Tras acumular años de retraso en la lucha contra las causas y consecuencias del calentamiento global, el Congreso aprobaba a mediados de abril la primera Ley de Cambio Climático de España. La norma, reclamada desde hace una década, se lleva gestando desde hace dos años. En febrero de 2019, el Consejo de Ministros y Ministras –entonces con presencia únicamente del PSOE– aprobó el primer borrador. Más de un año después, con elecciones y pandemia de por medio que lastraron el primer intento, el Gobierno –ya con Unidas Podemos dentro– volvía a dar luz verde al proyecto, que se mandaba a las Cortes para su tramitación. En mayo de 2020, este contenía medidas entonces polémicas, como prohibir a partir de 2040 los coches que emitan CO2.
El primer examen que tuvo que superar la ley fue una enmienda a la totalidad (es decir, el rechazo del texto entero) del grupo de extrema derecha VOX. El debate se produjo en julio de 2020 en el pleno del Congreso. La propuesta fue rechazada por todos los grupos excepto por Foro Ciudadanos por Asturias.
Finalmente, en septiembre del año pasado comenzó su tramitación parlamentaria. Lo hacía en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico con una serie de debates. Durante dos semanas, intervinieron un total de 15 personas a petición de los distintos grupos parlamentarios a la vez que presentaban sus enmiendas. Uno de los que intervino, a petición de Ciudadanos, fue Jon Imaz San Miguel, expresidente del PNV y actual consejero delegado de Repsol, empresa que más contribuye a la crisis climática en España.
Tras nuevos aplazamientos y retrasos, en octubre terminaba el plazo de enmiendas. En total, se registraron 758 modificaciones al texto. Los dos partidos en el Gobierno pactaron, entre otros, aumentar del 20 al 23% la ambición de reducción de emisiones para 2030 que ellos mismos habían fijado previamente. Una cifra, no obstante, que ya se daba por hecho pues ya se recogía en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) remitido a Bruselas.
Avanzamos en el tiempo. Es febrero de 2021, y desde hace meses no hay ninguna novedad pública respecto a la ley. En diciembre, se aprobó su tramitación por el procedimiento de urgencia y se habilitó el mes de enero para que la Comisión de Transición Ecológica iniciara las ponencias donde se discutirían las enmiendas. No obstante, no fue hasta el 5 de febrero cuando se llevó a cabo la primera reunión. En total, se celebraron cinco. Así las contamos:
- Arrancan los debates de enmienda de la Ley de Cambio Climático sin gran consenso ni ambición
- La segunda ponencia de la Ley de Cambio Climático mantiene el pulso entre Gobierno y Más País-Equo
- La Ley de Cambio Climático fomentará el despliegue de las renovables respetando el patrimonio natural
- España contará con un comité independiente de personas expertas en cambio climático
- La Ley de Cambio Climático entra en su fase final mientras el Gobierno espera el apoyo de más grupos
Tras un mes de ponencias, el 8 de abril el Congreso aprobaba el texto definitivo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Se produjo vía Comisión y no en el pleno, lo que hizo restarle cierta importancia. Ahora, la norma deberá pasar el trámite del Senado antes de entrar en vigor. En un artículo recopilamos algunas claves de una ley tan necesaria como criticada por su falta de ambición.
Las principales críticas han llegado por parte de la comunidad científica, de las ONG y de especialistas. En Climática publicamos una serie de tribunas al respecto. Por ejemplo, Fernando Valladares considera que nace “vieja y obsoleta”, pero que “el cambio climático no espera, por lo que no tiene sentido esperar a una ley de cambio climático perfecta y querida por todos y todas”).
Tatiana Nuño, de Greenpeace, defiende en este artículo que “la ley que se acaba de aprobar en el Congreso se queda corta ante la emergencia climática a la que nos enfrentamos”, mientras que Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción, insiste, en otro artículo, en que “no podemos dejar de señalar que esta propuesta se queda muy corta”. El politólogo Francisco Maturana sostenía que “la escasa importancia que se le ha dado históricamente a las políticas públicas ecologistas queda de manifiesto una vez más”. Asimismo, publicamos una reflexión de Teresa Ribera, vicepresidenta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Para ella, se trata de “una ley para modernizar y transformar España”.
