Este artículo refleja la opinión de su autor. Josep Nualart Corpas es investigador del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG).
Las luchas locales y organizaciones que nos oponemos al proyecto MidCat estamos de celebración. El pasado jueves 31 de octubre la Comisión Europea publicó la cuarta lista de Proyectos de Interés Común (PCI, por sus siglas en inglés) donde no se encontraba este proyecto, tras haber sido incluido en dicha lista en las tres ediciones anteriores (2013, 2015 y 2017). El gasoducto, de 235 kilómetros, hubiera conectado los municipios de Martorell (Barcelona) y Barbaira (Languedoc-Rossellón, Francia), y hubiera significado la segunda interconexión gasística entre los dos Estados.
De haber estado en la lista PCI, el proyecto hubiera contado con facilidades administrativas y acceso a financiación pública (hasta la mitad de su coste). El motivo es que la Unión Europea quiere construir un mercado energético único basándose en la falsa creencia de la seguridad energética, la cual no sería posible sin las interconexiones energéticas propuestas en la lista PCI.
El MidCat, fuera de la lista
La decisión de no incluir el proyecto MidCat la han tomado la Comisión Europea, los estados miembro y la Red Europea de Gestores del Sistema de Transporte de Gas (ENTSOG, por sus siglas en inglés), de la que forman parte las empresas promotoras del proyecto: Teréga y Enagás. Esta última es la propietaria y gestora de la red de transporte y distribución de gas en el Estado español. Esta decisión ha ratificado la decisión conjunta que hicieron los reguladores energéticos del estado español y francés, la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia (CNMC) y la Commision de Régulation de l’Énergie (CRE), el pasado 22 de enero.
Este ha sido un logro fruto del trabajo incansable y la colaboración que ha existido entre las diferentes partes involucradas. En primer lugar, los activistas locales y organizaciones ecologistas, que supervisaron las actividades de construcción que se iniciaron a finales de 2010 y dieron la voz de alarma a otros territorios afectados, los cuales también incluían municipios del sur del Estado francés. La coordinación entre estos territorios mediante la Plataforma Resposta al MidCat fue clave, además de compartir sus conocimientos con otras luchas locales contra infraestructuras gasísticas bajo el paraguas de la red Gas no es Solución. Por último, la red Beyond gas y el colectivo Gastivists permitieron la internacionalización de la lucha y buscar apoyos más allá de nuestro territorio.
Ascenso y expansión
Como se ha comentado anteriormente, el proyecto MidCat se empezó a construir a finales de 2010. Cuando el tramo construido llegó a Hostalric a principios de 2011, a unos 90 kilómetros de Martorell, se tuvo que paralizar debido a la oposición que mostró el gobierno francés. Este tramo es el primero y único que se ha construido, generando una grieta en el territorio de varias decenas de kilómetros y una anchura de 30 metros, equivalente a una autopista de tres carriles por sentido. Dichas dimensiones se justifican por parte de la empresa promotora como la distancia de seguridad necesaria para los trabajos de medición y mantenimiento. En cambio, los activistas locales y organizaciones que hicieron seguimiento del proceso de construcción lo atribuyen a la carencia de un estudio topográfico previo sobre el territorio y la improvisación.
En los años siguientes se llevaron a cabo acciones de lobby por parte de los diferentes agentes del Estado español implicados (Gobierno, CNMC y Enagás), que compartían interés con el exdiputado del PP y en aquél entonces comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete. Estas acciones se materializaron en 2015 con la firma de la Declaración de Madrid por parte de los gobiernos español, portugués y francés, junto a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones. En ella se recogía el compromiso de promocionar las interconexiones gasísticas entre dichos países con el falso argumento de que la Península Ibérica dejaría de ser una “isla energética”.
Los compromisos recogidos en la Declaración de Madrid hicieron que los promotores del proyecto, Enagás y Teréga, reconfiguraran el proyecto MidCat. En su nueva concepción, contenía más de 1.000 kilómetros de gasoductos, ampliando la red hacia el oeste en ambos países. Esta reconversión no afectó al gasoducto que se planificó inicialmente, aunque si cambió su nombre: pasó a llamarse South Transit Eastern Pyrenees (STEP).
Informe en contra
En abril de 2018 se filtró un informe independiente de la Comisión Europea, encargado a la consultora Pöyry, que puso en jaque los intereses de los diferentes agentes que habían puesto grandes esperanzas en este proyecto. El informe consistía en un análisis de coste-beneficio del STEP y concluía poniendo en duda la viabilidad económica del proyecto, salvo si se producía una concatenación de circunstancias más que improbables.
La filtración de dicho documento deja entrever que la construcción de megainfraestructuras responde a los intereses corporativos y de las altas esferas, y no a que éstas ayuden a satisfacer las necesidades reales de la población. Las grandes empresas energéticas, como Enagás, siempre juegan con ventaja frente a la sociedad civil cuando se trata de ejercer acciones de lobby. En números, Enagás gastó 200.000 euros en 2018 para tener a tres personas que se dedicaran exclusivamente a hacer acciones de lobby en la Unión Europea, de manera coordinada con los 18 grupos de presión de los que forma parte.
Un dato curioso es que el presupuesto en acciones de lobby se vio incrementado en un 400% en 2014, coincidiendo con la entrada de Miguel Arias Cañete. Para hacer frente a dicha situación, diferentes organizaciones y colectivos a nivel europeo han iniciado la campaña “Fossil Free Politics”, exigiendo que los altos dirigentes de las instituciones a diferentes niveles dejen de tener reuniones y participen de actos organizados por la industria fósil. Esta demanda cobra gran importancia si se pretende atender a la emergencia climática en la que nos encontramos, ya que no pueden ser parte de la solución las empresas que nos han conducido hasta dicha situación. Por este motivo, es necesario que se ataque a la industria fósil desde todos los frentes posibles.
La decisión del BEI
Uno de los más estratégicos, el cual permite que se sigan promocionando las infraestructuras de combustibles fósiles, es la financiación. Hasta el momento los proyectos gasísticos que eran incluidos en la lista de Proyectos de Interés Común eran respaldados por mecanismos de financiación, donde los riesgos eran asumidos por las administraciones públicas. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es una de las entidades financieras públicas que ofrece estos mecanismos, pero la redacción de la nueva política energética (Energy Lending Policy), ha hecho que la industria del gas empiece a verle las orejas al lobo.
El pasado 14 de noviembre el Consejo de Administración del BEI, del cual forman parte su presidente y los ministros de finanzas de los 28 estados de la Unión Europea, votaron el texto definitivo. En esta se determina que se podrán aprobar proyectos de combustibles fósiles para ser financiados con dinero público hasta finales de 2021, un año más tarde de lo establecido en la propuesta inicial. Esta prórroga de un año se debe a la enorme presión que se ha ejercido desde el lobby gasista. No hay que confundir la fecha límite de aprobación de proyectos con la de su financiación, ya que se podrán seguir dando préstamos a los combustibles fósiles más allá del 2021.
Aún así, la política energética aprobada por el BEI se podría calificar de valiente, ya que es el primer banco multilateral que ha puesto un punto y final a la financiación de combustibles fósiles. Este logro ha sido gracias a la incansable labor que han llevado organizaciones europeas dentro de la campaña “Fossil Free EIB”, como son Counter Balance o BankWatch, contactando y reuniéndose con europarlamentarios y miembros del BEI.
Lucha por delante
Que los dos proyectos de interconexión gasística que repercutían al Estado español (MidCat y la tercera interconexión con Portugal) no hayan sido incluidos en la lista de Proyectos de Interés Común no quiere decir que el trabajo este hecho. Se podría pensar que la reducción de 112 a 55 proyectos gasistas en la versión definitiva de la lista PCI es una victoria, pero es necesario que se siga empujando para que dicha lista no incluya ninguna megainfraestructura energética. Esto es así porque no responden a las necesidades reales de la población, sino a la perpetuación de un modelo energético que cumple con los intereses de las grandes empresas energéticas.
Habrá una primera y única oportunidad para rechazar la lista PCI el próximo mes de febrero en el Parlamento Europeo. Esta decisión se tomará dos meses más tarde de lo previsto, debido a la prórroga aprobada por el Comité de Industria, Investigación, Telecomunicaciones y Energía (ITRE, por sus siglas en inglés) el pasado 13 de noviembre. En la votación de la tercera lista PCI en 2017 fue la primera vez que se mostró que grupos parlamentarios o parte de estos mostraban su rechazo, aunque finalmente fue aprobada. También existe incertidumbre acerca de la posibilidad de que se rechace la lista PCI porque es una situación que no se ha dado anteriormente y la normativa que regula este proceso no la recoge.
Vuelta al MidCat
Si volvemos al caso del proyecto MidCat, una de las principales dudas que surgen entre los colectivos de las luchas locales y las organizaciones opositoras es, ¿y ahora qué? ¿Que pasará con el primer tramo que se construyó entre 2010 y 2011? ¿Hay que desmantelarlo? ¿Es una oportunidad para que se hagan bien los trabajos de reforestación? ¿Tiene Enagás que devolver los más de 20 millones de euros que recibió en retribuciones por capacidad y estudios de viabilidad del proyecto? ¿Lo pagarán las personas consumidoras?
La situación en la que se encuentra el MidCat es parecida a la del fracasado proyecto Castor. Sobre este último, parte de las dudas se resolvieron de la peor manera, cargando a la ciudadanía con la responsabilidad de su fracaso y no a la empresa concesionaria, propiedad de Florentino Pérez. Los últimos movimientos del Gobierno y del poder judicial apuntan a que parte de estos daños serán reparados, aunque hay que ver cómo evolucionan. En todo caso, el MidCat es otro ejemplo de como las estimaciones alcistas de demanda de gas de las últimas décadas han repercutido negativamente en la planificación de la red de infraestructuras energéticas.
Los activistas locales y organizaciones que llevamos casi una década de lucha para parar este proyecto hemos demostrado que la perseverancia y el trabajo en red a diferentes escalas es la mejor fórmula para conseguirlo. Estaremos atentos a las decisiones que se tomen para solventar los impactos de la construcción del MidCat, para garantizar que estas atiendan a las peticiones de los territorios afectados y las necesidades de la población, y no secunden los intereses de los agentes responsables de este nuevo fracaso.
