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Justino Piaguage, líder siekopai (Ecuador): «La Amazonia se ve como un espacio que hay que seguir explotando»

Los pueblos indígenas luchan desde los años 70 para frenar las actividades extractivas en la selva amazónica y reclaman que la petrolera Chevron-Texaco restaure los ecosistemas dañados por su actividad.
Miembros de la comunidad Siekopai del lado ecuatoriano de la frontera se preparan para encontrarse con sus parientes. Las fronteras impuestas por el Estado y la guerra separaron a muchas familias durante cinco décadas. Foto: Sophie Pinchetti / Amazon Frontlines

Las injusticias no han conseguido que Justino Piaguage (San Pablo de Kantesiya, Sucumbíos, 1976) agache la cabeza. Nació desplazado de la tierra de sus ancestros, pero para él no hay causa más noble que defender el territorio de la Amazonia de la lógica extractivista que la exprime. «Lo hago por mi comunidad y por el bien de todos». Con apenas 18 años fue uno de los impulsores de la demanda a Chevron-Texaco por vertidos tóxicos y daños ambientales que ocasionaron los 36 años que la multinacional extrajo petróleo en Ecuador.

Justino es heredero de la lucha de sus mayores y es el actual es el presidente de la Nacionalidad Originaria Siekopai. También es un padre preocupado por el futuro de una tierra que necesitan para vivir. Explica que las aguas contaminadas han causado la muerte de muchos peces. La comida escaseaba, por eso él ahora se dedica a la piscicultura y cría especies autóctonas como el paiche. Ha venido a Barcelona en el marco del proyecto Ciutats Defensores de Drets Humans para denunciar que la petrolera Chevron ha quedado impune y no ha restaurado los ecosistemas. También para reivindicar la lucha del pueblo siekopai por recuperar su tierra de origen.

– ¿Está contento de estar en Barcelona?

– Sí. Aunque estoy deseando volver a mi casa. Como nuestra selva no hay nada. Deberían venir los periodistas allá para conocer dónde se están los pozos petroleros enterrados.

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Justino Piaguage
Justino Piaguage en el barrio Poblenou de Barcelona, donde se encuentra en el marco del proyecto Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos para dar a conocer su lucha en España. Foto: Elisenda Pallarés.

El caso Chevron-Texaco

«La contaminación de Chevron no puede quedar enterrada en la Amazonia, eso tiene que ser limpiado y restaurado por la empresa. Según los informes que tenemos, hay niveles de cáncer alarmantes en Sucumbíos y Orellana que superan los niveles nacionales. No se trata solo de que las comunidades recibamos una compensación económica, lo que queremos es que se reparen los daños ambientales, los daños sociales y los daños culturales», destaca Piaguage.

De 1964 a 1990, Texaco (comprada por Chevron en el año 2001) extrajo millones de barriles de petroleo en Ecuador y su actividad ocasionó múltiples vertidos de tóxicos, contaminación de suelos y aguas subterráneas e incendios. «A pesar de que en acuerdo de explotación la transnacional se comprometía a utilizar las tecnologías más seguras de la época, eso no ocurrió nunca. En Ecuador, Texaco decidió no utilizar una tecnología que había patentado y que disminuía el impacto medioambiental de la extracción, como sí hacía en los Estados Unidos», asegura un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Ecuador.

La utilización de técnicas obsoletas habría repercutido en mayores beneficios a la corporación. El mismo documento señala que, durante esos años, Texaco perforó al menos 1.000 piscinas en la selva, algunas de manera clandestina, donde se lanzaron todo tipo de residuos. Las comunidades que demandaron a la empresa ganaron el juicio en Ecuador y se pactó una indemnización millonaria de Chevron-Texaco hacía las persones afectadas. Pero la multinacional recorrió esta sentencia y denunció al Estado de Ecuador frente al Tribunal de La Haya, donde fue exonerada de sus responsabilidades por tener reconocidos acuerdos comerciales.

Los pueblos indígenas contaron con el apoyo del Estado en el pasado para hacer frente a las grandes empresas que habían operado sin escrúpulos en Ecuador. Pero desde que la llegada al Gobierno del banquero Guillermo Lasso, líder del partido conservador Movimiento CREO y presidente desde mayo de 2021, consideran que se les está dejando «en estado de indefensión y no está actuando para proteger el medioambiente».

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Las familias Siekopai del lado ecuatoriano viajan durante diez horas para llegar hasta Pëkëya. La mayoría de las familias fueron desplazadas a unos 160 kilométros hacia el occidente de su territorio, hasta el asentamiento rural de San Pablo de Kantesiya: una comunidad ubicada a la vera del río Aguarico, rodeada de explotaciones de petróleo y palma africana. Foto: Judy Melania Payaguaje / Alianza Ceibo

Justino Piaguage lamenta que «a parte de lo que Chevron dejó enterrado y sigue fluyendo», a día de hoy los habitantes de la zona sufren las consecuencias de la contaminación que ocasiona la actividad petrolera de EP Petroecuador, la empresa pública de hidrocarburos, y de la minería llevada a cabo por empresas chinas que han llegado en los últimos años. Allí donde se inicia una nueva actividad extractiva, las comunidades indígenas acuden a la justicia para intentar frenarla.

Los siekopai advierten de otras actividades económicas que dañan su territorio, como el monocultivo de la palma africana que ocupa unas 20.000 hectáreas en la zona y cuenta con una planta extractora donde se trabaja con el aceite que se extrae. «El agua resultante de los procesos es colocada en unas piscinas, pero como la Amazonia llueve mucho, estas piscinas a menudo se desbordan y el agua va a parar en el río. Hemos observado que esta agua es tóxica y mueren muchos peces, peces que nosotros consumimos», explica Piaguage. Además, esta industria ha conseguido construir carreteras que facilitan la llegada de «los colonos para pescar y cazar ilegalmente».

La lucha siekopai por volver al corazón de su tierra

Los siekopai fueron expulsados de Pë’këya –también conocido como Lagartococha por la gran cantidad de lagartijas que habitan en ella– por la guerra entre Ecuador y Perú en el 1941. Huyeron hacía los extremos de esta región fronteriza y ahora son una nación dividida, con unos 800 ciudadanos en Ecuador y unos 1.100 en Perú. Da igual en el estado en el que se encuentren en la actualidad, los pueblos indígenas se unen para luchar contra la desforestación, la caza y la pesca ilegales, el uso agrícola abusivo o la minería. Contra todos los males que acechan a la selva amazónica, el bosque más grande del mundo.

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Pë’këya es una red laberíntica de lagunas, arroyos y bosques inundados. Este lugar es el hogar ancestral y corazón espiritual de los siekopai, quienes reclaman que les sea devuelto. Si bien en el 1998 se firmó el acuerdo de paz entre Ecuador y Perú, no fue hasta el 2021 que se emitió una resolución a favor de este pueblo en la cual se señalaba la responsabilidad del Ministerio de ambiente y el Ministerio de Defensa por la vulneración de sus derechos.

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Pëkëya yace en el corazón de una vasta área protegida: la Reserva de Vida Salvaje de Cuyabeno, designada por el gobierno ecuatoriano en 1979, sin el consentimiento de sus guardianes ancestrales. La reserva acoge a más de 200 especies de reptiles y anfibios, unas 600 clases de pájaros y 177 tipos de mamíferos. Foto: Nicolas Kingman / Amazon Frontlines.

«Se dispusieron medidas de reparación que tenían que ser llevadas a cabo con urgencia y se ordenó la expedición de un título de propiedad sobre el territorio que reconociera que la Nación Siekopai es su propietaria ancestral», indica Amazon Frontlines, una organización formada por abogados en derechos humanos, activistas ambientales, científicos , periodistas, agricultores, cineastas y antropólogos que apoyan las luchas de los pueblos originarios.

Esta resolución aún no ha tenido ningún efecto práctico. Por tanto, los sienkopai siguen en los territorios donde se desarrolla la actividad petrolera y el monocultivo de la palma. El presidente de la nacionalidad deplora esta lógica capitalista: «La Amazonia tiene su función, que es darnos la vida a nosotros, es ese oxígeno que nosotros tenemos. Hay que respetar esa función. Pero la Amazonia se ve como un espacio que hay que seguir explotando, lo poco que queda de la selva sigue siendo explotada. Si ponemos en una balanza y miramos qué es mejor si la minería o si conservar la Amazonia en su estado natural, al parecer es mucho mejor explotar la minería y que haya contaminación. Aunque afecte socialmente y ambientalmente siempre prima la economía».

Llevan en pie desde los años 70 agarrándose a cualquier herramienta que les pueda brindar el derecho internacional, acudiendo donde sea necesario para conseguir que la biodiversidad que queda en la Amazonia se mantenga intacta. Pagan un precio muy caro por ello. La ONG Global Witness asegura que 200 personas fueron asesinadas en el año 2021 por defender la vida y el 70% de los crímenes se cometieron en Latinoamérica.

El pasado mes de febrero fue asesinado en su casa Eduardo Mendúa, líder indígena de la comunidad Cofán, en la misma provincia de Sucumbíos de donde viene el siekopai. «Es evidente que le han disparado y lo han matado por su defensa del territorio». Justino considera que esto no les debe frenar. «Esta lucha es intergeneracional, si nosotros nos vamos quedaran nuestros hijos. Claro que tenemos miedo, somos seres humanos, pero nos toca hacer acciones de lucha por una causa justa. Es mejor morir de pie que vivir arrodillado».

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COMENTARIOS

  1. No sólo al extractivismo se enfrentan los pueblos indígenas, también a su expulsión en aras de crear grandes extensiones de parques naturales sin querer entender que son los propios indígenas los mejores guardianes de la naturaleza. Pero lo primero es el negocio y las grandes reservas para solaz de multimillonarios.

    Para proteger la biodiversidad se deben respetar los derechos de los pueblos indígenas.
    Las áreas protegidas pueden desempeñar un papel importante en la conservación de la biodiversidad y el clima, pero no constituyen una solución mágica.
    La estrategia de poner bajo protección “30 por ciento para 2030″ alarman entre a ecologistas y activistas de los derechos humanos: unos 300 millones de personas podrían verse afectados y sufrir consecuencias si la tierra en la que a menudo viven en armonía con la naturaleza durante muchas generaciones se convierte de repente en”protegida”.
    Áreas protegidas, como parques nacionales, obedecen a veces al concepto “fortaleza” de conservación de la naturaleza”. Este se rige por una estricta separación de los seres humanos y la naturaleza, e involucra la participación de guardas forestales armados. En numerosas áreas protegidas ha habido violaciones de derechos humanos e incluso asesinatos.
    “Hay que detener este futuro acaparamiento de tierras”, afirma Ladislas Désiré Ndembet, de la ONG camerunesa Synaparcam.
    ¿Más áreas protegidas pueden salvar la biodiversidad? Es dudoso. El objetivo del 30% es completamente arbitrario.
    A pesar de su número creciente, la crisis climática y de biodiversidad se están intensificando. Tiene sentido asegurar la protección de la biodiversidad en zonas donde es más abundante. Entre ellas las selvas tropicales.
    Los derechos, los conocimientos y el modo de vida de los pueblos indígenas y otras comunidades locales son cruciales en este terreno y, por tanto, deben respetarse. Además, los pueblos indígenas deben contar con financiación para trabajar sobre esta temática y contar con derechos de codeterminación verdaderos en la escena internacional.
    También es imperativo que superemos nuestra actual forma de vivir y de hacer negocios, basada en el consumo excesivo de materias primas, productos agrícolas y energía.
    Ante la crisis de extinción, necesitamos soluciones eficaces en lugar de conceptos inadecuados.
    Por favor, pide a la comunidad internacional que refuerce los derechos de los pueblos indígenas.
    https://www.salvalaselva.org/peticion/1263/para-proteger-la-biodiversidad-se-deben-respetar-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas

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