“Te venden productos para hacerte feliz, pero se apoyan en la esclavitud”

Terry Collingsworth es el director ejecutivo de International Rights Advocates (IRA), una organización con base en Washington DC (Estados Unidos) que usa métodos judiciales para enfrentarse a los abusos de las grandes compañías contra los derechos humanos. En el historial de IRA hay batallas legales contra gigantes de la talla de Coca-Cola, ExxonMobil o Nestlé. Ahora, Collingsworth y su equipo han puesto el punto de mira en las grandes tecnológicas: Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla. La clave: su sed insaciable de cobalto para fabricar baterías.

La batalla parte de 14 familias víctimas de la minería de cobalto en la República Democrática del Congo (RDC). El país africano tiene más del 60% de las reservas conocidas de este elemento, clave en la elaboración de baterías de iones de litio. La producción y distribución la controla en gran medida la multinacional suiza Glencore.

Después de varias denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional, Collingsworth visitó las zonas mineras congolesas. Allí conoció a las familias: seis niños habían perdido la vida y otros ocho habían resultado gravemente heridos. Algunos han perdido miembros, otros han sufrido fracturas múltiples, mientras extraían mineral de minas artesanales, sin equipo de seguridad y con instrumentos que el abogado define como “de la Edad de Piedra”. Ahora, IRA prepara un caso para hacer que las empresas que se lucran con ese cobalto ensangrentado se enfrenten a la justicia.

Hablamos con Collingsworth en Barcelona, donde participó en el Mobile Social Congress.

¿Cómo fue la toma de contacto con el problema sobre el terreno?

Ya sabía, por artículos, que en la República Democrática del Congo había un problema de trabajo infantil, y que este se daba en la minería, tanto de cobalto como de otros minerales. No era, sin embargo, tan consciente del papel de las grandes empresas tecnológicas en la cadena de suministro.

Hasta que, a principios del año pasado, se puso en contacto conmigo un profesor llamado Siddharth Kara, que había estado recientemente en el país y escrito un artículo para The Guardian sobre lo que presenció allí, y sobre los niños mineros que había conocido. Kara y su amigo, el doctor Roger Liwanga, congolés que da clases en Estados Unidos, me invitaron a acompañarlos a la República Democrática del Congo para averiguar si podríamos presentar alguna acción legal.

Sobre el terreno hay una ONG que nos ayudó con todo el trabajo. Fue de poblado en poblado en busca de familias con niños que o bien habían muerto o habían resultado heridos en algún accidente minero. Así que cuando llegué ya estaba todo listo, y me encontré, literalmente, con una habitación llena de niños con lesiones graves y sus padres, para escucharles y tratar de averiguar cuáles de ellos trabajaban en minas que pudiéramos relacionar con las grandes empresas tecnológicas. Así fue como comenzó el proceso.

Por desgracia, la ONG que nos ayuda sobre el terreno hizo un trabajo excelente. Y digo por desgracia porque también los vieron en público conmigo. Y en cuanto presentamos el caso, el líder de esa ONG, que ha pedido permanecer en el anonimato, ha tenido que escapar a Zambia tras recibir amenazas de muerte contra sí mismo y su familia. La industria minera en la RDC. es una industria brutal y violenta, y querían asegurarse de silenciarlo y que nos quedásemos sin fuentes en el país, así que no sabemos qué le va a pasar. Ahora está seguro en Zambia.

Como dice, la industria minera de la RDC usa métodos mafiosos. Sin embargo, está controlada por grandes compañías como Glencore. ¿Por qué no se personan legalmente también contra ella?

Oh, créeme, he investigado las posibilidades. Sin embargo, la ley estadounidense ha cambiado en cuanto a jurisdicción personal. No puedo denunciar a Glencore en los Estados Unidos por lo que haga su corporación matriz, que es Suiza, en la República Democrática del Congo. Estoy buscando personas que se dediquen a la abogacía en Suiza y que quieran representar a mis clientes contra Glencore, pero por ahora no lo hemos conseguido. Parece que todos los abogados suizos que he conocido prefieren representar a Glencore. No quieren estar en mi equipo. No quieren trabajar de manera voluntaria o probono ni por asomo. Así que tenemos alguna dificultad con esto, pero también algunas ideas de cómo avanzar. Seguimos buscando.

Por otra parte, el Financial Times publicó un artículo hace unas semanas en el que informaba de que Tesla estaba negociando con Glencore para comprar sus negocios de cobalto, porque quieren asegurarse ese mineral. Eso sería muy interesante, porque entonces sí podríamos denunciar a Tesla por la propiedad de esas minas, pero no ha ocurrido todavía.

El cobalto es un mineral muy importante para la transición ecológica, porque es un elemento clave para la fabricación de baterías. Por lo tanto, es de esperar que la demanda se dispare en los próximos años. ¿Cómo cree que afectará ese aumento de la demanda a la situación en la RDC?

Si no cambia nada sobre el terreno, seguramente lo que veamos sea la expansión del sector de la minería artesanal, porque tiene mucho espacio para crecer. Eso causará más daño y dolor a las personas de allí. Y no son solo los niños quienes resultan heridos y muertos. También está el polvo de cobalto y otros subproductos mineros que son horribles. Y eso no es todo: allí usan técnicas de tierra quemada como parte de este tipo de minería, así que no hay árboles, no hay nada. Todo está contaminado. El desastre medioambiental es espantoso. Eso es lo que puede pasar si no hacen nada: que la situación va a seguir empeorando y empeorando. Pero podrían dar un paso al frente, ahora mismo, y solucionar el problema muy fácilmente. Con dinero.

Me parece, y esto es algo gracioso, que varias de las compañías a las que hemos denunciado, han aportado bastantes fondos para crear una mina modelo. Se llama Mutoshi. Solo es una mina, y la gestiona una ONG estadounidense muy corrupta que se llama PACT. Apple trabaja con PACT para desarrollar esta mina. El concepto no es del todo malo. No se puede criticar el concepto básico, que es poner una valla alrededor de la zona en la que se desarrolla la minería artesanal. Tienen una entrada, y tienes que ser un empleado regularizado, con identificación, para que te dejen entrar. Tienes que ser mayor de 18 años y cumplir una serie de requisitos.

Eso no les ha costado mucho dinero, pero hasta ahora no se les ha exigido que tomen ese tipo de medias en todas las minas. ¡Con lo fácil que sería! Solo haría falta un poco de dinero y un compromiso serio y a largo plazo con las personas trabajadoras. Pero de momento no lo han hecho.

Todo esto, sobre el papel, parece claro, pero ¿puede ganar de verdad? ¿son vulnerables estas empresas?

Es un caso complicado. Lo más difícil es que las empresas, como Apple, no son las propietarias de las minas. Lo que van a decir es que ellas solo compran cobalto, y que no son responsables de lo que pase en las minas. Pero nuestro argumento, con el que hemos ganado otras veces, es que vale, si tu compras cobalto una vez, puede que no sepas de dónde sale. Pero con los años, y después de que Amnistía Internacional les informase en 2016, tienen conocimiento concreto del origen del cobalto. Son, en términos legales, instigadoras y cómplices del proceso minero actual al ser consumidores de alta demanda de los que depende esa industria. Si no hubiese sector tecnológico no existiría toda esta minería de cobalto. Lo que denunciamos es que, en ese caso, son responsables de lo que pasa desde el momento en que conocen el abuso infantil que se produce.

El recurso legal al que apelamos se llama Ley de Protección de Víctimas de Tráfico. Su lenguaje operativo requiere que las empresas se hayan beneficiado, con conocimiento, de una empresa, pero los tribunales aún no han definido del todo las fronteras de la palabra “empresa”. Lo que nuestra organización argumenta, y lo que yo pienso, es que esto entra en esa definición. La cadena de suministro en su totalidad es una empresa y todos se benefician de ella. Y lo saben, saben que se benefician de las lesiones de los niños.

Esos son los obstáculos a los que nos enfrentamos. Si nos toca un buen juez o jueza, que no esté cerrado a trabajar con nuestro equipo en algunos de estos problemas, creo que podemos ganar. Sí.

¿Cuánto tiempo puede llevar este proceso?

Estos casos pueden dilatarse mucho en el tiempo. Pero, por dar una idea general, en unos seis meses a partir de ahora, el juez decidirá si el argumento legal que hemos presentado es una teoría legal legítima. Durante esta etapa, las empresas tratarán de derribar nuestro argumento. Dirán que la cadena de suministro no es una empresa, y que ellas no se benefician a sabiendas de una empresa.

Si el tribunal decide que nuestra denuncia está bien formulada, entonces entraremos en una fase que llamamos de “descubrimiento”. Durante esa fase puedo acceder a todos los documentos de la empresa e interrogar a sus responsables. Y esa es la fase a la que de verdad queremos acceder, porque si podemos acceder a sus documentos, a su información de la cadena de suministro, entonces estoy seguro de que encontraremos mecanismos internos que les habían advertido del problema, y sabremos que los ignoraron a propósito. Eso cambiará toda la dinámica del debate.

En Estados Unidos, las empresas tienen que declarar el origen de los minerales que proceden de zonas de conflicto, pero no así el cobalto. ¿Por qué no?

En Estados Unidos hay una ley llamada la Ley Dodd-Frank. Una de sus provisiones es el requisito de informar del origen de los minerales que proceden de zonas de conflicto de la República Democrática del Congo. Esto ocurrió después de que el caso de los diamantes de sangre saltara a la luz pública. Ciertos miembros del Senado redactaron una Propuesta de Ley que decía, básicamente, que si alguien usa minerales de zonas de conflicto de la RDC, tiene que declararlo.

Pero, como es habitual en nuestro Parlamento, los senadores no hicieron su trabajo muy concienzudamente. Nombraron el platino, el tungsteno, el tantalio y el oro, pero no el cobalto. Así que estas compañías tienen que tener cadenas de suministro limpias para esos minerales, si los usan en sus dispositivos, pero excluyen el cobalto porque nadie les obliga a incluirlo.

Cuando Amnistía publicó su informe, preguntó a Apple por qué no tenían mejor información sobre su cadena de suministro de cobalto. Lo que les dijeron es que “no se les requería” y que “era muy complicado”. Usaron, literalmente, la palabra “complicado”. Es de risa. Apple, una de las mayores empresas tecnológicas del mundo, no sabe cómo explorar su propia cadena de suministro de cobalto. No es serio.

¿Qué otros casos similares se dan en este momento en otras partes del mundo?

Creo que el otro caso que es tan importante como este, y en el que también estoy participando, es el de los cultivos de cacao en África Occidental. Ha habido mucha información en la prensa durante los últimos 20 años y de vez en cuando salen nuevos titulares. Las grandes empresas involucradas son Nestlé, Cargill, Hershey, Barry Callebaut, Olam y Mars, entre otras. Las denunciamos hace 15 años, bajo otra legislación que es un poco más difícil de probar, y ahora vamos a denunciarlas de nuevo bajo esta Ley de Protección de Víctimas de Tráfico. 

Pero ese es solo un ejemplo más. En cualquier cadena de suministro que involucre a algún país que no tenga buenas protecciones para sus trabajadores y el medio ambiente vamos a encontrarnos este tipo de problemas. Creo que los casos del cacao y la tecnología son especialmente importantes, porque te venden productos que teóricamente, son para hacerte feliz o mejorar tu vida, pero que se apoya en esclavitud infantil y crueldad. Creo que esa yuxtaposición tiene que ser denunciada.

Las empresas del cacao han sido bastante duras, porque pueden contratar a enormes bufetes de abogados y tratar de retrasar esto eternamente. No obstante, es más probable que las tecnológicas se vean afectadas porque creo que la gente que paga mil euros por un iPhone quiere saber que se ha fabricado en condiciones no abusivas. En condiciones que no matan ni hieren a niños. Esa es nuestra esperanza. Que podamos seguir con el impulso legal que tiene este caso y conseguir que, además, ese impulso genere presión adicional entre las personas  consumidoras para que las empresas dejen, literalmente, de matar y lisiar niños. Yo creo que pueden.

*Este artículo ha sido actualizado el 2 de marzo a las 12:18, para añadir la ubicación de la entrevista.