El fracaso de la ampliación de El Prat cuestiona un modelo basado en el crecimiento

1.700 millones de euros. Es la inversión que iba a destinarse a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y que finalmente ha quedado en suspenso. El Gobierno de España anunció este miércoles la paralización del polémico proyecto tras la falta de acuerdo con el Govern de la Generalitat. Su presidente, Pere Aragonès, ha lamentado este jueves que el Gobierno haya renunciado a una serie de requisitos: diálogo, consenso, tiempo y conciencia medioambiental. En su comparecencia, el president también ha reclamado volver al acuerdo del 2 de agosto, día en el que ambos ejecutivos anunciaron el proyecto, y ha acusado al Gobierno de querer imponer un modelo “desarrollista”.

Aena, por su parte, ya ha anunciado que retirará de su Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) previsto para 2022-2026 toda referencia dedicada al aeropuerto de Barcelona. En su texto, presentado el viernes pasado, se exponía –por primera vez en un documento oficial– que la ampliación de la pista afectaría a la zona protegida de La Ricarda, un área que forma parte de la Red Natura 2000.

Según explican a Climática desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), las actas de las comisiones técnicas que han evaluado el futuro del Aeropuerto de El Prat se harán públicas, tal y como ha solicitado a Aena la ministra Raquel Sánchez. De momento, el proyecto queda suspendido al menos hasta dentro de cinco años.

Desde su anuncio el pasado agosto, este proyecto ha causado un amplio malestar entre las organizaciones ecologistas y algunos representantes políticos. Entre ellos, el alcalde de El Prat de Llobregat, Lluís Mijoler (El Prat en Comú), quien ha celebrado esta última decisión, o Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, para quien esta era una forma de demostrar “si se está del lado de la ciencia” o “se practica el negacionismo”. También la propia vicepresidenta Yolanda Díaz se mostraba contraria a la medida.

En este mes escaso, quienes defendían la ampliación también han urdido estrategias como apelar al IPCC para respaldar su argumento: que este sería el aeropuerto “más verde” de Europa, algo que han defendido el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, quien afirmó que el binominio crecimiento y sostenibilidad “es posible”.

Pero los daños que la ampliación podría causar a La Ricarda y la exaltación de un proyecto contrario a lo que realmente dice la mentada ciencia –que las emisiones que dañan el clima deben reducirse de forma drástica– han hecho que su fracaso se haya recibido como una buena noticia por parte de entidades como las que forman parte de Zeroport. Desde esta plataforma ya han anunciado que siguen adelante “con más fuerza” la movilización convocada el próximo 19 de septiembre en varios puntos de Cataluña, pues de lo que se trata es de “revertir el modelo de crecimiento, que se ha demostrado insostenible”, dicen desde Zeroport en un comunicado publicado este jueves.

Sin embargo, “aunque celebramos el anuncio –que responde a las presiones de las entidades sociales–, también lamentamos que desde el Gobierno se utilice como arma política: primero se acuerda una inversión y después se retira”, critica Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace. Para él, “el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana debería asegurar la neutralidad climática, y en cambio sigue basado en un modelo desarrollista”.

Desde Zeroport insisten: “Esta lucha va mucho más allá: es el momento de abordar de una vez nuevas políticas que transformen el actual modelo económico especulativo e injusto en un modelo que cubra las necesidades básicas del conjunto de la población y respete el territorio y los límites biofísicos del planeta”.

¿Podrían ir esos 1.700 millones de El Prat a parar a otras infraestructuras?

La cuantiosa inversión anunciada por el Gobierno junto a Aena deja algunos planteamientos, al menos de forma simbólica. ¿Podría esa inversión redirigirse hacia otras infraestructuras en línea con lo que supone la crisis climática? Lo cierto es que no. Ya que, como explican desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, no se trata de dinero público: no sale de los Presupuestos Generales del Estado, sino que forma parte del plan de inversiones de Aena, que se financia con la recaudación de sus tasas.

Y ese no es un dato menor. Como explica Adrián Fernández, “es importante saber lo que es Aena y cómo funciona”: una sociedad mixta que depende en un 51% del Estado pero donde hay un peso del 49% de inversores entre los que figuran fondos de inversión como BlackRock, una de las grandes inversoras en empresas de combustibles fósiles del mundo. Aunque no es viable, por tanto, reorientar la inversión anunciada para ampliar el Aeropuerto de El Prat, “sí debemos preguntarnos hasta qué punto debemos dejar que la política de infraestructuras dependa de una serie de fondos de inversión con intereses económicos muy potentes”, matiza Fernández, para quien “el Estado tiene la capacidad económica para hacer otro tipo de políticas”.

En términos de movilidad, para Fernández hay otras prioridades en cuanto a políticas públicas: “En primer lugar, mejorar lo que se tiene; reparar y actualizar las infraestructuras existentes“. “Se construyen muchas autovías donde no hay demanda de tráfico en lugar de mejorar las carreteras”, pone como ejemplo. Sin embargo, es algo que ve incompatible con la línea seguida por el MITMA: “Aunque es un Ministerio que desde su cambio ha presumido de dejar de construir para empezar a gestionar, lo que seguimos viendo es un Ministerio obsesionado con las grandes infraestructuras“.

Así, Fernández también ve carencias. Por eso, “hay que dejar de ver los servicios como un gasto y verlos como dedicación pública; hay que poner más trenes y servicios de movilidad accesibles a todas las personas y tener una visión de la movilidad como servicio público, igual que la sanidad o la educación”.