Biden en la encrucijada climática: las medidas aprobadas hasta ahora son insuficientes

Como en un juego de paralelismos macabros, las calles de Nueva Orleans permanecen anegadas y los daños humanos y materiales se acumulan en el 16º aniversario del huracán Katrina. Esta vez, el culpable es el huracán Ida, que atravesó Cuba como fenómeno de categoría uno y, a su paso por las aguas cada vez más cálidas del Golfo de México, se fortaleció hasta alcanzar la categoría cuatro en Luisiana. Como el resto del planeta, Estados Unidos está sufriendo una serie de catástrofes medioambientales que, año tras año, aumentan en número y en potencia destructiva, un problema que preocupa seriamente a Joe Biden, según ha dejado claro en multitud de ocasiones. No obstante, sus políticas medioambientales constituyen un compendio deslavazado de promesas rotas, algunos logros notables, y otras promesas que deberían materializarse en medidas concretas antes de las elecciones de medio término, en julio de 2022. Hasta ahora, los resultados han sido más bien decepcionantes en un país cuya geografía padece, por zonas, o bien el azote de tormentas destructivas, o bien el de la sequía y los incendios forestales.

El plan de infraestructuras: fracaso medioambiental

Hace algunas semanas, el senado aprobó por una amplia mayoría, que incluye a 17 representantes republicanos, un paquete por valor de 1,2 billones de dólares para mejorar la infraestructura y combatir el cambio climático. El acuerdo bipartito, sin embargo, se saldó con recortes millonarios si se compara con el plan inicial que había propuesto el presidente unos meses antes. El primer Plan de Trabajo contenía partidas presupuestarias amplísimas para acciones como la investigación climática, la descarbonización del sector industrial y manufacturero, y la inversión en viviendas y otros edificios eficientes energéticamente, las cuales están completamente ausentes de la propuesta ratificada por el senado.

Según un análisis de la organización no gubernamental World Resources Institute, el nuevo plan de infraestructuras reduce asimismo el presupuesto para la electrificación de vehículos –que incluye aumentar el parque de cargadores y autobuses escolares eléctricos– de 182.000 a 15.000 millones de dólares. Por otra parte, rebaja el gasto anteriormente propuesto en cuestiones como la renovación de tuberías y el tratamiento de las aguas –Estados Unidos está inmerso en una crisis de agua potable–, la ampliación del transporte público y el entramado ferroviario, y deja fuera cualquier inversión en energías renovables, así como la proyectada subida del impuesto de sociedades que habría servido para financiarlo.

El mayor logro quizá sea la iniciativa de sellar pozos abandonados de petróleo y gas que continúan liberando gases a la atmósfera, pero se trata de un parche que apenas disminuye las emisiones del segundo país más contaminante del mundo por detrás de China. De hecho, el plan de infraestructuras tendrá un impacto prácticamente nulo en la reducción de gases de efecto invernadero y parece, más bien, estar dirigido tanto a la creación de empleo como a mitigar los efectos de las distintas catástrofes venideras. Así lo indica la partida dedicada a la «resiliencia», solo reducida en 8.000 millones de dólares, y destinada a la construcción de puentes, carreteras, y otros proyectos que permitan a las ciudades resistir mejor los embates meteorológicos.

Ante las críticas que han surgido por parte de grupos ecologistas, pero también dentro del propio Partido Demócrata, éste se ha comprometido a sacar adelante otra ley que recoja las iniciativas medioambientales descartadas, así como algunas de corte social como bajas laborales o subvenciones a guarderías y servicios médicos. La nueva ley sería aprobada por un proceso llamado «reconciliación», que sólo requiere de mayoría simple en el Senado. Con esta cámara dividida al 50%, más el poder de la vicepresidenta, Kamala Harris, para desempatar, los demócratas han dado ya un primer paso autorizando un gasto de 3,5 billones de dólares orientado a su propuesta climática. No obstante, ésta tendría que contentar a sus senadores más conservadores y tardaría meses en aprobarse, si ocurre.

Con Biden se extraerá más petróleo

Recientemente, el presidente de Estados Unidos también ha sido duramente criticado por un incremento de los permisos gubernamentales para la extracción de petróleo y gas en zonas terrestres y marítimas federales. Biden, que detuvo las nuevas perforaciones a comienzos de su legislatura mediante una orden ejecutiva, ha sido obligado por un juez federal a reanudarlas, alcanzando cifras que superan a las de Trump. Según informa NPR –la radio pública estadounidense–, Biden va camino de convertirse en el mandatario que más permisos para la extracción de estos combustibles fósiles ha concedido desde 2008. Esta acción contradice su promesa electoral de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% para el año 2030, pero es coherente con una petición reciente lanzada a la OPEP –la Organización de Países Exportadores de Petróleo– donde les instaba a aumentar la producción. Con el precio del crudo por las nubes y una inflación al alza que ya supera el 5%, la preocupación por una posible recesión cuando el país no se ha recuperado aún del golpe económico causado por la pandemia flota en la Casa Blanca.

El presidente parece estar enfrentándose al dilema entre proteger a los consumidores de nuevas subidas –no sólo del petróleo, sino de otros bienes como los alimentos, que necesitan maquinaria y transporte operados por gasolina– o cumplir sus objetivos climáticos en una época en que, además, su popularidad se encuentra en caída libre. La economía va ganando el pulso. El entusiasmo por luchar contra la emergencia climática se desinfla a medida que transcurren los días, y el viejo Green New Deal progresista, en el que se inspiró para redactar su plan inicial, va quedando cada vez más en agua de borrajas. Contemplando, al menos, la debacle de Luisiana, ¿acabará espabilando Biden?