Sensación agridulce en Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha fallado este martes sobre tres litigios climáticos. El grupo de mujeres mayores suizas ha logrado que la gran sala (con 16 votos a favor y uno en contra) reconozca que su país está vulnerando los derechos humanos de las personas mayores al no hacer lo suficiente contra el cambio climático. En cambio, el Tribunal ha declarado inadmisibles las demandas de los seis jóvenes portugueses que luchaban contra la inacción de 32 Estados, y la del exalcalde (y ahora eurodiputado) Damien Carême contra Francia. Tras la resolución de estas tres causas, el Tribunal tiene actualmente otros seis casos climáticos pendientes de resolver.
El litigio climático oficialmente conocido como Duarte Agostinho y otros contra Portugal y otros 32 Estados quedó visto para sentencia el pasado 27 de septiembre, cuando se celebró una única audiencia pública en la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo. Aquel día eran seis abogados frente a los más de 80 que presentaron los 27 Estados miembros de la Unión Europea, el Reino Unido, Suiza, Noruega, Rusia y Turquía.
Los seis jóvenes que iniciaron la demanda son hermanos y primos: Sofia Oliveira, de 19 años; André Oliveira, de 16; Martim Duarte Agostinho, de 20; Mariana Duarte Agostinho, de 12; Cláudia Duarte Agostinho, de 24; y Catarina dos Santos Mota, de 23. Los dos primeros viven en Lisboa. Los otros cuatro en la región central de Leiria, donde dos incendios forestales mataron a más de 100 personas en 2017.
Aquellas llamas fueron el detonante de este caso. En septiembre de 2020, los seis jóvenes –con el apoyo de, entre otras organizaciones, Global Legal Action Network– presentaron su demanda ante el tribunal europeo conmocionados por lo ocurrido y con la firme convicción de la intervención del cambio climático en este tipo de eventos extremos. En noviembre de ese mismo año, el TEDH aceptó el caso y lo tramitó por vía de urgencia.
Los demandantes cargaban contra los 32 Estados por las emisiones descontroladas de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global y, por ende, de eventos climáticos que empeoran su calidad de vida y ponen en riesgo su salud.
Los jóvenes defendían que los demandados habían incumplido las obligaciones que les incumben en virtud de los artículos 2 (derecho a la vida) y 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) de la Convención Europea de los Derechos Humanos, haciendo referencia a los compromisos que tenían los países en el marco del Acuerdo de París. Asimismo, alegaban una violación del artículo 14 (prohibición de discriminación), argumentando que el calentamiento global afecta especialmente a su generación y que, dada su edad, la injerencia en sus derechos es mayor que en el caso de las generaciones de más edad.
Ahora, tres años y medio después del inicio del litigio, la justicia europea ha desestimado el caso. Los magistrados no entraron a examinar el fondo del asunto porque no se cumplió una regla fundamental del TDEH, que es que hay que agotar las vías de recurso interno del país al que denuncian antes de llevar un caso a Estrasburgo. En este sentido, los demandantes habían argumentado que la urgencia climática les eximía de esa regla jurídica básica, pero el Tribunal no aceptó esa tesis.
“Realmente esperaba que ganáramos contra todos los países, así que obviamente me decepciona que no haya sido así. Pero lo más importante es que el Tribunal ha dicho en el caso de las mujeres suizas que los gobiernos deben reducir más sus emisiones para proteger los derechos humanos. Así que su victoria es también una victoria para nosotros y para todos”, ha señalado Sofia Oliveira al conocer el veredicto.
La abogada principal del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) Joie Chowdhury emitió la siguiente declaración en Estrasburgo, Francia:
“Esperamos que esta sentencia influya en la acción climática y en los litigios sobre el clima en toda Europa y mucho más allá. La histórica sentencia de hoy –la primera de un tribunal internacional de derechos humanos sobre la insuficiencia de la acción climática de los Estados– no deja lugar a dudas: la crisis climática es una crisis de derechos humanos, y los Estados tienen obligaciones de derechos humanos para actuar con urgencia y eficacia y en consonancia con la mejor ciencia disponible para evitar una mayor devastación y daño a las personas y el medio ambiente”, apunta Joie Chowdhury, abogada principal del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL). Para la jurista, “la sentencia refuerza el papel vital de los tribunales –tanto internacionales como nacionales– a la hora de exigir a los gobiernos que cumplan sus obligaciones legales de proteger los derechos humanos frente a los daños medioambientales. También afirma el poder y la valentía de quienes alzan la voz y se atreven a exigir un futuro habitable para todos”.
El 26 de noviembre de 2020, un grupo de mujeres mayores preocupadas por las consecuencias del calentamiento global en sus condiciones de vida y su salud decidieron presentar una demanda contra su país, Suiza, ante el TEDH.
Las demandantes son, por una parte, una asociación formada por más 2.000 mujeres de edad avanzada (de las cuales, un tercio tiene más de 75 años) y, por otra, cuatro mujeres mayores de 80 años que se quejan de problemas de salud que se agravan durante las olas de calor. La mayor de las cuatro, nacida en 1931, falleció durante el proceso judicial.
El litigio, conocido como Mujeres Mayores por la Protección del Clima y otros contra Suiza, fue notificado al Gobierno suizo el 17 de marzo de 2021, a la vez que la gran sala del Tribunal decidió concederle prioridad a la demanda en virtud del artículo 41 de su Reglamento.
Estas mujeres alegaban que el Estado incumplía su deber de proteger eficazmente la vida (artículo 2 de la Convención Europea de los Derechos Humanos) y de garantizar el respeto de su vida privada y familiar, incluido su domicilio (artículo 8). Asimismo, argumentaron que las obligaciones que le incumben en virtud de dichas disposiciones de la Convención deben considerarse a la luz de los principios de precaución y de equidad intergeneracional contenidos en el Derecho internacional del medio ambiente. En este contexto, denunciaban que el Gobierno de Suiza no ha introducido una legislación adecuada ni ha adoptado medidas apropiadas y suficientes para alcanzar los objetivos de lucha contra el cambio climático.
Además, se quejaban por no haber tenido acceso a un tribunal tal y como indica el artículo 6 (derecho a un juicio justo) y denunciaban una violación del artículo 13 (derecho a un recurso efectivo), señalando que no disponen de ningún recurso interno efectivo. A diferencia del caso de los jóvenes portugueses, el grupo de mujeres mayores sí lo intentaron antes –sin éxito– en su país por distintas vías. Llevaban desde 2016 luchando, junto a Greenpeace, por conseguir medidas efectivas de su Gobierno contra el cambio climático.
El 29 de marzo de 2023, la gran sala del TEDH celebró la vista del caso. Durante el proceso, se vieron involucrados en calidad de terceros hasta ocho gobiernos europeos, varios organismos de la ONU y distintas organizaciones. Y ha sido ahora, más de un año después de la audiencia pública y tres desde que se inició el litigio, cuando el Tribunal de Estrasburgo les ha dado la razón.
La presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Síofra O’Leary, señaló que Suiza había violado los derechos de esas mujeres al constatar “lagunas críticas” en las políticas suizas contra el cambio climático. En su veredicto, la gran sala encontró una violación de los artículos 8 (garantizar el respeto de su vida privada y familiar, incluido su domicilio) y 6 (derecho a un juicio justo) de la Convención sobre Derechos Humanos.
Este caso es importante, además, porque lo descrito por el Tribunal no solo se limitaría a Suiza, sino que tendría implicaciones para el resto de países europeos que no actúan con contundencia frente a los impactos del cambio climático.
De los tres litigios, este ha sido el menos mediático de todos. Conocido como Carême contra Francia, el caso lo inició Damien Carême, quien fue alcalde de la población francesa de Grande-Synthe entre 2001 y 2019. En su demanda alegaba que su país no ha tomado medidas suficientes para prevenir el cambio climático y que este incumplimiento supone una violación del derecho a la vida y del derecho al respeto de la vida privada y familiar.
Antes de llegar al tribunal europeo, Carême –que ahora es eurodiputado y se postula a la reelección con La Francia Insumisa–, presentó a finales de 2018 como alcalde diversas solicitudes al presidente francés, al primer ministro y al ministro de Transición Ecológica y Cohesión de los Territorios, en las que los instaba a tomar todas las medidas necesarias para frenar el aumento de los gases de efecto invernadero y para adaptarse a los impactos del cambio climático.
Este proceso culminó en el año 2021 con la orden del Consejo de Estado al Gobierno de Emmanuel Macron de adoptar medidas adicionales antes del 31 de marzo de 2022 para alcanzar el objetivo –de conformidad con el Acuerdo de París– de reducir en un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030.
Ante la falta de acciones reales, el ahora diputado europeo llevó el caso hasta el TEDH, cuya gran sala celebró el 29 de marzo de 2023 una vista sobre el asunto. En ella intervinieron organizaciones como Oxfam y la Red Europea de Instituciones Nacionales de DDHH.
Como parte de su alegato, el exalcalde francés sostuvo que él mismo se ve directamente afectado por el hecho de que el Gobierno no adopte medidas suficientes en la lucha contra el cambio climático. Defiende que la falta de medidas del Gobierno contra el calentamiento global no le permite planificar su vida tranquilamente en Grande-Synthe.
Finalmente, este martes 9 de abril, el Tribunal de Estrasburgo ha declarado la demanda de Carême como inadmisible al considerar que el ahora eurodiputado ha perdido la condición de víctima a la que apelaba en su defensa porque ya no reside en el país.
Ante la falta de medidas efectivas de los países (y empresas) para frenar el aumento del calentamiento global y los impactos del cambio climático, los litigios climáticos se han convertido en una vía rápida (aunque a veces no tanto como sería deseable) y efectiva.
Desde 2017 se ha doblado el número de casos de este tipo, con 2.540 causas abiertas en 54 jurisdicciones de todo el mundo, según datos del Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia. Los gobiernos, ya sean locales o estatales, y las empresas fósiles son las principales demandadas.
Para este artículo se ha usado información de EFE.
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Siempre lo he dicho, un violador que se suicida es un violador que no contamina. Si realmente quieren reducir las emisiones de dióxido de carbono, que se vayan a vivir al fondo del mar.