“Debemos recordar siempre quiénes son los verdaderos criminales, aquellos que están cometiendo el verdadero crimen contra la vida. Y esto será cierto incluso si vemos encarcelados a todos los activistas medioambientales en el mundo”.
Estas fueron las recientes palabras de Greta Thunberg al salir de un tribunal en Suecia, donde podrían condenarla a entrar en prisión por bloquear una carretera el pasado julio. Denunciaba la criminalización de los activistas climáticos en el mundo para desviar la atención de la responsabilidad de los grandes grupos emisores de carbono. Igualmente, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, declaraba el año pasado que “los radicales verdaderamente peligrosos son los países que están aumentando la producción de combustibles fósiles”.
En España también nos arrestan, nos imputan y la policía nos vigila de manera clandestina por decir la verdad sobre el cambio climático y sus responsables. Reincidimos siempre en nuestras acciones de desobediencia civil no violenta porque sabemos que no tenemos otra opción para defender una vida digna en el planeta. Por esto, se ha iniciado otra vía de represión: la criminalización pública de la desobediencia civil ecologista bajo la acusación de “actividad terrorista”.
La Fiscalía General del Estado catalogó a Extinction Rebellion (XR) y Futuro Vegetal (FV) dentro del apartado de “Terrorismo nacional” en su memoria anual. Ante las protestas generalizadas, la propia fiscalía aseguraba unos días más tarde que XR y FV no son grupos terroristas y que “quizás” no era el mejor apartado para situar esta posible “amenaza”. Consideramos que este ha sido un intento por parte de la Fiscalía de desprestigiar y criminalizar al movimiento climático para reducir el apoyo a estos grupos, los cuales forman parte de una ola de movimientos cada vez más extendidos internacionalmente que, desde 2018, utilizan la desobediencia civil no violenta para persuadir a los gobiernos de que actúen ante la emergencia climática.
La ciencia es clara. Un estudio publicado en 2021 que analizaba 88.125 artículos científicos sobre cambio climático indicaba que más del 99% reconocen que el sistema industrial basado en el sobreconsumo de energías fósiles es la principal causa de la actual crisis, junto a otras actividades entre las que destaca el actual sistema agroalimentario basado en la explotación animal y del territorio con carácter intensivo. Los datos también son claros: sólo en 2022, más de 60.000 muertes atribuibles a las olas de calor en Europa, de las cuales más de 11.000 ocurrieron en España. En 2023, esta cifra ha superado de nuevo las 11.000 personas fallecidas entre junio y agosto. Los efectos del cambio climático también causan graves daños sobre los ecosistemas humanos: en España, hasta el 90% de la producción de cereal se ha perdido en 2023 a causa de la sequía.
Según el IPCC, toda la vida en el planeta afronta una extinción masiva antes de 2100. Un artículo reciente ha resaltado que, al ritmo actual, los países europeos tardarán aproximadamente 200 años en cumplir la reducción de emisiones establecida en el Acuerdo de París. Mientras tanto, en 2022, las compañías fósiles doblaron sus beneficios hasta los 208.000 millones de dólares, a la vez que los estados las financiaron con 7 billones de dólares. Del mismo modo, la UE y el Estado español han aumentado a 5.000 millones de euros las subvenciones al sector agroalimentario intensivo.
Nuestras acciones buscan poner el foco de atención en la inacción de los gobiernos y la concienciación de la gente. Los grupos incluidos por la Fiscalía en el apartado terrorismo nacional hemos realizado acciones tales como cortar el Paseo de Recoletos e instalar decenas de sillas vacías que simbolizaban las carencias de la participación ciudadana en la acción climática en nuestro país. A finales de 2022, activistas de nuestras organizaciones se pegaron a los cuadros de Goya en El Prado sin dañarlos para que el mundo entero pueda ver que es imposible contener el calentamiento del planeta en 1,5º como había comunicado la propia ONU. Tras esta acción, 4 personas fueron detenidas. Ese mismo año 2022 y de nuevo en 2023, lanzábamos líquido biodegradable de color rojo en la fachada del Congreso ante la falta de compromiso para llevar a cabo una descarbonización masiva, rápida y socialmente justa, cuyo resultado fue de 8 y 9 personas detenidas respectivamente.
Cuando todo lo demás ha fallado, consideramos que la desobediencia civil es un deber ciudadano. Así lo hemos publicado en un manifiesto que ha recibido la firma de apoyo de miles de personas, incluyendo destacadas científicas. La desobediencia civil es también un derecho que está amparado por la ONU, que la reconoce como una forma legítima de acción cuando es pública y no violenta. Así quedó reflejado en las declaraciones del primer relator de la ONU, Michel Forst, quien tras entrevistarse en persona con nuestros colectivos declaró: “Me parece una vergüenza comparar a las personas víctimas del terrorismo real con quienes usan métodos no violentos para sensibilizar sobre la necesidad de defender el medio ambiente.” Igualmente, XR y FV han recibido el apoyo de los grandes colectivos ecologistas españoles.
En palabras de la Fiscalía en su apartado terrorismo nacional, se puede leer lo único que consideramos cierto: “cada vez más jóvenes defienden modelos de sociedad sostenible”. Es vergonzoso que esa sea la definición de las acciones consideradas por la Fiscalía como “amenazas” en el apartado terrorismo nacional en nuestro país. Reclamamos conjuntamente a la Fiscalía que retire a nuestros grupos de este apartado para seguir una lucha común por la vida y la justicia climática. Asimismo, condenamos la inclusión de otros colectivos que utilizan la no violencia para defender derechos humanos como el derecho a un medio ambiente saludable o la autodeterminación de los pueblos, incluyendo los movimientos y colectivos feministas, antirracistas, o anarquistas mencionados en el informe, o cualquier otro en defensa de las vidas humanas y el medio ambiente, y en contra del sistema actual de monetización de la vida y la naturaleza.
Extinction Rebelión / Futuro Vegetal / Rebelión Científica
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Metieron droga en su coche y dieron un chivatazo a la Guardia Civil sólo para impedirle que siga protestando por agresiones al medio ambiente en Cádiz.
Ir con cuidado porque los intereses creados os tenderán trampas y os acusarán de falsos cargos como hicieron a JUAN CLAVERO de E. en A. de Cádiz.
Juan Clavero es una institución en el movimiento preservacionista andaluz. Miembro de Ecologistas en Acción en Cádiz, es peleón, tan educado como contundente, la enciclopedia verde que consultan sus colegas, las administraciones públicas, la prensa. El pasado 26 de agosto fue detenido por tráfico de drogas cuando regresaba de una protesta entre las localidades gaditanas de El Bosque y Benamahoma. ¿Clavero? Los que lo conocen supieron desde el minuto uno que eso no podía ser. Cuando se conocieron los detalles, que apuntaban a una burda trama de película, menos. Su caso ahora está sobreseído, o sea, nada hay en su contra y, por contra, lo que hay abierto es un proceso contundente contra los que le tendieron la trampa y se estudia la posible complicidad de algún miembro de la Guardia Civil. (huffingtonpost)
El debate general para el 78.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) comenzó esta semana, donde los líderes de diversos países del mundo tienen la oportunidad de transmitir sus planes, preocupaciones y llamados a la acción ante problemáticas globales. Transmisiones que casi siempre terminan en el cubo de la basura, porque a quienes realmente dirigen el mundo no les interesa que se materialicen en aras de los intereses y el bienestar general.
La CNN realizó una entrevista al secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ante la pregunta acerca del poder ejecutivo que tiene sobre el cónclave de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Guterres dijo sin duda alguna: “Ningún poder en absoluto”. Y recalcó: “El secretario de las Naciones Unidas no tiene poder y no hay dinero”.
Guterres añadió lo único que tiene es voz: “Esa voz puede ser fuerte y tengo la obligación de hacerla fuerte”.
Pero todos sabemos que, aunque a veces esta se oiga, nunca o casi nunca se escucha.
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Ecologistas, sindicalistas y periodistas honestos están hoy más que nunca en primera linea de batalla frente al monstruo capitalista que avanza devorando vidas y naturaleza.
Se están jugando su libertad, su salud y su vida defendiendo los derechos de todos. No los dejemos solos. Apoyemosles. Secundemosles.
Aunque sea por interés propio pues como dijo Bertoldt Brechet:
«Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,
guardé silencio,
ya que no era comunista,
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté,
ya que no era sindicalista,
Cuando vinieron a llevarse a los judíos,
no protesté,
ya que no era judío,
Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudiera protestar».
La Federación de Ecologistas en Acción de Cataluña publica un manifiesto donde expresa la total disensión con la inclusión de los grupos Extinction Rebellion y Futuro Vegetal en el apartado 4.5.2. ‘Terrorismo nacional’ de la Memoria 2023 de la Fiscalía y muestran a los grupos su total apoyo.
El manifiesto desgrana el conjunto de falsedades y opiniones subjetivas que se despliegan en el texto de la Fiscalía con la única intención de tergiversar la realidad e influenciar a la opinión pública.
La única afirmación cierta que se hace de los grupos ecologistas incluidos en este apartado es “que defienden modelos de sociedad sostenible”, según la Federación, que remarca que los delincuentes medioambientales que atentan cada día contra nuestro derecho a la salud y a un medio ambiente sano, con la connivencia de muchas instituciones públicas, no son aludidos en ningún momento de la Memoria e insta a incluirlos.