El Tribunal Supremo de Países Bajos ha confirmado este viernes las dos sentencias anteriores que ordenaban al Gobierno a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero -causantes del calentamiento global-, al menos, un 25% para finales de 2020 respecto a los niveles de 1990.
La batalla de la Fundación Urgenda contra el Estado comenzó en 2013. Por entonces, la organización ecologista consiguió reunir el apoyo de cerca de un millar de personas y se acogió a la legislación europea sobre derechos humanos. El objetivo era demandar al Gobierno holandés ante el juzgado de Primera Instancia de La Haya por no hacer nada para combatir la crisis climática. Y ganaron, sentando un precedente pionero. Esa primera victoria se produjo en junio de 2015, cuando aún faltaban varios meses para que se celebrase la 21ª Cumbre del Clima, la que daría lugar al Acuerdo de París, el pacto por el clima más importante hasta la fecha.
El Ejecutivo, no conforme, decidió apelar, pero el 9 de octubre de 2018 la justicia volvió a fallar a favor de Urgenda. Esa segunda victoria se produjo un día después de que el IPCC, el panel de expertos de cambio climático que asesora a la ONU, publicara su histórico informe especial sobre calentamiento global de 1,5ºC. El mensaje de la comunidad científica era firme: hay que actuar por reducir los gases de efecto invernadero si se quiere limitar al máximo la temperatura, y con ella, sus efectos más devastadores.
Durante el largo proceso judicial, el Gobierno de Países Bajos argumentó que, si bien acatarían el veredicto, los tribunales debían respetar la separación de poderes sin interferir en política. Defendían que la protección del medio ambiente es competencia exclusiva del Parlamento.
No obstante, la justicia dejó clara en la sentencia del año pasado que los representantes políticos “tienen la obligación de proteger a la ciudadanía contra actividades industriales dañinas, y si no actúa, la actual generación verá peligrar su vida y su vida familiar”. Según el propio Tribunal de Apelación, Países Bajos está obligado por los tratados internacionales, que son jurídicamente válidos. Tras conocer el veredicto, la directora de la ONG ecologista, Marjan Minnesma, aseguraba que la sentencia era “una victoria en toda regla”.
Desde 2017, Países Bajos está presidido por una coalición de centro derecha. En junio de este año, el Gobierno presentó un Pacto Nacional del Clima, donde se propuso reducir en un 49% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, y en un 95% para mediados de siglo. Asimismo, hace diez días, el gobierno de los Países Bajos aprobó una ley que prohíbe el uso de carbón en la producción de electricidad, en la que se detalla que las plantas de carbón construidas en la década de 1990 deben dejar de quemar carbón para el año 2025, mientras que las plantas más nuevas deben dejar de hacerlo para el año 2030. En 2018, las emisiones en los Países Bajos fueron un 15% más bajas que los niveles de 1990.
Tras conocer el fallo del Tribunal Supremo de Países Bajos, Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, ha calificado la sentencia de “histórica” al tratarse “del primer caso de litigio climático en un país de la Unión Europea“. Del mismo modo, apunta que “el litigio climático es una herramienta del estado de derecho que a las organizaciones de la sociedad civil nos gustaría dejar de utilizar”, pues significaría que “los gobiernos, instituciones y compañías están cumpliendo las normas vigentes”.
Barreira recuerda que “la sentencia no sienta un precedente judicial para España”, pero sí que “abre la puerta al reconocimiento y legitimidad para que los tribunales obliguen a los gobiernos a proteger el medio ambiente y a aplicar las normas vigentes”.
Para Damian Rau, uno de los codemandantes que inició el caso que ha terminado en el Tribunal Supremo, esta victoria “pondrá en marcha la acción que tan urgentemente necesitamos y obligará a los gobiernos a asumir su responsabilidad”. En esa misma línea se ha manifestado Mary Robinson, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresidenta de Irlanda: “Los gobiernos tienen la obligación legal, así como la obligación moral, de aumentar significativamente su ambición en materia de cambio climático. Nuestros derechos humanos dependen de ello”.
Este caso, aunque con sus diferencias, guarda cierta similitud con el de Madrid Central. En verano, dos juzgados diferentes confirmaban la suspensión de la moratoria de sanciones de Madrid Central. Los jueces, en ambas ocasiones, alegaron motivos de salud y medio ambiente para impedir que se elimine el área de bajas emisiones de la capital española.
Me parece muy buena noticia.
La gente de abajo podríamos darle la vuelta a todo.
Muchos salimos a gritar exigiendo a los de arriba que arreglen el Planeta, que solucionen el cambio climático.
¿Cómo colaboramos nosotros para que se solucione?
Ya que estamos en navidad, ¿se le hace saber siquiera a nuestro ayuntamiento que no necesitamos alumbrados navideños?
¿Cuanta gente está por la labor de ser austera e inculcárselo también a sus hijos?
Yo veo a mi alrededor estos días a gente apresurada, afanada en comprar y comprar, parece como si se fuera a acabar el mundo.
¿Les van a obligar los gobiernos lacayos del sistema capitalista a ser austeros?. Todo lo contrario.
Concienciación del problema y Educación son IMPRESCINDIBLES. Así lo vienen exigiendo diversas asociaciones ecologistas.
En los colegios de esta España gobernada por la derecha, que como buena sirivienta del capital niega el cambio climático, educan en la “cultura” de la caza, de la tauromaquia, ect.
Para el cambio de rumbo radical se necesita implicar a todos los niveles educativos desde la educación infantil hasta la universidad, incluyendo la formación profesional. Es necesario también establecer sinergias con la educación no formal (asociaciones, colectivos comprometidos con el cambio social) y en especial con la educación ambiental, aprovechando y dinamizando su red de equipamientos y recursos.
El cambio educativo tiene que ser también un cambio cultural, en el que han de implicarse también los medios de comunicación, los agentes de creación de opinión, las comunidades educativas, las instituciones y los movimientos sociales, que han de ser conscientes de que ya hay una emergencia climática, social y ecológica.
Tenemos poco tiempo para reaccionar y no hay planeta B.
Manifiesto por una educación que afronte el estado de emergencia climática y planetaria.
Adhesiones:
https://www.ecologistasenaccion.org/132103/por-una-educacion-que-afronte-el-estado-de-emergencia-climatica-y-planetaria/
Y también tienen la obligación de proteger a lxs activistas medioambientales.
Asesinan a un Guardián de la Amazonia e hieren a otro en un ataque de madereros armados en Brasil.
Desde hace años los Guardianes de la Amazonia patrullan su territorio en el estado de Maranhão, que registra una fuerte invasión de madereros. Miembros no contactados de la tribu awá también viven en la zona.
Al menos tres Guardianes ya habían sido asesinados, y muchos de sus familiares también murieron, en ataques previos de madereros y acaparadores de tierras en su territorio, Arariboia, que es la última área de bosque que queda en la región.
Sonia Guajajara, (coordinadora de APIB de Pueblos Indígenas de Brasil), manifestó hoy : “¡Es hora de decir basta a este genocidio institucionalizado! ¡Dejen de autorizar el derramamiento de sangre de nuestro pueblo!”.
https://www.survival.es/noticias/12256
Ejecutivos de WWF sabían que financiaban violaciones de derechos humanos en África pero lo mantuvieron en secreto
Una nueva y demoledora investigación de Buzzfeed News ha sacado a la luz que el director y la junta directiva de la organización tenían constancia detallada de las “extendidas” atrocidades que estaban cometiendo guardaparques financiados y equipados por WWF, pero que mantuvieron la información en secreto.
Esta es la última averiguación de la investigación que desarrolla Buzzfeed y que ha expuesto una serie de informes secretos de WWF, probando que la organización sabía desde hace años que los guardaparques que financia en África central cometen graves violaciones contra los derechos humanos de la población local.
Survival International lleva más de tres décadas denunciando estos abusos que sufren los bakas y los bayakas, pero WWF siempre alegaba desconocerlos.
https://www.survival.es/noticias/12252