ha cuestionado directamente la celebración de la COP 25 en Madrid es Juventud por el Clima, la rama española del movimiento internacional Fridays For Future. A través de un comunicado, consideran que “volver a traer a Europa esta cumbre, conociendo la situación en Chile, es una falta de respeto y una medida electoralista por parte de candidato Sánchez”. Y continúan: “No podemos más que expresar nuestro más profundo respeto y solidaridad por todas aquellas personas que tienen el valor de salir a la calle, incluso bajo las peores circunstancias, para luchar por un mundo mejor, hasta que les merezca la pena vivir”, remarcan.
La cancelación: ¿victoria u oportunidad perdida?
¿Y qué piensa el pueblo chileno? ¿Es un éxito porque se ha obligado al presidente a renunciar a una cumbre de gran relevancia internacional, o se ha perdido una enorme oportunidad para seguir presionando? Según Catalina May, periodista chilena y cocreadora del podcast Las Raras, “hay una dualidad” en torno a este tema. Por un lado, afirma, se “demuestra que estamos en una crisis que el gobierno de Piñera no puede ignorar”. Por otro lado, asegura, “significa que se nos quita el foco de atención internacional frente al cual Piñera tendría que haber dado explicaciones”.
En cambio, para el sociólogo y ecologista chileno Manuel Baquedano, “el mundo social estaba mayoritariamente a favor que se suspendiera, pues distraía la atención de las demandas sociales”. Considera que no estaban garantizadas “las condiciones mínimas de seguridad, logísticas y políticas para su realización”.
Asimismo, Baquedano apela a un problema de fondo para reafirmarse en su postura: “Los Acuerdos de París han fracasado, y las sucesivas COPs quieren solucionar la crisis climática sin modificar el modelo de desarrollo que la engendró”. El ecologista ha participado en 13 de las 24 cumbres de la ONU que se han celebrado hasta el momento.
A este respecto, la antropóloga y ecofeminista Yayo Herrero, que está en estos momentos en el país latinoamericano, apunta que “hubiese sido estupendo poder hacer la COP aquí [en Chile], por lo de lanzar el debate de cambio de modelo”.
Catalina May comparte la idea de usar la lucha climática como eje vertebral para cambiar todo el sistema: “Los temas medioambientales tendrán que ser parte de la discusión pública que se viene para pensar el nuevo modelo, según el cual queremos construir nuestra sociedad, que debe ser más justa, equitativa y sustentable”, reflexiona. “Lo que está pasando aquí es una lucha profunda contra lo que causa el cambio climático”, sentencia Yayo Herrero.
No obstante, a pesar de que Santiago no será sede de la COP, Chile mantiene la presidencia de la cumbre, liderando los encuentros y las negociaciones. Sobre esto, muchas voces, desde organizaciones hasta movimientos por el clima, consideran que la ONU tendría que haberles retirado del cargo. “Piñera carece de toda legitimidad como representante de los chilenos en este momento”, explica Catalina May, quien cuenta que “acaba de salir una encuesta, según la cual tiene solo un 13% de aprobación, la más baja de un presidente en democracia”.
La cumbre alternativa se mantiene en Chile
A pesar de que la cumbre del clima viaja hasta Madrid, en Santiago continúan los planes para celebrar una contracumbre. La Cumbre social por la Acción Climática, como se ha denominado, está impulsada por la plataforma Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) y será un evento alternativo y simultáneo a la COP 25. El programa cuenta con charlas, exposiciones, foros y actividades culturales, entre otros eventos.
Esta es una cita que servirá para aumentar la presión hacia demandas históricas sobre temas prioritarios en Chile. Un ejemplo, según Extinction Rebellion Chile, es “el problema de sequía, que se está agravando por las muertes de ganado, la extracción ilegal desde fuentes naturales, la destrucción de glaciares por la actividad minera, y la privatización del sistema completo de provisión de agua”.
Mientras, en las calles, la presión social continúa. El domingo, un grupo formado por miles de ciclistas protestaron frente a la casa del presidente Sebastián Piñera para pedir su renuncia y exigiendo acciones reales. Entre las principales demandas está una nueva Constitución pues, como explica a este medio Catalina May, “la actual es heredada de la dictadura de Pinochet y carece de legitimidad”. También reclaman un aumento en el sueldo mínimo y en las pensiones para los jubilados, y acceso a educación y salud de calidad. “Se están haciendo cabildos ciudadanos, la gente se está reuniendo para discutir sobre el tipo de país que queremos”, cuenta May. El estallido chileno y sus reivindicaciones sociales reflejan que la justicia climática es imposible sin justicia social.
350.org sobre la suspensión de la COP25 en Chile
Global – El Gobierno chileno acaba de anunciar la suspensión de la próxima Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25), programada para realizarse en Santiago en diciembre de este año, por causa de las manifestaciones en protesta del aumento de los costos, la deuda y la desigualdad que han sucedido durante las últimas semanas y que se han visto empañadas por los duros arrestos de las fuerzas estatales.
En respuesta a la decisión, May Boeve, Directora Ejecutiva de 350.org, declaró:
“Las conversaciones sobre el clima en Chile fueron canceladas debido a los mismos temas que están en el centro de la emergencia climática: la desigualdad social, la falta de respeto por los derechos humanos y una economía que prioriza a las grandes empresas y contaminadores sobre las necesidades de la gente común. No podemos resolver la crisis social sin abordar la crisis climática, y cualquier esfuerzo por prevenir la catástrofe climática sin abordar la desigualdad y mejorar los derechos humanos simplemente no funcionará.
“La COP ya no se realizará en Chile, pero nuestra atención permanecerá allí. Exigir la equidad social es un derecho fundamental de las personas en cualquier parte del mundo, como lo es abordar la emergencia climática. Nos solidarizamos con el pueblo chileno, que pide el fin de la presencia militar en las calles y el restablecimiento de los derechos humanos. También continuaremos apoyando al movimiento climático en Chile y en América Latina que seguirán avanzando con las asambleas populares programadas para desarrollarse durante la COP 25. Nos corresponde como parte del movimiento internacional por el clima continuar demostrando nuestro apoyo a los valientes activistas y defensores del medio ambiente de toda América Latina que están dando su vida por esta causa”.
“Las conversaciones sobre el clima deberán avanzar ahora con un nuevo enfoque orientado a la participación pública y a los derechos humanos. Necesitamos una Cumbre de los Pueblos sobre el Clima. Este proceso ha dado prioridad por demasiado tiempo a las voces de las grandes empresas y contaminadores corporativos. La ONU debería excluir a la industria de los combustibles fósiles de las negociaciones sobre el clima y brindar más espacio a las voces de la personas. Sólo entonces podremos empezar a desarrollar soluciones reales a esta crisis conjunta de desigualdad, injusticia y emergencia climática”
… “Entre las principales demandas está una nueva Constitución pues, como explica a este medio Catalina May, «la actual es heredada de la dictadura de Pinochet y carece de legitimidad»…
Por un momento he pensado que hablabas de España, Catalina.