Hay represiones que sirven a un propósito. Si mi jefe me trata fatal y yo controlo el impulso de soltarle una fresca, probablemente no sea por falta de ganas, sino debido a una disciplina en el comportamiento que persigue mantener el statu quo, que no es otro que preservar mi trabajo. Algunas represiones, nos enseñó el psicoanálisis, actúan a un nivel profundamente individual –olvidar que vamos a morir, para poder seguir viviendo– y otras lo hacen a nivel colectivo, para que no haya disrupciones significativas en el sistema socioeconómico y político que nos contiene a todos.
Aquí, asegura el filósofo Mark Fisher, es donde entra el juego la crisis climática, una suerte de fantasma que sobrevuela las conciencias y amenaza con descarrilar el mundo tal como lo hemos conocido y que, precisamente por el peligro que representa, ha de ser enterrado, cercenado de nuestro imaginario, no vaya a ser que la gente se dé cuenta de la gravedad y, de repente, algo estalle sin poder contenerlo.
En esa represión se constituye lo que él llamaba “realismo capitalista“: el beneficio de lobis, CEOs y demás poderosos a costa de obliterar lo evidente: que la emergencia no puede esperar. Aquí, también, es donde surge con fuerza el papel fundamental del periodismo como conjunto de voces que cuestionan lo reprimido y, a través de los medios de comunicación, lo sitúan en el pódium de nuestras preocupaciones. Así nos aseguramos desenmascarar al fantasma, materializarlo y concretizarlo en forma de noticia, de conocimiento común. Pero resulta que no siempre es posible.
En las últimas semanas se están produciendo una serie de acciones de desobediencia civil que alertan, entre otras cosas, de que el objetivo marcado en el Acuerdo de París de no superar 1,5 ºC de calentamiento global podría pronto convertirse en una quimera. Esta cifra no es un capricho, sino el resultado de innumerables estudios científicos que han situado en el 1,5 ºC la frontera a partir de la cual una serie de mecanismos de retroalimentación climática se activaría y nos sería prácticamente imposible detener la debacle aunque redujésemos las emisiones contaminantes. Este sencillo video del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC lo explica muy bien: al derretirse el hielo del Ártico, hay menos superficie blanca reflectante, por lo que la zona absorbe más luz, incrementándose la temperatura y provocando… más deshielo. Esto a su vez contribuye a elevar el nivel del mar y alterar la salinidad de los océanos, lo cual afecta a las corrientes marinas: todo un círculo vicioso que podría acelerarse en apenas unos años.
La pintada en el Museo del Prado que protagonizaron dos miembros del colectivo Futuro Vegetal aludía implícitamente a estos procesos documentados por la comunidad científica y, si bien se puede discrepar de la efectividad de dichas acciones y los propios activistas son conscientes de que éstas pueden tener consecuencias legales, lo que es indiscutible es el derecho ciudadano a estar informados de cuanto acto de desobediencia civil se lleve a cabo. Sin embargo, la reciente detención de dos comunicadoras que cubrían el acto para El Salto apunta a un ataque a la libertad de expresión e información recogidas tanto en la Constitución española como en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y así lo han expresado varios juristas. Como afirmaba la bióloga y escritora estadounidense Rachel Carson: “la obligación de aguantar [la destrucción medioambiental] nos da el derecho a saber”, y ese derecho, desde el momento en que se limitan las funciones de la prensa, se encuentra amenazado.
Lamentablemente, lo que ha ocurrido en España se podría calificar como el síntoma de una tendencia global que persigue silenciar tanto las labores de quienes activamente participan en la lucha contra la crisis climática como la pluma de quien difunde sus mensajes sin estar directamente involucrado en ningún movimiento. Hace unos días, varios periodistas fueron también arrestados en Reino Unido cuando se encontraban cubriendo una protesta de ecologistas que demandaban un parón en las prospecciones de gas y petróleo, lo cual desató una oleada de descontento popular que condujo a la policía a pedir disculpas por cómo habían procedido, en una clara alusión a la violación de la libertad de prensa.
Otros casos no han terminado con final feliz, como el del periodista británico Dom Phillips, presuntamente asesinado en Brasil por sus vínculos con defensores del medioambiente, específicamente un grupo de indígenas que intentaban detener la pesca ilegal, según NBCNews. En el seno de la Unión Europea, en Rumanía, la tala masiva de árboles por parte de empresas como Ikea se ha convertido en un problema; tanto, que la anterior ministra de aguas y bosques, Doina Pana, fue envenenada con mercurio por intentar frenar el desastre, de acuerdo con un reportaje publicado en The New Republic.
A lo largo del mundo, se repiten las respuestas legales desproporcionadas contra quienes ejercen derechos fundamentales en teoría consagrados, exigen la protección de la biosfera y se esfuerzan por desenterrar ese fantasma llamado crisis climática para traerlo a la primera página de la opinión pública, arriesgándose a perder el empleo, la libertad de movimiento, la salud o incluso la vida. Se olvida, por parte de quienes reprimen su labor en pro de una perpetuidad imposible del statu quo, que es esa misma crisis la que puede defenestrarlo. Se olvida, además, que la calidad democrática de cualquier país depende de un periodismo legalmente blindado de injerencias indeseables, libre, que nos permita saber y actuar en consecuencia.
