El Parlamento de Andalucía, con los votos a favor de PP y VOX, ha aprobado iniciar los trámites de la ley de regadíos de Doñana. La iniciativa, que se tramitará por vía de urgencia, busca regularizar las superficies de regadíos de la zona norte del Parque Nacional, un ecosistema lleno de biodiversidad y cuya situación ha empeorado con los años. Esta normativa cuenta con el rechazo de la Unión Europea, los letrados del Parlamento andaluz, el Gobierno de España, especialistas y organizaciones.
La nueva norma llega para suministrar agua a 1.500 hectáreas de cultivos –que hasta ahora ya se estaban explotando de forma irregular– en un contexto de sequía. La Junta de Andalucía asegura que no se va a tocar el vital acuífero y que se utilizarán las aguas superficiales. Argumentan que, a pesar del estado critico de los humedales, la regulación es necesaria por el impacto económico de la agricultura en la zona. Desde Bruselas, las autoridades europeas han advertido de que esta ley supondría un nuevo incumplimiento de la protección medioambiental del parque, que es Patrimonio de la Humanidad, y que podría haber multas millonarias para España.
El Gobierno estatal ha reiterado en las últimas semanas su oposición a un proyecto que destacan que incumple la normativa europea. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha manifestado este miércoles que el Ejecutivo va a «adoptar todas las medidas que sean compatibles con la Constitución y el Derecho europeo» para defender el Parque Nacional de Doñana ante la «frivolidad» de los partidos PP y VOX. La vicepresidenta también ha arremetido contra el presidente andaluz, Juanma Moreno, y ha asegurado que «desde su arrogancia de señorito está haciendo un daño inmenso a los andaluces», en declaraciones a La Sexta.
Tras la votación de este miércoles, la proposición de ley pasará a la Comisión de Fomento y, salvo que se agilice el proceso, lo más probable es que la norma esté completamente aprobada después de las elecciones municipales del 28 de mayo.
El Consejo de Participación de Doñana, organismo que debe velar por el cumplimiento de los objetivos perseguidos por la declaración del Espacio Natural, se ha opuesto al proyecto para regularizar el regadío de cultivos con aguas subterráneas de Doñana, y ha afirmado que se trata de un «inmenso error» y una «gran deslealtad institucional» por parte de la Junta de Andalucía. Su presidente, el biólogo Miguel Delibes de Castro, afirmó que la norma «no hace más que generar tensión y alimentar el conflicto» ante la «situación dramática que está viviendo Doñana y los regadíos».
La actual situación en Doñana ya es en este momento de «estado crítico», ya que «más de la mitad de sus lagunas han desaparecido», según explicó Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, en su intervención en el pleno extraordinario celebrado esta semana en Almonte para analizar la normativa. En su intervención, Revilla recordó que «España está condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir sus obligaciones derivadas de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva Hábitat». Esta sentencia especificaba que la condena se produce por no haber tenido en cuenta la extracción ilegal de agua para el cultivo y las extracciones de agua para abastecimiento urbano de agua subterránea de la comarca de Doñana y por no haber previsto ninguna medida para evitar la alteración ocasionada sobre los tipos de hábitats catalogados como prioritarios.
La decisión de regularizar los regadíos llega a pesar de las múltiples advertencias de los impactos medioambientales de seguir explotando el agua del Parque Nacional de Doñana por parte de varias organizaciones y especialistas. Los acuíferos de Doñana y Aljarafe, en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, sufren desde hace décadas un expolio de agua mediante extracciones ilegales. La mayoría de estas extracciones se usan para regadíos intensivos de fresas o frutos rojos. Distintas entidades han destacado que el Parque Nacional de Doñana, situado en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, tiene un gran valor para la biodiversidad, destacando por sus grandes marismas, que acogen a numerosas aves acuáticas.
Greenpeace es una de las entidades que ha mostrado su rechazo «categórico» a la nueva ley de regadíos, la cual, indican, «pone en peligro la supervivencia de uno de los espacios naturales más valiosos del mundo». Asimismo, consideran que con esta legislación se «indultan décadas de robo sistemático de agua en el Parque Nacional de Doñana y alienta nuevos saqueos». «Exigimos al Gobierno andaluz que frene este despropósito, que solo es concebible como un reclamo electoralista y cortoplacista. Este rumbo macabro para Doñana evidencia que nuestro modelo agroalimentario y turístico está herido de muerte», ha afirmado Eva Saldaña, directora de Greenpeace España.
La organización ecologista WWF califica la normativa como la «ley anti-Doñana», y adiverte de que también «pondrá en conocimiento de la Comisión Europea y de las autoridades internacionales este nuevo paso que constituye una violación flagrante» de las sentencias europeas en la matería.
Según WWF, España es el país de Europa con mayor sobreexplotación de agua. En total, 1 de cada 4 acuíferos está sobreexplotado. Se calcula que en el país hay más de medio millón de pozos ilegales. Además, al menos el 40% de los acuíferos del interior están esquilmados por el exceso de regadíos. Una situación que puede empeorar a causa de los episodios de sequía extrema que pueden ser más frecuentes a causa del cambio climático.
Además, muchos de los acuíferos están contaminados a causa de las deyecciones de las macrogranjas o del uso de pesticidas en la agricultura. España es el país de la Unión Europea que más plaguicidas utiliza. La sobreexplotación del agua es muy patente en Doñana o en Murcia, con el Mar Menor. El agua retenida por los embalses está secando los deltas, dejando que el agua salada del mar penetre tierra adentro, lo que afecta a la biodiversidad de la zona y a la agricultura.
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¡Hay que recuperar la naturaleza en Europa!
Aumento de las temperaturas, inundaciones, sequías, incendios forestales… El cambio climático no es un problema del futuro: ya está aquí.
Pero la ciencia indica que, si protegemos y recuperamos la naturaleza, todavía podemos tener un futuro habitable. Para ello, debemos invertir en programas de restauración a gran escala que ayuden a mitigar el cambio climático, como plantar millones de árboles o proteger y rehabilitar áreas costeras.
Pero las corporaciones están furiosas y quieren tumbar esta ley, con la complicidad del sector conservador y de extrema derecha del Parlamento Europeo. Prefieren ganar más dinero antes que salvar el planeta.
PETICIÓN a la Comisión Europea, Consejo de la Unión Europea, Parlamento Europeo.
Como votantes y miembros de la ciudadanía europea, les pedimos que impulsen y aprueben la Ley de Restauración de la Naturaleza que tanto necesitamos en Europa. Se debe exigir por ley a los Estados de la UE que desarrollen planes nacionales de recuperación de la naturaleza para 2030 y 2050, con objetivos claros y basados en plazos y resultados. Estamos ante una oportunidad única de imponer medidas firmes y vinculantes para proteger la naturaleza las próximas décadas y por ello les pedimos que promuevan y respalden estas leyes.
https://act.wemove.eu/campaigns/3946?utm_campaign=20230404_ES&utm_medium=email&utm_source=civimail-53167
Esto se acababa pronto en cuanto se hicieran responsables económicos a los parlamentarios que votan en contra de las leyes vigentes. La multa la pagamos todos los españoles y por eso les da igual. Hay que revertir esta norma de que un parlamentario incumpla la ley y paguemos las consecuencias todos. Tener mayoría absoluta en los parlamentos no les dá derecho a delinquir en nombre de todos los ciudadanos. Por eso que paguen ellos la multa con su patrimonio, pues son ellos los que la provocan con sus decisiones interesadas.