¿Es la hora del racionamiento?

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La palabra “racionamiento” suena mal. Remite a hambre y miseria, especialmente en poblaciones que vivieron la dureza de la guerra y la posguerra, civil o mundial, entre los años treinta y cincuenta del siglo XX. La retórica consumista posterior a ambos conflictos, basada en una supuesta oferta ilimitada y facilidades de pago mediante el crédito personal, ha defenestrado un mecanismo de redistribución que ha servido históricamente para gestionar la economía con criterios de justicia social en momentos de crisis. Por ello, en plena crisis sanitaria, económica y climática, debemos preguntarnos: ¿ha llegado la hora del racionamiento?

La actual pandemia ha cambiado la percepción sobre la organización de la economía en buena parte de la  ciudadanía. Durante meses, en los foros internacionales se ha debatido sobre conceptos como servicios y bienes esenciales, la inyección de dinero público para intentar suavizar la crisis social, el establecimiento de precios oficiales para evitar la especulación y el racionamiento de productos cuya oferta no cubre la demanda. Todas estas medidas son, en esencia, contrarias a las teorías neoliberales que han marcado el acelerado paso de la globalización. Y, a la vez, pueden interpretarse como una alternativa a la estrategia de la Unión Europea para afrontar la pasada Gran Recesión, basada, primero, en el endeudamiento nacional para el rescate de la banca privada, y segundo, en la reforma legislativa para aplicar una estricta austeridad en el gasto público.

Las acciones intervencionistas para gestionar la economía se han normalizado en tiempos de la COVID-19. En España, el Ejecutivo reguló precios para evitar acaparamientos y abusos. En el ámbito de los productos farmacéuticos esenciales para frenar la transmisión del virus, el BOE publicó una disposición limitando los importes para la venta de mascarillas quirúrgicas, antisépticos y geles hidroalcohólicos. Por otra parte, durante las primeras semanas del estado de alarma, hubo escasez de algunos productos en los supermercados, como el papel higiénico, lo que hizo que algunas tiendas limitaran las unidades que podía comprar cada cliente.

En otros países hubo respuestas similares ante la escasez. En Reino Unido, por ejemplo, la cadena de supermercados Tesco fijó un máximo de cinco unidades en algunos productos (gel antibacteriano, pasta seca, leche de larga duración, medicamentos infantiles, agua embotellada y vegetales en conserva) para cada compra. En Australia, los principales supermercados establecieron el racionamiento del papel higiénico. En Corea del Sur, el gobierno reguló durante unos meses el número semanal de mascarillas que los ciudadanos podían adquirir en las farmacias, empezando por dos e incrementando la cifra a diez unidades, a medida que la producción aumentaba.

El racionamiento ha demostrado ser una estrategia eficaz para regular el mercado en un momento de crisis, asegurando el justo reparto de bienes y evitando la acumulación por parte de la minoría con más recursos. No obstante, por razones históricas, muchos ciudadanos identifican racionamiento como sinónimo de escasez. Desde Londres, Shaun Chamberlin, director del The Fleming Policy Center, considera que esta percepción es errónea. “La palabra racionamiento es una palabra extraña. Contiene dos significados. Por una parte, la gente entiende que racionamiento significa que haya porciones garantizadas para todo el mundo. Por otra parte, la gente lo entiende como algo que limita aquello que podemos consumir. Puesto que se asocia con las limitaciones, se asocia con la escasez. Pero lo que hay que comprender es que el racionamiento no genera la escasez, sino que es la respuesta a la escasez”, analiza Chamberlin.

¿Y si limitamos el consumo de CO2?

En Alemania, el Partido Verde presentó en 2019 una propuesta de ley para limitar a tres los vuelos internacionales de ida y vuelta que sus habitantes puedan realizar al año, con la opción de adquirir los derechos de personas que no los usen. El objetivo de la medida es reducir la emisión de dióxido de carbono (CO2), responsable de más del 80% de emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. Antes de la pandemia, la Agencia Europea del Medio Ambiente calculaba que los viajes en avión producían el 3,4% de esos gases liberados en la atmósfera.

The Fleming Policy Center ha ideado, por su parte, un sistema de racionamiento del consumo de CO2. Su modelo se basa en cuotas domésticas transferibles, o TEQ’s, por sus siglas en inglés, y consiste en racionar el consumo mediante cuotas para individuos, empresas y administraciones, fijando un máximo nacional y permitiendo su compraventa. En la práctica, el sistema TEQ’s ofrecería de forma gratuita a todos los ciudadanos unos puntos con los que cubrir su gasto semanal de dióxido de carbono, que serían utilizados como una moneda. Las personas que gastaran menos de lo permitido podrían vender sus puntos sobrantes, mientras que las que tuvieran una mayor necesidad de consumo deberían comprarlos en un mercado centralizado y con precios oficiales. El sistema, presentado en el Reino Unido en 2006, de momento no se ha aplicado en ningún país. “Diría que el gobierno británico le está diciendo a la ciudadanía lo que quiere oír. Existe un consenso general sobre la necesidad de hacer algo para frenar el cambio climático, pero políticamente no se concreta en nada específico”, critica Chamberlin.

Desde Salina, Kansas, Stan Cox, autor de Any Way You Slice It: The Past, Present, and Future of Rationing (The New Press, 2013), va más allá y considera necesaria la nacionalización de la industria productora de energías fósiles, paso previo a su limitación y racionamiento, junto a un Green New Deal que permita la transición hacia la producción de energía no contaminante. Cox apunta que esta forma de afrontar la crisis climática reduciría la capacidad de producir bienes y servicios no esenciales, e, incluso, implicaría la necesidad de controlar los precios de los servicios y bienes esenciales, para el acceso de todos a una porción justa.

Para Cox, el futuro pasa por reconocer que tendremos recursos cada vez más limitados. Como respuesta a esta nueva realidad propone el racionamiento, y aunque sabe que para muchos ciudadanos puede sonar impopular, considera que “cuando la gente ve que no hay otra opción para afrontar el decrecimiento de la oferta, estima más adecuado racionar porciones justas que el racionamiento por habilidad de pago, que es lo que pasaría si no se hace nada”.

El racionamiento por habilidad de pago significa que quien tiene más dinero es quien accede a los bienes y servicios limitados. En estos términos, el racionamiento ya existe a gran escala en el sistema económico capitalista, si bien el criterio de distribución no es equitativo. “La solución de los mercados libres ante la escasez es el racionamiento por riqueza. Quien lo puede pagar, lo obtiene. Esto también es racionamiento”, concluye Chamberlin. Desde este punto de vista, la discusión sobre el racionamiento, en un mundo de recursos limitados, no debería centrarse tanto en su necesidad, sino en el método de distribución, con el fin de asegurar un reparto de bienes y servicios esenciales que garantice la justicia social.

Hospitales: ética vs. racionamiento

Como consecuencia del colapso de los hospitales públicos, el racionamiento se está utilizando, en algunos casos, para determinar quién puede acceder a un tratamiento de cuidados intensivos. En Arizona, desde el mes de junio, se implementó un sistema que funciona mediante un plan llamado de Puntuación de Triaje Prioritario. Los equipos médicos deben evaluar caso por caso y determinar una puntuación sobre las posibilidades de que el paciente viva más de uno o cinco años, en el caso de que se recupere. Con una escala de 1 al 8, los que obtienen menor puntuación tienen máxima prioridad a la hora de ocupar una cama en la UCI. Los que tienen un 7 o un 8, si no hay camas suficientes, es probable que mueran sin la atención adecuada. Pero Arizona no es una excepción. En España, El País publicó el pasado 18 de junio un vídeo en el que un jefe médico del hospital de Parla daba la siguiente instrucción a los profesionales sanitarios: “Vamos a denegar la cama a los pacientes que más riesgo de morir tienen”. Estas afirmaciones confirmaron la existencia de criterios de admisión en los hospitales que dejaron sin tratamiento a las personas con más edad. Según la empresa de análisis de datos Inverence, el 80% de los muertos con covid-19 en España eran mayores de 75 años.