El Tratado sobre la Carta de la Energía, un obstáculo invisible a la transición energética

Un año más, la temperatura global va camino de batir un nuevo récord. La urgencia para actuar frente a la crisis climática es apremiante. Según Naciones Unidas, necesitaríamos una reducción de emisiones anual del 7,6% entre 2020 y 2030 para limitar el calentamiento a 1,5ºC y evitar los peores impactos del cambio climático.

El pasado mes de abril, las emisiones mundiales se redujeron un 17% en relación al año anterior debido al parón provocado por la pandemia. La vuelta a la ‘normalidad’, sin embargo, nos ha devuelto a los niveles previos. Los Gobiernos han ninguneado las políticas climáticas en su respuesta a la crisis. Mientras la Unión Europea habla de que la recuperación económica se alineará con las metas de descarbonización del Pacto Verde Europeo, la realidad es otra. Hasta el momento, ya ha destinado 7.600 millones al rescate del sector de los combustibles fósiles. El Estado español sigue su estela, otorgando escandalosas ayudas a aerolíneas y al sector de la automoción.

Esta tendencia queda patente también en el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo de inversiones para el sector energético que obstaculiza en gran medida el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, del Pacto Verde Europeo y de la futura Ley española de Cambio Climático y Transición Energética. Mientras el calentamiento global sigue avanzando y urge la necesidad de actuar contundentemente, la UE y 53 Estados, entre ellos el español, siguen encadenados a los combustibles fósiles bajo el TCE.

¿Por qué el TCE hace peligrar la transición energética?

1. Protege las inversiones en combustibles fósiles

El TCE protege las inversiones en todas las fuentes de energía, especialmente las de origen fósil. Las infraestructuras para la extracción y transporte de combustibles fósiles son muy costosas y necesitan muchos años de uso para ser rentables. Por ejemplo, la construcción de un gasoducto a día de hoy puede significar la extracción, transporte y, por tanto, combustión de gas durante los próximos 100 años. Bajo el TCE, los inversores pueden estar tranquilos: sus expectativas económicas están protegidas.

2. Obstaculiza legislar a favor de la acción climática

La industria de los combustibles fósiles está utilizando el TCE para demandar a los Estados que legislan a favor de la acción climática. Mediante el mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), inversores extranjeros que hayan invertido en uno de los países firmantes del TCE pueden presentar demandas millonarias si consideran que el Estado en cuestión ha legislado en contra de sus beneficios económicos esperados, presentes o futuros. ¿La guinda del pastel? Lo hacen ante tribunales privados, eludiendo los tribunales públicos de la justicia nacional. Tres abogados privados deciden si el país deberá pagar miles de millones de las arcas públicas en concepto de indemnización a los inversores.

Prohibir la extracción de combustibles fósiles, denegar nuevos permisos de prospección de gas o el cierre de centrales de energías contaminantes, pueden ser objeto de demandas millonarias contra los Estados. Es el caso de Holanda, donde la transición a las renovables se ve amenazada por una demanda de la energética alemana Uniper. En diciembre, el gobierno aprobó una ley que prohíbe el uso de carbón para generar electricidad a partir de 2030, por lo que Uniper puede llegar a reclamar 1 billón de euros en compensación por el cierre de una de sus centrales. En el Estado español la aplicación de las nuevas medidas contenidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), también podría desembocar en una oleada de demandas bajo el TCE. Esto se sumaría a las 47 que ya acumula.

3. Dificulta el fin de los combustibles fósiles y el impulso de las energías renovables.

Abandonar los combustibles fósiles e impulsar el uso de energías renovables es imprescindible para cumplir con los objetivos climáticos. Sin embargo, el TCE obliga a los Estados a no discriminar entre las diferentes fuentes de energía disponibles, ya que todas deben recibir un “trato justo y equitativo”. Es decir, ninguna fuente de energía debe tener un trato prioritario frente al resto. Ni siquiera cuando se trata de poner freno a la emergencia climática. En el caso del Estado español, el PNIEC persigue duplicar las energías renovables sobre el uso final de la energía y que el 74% de la producción de electricidad sea a partir de energía renovable en 2030, pero, ¿cómo van a reaccionar los inversores al amparo del TCE?

4. Puede disuadir a los gobiernos a la hora de legislar.

Los Estados firmantes del TCE podrían terminar pagando un alto precio por legislar a favor del clima. La amenaza de una demanda millonaria, o la simple perspectiva de una posible acción legal contra un Estado, puede tener un efecto disuasorio a la hora de legislar. Con el fin de evitarlo, los gobiernos podrían terminar rebajando los objetivos de importantes políticas climáticas y ambientales, o incluso impedir que se implementen.

Este es el caso de la compañía canadiense Vermillion, que en 2017 amenazó con demandar a Francia por un proyecto de ley que pretendía prohibir la exploración y extracción de hidrocarburos en territorio francés a partir de 2040, así como restringir la renovación de los permisos existentes. Finalmente, la amenaza de una demanda millonaria surtió efecto y la ley francesa fue modificada. A día de hoy, los permisos de explotación de combustibles pueden ser renovados hasta 2040 e incluso después, bajo ciertas condiciones. En el caso español, el PNIEC no descarta mantener parte de la generación de electricidad con carbón “allí donde se han acometido inversiones”, algo que podría ser visto como un intento de evitar posibles demandas bajo el TCE.

El proceso de modernización está condenado al fracaso

Hoy se inicia la primera de las tres rondas de negociación para la modernización del TCE previstas en 2020. A pesar de las expectativas que algunos gobiernos han mostrado, este proceso no dará lugar, en ningún caso, a un tratado que esté a la altura de las necesidades energéticas y climáticas actuales. El fin de la protección de las inversiones en combustibles fósiles, la eliminación del mecanismo ISDS o la incorporación de objetivos climáticos vinculantes no están en la agenda de negociación. En otras palabras, los Estados podrán seguir siendo demandados por legislar a favor de una transición energética justa.

La crisis climática es el mayor desafío de la historia de la humanidad. Nuestro futuro pende de un hilo, lo que hagamos hoy determinará nuestro mañana. En un momento en el que los Estados están a las puertas de poner en marcha sus políticas de acción climática, es inadmisible que un tratado de la década de los 90 pueda echarlo todo a perder. Abandonar el TCE es un paso indispensable para frenar la crisis climática, tal y como demandan más de 200 organizaciones de la sociedad civil en una carta abierta al Gobierno.

Marta Garcia Pallares, miembro de Ecologistas en Acción y co-coordinadora de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión

Maria Botella, miembro de Ecologistas en Acción

Clàudia Custodio, técnica de justicia ambiental y derechos sociales en el Observatori DESC