¿Gas natural? Llámalo gas fósil

“La empresa extremeña D.C. Gas Extremadura S.A. ha iniciado la distribución de gas natural […], que permitirá a los vecinos contar con una energía más económica, cómoda y respetuosa con el medio ambiente”. La frase, publicada en noviembre del pasado año, está extraída de la web del ayuntamiento de una localidad extremeña, que anunciaba con algarabía la puesta en marcha de la red de distribución del combustible.

El llamado gas natural se ha convertido en un símbolo de progreso en el mundo rural donde, en gran parte, todavía siguen utilizándose bombonas de butano. No extraña, pues, que el alcalde de esta población extremeña llegase a fotografiarse abriendo la válvula que inicia el suministro. Y es que este tipo de combustible es el que más crece en el mundo, vendiéndose como una alternativa más limpia y “natural” a otro tipo de hidrocarburos.

La “amplia aceptación social, política y económica” de la que que goza el gas natural es lo que ha motivado el estudio Por qué lo llaman gas natural cuando quieren decir gas fósil, elaborado por Greenpeace. Desde un principio, en esta radiografía del gas en España, la organización trata de renombrar al combustible: “El mal llamado gas natural es en realidad un combustible fósil compuesto aproximadamente en un 80% de gas metano, un potente generador de cambio climático, por lo que se trata de un gas fósil”.

Dos datos demuestran la importancia que está adquiriendo el gas fósil: en la actualidad es “la segunda fuente de energía fósil que más se consume en el mundo, al igual que en España” y, en la Unión Europea se ha convertido en el segundo mayor emisor tras el cierre de las centrales térmicas del carbón. Todo esto, denuncia Greenpeace, hace que el gas no sea una opción viable para la transición energética ni para la lucha contra el cambio climático: “El escenario de la conservadora Agencia Internacional de la Energía para evitar un calentamiento global de 1,5 ºC incluye una reducción de la demanda mundial de gas fósil en un 55% para 2050”, explican.

Es cierto que el gas fósil emite entre un 50% y un 60% menos de CO2 cuando se quema en una planta térmica –en comparación con las de carbón– y entre un 15% y un 20% si se quema en un vehículo convencional. Como también es cierto que la perforación y su posterior extracción y transporte “da como resultado la fuga de metano, componente principal del gas fósil que tiene un potencial de calentamiento global a los 100 años 25 veces superior al del CO2”, detalla Greenpeace.

Además de los impactos provocados en el medio ambiente, la exploración y la extracción también se acompaña de corrupción, represión, violencia, conflictos por el uso y el acaparamiento de tierras, desplazamientos y reasentamientos, según explica la organización ecologista en su estudio.

El gas del gas son las subvenciones

El mercado del gas fósil necesita de su propio combustible para mantenerse: las subvenciones. Según se recoge en el citado informe, en la UE las ayudas que recibe el gas han crecido un 4% desde 2015 y, en la actualidad, “están en marcha nuevos proyectos de infraestructuras de gas por valor de 104.000 millones de euros”.

En España, las centrales eléctricas de gas que están operativas en la actualidad “han recibido miles de millones de subvenciones”, según Greenpeace. A pesar de que desde 2008 comenzó un declive de la participación de gas en el mix energético –en 2008 era de 51%, reduciéndose al 11% en 2018–, España ha seguido potenciando la construcción y mantenimiento de este tipo de centrales, lo que ha provocado “un sobredimensionamiento de estas infraestructuras”.

Asimismo, según la organización ecologista, la progresiva incorporación de energías renovables al mercado mayorista “terminarán por expulsar al gas en la mayoría de las horas del día, lo que provocará que el lobby gasista pida más ayudas para mantener un parque totalmente excesivo para las necesidades energéticas del país”.

Radiografia gasística española

El empeño del país por el gas a base de dinero público y con cargo a la factura de la luz y del gas ha acabado provocando que España se haya convertido en el Estado europeo con mayor capacidad de regasificación, concentrando un tercio de la capacidad europea. Enagás [Empresa Nacional del Gas], la empresa semipública de transporte y único operador del sistema, es la compañía con más plantas de regasificación de todo el planeta.

Dentro del sistema, la segunda multinacional en importancia es Endesa, que tiene tres centrales de ciclo combinado y participa al 50% en una cuarta. “Endesa sigue realizando una fuerte apuesta por el gas fósil, pero ahora está virando hacia otro gas, el hidrógeno, que promete ser el centro de atención del sector en las próximas décadas”, explica Greenpeace, que señala su intención de poner en marcha hasta 23 proyectos para generar hidrógeno verde en el país.

Naturgy –antigua Gas Natural Fenosa– es un importante actor dentro del objetivo de posicionar al gas como un combustible necesario en la transición ecológica. Lo hace, explica el informe, en base a “una amplia estrategia, acompañada de una ambiciosa campaña mediática a todos los niveles”. Asimismo, el grupo controla la mayor parte de los dos gasoductos internacionales que tiene España con países no europeos.

Entre los distribuidores, además de Endesa –la principal– y Naturgy, destacan Gas Extremadura y Madrileña Red de Gas, que a su vez también actúan como comercializadoras, es decir, venden el gas directamente a los y las consumidoras. Esta última parte de la cadena, con unos 8 millones de clientes en el mercado mercado doméstico-comercial, está copada principalmente por cuatro grandes comercializadores: Naturgy, Endesa, Iberdrola y EDP. Sus ventas representan el 83% del total.

Para Greenpeace, “la historia de la industria gasista española es la historia de las infraestructuras faraónicas”. Así, señalan que el exceso de este tipo equipamientos se traduce en más de 50 centrales eléctricas de gas que apenas funcionan al 12%, además de 6 regasificadoras que en la última década se han usado de media a un 22% de capacidad.

Como caso paradigmático de “infraestructura innecesaria”, apuntan hacia el Proyecto Castor, que pretendía ser el mayor almacén de gas fósil del país, y que acabó paralizado en 2013 tras registrarse más de 1.000 seísmos. Finalmente, será la ciudadanía quien a través de su factura acabe abonando una indemnización millonaria a ACS, la constructora de Florentino Pérez que tenía la concesión. Otras infraestructuras faraónicas que acabaron en nada tras desembolsos económicos ingentos fueron el Midcat, un gasoducto que iba a conectar Cataluña con el sudeste francés, o la regasificadora de El Musel, en Gijón, cuya historia “está llena de casos de corrupción de políticos, dinero público y juicios”.