La temperatura media en España es hoy 1,7ºC superior a la época preindustrial, y el verano se ha alargado cinco semanas con respecto a comienzos de la década de los ochenta. Los termómetros seguirán subiendo. ¿Cuánto? Dependerá de la acción de gobiernos y empresas para mitigar los efectos del calentamiento global. A la vez, es vital adaptar a la crisis climática y sus más que visibles impactos.
En relación con esto último, el Consejo de ministros y ministras ha dado luz verde este martes al II Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030. El borrador, presentado el pasado mes de mayo en pleno confinamiento por el estado de alarma, está listo para su tramitación parlamentaria tras pasar estos meses por un periodo de información pública donde se recibieron más de 1.500 observaciones de 182 organizaciones y personas.
El nuevo texto supone una actualización de la anterior hoja de ruta de España para planificar y promover la acción coordinada frente a los efectos del cambio climático. El documento ha sido creado a partir de 38 recomendaciones concretas realizadas por un grupo asesor de especialistas de diferentes ámbitos. Incluye un total de 81 líneas de acción encuadradas en 18 ámbitos de trabajo, a desarrollar por parte de los diferentes sectores socioeconómicos del país. Para su ejecución, no obstante, será necesaria la inevitable modificación de ciertos marcos normativos y presupuestarios, así como la implicación de muchos actores políticos y sociales.
Este nuevo texto resultante se alinea, defienden desde el Gobierno, con las nuevas políticas planteadas por el Consejo Europeo que vinculan la
adaptación con las políticas de recuperación frente a la pandemia. “Con las políticas de adaptación no solo evitaremos o minimizaremos daños; también aportaremos mayor estabilidad económica y social y nuevas oportunidades, ya que las inversiones en una adaptación planificada, ya sean públicas o privadas, pueden crear nuevas actividades económicas y posibilidades de empleo, reduciendo la incertidumbre asociada al cambio del clima”, asegura la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
El plan también recoge una treintena de indicadores -en el anterior texto eran 27- que permitirán reconocer las tendencias de los impactos y los progresos obtenidos en materia de adaptación. Entre ellos, destacan: días con olas de calor, fallecimientos por temperaturas extremas, sequía, especies silvestres amenazadas, daños económicos por tormentas costeras, personas desplazadas por eventos climáticos, muertes por incendios forestales, inundaciones y temporales costeros, y reparto estacional del turismo, entre otros. Asimismo, el PNACC incorpora siete líneas de trabajo transversal a todos los ámbitos: vulnerabilidad territorial y social, efectos transfronterizos, perspectiva de género, prevención de la mala adaptación e incentivos perversos, costes y beneficios de la acción y la inacción, y la orientación a la acción.
En cuanto a su financiación, el plan no detalla ningún tipo de partida presupuestaria concreta. Aun así, se sabe que contempla tanto la financiación pública, mediante instrumentos nacionales y europeos, como privada.
Cambios respecto a la versión anterior
A diferencia de anterior, el nuevo texto se adapta a la actual emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Además, se incluyen nuevos aspectos patrimoniales que deberán tenerse en cuenta en las políticas de adaptación. En concreto, el patrimonio geológico y el paisaje. Asimismo, el ámbito de trabajo relativo a la biodiversidad se amplía, incorporándose el concepto de patrimonio natural, donde se incluyen aspectos no biológicos.
El documento recoge explícitamente la responsabilidad hacia las generaciones futuras, y reconoce su papel como actores interesados en todas las políticas orientadas a mitigar el cambio climático y evitar o reducir los riesgos que plantea.
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 supone uno de las varias vías activadas por el Gobierno en materia de acción climática. Este mes, el proyecto de ley de cambio climático y transición energética inició su tramitación parlamentaria. En marzo, se remitió a la Comisión Europea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Aún está pendiente la aprobación de la Estrategia a Largo Plazo para una Economía Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050, en cuya primera versión trabaja el Ejecutivo.
