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RSF denuncia que diez periodistas medioambientales han sido asesinados en los últimos cinco años

De 2005 a 2016, se estima que 40 periodistas medioambientales fueron asesinados por cubrir temas relacionados con el medio ambiente.
Foto: alerte_rouge_journalisme_vert_0

Reporteros Sin Fronteras (RSF) denuncia la persecución que viven los periodistas que abordan temas medioambientales desde una perspectiva crítica; “Al menos diez han sido asesinados en los últimos cinco años, mientras que durante el mismo período se han registrado más de 50 violaciones a la libertad de prensa vinculadas al periodismo ambiental”. De 2005 a 2016, se estima que 40 reporteros fueron asesinados por cubrir temas medioambientales, y desde 2015, dos periodistas medioambientales han sido asesinados al año.

Hace unas semanas, Brandon Lee, periodista estadounidense asentado en Filipinas estuvo a punto de ser asesinado después de recibir amenazas y sufrir acoso. Shubham Mani Tripathi reporteaba para el Kampu Mail en Uttar Pradesh (India) sobre las extracciones ilegales de arena cuando fue abatido por seis disparos en junio de 2020. Poco antes de ser asesinado había mostrado su temor en las redes sociales. Muhammad Yusuf murió en la cárcel en 2018 después de ser acusado por difamar a una empresa indonesia relacionada con el cultivo de aceite de palma en tierras ilegales. Su muerte aún no se ha esclarecido y su esposa insiste en que Yusuf fue asesinado. RSF pide que se investiguen las causas de su fallecimiento.

La cifra que presenta RSF no es, sin embargo, exacta. Según la ONG, podría haber otros casos similares no documentados, además de todas las denuncias de amenazas y el acoso que tiene que soportar el sector. Joseph Oduha, que cubre los efectos de la contaminación causada por las empresas multinacionales que operan en Sudan del Sur ha denunciado repetidamente acoso, detenciones y torturas. Tuvo que huir del país en 2019. También Alberto Castaño y María Lourdes Zimmermann, dos periodistas colombianos que tuvieron que huir de su país tras recibir amenazas de muerte. Y es, precisamente en Colombia, donde fueron asesinados María Efigenia Vásquez y Abelardo Liz, periodistas que cubrían la privatización de tierras por parte de grupos empresariales.

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Solidzhon Abdurakhmanov, que investigaba el impacto del desastre ambiental en el Mar de Aral, fue encarcelado durante nueve años en una prisión uzbeka y fue liberado en 2017. En Guatemala, Carlos Choc se enfrenta a 20 o 30 años de prisión por denunciar la contaminación de un lago por parte de la empresa minera CGN-Pronico, y fue después de 22 años de litigios judiciales que el reportero Shailendra Yashwant, su editor, Ramoji Rao, y el editor de Sanctuary Features, Bittu Sahgal, fueron finalmente absueltos en 2018 por un artículo que habían escrito en Newstime sobre un químico que contamina un río en el estado indio de Gujarat. En China, Zhou Chen, del Caixin Weekly fue perseguido, amenazado y acosado abiertamente por funcionarios y policías cuando intentaba destapar los pormenores de un caso de contaminación industrial. Ocurrió en 2018.

“El periodismo medioambiental se ha vuelto considerablemente más peligroso de lo que era en el pasado, y creo que gran parte de eso está íntimamente relacionado con una mayor conciencia de la importancia del medio ambiente (…) A medida que aumenta la contaminación y el cambio climático, aumenta considerablemente la conciencia pública sobre cuestiones que antes se consideraban preocupaciones marginales”, asegura para RSF Peter Schwartzstein, especialista en cuestiones medioambientales y autor del informe La guerra autoritaria contra el periodismo medioambiental.

Europa y Norteamérica no escapan a la censura

Aunque el 66% de los abusos contra periodistas ambientales fueron registrados en Asia y América, las restricciones para informar sobre temas climáticos no sólo se da en países del sur global. En Francia, Inès Léraud, periodista que investiga el impacto de la agricultura intensiva en Bretaña, ha sido demandada un par de veces en los dos últimos años. La demanda fue retirada unos meses antes de que empezara el juicio. También en Canadá y en Estados Unidos, decenas de periodistas han sido arrestados mientras cubrían protestas ambientales y daban voz a las demandas de las comunidades indígenas. En Reino Unido, “la Policía obstruyó la cobertura mediática del intento de Extinction Rebellion de ocupar el aeropuerto de Londres en octubre de 2019, mientras que el periodista Alexandre-Reza Kokabi fue detenido durante horas después de ser arrestado mientras cubría una protesta de Extinction Rebellion en el aeropuerto de Orly en París en junio de 2020. Hugo Clément y su equipo, de France 2, fueron detenidos en Queensland, Australia, en julio de 2019, mientras cubrían una protesta de ambientalistas que se oponían a la construcción de la mina de carbón Carmichael, que amenaza la Gran Barrera de Coral.

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Otra manera de acallar a los periodistas es induciéndolos a la autocensura. Es lo que viene ocurriendo en Japón con los temas relacionados con el accidente nuclear que tuvo lugar en Fukushima en 2011. Hasta el momento, tanto el gobierno como los lobbies nucleares han hecho lo posible para silenciar a aquellos periodistas que puedan poner en peligro ‘la imagen del país’ o que pudiesen ser una interferencia para la celebración de los Juegos Olímpicos de 2020, ahora pospuestos hasta 2021 a causa de la COVID-19.

Otras técnicas usadas por gobiernos, empresas multinacionales y lobbies son las campañas de desprestigio y difamación o las detenciones arbitrarias, como la que sufrieron en junio de este año la reportera de Novaya Gazeta Elena Kostyuchenko y el fotógrafo Yuri Kozyrev. Fueron arrestados repetidamente por “violaciones de la cuarentena” mientras intentaban cubrir un derrame masivo de gasoil de los tanques de almacenamiento de Norilsk Nickel en Siberia.

La cobertura del cambio climático y el medio ambiente continúa siendo una de las especializaciones más peligrosas en periodismo, ya que “los problemas ambientales suelen involucrar intereses comerciales y económicos, batallas políticas, actividades criminales, insurgencias antigubernamentales o corrupción”, según se informa desde la Red Internacional de Periodistas (ijNet). A menudo, los periodistas que sufren las amenazas y la persecución muestran trastornos por estrés postraumático y depresión.

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COMENTARIOS

  1. El nuevo informe de Global Witness sobre personas defensoras de la tierra y el medio ambiente asesinadas en 2019 está vinculado al preocupante avance del cambio climático y registra cifras récord.
    Según Global Witness se ha registrado el mayor número de personas defensoras de la tierra y el medioambiente asesinadas en un solo año, de acuerdo con los resultados de su último informe anual. En total, la organización documentó 212 homicidios 2019, a consecuencia de su rol de la defensa de sus hogares y sus intentos de detener la destrucción de la naturaleza.
    De forma impactante, más de la mitad de todos los asesinatos reportados el año pasado ocurrieron solo en dos países: Colombia (con el mayor número registrado: 64 asesinatos en un año) y Filipinas (que aumentó de 30 asesinatos en 2018, a 43 en 2019).
    Todas estas personas, incluídxs los 10 periodistas, son personas que se hallan en primera linea de fuego defendiendo nuestra casa común y nuestros derechos.
    Siento impotencia de no poder hacer algo por ellxs.

  2. Investigan con fondos europeos a organizaciones ecologistas y plataformas ciudadanas contra la minería.
    Administraciones públicas -que están sujetas al deber de neutralidad e imparcialidad- espiaron, compilaron y analizaron información sobre grupos que se oponen a determinados proyectos mineros y sobre los que esas mismas administraciones deben tomar decisiones.
    Ecologistas en Acción y otras 30 organizaciones 1 de Bosnia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Portugal y Eslovaquia han denunciado ante la Comisión Europea el proyecto MIREU (Regiones Mineras y Metalúrgicas de Europa). Entre los objetivos de MIREU se encontraban crear una base de datos sobre la aceptación social de la minería, y compartir conocimientos y experiencias sobre cómo convencer a la población para que no se oponga a determinados proyectos mineros.
    En nuestro país el proyecto ha realizado un mapeo con 25 estudios de casos de conflictos mineros repartidos por el territorio. Para ello, se recogió información detallada sobre las plataformas ciudadanas y organizaciones ecologistas que se oponían a dichos proyectos.

  3. TRES AÑOS DE LA TRAMPA CON COCAINA CONTRA JUAN CLAVERO.
    La Justicia es muy lenta, pero tanto Juan Clavero como Ecologistas en Acción se comprometieron desde el principio de este procedimiento a no cejar hasta que se condene a los responsables de este montaje miserable que intentó encarcelar a un activista ecologista y desprestigiar a Ecologistas en Acción.
    Clavero fue detenido en la localidad de El Bosque al encontrar una dotación de la Guardia Civil una importante cantidad de cocaína en su furgoneta. La opinión pública y la inmensa mayoría de entidades políticas y sociales de Cádiz no dieron crédito a esta acusación y denunciaron que se trataba de una burda trampa para anular su participación en la campaña por la apertura de caminos públicos en el Parque Natural Sierra de Grazalema. Esta detención tuvo una gran repercusión mediática.
    Desde un primer momento las sospechas se dirigieron a algunos responsables de la Sociedad Breña del Agua Investments S.L., del importante empresario belga Marnix Galle, que es la mayor propietaria privada de fincas en el parque natural, y que ha venido provocando numerosos incidentes por el cierre de todos los caminos públicos que discurren por sus fincas.
    Tras la exhaustiva investigación realizada por la Guardia Civil, el juzgado de Ubrique imputó a cuatro personas como presuntos autores de la trama: José Miguel Herrera, administrador de la Sociedad Breña del Agua Investments S.L., Oscar González y Juan Luis Pérez Ramírez, capataces de las fincas de dicha sociedad, y Manuel Alcaide, la persona que presuntamente colocó la droga en su furgoneta.
    los cuatro imputados se han negado a declarar. Y aunque es un derecho de todo investigado-imputado negarse a declarar o no hacerlo contra sí mismo, la Jurisprudencia también ha determinado que cuando las pruebas de cargo requieran una explicación que el acusado debería estar en condiciones de dar, la falta de esa explicación puede permitir concluir, por un simple razonamiento de sentido común, que no existe ninguna explicación posible, lo que aumenta las evidencias de culpabilidad del acusado.

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