Se suspende la polémica ley de Doñana, pero el nivel de regadíos actual sigue siendo insostenible

A solo una semana de su aprobación y casi dos años después del lanzamiento de la propuesta, el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), ha suspendido por el momento, de manera sorpresiva, la polémica ley de regadíos que amenaza Doñana. Lo ha hecho tras acumular el rechazo de la comunidad científica, grupos ecologistas, especialistas, el Gobierno central, la Comisión Europea y la propia Unesco, responsable de otorgarle el sello de Patrimonio Mundial.

La inesperada decisión se ha producido tras la reunión mantenida este martes en la sede de la Presidencia de la Junta con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, que se ha desplazado in extremis a Sevilla. «Hoy se abre una nueva etapa para Doñana. Estamos comprometidos a trabajar juntos por Doñana y sus habitantes, protegiendo ecosistemas y fortaleciendo progreso económico y social en el territorio», afirmaba Ribera.

La norma, que pretende regularizar centenares de hectáreas de regadíos ahora ilegales, ya contaba con el dictamen de la propuesta publicado en el BOPA e iba a ser aprobada la semana próxima en el Parlamento autonómico. «Vamos a posponer ese debate para que podamos construir, mejorar y avanzar. Ese es el objetivo de esta reunión. Y es sumamente positivo que la propia vicepresidenta y yo mismo conectemos o reconectemos y resintonicemos. Las competencias que tiene la vicepresidenta son sumamente importantes, especialmente en Andalucía, donde tenemos que cooperar las dos administraciones», señalaba Moreno tras el encuentro. El Gobierno había anunciado que recurriría la norma al Tribunal Constitucional porque el agua de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir es competencia exclusiva del Estado.

En los próximos días, se van a conformar equipos de trabajo «de máximo nivel» para tratar de buscar un acuerdo. «Las administraciones deben estar a la altura de las circunstancias y trabajar juntos. Hay que escuchar a quienes viven en el territorio e intentar encontrar las propuestas que, respetando la legalidad ambiental y las aspiraciones sociales, satisfagan en mayor medida a todos los habitantes», explicaba ayer la vicepresidenta.

Para el presidente autonómico, la decisión de recular en la polémica norma «es un primer paso que puede alumbrar soluciones a situaciones complejas. Cuando hay dos posiciones distintas, tenemos la obligación de hacer todos los esfuerzos para entendernos. Es una obligación, los ciudadanos nos exigen que nos entendamos».

«Es positivo que las administraciones retornen a las vías del consenso y del diálogo, esas que marcó el Plan de la Fresa y que nunca se debió abandonar», apunta Juanjo Carmona, de WWF.

Desde la Estación Biológica de Doñana-CSIC (EBD-CSIC) se muestran contentos con el cambio de postura, pero muestran prudencia. En declaraciones a la SER, su director, Eloy Revilla, advertía que el nuevo plan no debería centrarse sólo en la agricultura, sino que debería contemplar también soluciones para garantizar la conservación de Doñana.

Miguel de Felipe Toro, investigador de la EBD-CSIC, cataloga el anuncio como «una pequeña victoria», aunque «toca seguir sin detenerse». El especialista avisa de que sin haber entrado en vigor la polémica ley, «la cantidad de regadíos actual ya es insostenible y ha de ser reconvertida».

Actualmente, el estado de las lagunas del parque es agónico. Este verano, por segunda vez consecutiva (algo que nunca antes había ocurrido), Santa Olalla, la laguna permanente más grande de Doñana, se ha secado por completo. Lejos de ser un hecho anecdótico, «confirma la grave situación en la que se encuentra el sistema lagunar de Doñana y, con ello, toda la biodiversidad que depende de él», lamentaban en su momento desde la Estación Biológica.