Recientes estudios concluyen que en el mundo será necesario construir más de dos mil millones de nuevas viviendas durante los próximos 80 años debido al incremento de población y a los cambios de tendencia del tamaño promedio de los hogares.
Otro análisis presentado en 2021 estima que España necesita más de un millón de inmuebles de alquiler asequible para solucionar el problema de accesibilidad a la vivienda.
Según el Ministerio de Fomento, existen un total aproximado de 26 millones de viviendas en España. Unas 3,4 millones estaban vacías en el 2011, según la última estimación del INE.
Desde hace años la preocupación por el impacto ambiental del sector de la edificación viene transformándose en exigencias y medidas legislativas de fomento y apoyo a la eficiencia energética, el fomento de las energías renovables y la reducción y gestión sostenible de residuos de construcción y demolición.
A finales del siglo XX, tras décadas de desarrollo de los sistemas de climatización y acondicionamiento ambiental y de implementación de las primeras exigencias de aislamiento en los edificios en España, la principal preocupación fue la reducción de la energía operacional o en fase de uso. Esta incluye la asociada principalmente a la calefacción, refrigeración, generación de agua caliente sanitaria e iluminación.
Con la aplicación de las nuevas medidas en el contexto de la UE se han conseguido a su vez importantes avances en la reducción de emisiones de CO₂ provenientes de este consumo. Esto ha permitido poner el foco en otro de los aspectos no menos relevantes: la energía incorporada, es decir, aquella necesaria para la extracción de materias primas, fabricación y transporte de materiales y construcción.
Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, para 2050 un tercio de las emisiones globales de carbono (y aproximadamente un tercio del consumo mundial de energía) provendrá de la construcción de edificios e infraestructuras.
Aunque todavía se está elaborando una política común de la UE sobre el CO₂ emitido durante el ciclo de vida completo de un edificio, tres países han introducido límites de emisiones para una gran parte de los edificios de nueva construcción, y otros dos países tienen planes para hacerlo. Cuatro países adicionales tienen previsto implantar requisitos de evaluación del ciclo de vida para los edificios públicos.
Ante este panorama, y atendiendo a la máxima de que la energía más barata es la que no se consume, ¿es sensato seguir construyendo edificios nuevos? ¿Existen hoy en día suficientes inmuebles capaces de albergar las necesidades de actividad humana en un futuro próximo (realizando las operaciones de rehabilitación o transformación necesarias)?
La pregunta resulta quizás demasiado amplia teniendo en cuenta los diferentes contextos sociales y la gran variedad de actividades humanas que requieren de un espacio habitable para su desarrollo. No es lo mismo hablar de esta cuestión en lugares donde el urbanismo y las infraestructuras han alcanzado un importante nivel de desarrollo que en aquellos donde las necesidades de edificación, especialmente residenciales, pasan por dotar de los niveles mínimos de habitabilidad a varios millones de personas.
Lo que es indudable es que, a tenor de los datos expuestos, el abandono de los edificios existentes y su demolición y sustitución por nuevas construcciones resulta a priori menos eficiente en términos medioambientales.
Desde hace tiempo, algunos prestigiosos arquitectos han optado por esta política en sus propuestas. En 2004, el estudio Lacaton y Vassal, junto con el arquitecto Frédéric Druot, desarrollaron PLUS, un estudio y manifiesto que cuestionaba una iniciativa del Gobierno francés de demoler una parte significativa de su stock de viviendas sociales de posguerra y construir viviendas nuevas y más pequeñas a un elevado coste.
Su enfoque alternativo se resume en la máxima: “¡Nunca destruyas, nunca elimines ni reemplaces, siempre agrega, transforma y reutiliza!”. Durante los últimos quince años, Druot, Lacaton y Vassal han tenido la oportunidad de probar sus conjeturas en la realidad, transformando viviendas modernistas en París, Saint-Nazaire y Burdeos. Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal han recibido el prestigioso premio Pritzker de arquitectura en 2021, considerado equivalente al premio Nobel en esta disciplina.
Sin embargo, esta estrategia no siempre resulta viable. El problema de ajustar, por ejemplo, la demanda de nuevos hogares a las viviendas vacías existentes en España no es un asunto solo edificatorio, sino urbanístico y hasta geográfico.
Muchos de los inmuebles se ubican en los cascos históricos o barriadas desarrolladas con el éxodo de la posguerra, en condiciones de habitabilidad no admisibles hoy en día. Por otro lado, la mayoría de estos edificios están obsoletos desde el punto de vista de la eficiencia energética y a menudo resulta difícil hacer una caracterización realista para su rehabilitación.
Finalmente, según la mencionada estadística del INE, las provincias de Ourense y Ávila son las que más porcentaje de vivienda vacía tenían en 2011 y los municipios pequeños, de entre 1 000 y 10 000 habitantes, presentaban mayores tasas de desocupación que los grandes. El 58 % de los pisos vacíos, 1,9 millones, se encontraban en municipios de menos de 50 000 habitantes.
Para compensar este desequilibrio, las políticas de impulso a la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana deben ir de la mano de otras destinadas a abordar el reto demográfico y la despoblación.
En la actualidad, en los países de la UE están disponibles numerosos planes de actuación en el marco de la oleada de renovación que están propiciando los fondos europeos Next Generation.
Estos fondos están instrumentados en España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A tenor del mismo, el Consejo de Ministros aprobaba en octubre de 2021 una serie de medidas con objeto de impulsar la rehabilitación de edificios y viviendas, la regeneración urbana y la promoción de vivienda social. Están dotadas con 4 420 millones de euros.
También hay que destacar en este mismo ámbito el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP). Dotada con 1 080 millones de euros, esta iniciativa está destinada a las administraciones públicas territoriales (comunidades autónomas y entidades locales) con edificios de uso público (administrativo, educativo, asistencial, deportivo, sanitario, cultural, etc.) susceptibles de ser rehabilitados.
Especial relevancia tiene también el Programa PREE 5000 (Rehabilitación Energética de Edificios en Municipios de Reto Demográfico) cuyo objeto es dar un impulso a la sostenibilidad de la edificación en los municipios de menos de 5 000 habitantes.
Los planes contemplan actuaciones que van desde cambios en la envolvente térmica a la sustitución de instalaciones de generación térmica con combustibles de origen fósil por fuentes renovables (biomasa, geotermia, solar térmica, bomba de calor) a la incorporación de tecnologías de regulación y control y la mejora en la eficiencia energética en la iluminación.
Estos planes se encuentran con obstáculos como la necesidad de inversión previa a la recepción de las ayudas, mecanismos de financiación poco ágiles y falta de mano de obra cualificada especializada en el sector de la rehabilitación edificatoria. Por eso, es necesario acometer estos asuntos de forma paralela y buscar nuevos mecanismos que aceleren estos procesos.
Finalmente, ninguna de estas actuaciones, por ventajosas que sean desde el punto de vista medioambiental frente a la nueva edificación, resultará suficiente para reducir emisiones de CO₂ si no se realiza teniendo en cuenta las oportunidades para un uso más eficiente de los recursos en el sector de la construcción recogidas en el marco de la Estrategia Española de Economía Circular.
El marco presta una atención especial al aumento del uso de materiales reciclados y a la reducción de residuos de construcción y demolición, que constituyen un tercio del total de residuos generados en la UE. La mayoría es reciclable, pero, salvo en unos pocos Estados miembros que reciclan hasta el 90 %, la tasa de recuperación media en la EU se sitúa por debajo del 50 %.
Como conclusión, parece que el aprovechamiento de lo existente para cubrir las necesidades de edificación futuras no es una quimera: los mecanismos están en marcha, pero se necesita una coordinación y formación tanto de la ciudadanía como del sector especializado, lo que aún supone un largo camino por recorrer.
Francisco Javier Castilla Pascual es arquitecto, profesor y codirector del grupo de Investigación Modelización y Análisis Energético y Estructural en Edificación en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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