Especialistas en derechos humanos de la ONU iniciaron hace meses una investigación contra Saudi Aramco, la mayor empresa fósil del mundo, tras ser acusada de vulnerar los derechos humanos, promover desinformación climática e ir en contra de los objetivos del Acuerdo de París. Las pesquisas se extienden también a las entidades que la financian y los países donde operan.
El pasado 26 de junio, el Grupo de Trabajo de derechos humanos y empresas transnacionales de Naciones Unidas remitió a la compañía fósil una carta de 11 páginas después de recibir informaciones “que parecen ser contrarias a los objetivos, obligaciones y compromisos en virtud del Acuerdo de París sobre el cambio climático y que están teniendo un impacto negativo en la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático”. En la misiva se exponen todas las acusaciones y se dio un plazo de 60 días para responder a una serie de cuestiones. Pasado el tiempo estipulado (que expiró el 25 de agosto), Saudi Aramco no dio ninguna respuesta y la carta enviada ha pasado a ser de lectura pública.
En su escrito, la ONU señala que “sin prejuzgar la exactitud de estas acusaciones”, le gustaría expresar su “más seria preocupación por los impactos adversos sobre los derechos humanos causados por actividades como la explotación de combustibles fósiles que contribuyen al cambio climático“, e insiste en que las acciones de Saudi Aramco pueden contribuir a socavar el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 ºC.
Además, se muestran preocupados por las acusaciones de lavado de imagen verde y por “las repercusiones negativas que la información inexacta o falsa sobre el cambio climático pueden tener en los esfuerzos de mitigación y adaptación, así como en el disfrute más amplio de todos los derechos humanos”. En este sentido, el grupo de expertos carga contra la presión que ejercen las corporaciones hacia los gobiernos: “Las empresas deben abstenerse de apoyar y/o participar en campañas de información pública basadas en afirmaciones inexactas, engañosas e infundadas que perjudican la capacidad de los Estados y del público para tomar decisiones informadas en relación con el cambio climático”.
Este procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es todo un hito, como reconoce a Climática el propio Grupo de Trabajo: “Las empresas petroleras y gasísticas han sido objeto de avisos en el pasado, pero ésta es la primera vez que se envía una comunicación a una empresa petrolera y gasística en relación con el cambio climático y los derechos humanos“.
Si bien los escritos dirigidos a la compañía fósil, sus financiadores y los gobiernos no son una sentencia ni una orden judicial que obligue a cambiar su forma de actuar, sí es una herramienta muy valiosa para usar en un litigio climático, donde sí se pueden frenar actividades contrarias a la acción climática o incluso impugnar una ley. Además, estas communications (así llaman a estas advertencias en la ONU) también son relevantes para la próxima directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.
El detonante del caso contra Saudi Aramco fue una denuncia presentada en 2021 por la organización de derecho ambiental ClientEarth ante los expertos de la ONU. En ella acusaban a la petrolera de “la mayor violación del derecho internacional en materia de derechos humanos relacionada con el clima por parte de una empresa”. Aun así, desde la ONG reconocen que la ONU también puede “haber recibido más información de otras partes” y no solo la suya.
Saudi Aramco es una empresa estatal cuyas acciones pertenecen en un 98,5% al Gobierno del Reino de Arabia Saudí. En 2022, tuvo unas ganancias de 161.000 millones de dólares, un 46,5% más que en 2021. En 2019, un análisis realizado por Richard Heede, del Instituto de Responsabilidad Climática de Estados Unidos, concluía que Saudi Aramco es la empresa que más ha contribuido al calentamiento del planeta. Desde 1965, sólo esta compañía ha producido el 4,38% del total de emisiones mundiales.
Según la base de datos GOGEL, la compañía dirigida por Amin H. Nasser es la que cuenta mayor cantidad de recursos fósiles en desarrollo del planeta: dispone de recursos equivalentes a 19.961 millones de barriles de petróleo, todos repartidos entre Arabia Saudí y Kuwait. Asimismo, acorde a los informes independientes de SP Global y Evercore ISI, sus planes pasan por aumentar la producción de petróleo en 13 millones de barriles más al día antes de 2027.
El Grupo de Trabajo de la ONU es consciente de todas estas evidencias. “En lugar de alinear su estrategia empresarial con los objetivos del Acuerdo de París y reducir la producción de combustibles fósiles y sus emisiones al ritmo necesario para alcanzar el objetivo de mitigación climática de 1,5 °C, la estrategia empresarial de Saudi Aramco consiste actualmente en aumentar su producción de combustibles fósiles, con las consiguientes repercusiones negativas reales y potenciales sobre los derechos humanos”, reconocen a Climática.
Con el objetivo de esclarecer todas las acusaciones que pesan sobre Aramco, los especialistas de Naciones Unidas les plantearon diez cuestiones que a día de hoy siguen sin respuesta. Entre ellas, se pedía las evaluaciones de impacto ambiental de sus proyectos, las medidas adoptadas para garantizar la legislación medioambiental internacional y las normas de derechos humanos, una explicación de la forma que emplean para medir sus emisiones de gases de efecto invernadero, o las acciones llevadas a cabo para combatir la desinformación y los bulos.
En cuanto al resto de actores interpelados, hasta el momento de la publicación de este artículo sólo han respondido a sus respectivas cartas los bancos HSBC, Société Générale, Crédit Agricole y BNP Paribas (éste lo hizo el 22 de septiembre); el fondo de inversión EIG Partners; y los gobiernos de Francia y Japón. No han dado respuesta alguna por ahora ni Arabia Saudí, ni Estados Unidos, ni Reino Unido, ni tampoco las entidades financieras JP Morgan, Goldman Sachs y Citigroup, entre otras. Desde Climática nos hemos puesto en contacto con Saudi Aramco, sin recibir respuesta.
La carta (y por ende, la investigación) de Naciones Unidas está liderada por Pichamon Yeophantong, presidente-relator del Grupo de Trabajo de derechos humanos y empresas transnacionales (compuesto por cinco miembros), y se han sumado Ian Fry, relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático; David R. Boyd, relator especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible; Marcos A. Orellana, relator especial sobre las consecuencias para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y desechos peligrosos; y Pedro Arrojo-Agudo, relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento.
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Liberia está a punto de entregar un millón de hectáreas de bosque a Blue Carbon, empresa de Dubai que “cosechará” créditos de carbono en África Occidental, para venderlos y compensar las emisiones de carbono en otros lugares. El acuerdo pisotea los derechos de las personas de Liberia y no contribuye en nada a atajar la crisis climática.
Liberia posee un tesoro que algunos países de África Occidental ya han perdido: exuberantes selvas tropicales. Cubren más de 4 millones de hectáreas de ese país y albergan chimpancés, hipopótamos pigmeos y elefantes del bosque. Cientos de miles de personas viven en los bosques y dependen de ellos.
Por desgracia, la tala sucede a un ritmo récord. Hay que aumentar el nivel de protección de los bosques tropicales de Liberia para la población local, la naturaleza y el clima.
Es precisamente lo que promete la empresa privada Blue Carbon LLC. Con sede en el emirato petrolero de Dubai, se propone reunir los llamados créditos de carbono para venderlos a clientes que los utilizarían sobre el papel para compensar las emisiones perjudiciales para el clima. Con el acuerdo, cerca de un millón de hectáreas de tierra, aproximadamente el 10% de la superficie de Liberia, estarían en manos de Blue Carbon durante 30 años.
Las organizaciones medioambientales liberianas e internacionales han dado la voz de alarma.
“El borrador del Acuerdo de Blue Carbon viola las leyes progresistas de Liberia sobre tierras y bosques que protegen el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. Se teme que arrebate a la población local un millón de hectáreas de sus tierras tradicionales que se quedarían sin sus medios de subsistencia”, afirma Jonathan W. Yiah, del Instituto de Desarrollo Sostenible (SDI).
Los pagos compensatorios y los créditos de carbono son una solución falsa a la crisis climática.
Poniendo tu firma en esta petición, estarás pidiendo al gobierno de Liberia que suspenda las negociaciones con Blue Carbon.
Y también a los gobiernos de Alemania y de otros países del Norte global que reduzcan sus emisiones perjudiciales para el clima a “cero real” y que cumplan sus compromisos de proteger los bosques y la naturaleza.
https://www.salvalaselva.org/peticion/1274/no-vendan-los-bosques-de-liberia-para-excesos-climaticos-en-dubai?mtu=583100157&t=17134