La bicicleta es un vehículo válido para los desplazamientos autorizados y no una simple herramienta de ocio. Este es el mensaje que ha trasladado este martes la vicepresidenta Cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera a través de una carta a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En ella, solicita a las ciudades de más de 5.000 habitantes que «potencien el empleo de la bicicleta como alternativa de transporte limpio y sostenible para la salida gradual de la crisis sanitaria provocada por COVID-19».
Estas recomendaciones se producen un día después de que el ministro de Transportes y Movilidad José Luis Ábalos asegurara que «el coche privado no es una solución sostenible de futuro, pero en este paréntesis y en estas circunstancias es una opción». Este mensaje, contradictorio con lo defendido por el Gobierno anteriormente, que despertó la crítica de especialistas y el movimiento ecologista.
En este marco, Ribera ha trasladado a las entidades locales, quienes tienen la mayor parte de las competencias en la materia, una serie de propuestas para favorecer el uso de la bicicleta. La medida más destacada consiste en priorizar a peatones y ciclistas frente a los vehículos motorizados. En este sentido, piden a las ciudades implantar infraestructuras provisionales «de bajo coste» para la ampliación de zonas peatonales y ciclistas, que pueden incluir la reserva del carril derecho en grandes arterias para la bicicleta o la reducción de la velocidad en ciudad, una medida en la que ya está trabajando la Dirección General de Tráfico.
Además, Teresa Ribera insta a impulsar la reapertura de los servicios de bicicleta compartida pública, tal y como ha hecho recientemente el Ayuntamiento de Madrid. Asimismo, pide que se facilite la intermodalidad con modos de transporte colectivos como el Metro y Cercanías, reduciendo así en la medida de lo posible las restricciones a subir la bicicleta en los mismo, facilitando, también, la integración tarifaria de los sistemas de préstamo de bicis con títulos de transporte colectivo.
Entre las demandas habituales de los usuarios de bicis está disponer aparcamientos seguros. Por ello, Ribera ha pedido a las ciudades promover estos espacios en centros de trabajo, estaciones de autobuses y de cercanías y puntos estratégicos. Además, solicita establecer corredores en zonas periurbanas que comuniquen polígonos, municipios vecinos o campus universitarios con los centros de las ciudades.
Por último, con el objetivo de normalizar el uso de la bicicleta más allá de un medio de transporte para el ocio, la vicepresidenta Cuarta apunta a la necesidad de elaborar campañas de difusión que ayuden a normalizar esta práctica.
Con estas medidas, adoptada por ciudades como Berlín, Milán, París, Bogotá, y más recientemente Barcelona, el Gobierno quiere contribuir a descongestionar el transporte público, permitiendo a los usuarios mantener la distancia de seguridad y evitando el uso masivo de automóviles particulares, que agravaría los problemas de calidad del aire en las ciudades.
Todo esto con vista al corto-medio plazo. De cara al futuro, desde el Gobierno aseguran que están analizando mayores medidas de apoyo a la bicicleta, partiendo de las ya recogidas en la Estrategia Estatal de la Bicicleta.
Habrá ampliación.
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Por favor gobierno de España igual que se está obligando a la población mundial a luchar contra el covid19, obliguen también a la población a luchar contra el cambio climático, que es un problema muy grave para toda la humanidad
Exigen que el dinero público no se use para apuntalar una MOVILIDAD INSOSTENIBLE.
El Estado debe apoyar los servicios esenciales, como la sanidad, la educación o el transporte público, y medidas para la emergencia ecológica que necesitarán un importante refuerzo tras la crisis.
Los planes del conjunto del sector de la industria del automóvil, según distintas fuentes, parece que pueden tener comprometidos hasta 800 millones de euros en estímulos para la compra de vehículos, en un nuevo plan Renove que puede destinarse a la compra de cualquier tipo de vehículos, incluso diésel y gasolina.
Las organizaciones ambientales solicitan que los fondos públicos sean utilizados ahora más que nunca para proteger a las personas, mejorar el sistema sanitario y el resto de los servicios públicos y para prepararnos para afrontar la emergencia climática y de biodiversidad a la que nos enfrentamos.
El transporte supone un 27 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en España y el 60 % de las emisiones las producen los automóviles. Aunque la industria argumenta que la renovación de la flota ayudaría a reducir emisiones, lo cierto es que su propensión a vender vehículos cada vez más grandes y pesados (como los SUV) está provocando que aumenten las emisiones del parque automovilístico. Las ayudas han sido anunciadas por Industria tan solo un día después de que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se reuniese con la patronal Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), lo que ha indignado a las asociaciones ecologistas.
Mientras la crisis sanitaria sigue causando estragos, todo parece indicar que Industria cederá a la presión de los fabricantes, concediendo cientos de millones de dinero público para comprar más coches, incluidos diésel y gasolina.
Por otro lado, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), de la que Anfac es parte, ha solicitado a la Comisión Europea que se relajen los objetivos de reducción de emisiones medias de CO2 en los coches nuevos vendidos este año, que deberían lograr una media de 95 gCO2/km. Una petición que, de cumplirse, pondría en serio peligro el objetivo de descarbonización del transporte en 2050.
Lejos de proponer condicionantes ambientales a un rescate, la industria del automóvil demanda una rebaja de sus compromisos ambientales.
https://www.ecologistasenaccion.org/143016/exigen-que-el-dinero-publico-no-se-use-para-apuntalar-una-movilidad-insostenible/