Repsol: contaminación, agujeros financieros… y poder fáctico en Tarragona

Este análisis ha sido publicado originalmente en CRÍTIC. Puedes leerlo en catalán aquí.

Repsol, la principal compañía petrolera y gasista española, renovó en 2020 su imagen de marca: quiere ser la compañía campeona mundial de la transición energética, capaz de alcanzar emisiones cero en 2050. Eso constituiría un giro histórico para la transnacional líder en emisiones de gases de efecto invernadero en Cataluña y una de las que acumula más deuda histórica de destrucción del clima a escala global. Hasta ahora, la empresa ha basado su éxito en un modelo de alta contaminación, en la presencia de bancos y de fondos de inversión en su consejo de administración… y grandes campañas de imagen, de publicidad y de patrocinio, desde equipos de motociclismo campeones del mundo hasta entidades sociales y culturales del Camp de Tarragona, donde gestiona el polígono petroquímico más importante del sur de Europa.

En Cataluña, donde encabeza el ranking de las empresas más contaminantes, Repsol tiene un papel central en el marco de la crisis climática y energética. Y su influencia es cada vez más grande. Desde el pasado mes de mayo, uno de los que han sido sus hombres de referencia, Jaume Giró, ocupará la cartera de Economía de la Generalitat propuesto por Junts per Catalunya. Tal y como ha revelado CRÍTIC, como directivo de Repsol, Giró fue apoderado de las sociedades del grupo que operan en dictaduras o en países en conflicto.

Repsol es una corporación industrial con sede en Madrid, presente en 31 Estados tan diferentes como Brasil, Canadá, Libia, Algeria o Indonesia. De hecho, su superficie de exploración actual alcanza los 137.000 km². La mitad de ellos en Asia (en Indonesia, Malasia y Siberia, principalmente). Si fuese un país, su territorio sería comparable al de Bangladesh y duplicaría el de los Països Catalans. Si se añaden las áreas en las que también tiene intereses creados, quedaría a poca distancia del de Reino Unido.

La compañía está especializada en la explotación de petróleo y de gas y en la fabricación petroquímica. Su producción de hidrocarburos equivalía a unos 709.000 barriles de petróleo diarios el año antes de la pandemia, es decir, aproximadamente el 0,7% del total mundial. En la lista Forbes 500 de las compañías con más beneficios, figura en el lugar 245. En el índice Standard & Poors de las 250 compañías energéticas principales, se sitúa en la posición 25 de las que trabajan en el sector integrado del petróleo y del gas, incluyendo la exploración. Es decir, es un gigante en el corazón del sector crucial de la civilización industrial. Y eso que apenas cuenta con unos 25.000 empleados y empleadas a escala global.

Hay muchas posibilidades, pues, de que Repsol siga encabezando durante bastante tiempo más los rankings de las empresas más contaminantes, también a escala española. Ahora bien, puede que eso no genere grandes titulares, porque desde 2019 la marca se ha convertido en el primer anunciante en energía del Estado español. Aunque la cifra sobre lo que invierte en publicidad es desconocida, los expertos señalan que el sector energético invierte cerca de un 4% de los ingresos. Esto representaría más de 1.500 millones de euros anuales. Los medios masivos desplegados con #ElFuturoNoseDetiene, la última campaña institucional, son una muestra.

Enorme deuda histórica en carbono

Un dato clave pero poco conocido es que Repsol es responsable del 0,23% de todas las emisiones mundiales históricas de gases de efecto invernadero. Forma parte del selecto club de apenas 90 transnacionales que han producido dos tercios de todas las emisiones que están deteriorando gravemente la composición de la atmósfera desde el principio de la Revolución Industrial. La mitad de estas emisiones acumuladas se han liberado en el cuarto de siglo que va desde 1968 hasta 2010. Si acercamos la lupa, Repsol aparece también en el puesto 46 en la lista de las 100 transnacionales responsables del 71% de las emisiones globales en la firma del Protocolo de Kyoto (1988) y el Acuerdo de París (2015). Teniendo en cuenta que la compañía fue creada en 1987, llama la atención la rapidez y la eficacia con la que se incorporó a la devastación fósil del clima común.

Las emisiones singulares que reconoce Repsol revelan que, a pesar de que la producción de petróleo y de gas ha bajado un 10% por la pandemia de COVID-19, no ha habido una reducción real de las emisiones que notifica la empresa.

Pero esta no es su deuda climática histórica al completo. Según el informe de cuentas consolidado de 2020, Repsol mantiene alianzas de exploración o explotación con Sinopec, el gigante chino del petróleo, con quien bate récords de emisiones en el mar del Norte. Trabaja en Angola y en Irlanda con la italiana ENI. Explota Algeria con la estatal Sonatrach, la indonesa Pertamina, la alemana RWE y la tejana Anadarko. En Libia lo hace con la estatal noruega Equinor y la austríaca OMV. En Rusia trabaja con Gazprom, dominado por la oligarquía próxima a Vladímir Putin. En Indonesia hace negocios con la tejana ConocoPhillips.

Tiene exploraciones por America Latina: en Bolivia (con Petrobras), en Brasil (con Equinor, la francesa Total, la californiana Chevron, a parte de Petrobras), en Colombia (con la privatizada Ecopetrol, la californiana Occidental Petroleum, la canadiense Frontera Energy y la británica BP), en Venezuela (con Total y la estatal PDVSA). Explota Alaska con Oil Search, controlada por el Gobierno de Papua Nueva Guinea, la banca JP Morgan, el banco corrupto más famoso del mundo: HSBC, la neerlandesa Shell, la australiana BHP y Equinor. Y agujerea el golfo de México con Shell. El etcétera es muy largo y evidencia que la atribución de emisiones queda muy por debajo de las reales por la telaraña de sinergias empresariales sin fronteras de la compañía.

El futuro: poca reducción de gases y más prospecciones

Con estos antecedentes, el nuevo Plan estratégico 2021-2025 de la compañía destaca por la insuficiencia de los objetivos de reducción de las emisiones comparados con los esfuerzos de algunos países. Cabe tener presente que el presidente Biden se ha comprometido a reducir un 43% los gases de efecto invernadero de Estados Unidos antes del 2030 respecto a 1990, la UE un 55% y Japón un 40%. Mientras tanto, Repsol se compromete a rebajar un 25% los gases que emite hoy. Además, para conseguir la neutralidad en carbono a mitad de siglo, aplaza la reducción del 50% de las emisiones actuales a la última década prevista, la de 2040 a 2050. La única entidad política occidental con una ambición climática tan exigua es el Estado español: el Congreso de los Diputados acaba de aprobar por ley una disminución de solo un 23% de los gases para 2030.

En lo que respecta a las acciones de futuro de la compañía, el nuevo plan presume de que el 30% irá a inversiones bajas en carbono de aquí a 2025, hecho que certifica que el 70% restante seguirá destinado a inversiones fósiles. En cuanto a la generación eléctrica neta, pasaría de los 3 GW instalados ya en 2021 a 10 GW en 2030. No deja de ser un aumento anecdótico cuando, solo en España, la demanda es de 110 GW ahora mismo.

Sobre la transformación industrial, las medidas se centran en la eficiencia energética (hablan de 0,8 millones de toneladas anuales sobre los 22 millones del 2020, es decir, de un 3%), la economía “circular” a partir de residuos para hacer combustibles “neutros” en carbono que no resisten ningún análisis científico, un hidrógeno “verde” poco viable económicamente y bastante inseguro, así como la captura y el uso de CO₂, una estrategia de geoingeniería llena de riesgos en cuanto a almacenaje y peligrosidad.

En contraste, no renuncian a nuevas prospecciones ni a la explotación de yacimientos clave (Alaska, el golfo de México, América del Sur, el Magreb, los mares de China y del Norte).

Además, su participación en todo tipo de lobbies fósiles (como el World Energy Council, el World Petroleum Council, Fuels Europe, la International Oil & Gas Producers y la International Emissions Trading Association (IETA), sin olvidar la ultraliberal Atlantic Council) la sitúa en un lugar central del poder industrial.

De Sacyr y de La Caixa a los fondos de inversión internacionales

Repsol es un derivado mayor de un acuerdo ciego de entrada a la Comunidad Económica Europea por parte de una España fascinada por el neoliberalismo. El origen remoto es la decisión del gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo en noviembre de 1981 de reunir bajo el paraguas del nuevo Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) todo el sector petrolero español heredado de la dictadura. Los gobiernos de Felipe González (1982-1996) emprenderán un programa de privatizaciones que llevará a vender el 90% del INH (rebautizado como Repsol en 1987), antes de que José María Aznar llegue al Gobierno y remate el trabajo vendiendo el 10% restante.

Sacyr, La Caixa y Pemex han controlado Repsol hasta hace poco. Creada en 1986, la Sociedad Anónima de Caminos y Regadíos se hace llamar Sacyr desde 1991. Es una de las empresas europeas punteras en los sectores de la construcción, de las infraestructuras y de la concesión de autopistas. Entre 2021 y 2017 dirigió la ampliación del canal de Panamá.

Su consejo de administración está presidido por Demetrio Carceller Arce, nieto de Demetrio Carceller Segura, que había sido director general de la Compañía Española de Petróleos (CEPSA) desde su fundación en 1930. Filonazi durante la Segunda Guerra Mundial, hizo de ministro de Comercio e Industria entre 1940 y 1945, desde donde impulsó la fundación del Instituto Nacional de Industria. Según Josep Fontana, nada se movía en la España de la Autarquía sin que Don Demetrio cobrase su “peaje”. Carceller Segura fue “el iniciador de la corrupción a gran escala del franquismo”. Carceller Arce controla hoy la empresa Damm y es presidente de la Asociación de Cerveceros de España. A raíz del escándalo de los papeles de Panamá, tanto él como su padre, Demetrio Carceller Coll, evitaron la presión pagando una multa de 93 millones de euros a Hacienda por haber evadido impuestos mediante sociedades offshore domiciliadas en el Pacífico sur al menos desde hace un cuarto de siglo. Sacyr llegó a controlar en 2006 más del 20% de las acciones de Repsol.

CaixaBank, uno de los conglomerados de poder económico y político clave en la Cataluña contemporánea, liquidó su relación histórica con Repsol en 2019, hace apenas dos años. Pero durante cerca de dos décadas dirigió la compañía. Tanto, que desde 2004 está presidida por Antonio Brufau, empleado suyo y exdirector de Gas Natural (hoy Naturgy). En el momento álgido, a principios de los años 2000, la antigua La Caixa poseía un 15% de Repsol. El abandono de la compañía ha sido el prólogo de la fusión –el año pasado– con Bankia (rescatada con dinero público por 24.000 millones de euros) gracias a un precio bonificado de 4.300 millones, hecho que le ha permitido convertirse en el primer banco de España y el décimo de Europa.

Petróleos de México (PEMEX) es la empresa insignia del Estado mexicano desde que la nacionalizó Lázaro Cárdenas en 1938. En tiempos del presidente Salinas (1988-1994), entró a la petrolera española con cerca del 5% del capital. Al intentar aliarse con Sacyr en 2011 para dominarla, acabó derrotada por CaixaBank y por el Gobierno de Aznar. Como resultado, Pemex vendió en 2014 casi el 10% de Repsol que poseía. Curiosamente, Emilio Lozoya, el director de Pemex entre 2012 y 2016, a raíz de ser acusado de sobornos por la constructora brasileña Oderbrecht en el que se considera el escándalo más grande de corrupción de la historia de México, ha denunciado frente a la Fiscalía General de la República a tres expresidentes (Salinas, Calderón y Peña Nieto) por ser coautores de sobornos.

Recientemente, Isidro Fainé (presidente de CaixaBank en 2011) y Antonio Brufau (que ya no estaba en Repsol) han reconocido que pagaron al excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, para que espiase los movimientos de la empresa mexicana.

A día de hoy, el control de Repsol lo ejercen, en primer lugar, la Sacyr de los Carceller (con un 7,8% del voto) y el banco más grande de los Estados Unidos, el JP Morgan Chase (con un 6,8%). Domiciliado en el paraíso fiscal de Delaware, es el mismo que fue sancionado con 13.000 millones de dólares de multa por prácticas hipotecarias fraudulentas a raíz del crash de 2008.

También pintan mucho BlackRock, la sociedad de inversión especulativa líder a nivel mundial (con cerca del 5%) y Amundi, el fondo de activos financieros líder en Europa (con un 4,5%).

La arquitectura financiera de Repsol es, consiguientemente, un prodigio de agujeros negros. De hecho, la compañía reconoce la presencia del 15% de las 312 sociedades que forman parte de la corporación en algunos de los paraísos fiscales más importantes según Tax Justice Network. Al menos 43 sociedades del grupo esquivan impuestos a través de los Países Bajos (21), Barbados (6), Luxemburgo (5), Singapur (4), Trinidad y Tobago (1), las Caimán (1), Delaware/EE. UU. (1), Suiza (1), las islas Verges Británicas (1), las Bermudas (1) y Andorra (1).

Además de la participación bien pagada a un experto en energía como Mariano Marzo (287.000 euros en 2020), el consejo de administración se nutre de auténticos halcones del capitalismo fósil. Hay personajes como René Dahan, antiguo director y vicepresidente ejecutivo de la petrolera Exxon Mobile. O Henri Philippe Reichstuhl, presidente de Petrobras entre 1999 y 2001 y director desde 2015 de LATAM, la compañía chilena de aviación. Y J. Robinson West, miembro del lobby negacionista del choque climático llamado National Petroleum Council y del grupo de presión más poderoso en la política exterior estadounidense, el Council on Foreign Relations.

Con este staff y herramientas, no hay duda de que Repsol será una de las corporaciones que más beneficio sacarán de los fondos Next Generation que repartirá el Gobierno español con la excusa de la transición “verde”. Oportunamente, la compañía acaba de presentar 30 proyectos por un valor de 6.000 millones de euros a cuenta del hidrógeno “renovable”, la economía “circular”, las energías renovables y su almacenamiento, la energía “distribuida” y la “movilidad eléctrica”, así como la infraestructura de “transformación digital”.

Intereses, sobre todo, en América Latina

Tres años después de la privatización, la compañía hizo un salto cualitativo con la compra de la petrolera y gasista argentina YPF. Repsol se convertía así en la octava compañía petrolera del mundo, con más de 37.000 puestos de trabajo. La Argentina de la presidenta Cristina Kirchner expropió la petrolera española en 2012, un hecho que recortó la expansión del grupo pero no su vocación conquistadora sin complejos.

De hecho, Repsol no ha cesado de buscar oportunidades por todas partes. Si nunca ha conseguido explotar nada sólido en Guinea Ecuatorial o en los yacimientos del mar de China, no ha sido por falta de ganas. Que se estén vendiendo numerosas opciones de exploración en Irak, en Angola, Sierra Leona, en Namibia o en Papúa Nueva Guinea tiene que ver, sobre todo, con la pérdida drástica de beneficios a raíz de la COVID-19.

El ambientólogo y activista Marc Gavaldà llama la atención sobre tres comunidades indígenas en América del Sur duramente acosadas por la corporación. Los waorani son una etnia del oriente ecuatoriano. Viven en el Parque Nacional Yasuní, un gran enclave amazónico, que constituye un refugio del pleistoceno con especies conservadas desde hace 20.000 años. Esta reserva de la biosfera, sin embargo, está invadida por innumerables explotaciones petroleras y gasistas. Al comprar YPF, Repsol pasó a controlar el Bloque 16 y, más tarde, el 67. También participan con un 30% del capital en el oleoducto de crudos pesados (OCP) que atraviesa 485 kilómetros de la Amazonia ecuatoriana hasta la costa del Pacífico. El 7 de abril de 2020, el OCP se rompió, hecho que provocó el desprendimiento de la mítica cascada de San Rafael y la erosión del río Coca en medio del pánico de las comunidades indígenas. Los waorani han pasado a ser la mano de obra barata y aculturada de las explotaciones petroleras.

Uno de sus grupos, los tagaeri, en aislamiento voluntario todavía, está acosado por la continua ampliación de los campos petroleros. A Repsol no parece importarle, ya que prefiere una “colonización sin testimonios”, afirma Gavaldà. Tiene buenos protectores en Ecuador como Marcelo Mata, ministro de Ambiente por segunda vez entre críticas ecologistas: repite cargo por los servicios prestados como responsable ambiental de Repsol en el Bloque 16.

Camisea es uno de los complejos gasistas más productivos del continente americano. Está ubicado en la Amazonia peruana, en el bajo Urubamba, un río que nace a los pies del Machu Picchu, en una de las áreas con más biodiversidad del planeta. Alberga ocho grupos indígenas como los ashaninca o los kakinte, que han vivido en estado de aislamiento voluntario hasta que la eclosión del tránsito ha convertido el Urubamba en una autovía fósil. Eso y la perforación progresiva del territorio con oleoductos han deteriorado de manera radical sus condiciones de vida.

El 10% de todo el gas natural de Perú lo extraía Repsol en 2019, un crecimiento notable desde el 4% de cuatro años antes. Sus socios allí son la coreana SK, la algeriana Sonatrach y las tejanas Hunt Oil y Tecpetrol. El Estado peruano no ha conseguido hasta ahora que ninguna de ellas suscriba una cláusula anticorrupción. Una vez licuado, tres cuartas partes del gas se exportan a Corea del Sur, a China y a Japón y al resto de Europa. Uno de cada diez barcos de gas natural licuado (GNL) peruano tiene como destinación España. Si en 2014 la compañía vendió su negocio a Shell, últimamente ha vuelto a expandir su negocio de exportación de gas natural licuado peruano, canadiense y ruso, hecho que pone en duda su supuesto viraje verde. Repsol forma parte del lobby más influyente en la expansión de la economía fósil del país, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos.

En Bolivia, en concreto en San Alberto y en San Antonio, en el Chacho, una de las regiones más secas de América, en territorio guaraní, topamos de nuevo con la compañía. A pesar de que el presidente Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos en 2006, transnacionales como Repsol, Total, Shell, Petrobas o Gazprom son más poderosas que nunca. De hecho, su Gobierno impulsó un enorme incremento del extractivismo fósil camuflado bajo la retórica de que Bolivia “quiere socios, no patrones”.

El nuevo presidente, Luis Arce, antiguo ministro de Economía de Morales, expresó su alegría por poder hacer negocios con Repsol, Shell, la argentina Pan American Energy y la estatal boliviana YPBF a raíz de la apertura de un nuevo megacampo de gas en el Chaco. Y queda una sarta de nuevos pozos exploratorios en espera. Por el camino, los tentayapi, la etnia guaraní que ha permanecido más intacta, intentan defender con la creación de un gran parque natural la poquísima agua que les queda para vivir frente al gasto de este bien esencial que comportan sus pozos de gas y el choque climático.

La colonización fósil de América Latina cuenta con la protección de lobbies socioeconómicos españoles como ahora la Fundación Carolina, creada en el 2000 para favorecer la Hispanidad allí con el pretexto de la cultura y los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. Reúne un club exclusivo que junta 17 transnacionales como Repsol, Prisa, ACS, Santander o Inditex con entidades oficiales como el Instituto de Crédito Oficial o Cooperación Española, bajo la dirección de la presidencia del Gobierno español y del núcleo duro (sin Unidas Podemos) del Ejecutivo. La presidencia de honor recae en Felipe de Borbón. No encontramos ninguna representación institucional, económica o social latinoamericana y, mucho menos, indígena.

Subvenciones a raudales para ganarse Tarragona

El cambio de look de la compañía ha venido acompañado del intervencionismo en el mundo universitario hispánico con el fin de asegurarse el control de la investigación y los datos críticos. El objetivo es generar una red de cátedras de Transición Energética. Desde 2019 las han creado en la Universidad de Barcelona (especializada en captura, uso y almacenamiento de CO₂), en la Universidad Politécnica de Madrid (de movilidad sostenible) y en la Pontificia de Comillas (sobre descarbonización industrial). Paralelamente, han comenzado a becar a estudiantes del Massachusetts Institute of Technology (MIT) en el Repsol Tech Lab de Móstoles (Madrid).

Pero, sin duda, es Tarragona el mejor laboratorio del futuro que promueve Repsol. La zona se ha convertido, según los datos oficiales, en el “polo petroquímico más potente del sur de Europa”. Ninguna parte tiene un impacto tan intensivo y tampoco han anunciado ninguna voluntad de reducir su peso. Con el proyecto Cal·lípolis Next Generation proponen ampliar el puerto de Tarragona con el fin de aumentar la capacidad logística del comercio petroquímico. Para hacerlo más digerible, lo adornan con un nuevo muelle turístico para cruceros en el contradique de los Prados. En resumen, con fondos europeos, Repsol quiere más petróleo y más petroquímica en el Camp de Tarragona, todo favoreciendo, a su vez, la expansión del turismo en Vila-seca.

Repsol sabe poner dinero allí donde hará servicio. En la Universidad Rovira i Virgili financia una Cátedra Internacional de Excelencia en Comunicación. El Colegio de Periodistas de Tarragona y de las Tierras del Ebro también recibe una subvención periódica. Mantienen un “Panel Público Asesor de Repsol” con residentes (lleno de gente del ámbito de la salud, algunos ecologistas y dirigentes vecinales). Ofrecen 20 becas de FP (a unos 12.000 estudiantes) y cinco más para futuros estudiantes de la URV (en bachillerato los alumnos de Tarragona superan los 9.000). Participan económicamente en multitud de iniciativas tarraconenses, ya sean unos Juegos Mediterráneos o la Coordinadora de Colles Castelleres, que recibe una subvención anual, y la del año 2021 es de 10.000 euros.

Mientras tanto, las aportaciones a entidades sociales y educativas tarraconenses no dejan de ser migajas respecto a los 9,6 millones de euros destinados en 2019 a ayudas sociales, culturales y educativas (incluidas las cátedras de Transición Energética) por parte de la Fundación Repsol. Menos de 10 millones de euros en retorno social y educativo vendrían a ser el 0,01% de los ingresos de la transnacional. La obra social de Repsol es más baja, de hecho, que el patrocinio del equipo Honda de motociclismo: en plena pandemia, Repsol lo renovó a razón de unos 14 millones anuales.