En diciembre del año pasado, la Comisión Europea (CE) debía tomar una decisión: prohibir el glifosato, un herbicida que se usa en los campos de cultivo, o no hacerlo. El organismo decidió extender entonces el permiso para su uso un año más, hasta diciembre de 2023. Esta misma decisión también ocurrió en 2017. Entonces la falta de consenso retrasó la prohibición hasta 2022.
Luxemburgo, Malta y Croacia fueron los únicos países que votaron en contra. Alemania, Francia y Eslovenia, por otro lado, se abstuvieron. España estuvo entre los países que votaron a favor de seguir usando el herbicida. Las tres grandes abstenciones, así como los votos en contra, permitieron bloquear el voto favorable a un permiso de mayor duración.
El resultado de este último voto se justificó con que la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) no tenían listo el informe que avalaba o no dicha extensión. Comunicaron que no estaría listo antes de julio de este año. El día 6 de ese mes, EFSA publicó los resultados: “la evaluación del impacto del glifosato en la salud de las personas, los animales y el medio ambiente no ha identificado áreas de preocupación críticas”. Sí que se identificaron, no obstante, “algunas lagunas de datos para que la Comisión Europea y los Estados miembros las tengan en cuenta en la siguiente fase del proceso de renovación de la aprobación”.
Son numerosos los estudios que alertan de los efectos negativos del glifosato en la salud pública y la biodiversidad. En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya clasificó este herbicida como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”, basándose en una fuerte evidencia en animales.
Recientemente, Ecologistas en Acción ha reabierto el debate a la espera de que España vote en contra esta vez. El grupo ecologista ha analizado los niveles de glifosato en las aguas superficiales de 12 países de la Unión Europea, entre ellos España. Las muestras (23 de río o arroyo y cinco de agua de lago) se tomaron a finales de octubre, posteriormente a la temporada agrícola.
El estudio concluye que el 74% de las aguas de 11 de los países contenía glifosato y su producto de degradación, AMPA. Casi el 22% de las muestras recogidas, entre ellas las de España (obtenidas en Les Garrigues, San Pedro del Pinalta y en la rambla del Albujón), contienen niveles de glifosato que las hace inadecuadas para el consumo humano.
“Esta contaminación supone, en primer lugar, una importante amenaza para los ecosistemas acuáticos. El glifosato está clasificado como tóxico para la vida acuática, con efectos duraderos”, asegura Ecologistas en Acción. “Las pruebas científicas demuestran que el glifosato y el AMPA suponen un riesgo significativo para los ecosistemas acuáticos en las concentraciones en que se encuentran en el medio ambiente. Incluso niveles bajos de glifosato afectan al crecimiento y desarrollo de especies acuáticas clave, desde plantas y algas hasta peces y anfibios”.
De hecho, “la exposición a herbicidas a base de glifosato, que también contienen tensioactivos y otros coformulantes, suele ser incluso más tóxica que el glifosato por sí mismo”. Asimismo, “los riesgos podrían ser aun mayores ya que las últimas conclusiones de la EFSA sobre el glifosato admiten ‘lagunas de datos’ en relación con su toxicidad acuática”, recuerda la entidad.
EFSA, por otro lado, se ha visto envuelta en polémica en más de una ocasión: a pesar de haber sido creada como un organismo independiente para dar asesoramiento científico técnico a la Comisión Europea, sus informes han sido influidos varias veces por lobbies. La ECHA, por su parte, se ha negado a aumentar la peligrosidad del glifosato en el catálogo europeo.
Entre 2011 y 2020, en la Unión Europea se vendieron un promedio de 350.000 toneladas anuales de pesticidas, según datos de Eurostat. Los herbicidas constituían el 35% del total en 2020. En 2021, España se posicionó como líder en la venta de plaguicidas con 76.174 toneladas, por delante de Francia (69.444), Italia (50.177) y Alemania (48.712).
“El nivel actual de contaminación por glifosato en Europa pone en peligro la integridad de los recursos hídricos para uso humano. Los casos de contaminación de agua potable que ha sufrido España en los últimos meses aumentarán si no se pone freno al uso de herbicidas tóxicos, especialmente cerca de zonas de abastecimiento”, defienden desde la organización.
En 2017, el primer año en que se planteó su prohibición, casi 1,5 millones de personas en Europa firmaron a favor de prohibir el glifosato. Ahora, los estudios que corroboran su peligrosidad son más. Está por ver si este diciembre la posición de España y la de otros países cambia o, por el contrario, vuelven a apoyar el uso del herbicida.
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