Ecuador dice ‘sí’ a detener la explotación petrolera del Parque Nacional Yasuní

Este domingo 20 de agosto, todo un país decidía no solo su futuro político en unas elecciones generales anticipadas, sino también su futuro medioambiental: Ecuador debía contestar a la pregunta ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? La mayoría dijo ‘sí’.

Según los datos más recientes del Consejo Nacional Estatal, el 58,99% del pueblo ecuatoriano se decantó por cesar las operaciones extractivistas de la empresa estatal Petroecuador en el Parque Nacional Yasuní, situada en la cuenca amazónica, frente al 41,01% que votó que no.

La región, catalogada como Reserva de la Biosfera de la UNESCO en 1989, se considera una de las zonas con mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta. Además, es territorio de los grupos étnicos Waorani, Kichwa y Shuar, los cuales toman este referéndum como una victoria.

Petroecuador se defiende

El Ishpingo-Tambococha-Tiputini, conocido como Bloque 43-ITT, es uno de los 90 bloques de explotación de petróleo del país. Este yacimiento produce 55.000 barriles de crudo diarios, lo que equivale al 11% de la producción nacional.

Petroecuador se ha encargado de defender su importancia a través de un documento informativo en el que asegura que su actividad “aporta aproximadamente 1.200 millones de dólares al presupuesto general del Estado. Así, desde 2017 se han generado para Ecuador unos ingresos de 5.925 millones de dólares”. 

Asimismo, apunta que “a la fecha solo se han utilizado 80 hectáreas de un total de 818.501, es decir menos del 0,01% y no se ha identificado ningún accidente ambiental. También que se emplean “las mejores prácticas de protección” y que en todo momento “se han respetado los derechos y se ha mantenido una sana convivencia” con las comunidades indígenas que residen en la región.

El Ejecutivo estima en 500 millones de dólares el coste de desmantelar las instalaciones, cifra que desmienten las entidades ecologistas, que mantienen que el impacto económico será menor y que la producción de crudo pesado dejará de ser rentable en pocos años. Ahora, el cese de las operaciones recaerá sobre el próximo Gobierno, que tendrá un año para desarticular el yacimiento. Petroecuador cree que es materialmente imposible hacerlo en ese tiempo por los trabajos y protocolos necesarios para hacerlo.

Yasunidos es el colectivo que ha hecho posible este referéndum. En 2013, consiguió 750.000 firmas para exigir un plebiscito. El presidente Rafel Correa ignoró esta petición. Sin embargo, una década más tarde, ha logrado su objetivo. “Esta consulta, nacida desde la ciudadanía, demuestra el mayor consenso nacional en Ecuador. Es la primera vez que un país decide defender la vida y dejar el petróleo bajo tierra”, celebran los activistas. “Es una victoria histórica para Ecuador y para el planeta”.

Paralelamente a la consulta por el Yasuní, el Distrito Metropolitano de Quito expresó su deseo de detener el avance de la explotación minera en seis de sus parroquias rurales de la mancomunidad del Chocó Andino, al noroeste, también declaradas reserva de la biosfera por la UNESCO. Los votos a favor llegaron al 68%.