Tribunales de todo el mundo han registrado hasta ahora unos 1.500 litigios climáticos. Un estudio publicado en Nature Climate Change concluye que si la inmensa mayoría no han prosperado es porque los abogados implicados no han utilizado la evidencia científica más actualizada sobre las causas del calentamiento global. Sin embargo, dice la investigación, esto podría cambiar, en un momento en el que no deja de crecer el respaldo científico que vincula las emisiones de gases de efecto invernadero con algunos eventos climáticos extremos.
Llenar el “vacío de evidencia” en los litigios climáticos es lo que propone este informe, elaborado por el Programa de Derecho Sostenible de la Universidad de Oxford. A través del análisis de más de 70 demandas presentadas en 14 jurisdicciones y la interpretación de los tribunales, apuntan a que, en general, estos tienden a considerar que los demandantes no demuestran que las emisiones de los demandados –a menudo grandes empresas y gobiernos– causaron los impactos que denuncian.
Según explican los principales autores del análisis en un artículo publicado en el medio Carbon Brief, “el hecho de que las pruebas aportadas no hayan podido convencer a los jueces no se debe a limitaciones científicas”. “Descubrimos que al menos algunos de estos obstáculos podrían superarse si los demandantes hicieran un mejor uso de la ciencia climática, particularmente en el campo de la ciencia de la atribución“, argumentan.
Tener en cuenta este ámbito, prosiguen los autores, ayudaría a vincular las emisiones de países y empresas con impactos específicos del cambio climático para demostrar así cómo contribuyen a los daños denunciados. “Un mejor diálogo entre las comunidades científica y jurídica garantizaría que los abogados conozcan y puedan así solicitar pruebas que puedan utilizarse para evaluar de forma sólida las reclamaciones”, añaden.
Éxito de litigios climáticos recientes
La sentencia histórica contra Shell, conocida hace un mes, es una de las mayores pruebas de que un litigio climático puede prosperar. Se trata de la primera vez que un tribunal obliga a una multinacional a asumir su responsabilidad en la crisis climática y a reducir sus emisiones.
En abril, el Tribunal Constitucional de Alemania ya dictaminó que la ley climática del país es insuficiente y establece que el gobierno alemán deberá mejorar sus objetivos antes del 31 de diciembre de 2022. En Australia, el Tribunal Federal falló en mayo en contra de la ministra de Medio Ambiente por aprobar la ampliación de una mina de carbón sin considerar el daño que puede causar a las generaciones más jóvenes en el futuro.
El litigio climático contra el gobierno español, por su parte, avanza en el Tribunal Supremo, que hace unos días dio la razón a las organizaciones demandantes –Greenpeace, Oxfam Intermón y Ecologistas en Acción–. Las entidades ecologistas, además, presentaron un nuevo recurso, al que se han sumado Juventud por el Clima y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. Esta nueva demanda se basa en la escasa ambición del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), recientemente aprobado y que fija la reducción de emisiones para 2030 en un 23%, lejos del 55% mínimo necesario para limitar el riesgo de llegar a peores escenarios climáticos.
