La gravedad del desplazamiento climático se refleja en el mayor interés que muestran por este tema los grandes medios de comunicación y organismos internacionales como Naciones Unidas. Y es que es difícil ignorar la destrucción de los territorios provocada por el calentamiento global. Hay dos aspectos, sin embargo, que se suelen quedar fuera del foco mediático aunque son esenciales para frenar la emergencia ecológica y la destrucción de los derechos fundamentales de las mayorías sociales.
El primero es situar la raíz del problema en el capitaloceno: solo se puede combatir la crisis ecológica con una profunda transformación socioeconómica que ponga fin a la lógica del crecimiento y la acumulación permanentes. El segundo, incorporar los megaproyectos a las causas socioambientales del desplazamiento: grandes infraestructuras de transporte y energía, explotación de hidrocarburos y minería, agroindustrias, maquilas y desarrollos turístico-inmobiliarios que destruyen el territorio para maximizar los dividendos empresariales.
Estos beneficios que se reparten los grandes accionistas y propietarios está en la raíz de los conflictos ecológicos y la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales hasta el punto de imposibilitar las condiciones para una vida digna y forzar el desplazamiento. Así lo ha reconocido el Panel de Alto Nivel sobre los Desplazamientos Internos del Secretario General de Naciones Unidas. La pesca y la acuicultura industrial, como veremos a continuación con el caso de las empresas españolas en Centroamérica, siguen la misma lógica de expansión de los megaproyectos e ilustran cómo las ganancias de un reducido número de compañías se sostienen a través de la destrucción de ecosistemas y la expulsión de comunidades rurales.
España es uno de los principales países consumidores de pescado y marisco a escala mundial. Mientras el consumo medio en el resto del mundo es de 20 kilogramos por persona y año, en el Estado español esta cifra se duplica y llega hasta los 46 kg/persona/año. Estas cifras reflejan la desigualdad a escala mundial, pero también hay que señalar la desigualdad interna, porque en el país cada vez menos población puede permitirse comer pescado y marisco de forma periódica. Con todo, el elevado consumo de un sector de la población significa, en términos ecológicos, la sobreexplotación y destrucción de los ecosistemas dentro y fuera de nuestras fronteras. Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 35% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas.
En términos económicos, que es lo que se prioriza en el marco del actual modelo de producción y consumo, un reducido número de grandes compañías de la pesca obtiene importantes ganancias con este negocio. Entre ellas, Nueva Pescanova, Jealsa-Rianxeira y Calvo se sitúan en los primeros puestos del ranking de facturación del sector de la industria del pescado y las conservas en el Estado español. Estas compañías son, además, las más beneficiadas por los acuerdos comerciales y las exportaciones entre Centroamérica y la UE. De hecho, el apoyo político, económico y diplomático de los gobiernos españoles ha dado como resultado que la extracción y transformación de pescado y marisco en Nicaragua, Guatemala y El Salvador ─exportada mayoritariamente a Estados Unidos, Europa y China─ esté controlada por ellas.
La explotación intensiva de los mares, la costa y los manglares de estas corporaciones en Centroamérica está asociada a la reproducción sistemática de impactos socioambientales que han sido objeto de diferentes investigaciones y denuncias por parte de diferentes organizaciones sociales, sindicales y ambientalistas. En el informe El impacto de las empresas españolas pesqueras en Centroamérica. Acuicultura, pesca, impactos socioambientales y desplazamiento forzado, editado por CCAR y OMAL, se recopilan y sistematizan todos estos impactos según su dimensión económica, ambiental, política y sociocultural y se identifican los ejes de dominación según el género, la clase y la etnia/raza que los atraviesan.
La llegada de Jealsa-Rianxeira a Guatemala fue asociada a la promesa de dar empleo a 15.000 pescadores industriales y artesanales. Después de seis años, en Iztapa, la población pesquera más cercana a las instalaciones de la compañía en el país, no se conocía a pescadores locales que hubieran sido contratados por la conservera española.
Tampoco se concretaron mejoras en las condiciones laborales. De hecho, se han denunciado de forma sistemática en las tres corporaciones la reducción del coste laboral de las trabajadoras, mayoritariamente mujeres. En las plantas de procesamiento de atún eso se ha traducido en la intensificación del ritmo de trabajo en las plantas de procesamiento de pescado, el pago de un mayor o menor salario según el rendimiento, la imposición de horas extraordinarias, la temporalidad y el trato denigrante. En el plano sindical también se han interpuesto numerosas barreras como el despido de personal sindicalizado y la creación de un sindicato empresarial para obstaculizar la organización independiente de las trabajadoras.
Igualmente, se ha causado la destrucción del tejido económico local en Nicaragua, Guatemala y El Salvador como consecuencia de la destrucción de los ecosistemas marinos y costeros de los que obtenían ingresos y alimentos las comunidades locales. Y en el lado europeo, la Agencia Tributaria española interpuso denuncias a Calvo y Jealsa-Rianxeira por la reducción irregular del pago de aranceles en las importaciones europeas del atún procesado.
Los diferentes certificados, registros y códigos de conducta relacionados con la "pesca responsable" ―Marine Stweardship Council, Atún de Pesca Responsable, Dolphin Safe, etc.― son la respuesta corporativa a las continuas denuncias por el impacto que ha tenido y tiene la pesca industrial de atún sobre la biodiversidad marina. Aunque instituciones internacionales como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) señalan que existen avances en la reducción de la sobrepesca en poblaciones de atunes y en las capturas incidentales, las organizaciones ecologistas no están de acuerdo. Denuncian que la situación sigue siendo alarmante por el uso de las grandes redes de cerco y los dispositivos de agregación de peces que aumentan las capturas incidentales y el impacto en la biodiversidad marina de los ecosistemas tropicales.
La cría de langostino también ha sido señalada por contribuir a la destrucción de los ecosistemas costeros. Así ha ocurrido con los manglares y otros ecosistemas costeros del golfo de Fonseca, situado en la frontera entre El Salvador, Nicaragua y Honduras. Justo donde se sitúan las instalaciones de Nueva Pescanova. El vertido de agua de los estanques artificiales y los laboratorios sin tratar, de los productos químicos de desinfección utilizados en los estanques y los derrames de restos de alimentos, desechos y animales muertos son señalados por las comunidades que viven de la pesca artesanal como causantes del deterioro de los ecosistemas costeros generado por la multinacional española.
En el golfo de Fonseca, los conflictos entre las comunidades pesqueras artesanales y las empresas acuícolas –como Nueva Pescanova– han dado lugar a episodios violentos por el desalojo de los campamentos situados cerca de las instalaciones industriales. Se han identificado detenciones irregulares sin justificación de los delitos cometidos, o a partir de denuncias falsas como el robo, la asociación ilícita y amenazas a la industria.
Una situación análoga se ha vivido en Guatemala con la misma compañía española. En 2016, los vecinos de la aldea El Rosario, en Champerico, donde la filial de Nueva Pescanova localiza las granjas de langostino, se manifestaron en el entorno de las instalaciones industriales para que la empresa pusiera en marcha las medidas necesarias para frenar la contaminación que estaba causando. El vertido de agroquímicos y aguas residuales sin tratar a los humedales Laguna Grande y El Muerto estaban causando sucesivos episodios de mortandad de peces, con lo que se ponía en peligro la fuente de ingresos y alimentación de estas comunidades. Ante la ausencia de respuesta por parte de las instituciones públicas, se creó la Asociación de Pescadores de Subsistencia y comenzó la movilización. La respuesta de la compañía fue acusar a seis pescadores de coacción, una acusación que luego se demostró falsa en los tribunales.
La destrucción ambiental de los manglares y otros ecosistemas costeros impacta directamente en el sostenimiento de la vida de las comunidades locales. Se desencadena la pérdida del acceso a una alimentación adecuada, a un trabajo digno, a la salud, a la seguridad, y a tener ingresos necesarios para vivir. Por lo tanto, se está favoreciendo el desplazamiento forzado a otros lugares en busca de sustento, como reconoce la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En el golfo de Fonseca, en Nicaragua, se produce el deterioro de una situación ya de por sí vulnerable, pues las comunidades pesqueras que intentan permanecer en el territorio a partir de la pesca artesanal son ya población desplazada de otros lugares por la expansión de la agricultura y la ganadería.
En la mayoría de los casos, las personas afectadas por el desplazamiento forzado –también el causado por megaproyectos– no logran recuperar los niveles de vida que tenían antes de ser desplazadas. Los impactos no son solo socioeconómicos, sino que también tienen importantes repercusiones en la salud psicosocial. El desplazamiento es una situación no esperada ni deseada, lo que genera pérdida del control sobre la vida. Se genera incertidumbre ante el futuro, la imposibilidad de pensar soluciones ante esta situación y, por lo tanto, angustia y desaliento. La nueva ubicación carece de la identificación y el sentido de su territorio de vida, lo que genera abatimiento y sensación de injusticia. Un estado que generalmente no es compartido ni orientado a la acción social, pues se ha producido una ruptura en las redes sociales que impide las dinámicas de apoyo mutuo, la desconfianza, el aislamiento y la inseguridad. Además, imposibilita continuar con los roles que culturalmente se ha aprendido, dando lugar a situaciones de frustración y culpa.
El derecho internacional no reconoce el desplazamiento forzado por megaproyectos. La razón principal que se da es que su toma en consideración supondría confrontar con grandes poderes económicos en la denuncia y en las medidas a tomar. Aún así, hay organizaciones y juristas que trabajan para su reconocimiento, como las que firmaron la Declaración de Bogotá ─en el marco de la II Conferencia Regional Humanitaria sobre Migraciones Forzadas─, donde se expresaba la existencia de "víctimas de nuevas modalidades de migraciones forzadas a causa de obras de infraestructura, inversiones privadas, degradación ambiental, cambio climático y criminalidad común y organizada, nacional e internacional".
Erika González es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad.
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Yo saqueo por aquí, tú saqueas por allá.
Survival denuncia ante la OCDE a los proveedores de cuero de BMW y Jaguar Land Rover por sus vínculos con la deforestación ilegal en Paraguay.
Los proveedores de cuero de fabricantes de coches como BMW o Jaguar Land Rover están vinculados a la deforestación ilegal del territorio de uno de los pueblos indígenas no contactados más amenazados del mundo, como denuncia Survival International en una queja formal presentada hoy ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Dos empresas italianas, Pasubio y Gruppo Mastrotto, importan cuero procedente de empresas curtidoras que comercian con ganaderías culpables de invadir y deforestar ilegalmente el territorio ancestral del Pueblo Ayoreo en el Chaco paraguayo. Entre los ayoreo se encuentran los últimos indígenas no contactados del continente americano que viven fuera de la cuenca amazónica.
BMW y Jaguar Land Rover, entre otras automovilísticas, adquieren el cuero de estas dos empresas para fabricar interiores, asientos y volantes.
“El Gobierno paraguayo ha entregado la mayor parte del territorio ancestral de los ayoreo a empresas agroindustriales que están deforestando el bosque sin tregua: primero cortan los árboles con la madera más valiosa, después prenden fuego al bosque y, por último, introducen el ganado”, explica Teresa Mayo, responsable de la campaña de Survival por los ayoreo, que visitó recientemente la región: “Los ayoreo están presenciando la destrucción de sus medios de subsistencia, de su salud física y mental, e incluso de sus vidas. Pero siguen decididos a luchar por su supervivencia y por la de sus parientes no contactados, que se ven obligados a vivir en una huida constante de las excavadoras en oasis de bosque cada día más pequeños”.
Tagüide Picanerai, ayoreo-totobiegosode, explicó: “El cuero es como un código oculto de la producción de ganado, que no se tiene en cuenta porque solo se mira la carne, pero afecta, y mucho, a la gente del lugar. Se benefician los que producen las vacas y los que las exportan y las venden allá en Europa, pero acá produce deforestación y el Pueblo Ayoreo sufre“.
https://www.survival.es/noticias/13582
Ayúdanos a detener el “proyecto de ley genocida” en Perú.
En estos momentos se está gestando en Perú una de las amenazas más graves contra los pueblos indígenas no contactados, y necesitamos tu apoyo urgentemente.
Un sector del Congreso peruano, vinculado a la industria extractiva de gas y petróleo, ha presentado un proyecto de ley que si se aprueba llevaría a los pueblos indígenas en aislamiento del país a un exterminio seguro.
El Proyecto de Ley Nº 3518-2022 pretende:
Posibilitar la revocación de las reservas indígenas ya establecidas para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial (que en Perú se conocen como PIACI).
Abrir los territorios de los pueblos indígenas no contactados a la extracción de hidrocarburos, maderera y minera.
Bloquear la creación de las tan necesarias reservas para los pueblos indígenas no contactados cuyos territorios carecen actualmente de protección.
Las consecuencias de este proyecto de ley serían tan graves que las organizaciones indígenas lo han bautizado como el Proyecto de Ley Genocida.
“Nosotros hemos visto y escuchado a los PIACI. Nosotros sí sabemos que están ahí. Quienes quieren aprobar esta ley hablan en nombre del desarrollo, pero esto es la destrucción de los bosques en los que vivimos”, explica el líder matsés Daniel Vela.
Por favor, envía este mensaje urgente a las autoridades peruanas, instándolas a que rechacen el proyecto de ley.
https://actua.survival.es/page/122358/action/1