El 8 de diciembre, el carguero Toconao, con pabellón de Liberia, pierde seis contenedores a 80 kilómetros al oeste de la costa de Viana do Castelo, al norte de Portugal. El 9, pero de enero, la Xunta de Galicia activa el nivel 2 de alerta ante el vertido en las playas de la comunidad autónoma de miles de millones de pequeñas bolas de plástico (conocidas como granza o pellets) que iban en uno de esos contenedores. Entre medias, 32 días en los que las organizaciones sociales y la gente de los pueblos costeros cogieron lo que tenían a mano y empezaron la tarea, casi imposible, de limpiar el litoral ante la inacción de las administraciones.
Desde Mærsk, la dueña de los contenedores y la única empresa de las involucradas en el incidente que ha dado respuesta hasta ahora (de la naviera y el armador no se sabe nada, mientras Bedeko Europe, fabricante de plásticos cuyo nombre aparece en los sacos de pellets, asegura que no son suyos), afirman que el mismo día 8 de diciembre se avisó a las autoridades portuguesas y españolas, algo que ha sido reconocido desde el Gobierno central. El 13, la asociación Noia Limpa, que los días anteriores ya había alertado de la presencia de sacos frente a las costas, localiza la primera bolsa en la playa de Espiñeirido, en Ribeira (provincia de A Coruña), y da aviso al 112, dependiente de la Xunta de Galicia, algo que también ha sido reconocido por la administración autonómica.
A partir de ahí, los avisos se suceden y las playas de Galicia comienzan a aparecer cubiertas de granza. La respuesta de las administraciones, mientras tanto, no llega. Hasta el día 20 de diciembre, Salvamento Marítimo (dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) no avisó por teléfono a la Xunta del incidente del Toconao. El 3 de enero, envió más información por correo electrónico. Por su parte, la administración autonómica, conocedora del vertido desde el 13 de diciembre, tampoco actuó hasta los primeros días de enero.
En todo ese tiempo, a Noia Limpa se le suman multitud de organizaciones sociales y ecologistas, así como algunos ayuntamientos y cientos de ciudadanos que deciden autoorganizarse a través de las redes sociales para responder a la amenaza. La historia vuelve a repetirse: las personas voluntarias toman las playas equipadas con poco más que sus propias manos para tratar de hacer frente a un problema del que apenas saben nada. La tarea es titánica, el contenedor de granza perdido por el Toconao tenía 26,2 toneladas de pellets, lo que se traduce en cientos de millones de pequeñas bolas de plástico de menos de cinco milímetros de diámetro.
“En cuanto nos enteramos, publicamos una nota de prensa e hicimos un pequeño post de Instagram para que la gente supiera de qué iba esto. Después se crearon una serie de comunidades en WhatsApp para que todo el mundo pudiera organizarse y ayudar”. Paula Dobato, integrante de 21 años del grupo de Fridays for future de Santiago de Compostela, es una de las muchas caras de una sociedad que ha ido organizándose en las últimas semanas para hacer frente al vertido. Desde la organización, apremian a la Xunta y al Gobierno central a actuar y se acuerdan, inevitablemente, del desastre del Prestige.
“Queremos una respuesta inmediata de la Xunta de Galicia. Es imprescindible elaborar ya un plan general de gestión de los accidentes. La catástrofe que ocurrió en 2002 no puede repetirse en nuestras costas ni en ninguna otra. Ni nuestras playas, ni Galicia, son un vertedero”, señalan en una nota de prensa en la que insisten en que el silencio administrativo vivido a finales de 2002, mientras la costa se llenaba de petróleo, no puede volver a ser la respuesta de los gobiernos autonómico y central.
La primera comunidad de WhatsApp creada se saturó a los pocos días (existe un límite de 5.000 usuarios por comunidad y 1.024 por grupo). Como respuesta, se creó otra comunidad paralela en la misma red social y otro grupo de difusión en Telegram. Esos son los canales a través de los que los voluntarios y voluntarias se coordinan para recabar información y limpiar las playas. La comunidad de WhatsApp está articulada en una serie de canales generales para transmitir información común y otros locales para organizar las acciones concretas. Además, cuentan con una serie de documentos compartidos en los que anotan las observaciones y las quedadas, así como con un mapa, gestionado por Noia Limpa, donde se actualiza en tiempo real la presencia de pellets en las costas.
“Nos hemos sumado un montón de organizaciones, es una locura. Está ADEGA [Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia], Greenpeace, Ecologistas en Acción… Y Noia Limpa, que es la que está haciendo la mayor parte del trabajo”, explica Paula Dobato. “Hay tanta gente que quiere actuar que es difícil hablar con todos y coordinarse. Y además el vertido es muy difícil de limpiar. Es una tarea imposible. Necesitamos medidas que nos ayuden a limpiar las playas de forma más rápida y eficaz”.
En los grupos de WhatsApp en los que se organizan las personas voluntarias, las preguntas y las dudas son habituales. ¿Cómo recogemos los pellets? ¿Son tóxicos? ¿Qué hacemos con las bolsas de basura que vamos llenando? ¿Hasta qué punto podemos alterar los ecosistemas limpiando las playas? Las respuestas, en realidad, no las tiene nadie. Desde la asociación ADEGA, han elaborado un primer protocolo de actuación en el que aconsejan protegerse con guantes y máscara, solicitar apoyo al Ayuntamiento para la recogida de los pellets recolectados en las playas, alterar lo menos posible el entorno y no usar maquinaria pesada.
Desde la asociación ecologista también han convocado 10 limpiezas formativas esta semana para que los voluntarios que quieran desempeñar tareas de coordinación de ahora en adelante cuenten con instrucciones precisas y claras sobre cómo actuar. No aceptan ya más inscripciones, pero los interesados pueden preinscribirse para futuras acciones formativas en este enlace.
Por otro lado, mientras colaboran también en la limpieza de playas, desde Ecologistas en acción han decidido abrir una nueva vía de acción: la legal. El pasado día 9 de enero, la organización interpuso una demanda penal ante el Juzgado de Noia contra la empresa propietaria del navío Toconao, aunque todavía no existe certeza de cuál es, dado que este tipo de empresas suele protegerse mediante entramados administrativos que dificultan la rendición de cuentas. En la demanda, se pide que se imponga a la empresa una caución de 10 millones de euros para hacer frente a la limpieza del vertido.
“Le pedimos al juzgado que actúe, que abra diligencias y que investigue el culpable. Sabemos que es complicado para un juzgado pequeño como el de Noia y porque hablamos de un barco con pabellón de Liberia, detrás del cual parece que hay una empresa armadora ubicada en las islas Bermudas gestionada a través de otra en Chipre”, explica Cristóbal López, de la federación gallega de Ecologistas en acción. “Estos entramados funcionan siempre igual. Si se produce un desastre, no tienen más que quebrar a la empresa legalmente responsable y se evitan pagar las indemnizaciones”.
Con esta demanda, la organización ecologista también busca poner en evidencia la existencia de estas prácticas para esquivar las leyes. “Si alguien sabe que en el fondo es impune, es normal que no se preocupe mucho por la seguridad medioambiental”, añade Cristóbal López. “Además, queremos que se hable de la necesidad de tener una normativa internacional para estas mercancías. Estos vertidos son constantes, ocurren todos los días. En las playas siempre hay pellets”.
Bajo el lema En defensa do mar, los grupos ecologistas, las plataformas en defensa de las rías y distintas organizaciones del sector del mar han convocado también una manifestación para el próximo 21 de enero en Santiago de Compostela. Con la marcha, buscan denunciar la tardanza y la inacción de las administraciones, reclamar una respuesta clara de la Xunta de Galicia y el Gobierno de España y denunciar la impunidad y la nula rendición de cuentas de las empresas que transportan a diario mercancías contaminantes frente a las costas del noroeste peninsular.
“Las organizaciones ecologistas y la mayoría de ayuntamientos pequeños no tenemos recursos suficientes para hacer frente a una limpieza tan complicada”, subraya Cristóbal López. “Las administraciones no están actuando y lo poco que hacen es tarde, mal y a rastras, discutiendo entre ellas para evadir sus responsabilidades. El espectáculo es bastante lamentable”.
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NUNCA MAIS, eso pensábamos.
“Si alguien sabe que en el fondo es impune, es normal que no se preocupe mucho por la seguridad medioambiental”
Se debe denunciar la impunidad y la nula rendición de cuentas de las empresas que transportan a diario mercancías contaminantes frente a las costas del noroeste peninsular.
Pero a quienes denuncian no es a los delincuentes medioambientales sino a quienes luchan contra ellos y defienden un Planeta sano y vivo:
A ONU apercibe ao Estado español polas denuncias infundadas contra Ecoloxistas en Acción.
A investigación, aberta pola ONU en España, céntrase nunha denuncia falsa presentada pola empresa da mina de San Finx contra Ecoloxistas en Acción.
Aínda que esta denuncia foi xa sobreseída pola Xustiza, o procedemento da ONU ven de ampliarse para abordar unha nova denuncia falsa, esta vez da Cámara Oficial Mineira de Galicia, contra 6 activistas de Ecoloxistas en Acción.
A ONU ven de facer público o oficio realizado pola irlandesa Mary Lawlor, Relatora Especial sobre a situación dos defensores dos dereitos humanos, e dirixido tanto ao Goberno de España como á empresa Tungsten San Finx, SL. Dita empresa é a propietaria da polémica mina situada no concello de Lousame, a tan só 7 km da ría de Muros e Noia.
A misiva é parte da investigación aberta pola ONU, logo de que a empresa mineira, Tungsten San Finx, SL, denunciara falsamente a Ecoloxistas en Acción ante os Xulgados de Noia tras unha acción de protesta contra as verteduras da mina. Unhas verteduras polas que a empresa mineira ven de ser sancionada agora, pola administración galega, cunha multa de 180.000 euros….