Entre el ruido de las elecciones madrileñas, la avivada discusión por la Ley de Vivienda y los vaivenes pandémicos, subyace un debate de gran calado que pasa desapercibido pese a su transcendental importancia para el futuro inmediato. A día de hoy, se desarrolla una discusión política para definir lo que será la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuya primera propuesta por parte del Gobierno es más que insuficiente.
La discusión tiene un eje central: los objetivos establecidos por el Gobierno (PSOE-UP) para la Ley apenas llegan a un 23% de reducción de emisiones y un 70% de renovables en energía eléctrica para 2030, en aras de alcanzar la neutralidad climática en 2050. Metas evidentemente deficientes y alejadas de las demandas de la ciencia, las organizaciones ecologistas, e incluso de los objetivos establecidos por la Unión Europea, pero que se han intentado anunciar mediáticamente como un gran avance.
Estas cifras se ajustan a la propuesta inicial del PSOE en campaña, donde planteaban una reducción de emisiones del 20% para 2030. Sin embargo, no es el caso de Unidas Podemos, que llegó a proponer una reducción de hasta el 65% de emisiones para 2030 en una encuesta de SEO Bird Life, aumentando considerablemente su apuesta original de reducción de emisiones en un 50% para, presumiblemente, salir bien evaluado.
Pero la realidad es otra y, a la hora de la verdad, la escasa importancia que se le ha dado históricamente a las políticas públicas ecologistas queda de manifiesto una vez más.
En ese sentido, la postura de las organizaciones ecologistas sobre la hoja de ruta a seguir es clara: 55% de reducción de emisiones y 100% de renovables en energía eléctrica para 2030, abriendo un horizonte para la neutralidad climática en 2040.
Esta es la propuesta que ha recogido íntegramente el grupo Más País-Verdes Equo en el Congreso de los Diputados para trasladar al Gobierno, aunque todo indica que, por el momento, ha caído en saco roto. Como señalaban desde Greenpeace en su cuenta de Twitter hace unos días, “es increíble que solo un grupo parlamentario defienda los objetivos que reclama la ciencia en la Ley de Cambio Climático”, en referencia a Más País-Verdes Equo.
Conviene detenerse sobre este punto para visibilizar un modo político de actuar que llama mucho la atención. Y es que no deja de sorprender que Unidas Podemos haya sabido apoyarse en partidos como ERC y EH Bildu para presionar al PSOE en cuestiones relevantes en materia laboral, social y los Presupuestos Generales del Estado con el fin de obtener conquistas más ambiciosas, pero no haya querido hacer lo mismo en el ámbito de la transición ecológica con Más País-Verdes Equo, plegándose netamente a la línea del PSOE sin realizar prácticamente mayores exigencias e incumpliendo su propio programa.
La forma de proceder en lo que respecta a la acción climática cambia abruptamente en comparación a otras políticas y no solo no se da esa búsqueda de apoyos en los socios de investidura, sino que se deja entrever una especie de ninguneo que no se corresponde con la labor parlamentaria ni con el sentido estratégico y de Estado que debe tener la transición ecológica para esta década.
A todo esto, se suma la evidente confrontación política por el espacio verde, que juega un rol importante en esta discusión. Una competencia legítima, pero cada vez menos disputada atendiendo a la práctica concreta de los distintos partidos que se erigen como portadores de la agenda ecologista.
Dicho esto, no resulta aceptable en ningún caso que la agenda más preponderante del siglo caiga víctima del cortoplacismo político de la época. Tras lo vivido con la experiencia de la pandemia, y particularmente entendiendo la pandemia como el mejor ensayo posible del cambio climático, la apatía del Gobierno para aprovechar la apertura de un momento de transformación sustantiva deja mucho que desear y resulta hasta cierto punto indignante.
Desatar el nudo político
En este sentido, se hace imprescindible visibilizar un problema de mayor profundidad sobre cómo se materializan los programas y discursos en torno a la transición ecológica. Para ello, el papel de la sociedad civil es fundamental para desatar el nudo que impide que la ecología política avance marcando un camino a seguir y genere un sentido común similar al que hoy en día generan temas como el blindaje de la sanidad pública.
Para el movimiento ecologista el aviso parece ser claro. Retomar un rol más activo, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, para ejercer una presión más fuerte desde la movilización social, los grupos de presión y también desde la incidencia política directa, donde resulta ineludible la diversificación de estrategias y la emergencia de apuestas renovadas como la del Sunrise Movement en Estados Unidos, organización que interviene directamente en el apoyo a candidatos que suscriben sus propuestas y se comprometen a impulsarlas, pero que al mismo tiempo ejerce una intensa fiscalización del cumplimiento de los compromisos para actuar en consecuencia.
Ante la necesidad imperiosa de que la transición ecológica tenga más presencia y ocupe un lugar protagónico en la agenda, se hace indispensable potenciar dinámicas de retroalimentación positiva en las relaciones movimiento-partido, virando de un estado prolongado de alejamiento y desencuentros a un acercamiento estratégico, aprovechando las coyunturas en clave de conflictividad creativa y no de enfrentamiento.
En otras palabras, es notorio que para que haya políticas públicas ecologistas y un marco estratégico que ejecute la transición ecológica, necesitamos más diputados, diputadas y actores institucionales que hagan de estas demandas sus prioridades. Acumular fuerza ecologista en los parlamentos es una de las líneas de acción que convendría repensar y articular. Dicho de otra manera, no tiene la misma incidencia que haya dos o tres diputados nítidamente verdes a que haya 50.
Si bien es cierto que esta fórmula no es infalible, como lo han demostrado otras experiencias en Europa, todo indica que en España deberíamos, al menos, intentarlo.
Ampliar el campo de intervención y estar dispuestos a movilizar apoyos para ocupar espacios trascendentales puede ser muy positivo y servir como complemento a la movilización masiva, que no siempre resulta tan efectiva si las demandas no son recogidas por actores que las hagan suyas con convicción. Los movimientos sociales no pueden por sí solos, necesitan aliados en las instituciones dispuestos a dar la batalla. Hasta entonces, la tónica será similar a la conocida hasta ahora y será muy difícil disputar con la fuerza necesaria el espacio donde se deciden los cambios anhelados.
El resultado final del debate actual sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética servirá como referencia para repensar los desafíos venideros y las alamedas a transitar para una política ecológica más efectiva. Aunque todo parece indicar que se avecina una Ley exigua, esperemos que no sea un punto y final, sino el punto de partida para seguir empujando.
Francisco Maturana es politólogo y activista ecologista.
