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España y sus problemas con los incendios forestales más allá del cambio climático (y no son los ecologistas)

Más del 70% de la superficie forestal del país es de titularidad privada. Este hecho dificulta mucho una gestión forestal que, si bien es clave para evitar grandes incendios, arrastra asuntos que no terminan de ser abordados.
Un hombre observa cómo el incendio de Losacio, en Zamora, quema su campo de trigo. Foto: REUTERS/Isabel Infantes.

Sierra de la Culebra, Losacio, Monsagro, Las Hurdes, Casas de Miravete, Sierra Bermeja, Mijas, Venta del Moro, Los Realejos, Montes de Valdueza, Courel, Valdeorras, Valdizarbe y El Perdón, Malagón, Artesa del Segre, Almonte. A todos estos lugares del territorio español les une una misma desgracia reciente: los incendios forestales. El verano, oficialmente, lleva poco más de un mes en marcha, pero las temperaturas extremas y llamas empezaron mucho antes. Dos olas de calor mortíferas y un sinfín de incendios de forma simultánea por todo el continente europeo son la antesala de las décadas venideras.

“Por desgracia, lo que está pasando este verano va a ser cada vez más común. Y a mí lo que no me gustaría es que nos acostumbremos a esto. No hay que acostumbrarse, hay que ponerle remedio”, pide Vanessa Molina, bombera forestal en la provincia de Toledo.

El 2022 se ha convertido en el peor año de este siglo para España en cuanto a hectáreas calcinadas por los incendios forestales. En el momento en el que se publica este reportaje, se han contabilizado 352 incendios, una cifra solo superada en la Unión Europea por Rumanía, con 740. No obstante, en cuanto a territorio quemado, España ocupa el primer puesto con casi 230.000 hectáreas destruidas por el fuego, muy por encima de las 30.000 hectáreas de media para el período de referencia 2006-2021, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) del servicio europeo de gestión de emergencias Copernicus (СEMS). 

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Una mirada general a los 27 países que conforman la UE muestra que la superficie quemada a finales de julio es de casi 600.000 ha, una cantidad no comparable a las 150.000 de media del periodo antes mencionado. Justo antes del iniciar este mes de agosto, el número total de incendios en lo que va de año está cerca de los 2.000 frente a una media de 520.

Número de incendios en la UE en lo que va de año y una comparativa con el periodo 2006-2021. Fuente: EFFIS.

Quemar combustibles fósiles tiene sus consecuencias

España actualmente aglutina el 44% de las hectáreas que han sido arrasadas en la UE por los fuegos desde inicios de año. Aunque los grandes incendios que han sembrado el horror en las últimas semanas ya están controlados o extinguidos, muchas partes del país (y el continente) siguen bajo riesgo muy extremo

Aunque los grandes incendios forestales no se deben a un único factor, que el planeta se haya calentado 1,2 ºC desde el inicio de la revolución industrial es uno de los más determinantes. Hablar de incendios forestales y no reconocer la influencia del calentamiento global es ir contra la evidencia científica. Este mismo mes, mientras las llamas devoraban miles de hectáreas de la Sierra de la Culebra, en Zamora, un estudio liderado por un científico español señalaba que durante las últimas cuatro décadas en Europa se está produciendo un “cambio sin precedentes” en el régimen de incendios en verano y primavera que se relaciona con los efectos del calentamiento global.

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Número de incendios (en azul) y hectáreas quemadas (en rojo) por los incendios forestales en España desde 2008.

La solución (o parte de ella) está en la gestión forestal

No obstante, decir que los grandes incendios forestales se deben al cambio climático tampoco es del todo acertado. Lo que hace el caos climático es crear el escenario perfecto para que haya cada vez más fuegos, más tempranos, más voraces y más difíciles de apagar. Y en este punto es donde hay otro factor determinante de la ecuación: la gestión forestal y rural, el término que no para de escucharse con más fuerza en las últimas semanas como el elemento diferenciador. Pero, ¿qué significa exactamente? 

“Gestión forestal es un concepto amplio que básicamente quiere decir no abandonar el monte”, resume Víctor Resco de Dios, profesor de ingeniería forestal y cambio global. Por su parte, el ingeniero forestal Ferran Dalmau-Rovira señala que “gestión forestal es lo que históricamente hemos llamado silvicultura, que es el cuidado del cultivo de los bosques”. Otro especialista, el investigador del CREAF ​​(Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales) Eduard Pla deja claro que “no existe una receta única”, pero enfatiza que “de lo que se tiene que hablar es de gestión forestal sostenible”, es decir, “que la perturbación a la que se someta al bosque no sea superior a la capacidad que tiene de rehacerse después de ella”.

Históricamente, la gestión se ha llevado a cabo para producir madera, leña y otros productos. Sin embargo, todos los expertos llegan a una misma conclusión, que sintetiza Pla: “Hace años que los bosques y montes no son rentables desde un punto de vista económico, y ahora la gestión que necesitan se realiza desde otro punto de vista, que es el de la prevención de incendios, hacerlos más robustos al cambio climático y aumentar su biodiversidad, porque no deja de ser un seguro de vida”.

En lo que respecta a los incendios, una gestión “particularmente interesante” –cuenta Víctor Resco de Dios– son las quemas o incendios prescritos, es decir, “introducir en el monte fuego de baja intensidad, que no daña al ecosistema, sino que realiza un desbroce de forma que, cuando llega un incendio, este se encuentra con baja carga de combustible y no hace daño”.

Sobre qué hacer para afrontar esta situación sabe mucho la bombera Vanessa Molina. “No podemos permitir tener muchas toneladas por hectárea de combustible en las masas forestales. Y para eso hace falta  gestión, gestión y más gestión”. Y da una serie de tareas: “Eso se consigue teniendo todos los dispositivos los 12 meses del año, trabajando en invierno, fomentando la ganadería extensiva y solucionando el problema de la España vaciada, porque el abandono rural es una parte muy importante de todo esto que está pasando”, enumera.

¿Y quién gestiona? El problema de los montes privados

“Todas las administraciones tienen responsabilidades”, afirma Ferran Dalmau, quien es también director de la consultora ambiental Medi XXI GSA y miembro de reconocida Fundación Pau Costa​​. El Estado, según la Ley de Montes, tiene entre otras la responsabilidad de establecer las directrices comunes para formar en extinción y prevención de incendios y apoyar con el despliegue de medios estatales. “Eso lo hace desde hace mucho tiempo y lo hace bien”, cuenta el ingeniero forestal. Mientras, las comunidades autónomas deben ejercer todas aquellas funciones que se hayan adscrito en sus estatutos de autonomía. “Con lo cual, cuando alguna comunidad autónoma dice que no tiene responsabilidades, eso no es así”, zanja Dalmau. 

También interviene la administración local, quien puede tener montes adscritos a su nombre. Luego, por supuesto, están las personas físicas: “El problema de los particulares es que muchas veces no gestionan sus montes –a pesar de que la ley dice que deberían hacerlo– porque no tienen recursos para ello”. Esto se debe, según el especialista, a que “la propiedad de un monte, en este momento, puede ser un verdadero problema, pues no produce”.

Actualmente, la superficie forestal en España ronda los 28 millones de hectáreas, lo que supone más de la mitad del territorio. De ese total, más de 20 millones de hectáreas son de titularidad privada. “El tema de la propiedad y su fragmentación son dos elementos a tener en cuenta cuando analizamos los problemas que arrastran los montes y bosques, porque la administración no puede gestionar todo aquello que le gustaría”, señala Dalmau.

Para solucionar esto que menciona, tanto Ferran Dalmau como Eduard Pla apuestan por favorecer la reagrupación parcelaria de grandes territorios, “de modo que pueden compartir herramientas y tener más capacidad para gestionar el bosque donde se precise”, incide el investigador del CREAF. “Y para eso ayudaría mucho la dotación de recursos. Porque si la gente que tiene bosques, ya sea por cultivarlos, por gestionarlos, por cuidarlos o por descargarlos de energía, recibiera un apoyo económico, eso cambiaría”, propone el ingeniero forestal. 

Finalmente, Ferran Dalmau destaca un tercer problema relativo a la gestión: “En 2018, según datos de la Asociación de Empresas Forestales Españolas, la inversión en el sector forestal fue de 35,38 euros por hectárea en España”. En base a estos datos –los últimos disponibles–, los que menos invierten son Aragón, con 14,64 euros por hectárea; Castilla y León, con 17,43 euros; y Cataluña, con 17,66 euros. “En lo que llevamos de siglo XXI, el récord de inversión en nuestros montes fue el año 2009, que se invirtió en 1.742 millones de euros, lo que supuso 62 o 63 € por hectárea. Aun así, sigue siendo insuficiente”, se queja el ingeniero forestal y miembro de la Fundación Pau Costa.

Los ecologistas como chivo expiatorio

Aunque los problemas que arrastra desde hace décadas el monte están claramente definidos, como señalan los distintos expertos, hay determinados perfiles –siempre retardistas– que se dedican a  negar completa o parcialmente la realidad, y entre sus estrategias está echar la culpa a los ecologistas, como hizo recientemente el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León

“Tenemos a gobiernos de derechas que llevan 30 años en el poder culpabilizando a los ecologistas del estado de los montes”, señala Andreu Escrivà, doctor en Biodiversidad. Confiesa que le preocupa mucho “este ariete reaccionario que estamos viendo, sobre todo por parte de la extrema derecha. Han encontrado esa grieta en la cual quieren enfrentar a la ciudad con el campo, y a los ecologistas con la gente del campo”. Siguiendo ese camino, dice, “se entronca con discursos neoliberales, puros y duros, como el de Díaz Ayuso en Madrid”.

Escrivà, también ambientólogo, destaca que el ensañamiento hacia los movimientos en defensa del medio ambiente no solo viene de determinados políticos, también de otros colectivos que se presuponen con un mismo objetivo: “El estado de los montes tiene muchísimo más que ver con los ingenieros forestales que con los ecologistas”. Aunque no generaliza ni vierte toda la responsabilidad en ellos:No estoy culpando a los ingenieros forestales de los incendios”, si bien considera que “hacen un flaco favor a su profesión y al debate público sobre esta cuestión señalando de una forma muy agresiva a un colectivo como es el ecologista”.

Al indagar en la responsabilidad de que los montes ardan, Víctor Resco de Dios es tajante: “Los incendios forestales son un problema político” porque, según él, la carga de combustible de los montes españoles es excesiva y, en un escenario de cambio climático, aumenta mucho la probabilidad de que se propague un gran incendio forestal. Y en cuanto a los ecologistas (“un colectivo muy amplio donde en algunos prima la acción sobre la razón pero otros comprenden la necesidad de la gestión”), deja claro que ellos “no tienen capacidad de legislar, por lo que no se les puede culpar de los grandes incendios forestales”.

La economización del monte

Al hablar del monte, de los bosques y su gestión de preservación, emergen conceptos económicos como rentabilidad y beneficio. En estos términos habla Ferran Damau: “Es importante que también se entienda que sin economía no hay beneficios, y sin beneficio no hay gestión”. Según el ingeniero forestal, “hay que ver de qué manera se genera ese beneficio. Si no es por cortar árboles para sacar madera o biomasa, pues por temas de paisaje, por temas de recursos hídricos, por temas de oxígeno, por temas de créditos de carbono… Este tipo de cuestiones es lo que se llama pago por servicios ambientales”.

En una línea similar se pronuncia Resco de Dios, quien apuesta por volver a buscar la rentabilidad: “En un escenario de cambio climático, con un poco de visión estratégica, se puede plantear recuperar la biomasa, como sustitución parcial del gas, o la madera como elemento de construcción y como sustitución del hormigón. Estas medidas fomentarían la gestión del combustible”, cuenta. Bajo su punto de vista, “los propietarios forestales se enfrentan a un galimatías burocrático y normativo que dificulta en gran medida la gestión”.

A Andreu Escrivà, precisamente, el mensaje de que el monte no se quema si es rentable le genera “mucha desazón”. Una idea, dice, defendida en los últimos días por varios ingenieros forestales: “Se dice que la única forma de que no se queme, de protegerlo, de mantenerlo, de sostenerlo, es sacar tajada de él”. No niega, dice, que “el aprovechamiento de alguna o muchas masas forestales sea una herramienta útil para la preservación o para la vinculación de la población local”, pero insiste en que “no es la única vía para conservar nuestros montes, ni desde luego tiene que ser la motivación principal para hacerlo”.

En línea con lo defendido por Escrivà, recientemente ha visto la luz un informe del mayor panel de especialistas en biodiversidad, el IPBES, que expone que uno de los factores que acrecientan la actual crisis de biodiversidad es la priorización de los beneficios a corto plazo y el crecimiento económico en las decisiones políticas y económicas actuales.

Y si, después de todos los problemas expuestos, la solución estrella pasa por más recursos de extinción, Eduard Pla deja claro que así “no vamos a solucionar el problema”. Y lanza un último mensaje: “Lo que necesitamos es prevención y gestión del territorio. Hace tiempo que los equipos de extinción nos dan señales de que o se aborda el problema desde una óptica territorial o ellos cada vez van a ser menos capaces de extinguir los incendios de la forma clásica que hemos visto en las últimas décadas”.

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