Las buenas palabras no salvan un planeta en crisis

Estamos ante una década decisiva. La situación de emergencia climática y de crisis de biodiversidad y la creciente desigualdad son los síntomas de un sistema que no funciona y que está llegando a sus límites. Necesitamos cambios urgentes.

Cada vez son más evidentes los efectos devastadores del calentamiento global, que afectarán especialmente a la población más vulnerable, ensanchando aún más la brecha entre personas ricas y pobres. Numerosos estudios científicos han demostrado que se superarán en 3ºC las temperaturas globales de seguir al ritmo actual de emisiones de CO2 y que la única vía para evitar los peores impactos del cambio climático es reducirlas rápidamente para no exceder 1,5º C, tal y como estipula el Acuerdo de París. En esta ecuación tampoco debemos pasar por alto la crisis a la que se enfrentan nuestros ecosistemas, que pone en riesgo su potencial natural para absorber CO2 .

La agenda de nuestro recién inaugurado Gobierno de coalición parece que por primera vez prioriza los asuntos ambientales y sociales. Dos de las cuatro vicepresidencias que se han formado apuntan a estas cuestiones: una de ellas para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y otra para los Derechos Sociales y Agenda 2030. Además, en el segundo Consejo de Ministros, el Gobierno declaró la Emergencia Climática y Ambiental, que señala la necesidad de una clara sinergia entre las política climáticas y ambientales, y se comprometió a, antes de cumplir los 100 días en el poder, presentar en el Congreso la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

De las palabras a los hechos

Las palabras no dejan lugar a dudas, pero ¿qué pasa con los hechos? Al Gobierno le toca ahora actuar con urgencia y liderar la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad fuera y dentro de nuestras fronteras. No olvidemos que vivir en uno de los territorios más afectados por el cambio cambio climático de toda la Unión Europea es también una oportunidad: ahora es el momento para apuntar alto y establecer medidas concretas y valientes que marquen el camino de la transición ecológica justa.

Estamos en la cuenta atrás. Este país necesita una Ley de Cambio Climático y Transición Energética con mucha más ambición que contemple, entre otras cosas, la descarbonización completa de la economía en 2040, así como el objetivo de reducción de emisiones del 55% en 2030 respecto a 1990. Lo mismo debería ocurrir con el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía (PNIEC), cuyo último borrador -presentado por el Gobierno a Europa- sólo prevé la reducción del 23%.

Queda mucho por hacer si de verdad queremos frenar esta crisis planetaria: la aprobación de unos presupuestos con recursos suficientes para abordar la emergencia climática y la crisis de biodiversidad, la protección del medio ambiente y la biodiversidad, una fiscalidad verde o la protección de derechos y libertades -comenzando por la derogación de la ley Mordaza- son también iniciativas que deben llevarse a cabo en esta legislatura.

Cambio de sistema, no de clima

Porque no nos podemos engañar. Las evidencias apuntan a que los esfuerzos para afrontar estas crisis no se pueden llevar a cabo sin cambios radicales en nuestro modelo de sociedad y sin poner en cuestión el crecimiento económico y las estructuras de producción y de propiedad existentes. Los retos que tenemos por delante necesitan políticas valientes que hagan frente a los intereses económicos, a los grandes contaminadores y a los grandes poderes financieros.

Hacer frente a estos intereses no será tarea fácil, pero -y aquí vienen las buenas noticias- estamos ante una gran oportunidad para apostar por una economía solidaria, verde, que redistribuya la riqueza, más igualitaria y con perspectiva de género. La transición ecológica es una ocasión única para la creación de un nuevo modelo productivo, que huya de las trampas de las burbujas especulativas, apueste por sectores con alto valor añadido y se centre en los derechos y las necesidades de la sociedad.

Esta es la gran tarea a la que se enfrenta el Gobierno. De lo contrario, las buenas intenciones habrán sido inútiles.

Tatiana Nuño es Responsable de la Campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace España.

Alicia Cantero es Responsable del Área de Incidencia Política de Greenpeace España.