Más energías renovables y más democracia

A. DELAGE, F. PRIETO, M.R. CABELLO, R. JIMÉNEZ, A. SACRISTÁN * // Alcarrás y As Bestas son las dos películas españolas más importantes de este año. La primera, con 11 nominaciones a las Goya, es la escogida por España para representarla en los Oscar como mejor película extranjera, y la segunda, ya con varios premios internacionales, cuenta con 17 nominaciones para los Goya. Ambos directores han recibido el triunfo público que se merecen porque, desde la ficción, han puesto sus cámaras con valentía frente a la nueva fiebre del oro de las energías renovables que desata graves conflictos, tanto en España como en el resto de Europa. El director Rodrigo Sorogoyen, que ha tratado esta realidad como un violentísimo western en As Bestas, lo comentaba en una entrevista: “Hay que mirar lo de las energías limpias y exigir que se haga de manera responsable. Porque es justo lo que no se hace. En las sociedades capitalistas prima la irresponsabilidad total”.

Estas dos grandes obras tienen en común una misma mirada crítica sobre la devastación que provoca en las familias, la sociedad y la biodiversidad el gigantesco boom de la energía solar y eólica en los territorios rurales cuando no hay planificación pública ni participación ciudadana para garantizar la protección de los bienes comunes. Hoy por hoy, lo que está pasando en nuestro país tiene todas las características de un verdadero Far West, donde impera ante todo la ley del más fuerte, que denuncian cientos de movimientos ciudadanos en toda España con el lema Renovables SÍ pero NO ASÍ, y otros muchos científicos españoles reclamando “más renovables, pero con cabeza”.  La aceleración del despliegue de las energías renovables es una demanda de todos estos colectivos ciudadanos, pero siempre dentro de una planificación estratégica realmente democrática y ecológica. 

Alarmante regresión democrática 

España y la Unión Europea se encuentran en un momento crucial para definir las claves de la transformación energética. Argumentando un contexto de emergencia por la guerra de Ucrania, la muy reciente propuesta de reglamento del Consejo establece un marco para acelerar el despliegue de energía renovable, y se suma al ya aprobado plan RePowerEU. Ambos textos rebajan la obligación de respetar directivas ambientales esenciales como la Directiva Hábitats y Directiva Marco del Agua, facilitando la instalación de renovables en suelos de uso forestal y agrícola e incluso en zonas protegidas —incluidas zonas de la Red Natura 2000— sin considerar su impacto ambiental. Alberto Vela, experto ambiental en la red europea EEB advierte que esta excepcionalidad significa un caos muy perjudicial: “La inseguridad jurídica es lo último que creará soluciones rápidas que permitan un despliegue más rápido de las energías renovables”. En España, el reciente manifiesto Biodiversidad sin excusas  reúne a la comunidad científica que alerta de las graves consecuencias de la nueva normativa. En la misma línea, las principales organizaciones ecologistas han publicado una postura común, para oponerse claramente a esta regresión ambiental y democrática. 

Mientras, los lobbies de la energía fósil, que han paralizado en Europa esta transición a los renovables durante años, aplauden esta desregulación de directivas claves de la arquitectura fundacional de la UE. Pueden lograr una jugada maestra con este tipo regresiones democráticas: que les permitan cambiar el sistema de producción de energía e invertir masivamente en las energías renovables conservando e incluso mejorando su posición hegemónica y sus millonarios beneficios, en detrimento de la eficiencia energética, de la reducción drástica del consumo, del acceso a las energías limpias por parte de la ciudadanía y de la biodiversidad.

En España, sigue sin regularse ‘con cabeza’ la expansión de macroplantas fotovoltáicas y eólicas que ya representan ahora mismo un 95% de la producción de energía renovable. Los daños colaterales de este nuevo latifundismo energético van mucho más allá de la destrucción social y ambiental de la España rural. La democracia social y la soberanía nacional son las dos otras grandes víctimas directas de este modelo de financiarización masiva de las energías renovables.

Ni retardistas ni anticientíficos: Renovables aquí, sí 

Colectivos ciudadanos como la Alianza Energía y Territorio (ALIENTE), la Plataforma ciudadana por una transición justa, e incluso grupos de productores como ANPIER, están alertando el resto de la sociedad: la revolución de las renovables es urgente, imprescindible y se debe hacer a gran escala. Debe hacerse priorizando un modelo energético no especulativo que desligue la producción de energía de las dinámicas de máxima rentabilidad, que incentive la economía local, la disminución del consumo y la eficiencia de la producción, siempre buscando el impacto menor en la biodiversidad. Todos los actores reclaman “planificación, participación ciudadana, modelo distribuido con ahorro, eficiencia energética y autoconsumo con comunidades energéticas para equilibrar la desproporcionalidad entre oligopolio y ciudadanía”. 

Esta opción de democracia energética que beneficie directamente a la ciudadanía es lo que defiende en Valencia la coalición Compromís, con un plan de desarrollo que contradice claramente los intereses del nuevo oligopolio energético de los renovables. Es muy llamativo ver la inmediata ofensiva no sólo de los representantes empresariales, sino también de algunos expertos. Han criticado la viabilidad técnica del proyecto, tachándolo de irresponsable “retardismo” e incluso de “anticientífico” porque ralentizaría la salida de las energías fósiles. También en Cataluña, el reciente manifiesto de un pequeño grupo de científicos, empresarios y personalidades que reclama “grandes proyectos renovables” utiliza el mismo argumento de la “gran aceleración”, que permite ocultar la realidad de otros modelos de desarrollo y descalificar despectivamente como “retardistas” los colectivos que los promueven.

Se trata tal vez para el emergente capitalismo verde de una nueva variante del conocido mantra neoliberal del “no hay otra alternativa”, pero no logrará confiscar un debate que es a la vez nacional y europeo. El informe Renovables aquí sí, realizado por el Observatorio Sostenibilidad para la plataforma Aliente, demuestra que es posible desarrollar un importante avance en la producción de energía fotovoltaica con un mínimo impacto ambiental, asegurando una transición verdaderamente sostenible y eficiente, y respetando los procedimientos de evaluación de los efectos que esta industria tiene sobre el medio ambiente. “En España existen superficies ya artificializadas suficientes para instalar 181 GW, que producirían más de 272.037 GWh/año en energía fotovoltaica, unas cifras que son superiores al consumo anual que se produjo en España en el año 2021, de 259.905 GWh”.

Los datos, cartografiados en soporte digital, evidencian que la superficie disponible en entornos urbanos además de terrenos como vertederos, escombreras, zonas mineras, canales, infraestructuras lineales, invernaderos ya consolidados pueden producir 10 veces mas energía que la fotovoltaica planificada por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Es decir, se puede hacer esta transición sin apenas impactos y además, al incluir una parte importante de cubiertas y tejados se pueden conseguir mediante comunidades y cooperativas energéticas, beneficiar directamente a la población. En Europa, también se realizan estudios y cartografía a gran escala para organizar el rápido desarrollo que necesitamos. Porque rápido no significa de cualquier manera, según afirman los expertos del EEB en sus detalladas proyecciones del informe Nature-positive renewables. 

Al fin y al cabo, detrás de esta batalla de cifras y de mapas, hay ante todo un conflicto político y económico por un modelo de sociedad global. ¿Quién debe ser beneficiado por la transición energética? ¿El estado de derecho y la ciudadanía o las macroempresas y fondos de inversión internacionales?

Al defender una vía democrática y colectivamente justa de revolución energética, se aboga por otro modelo de cadena de producción de valor y se beneficia a otros actores económicos. La instalación masiva de placas solares en cubiertas es también una oportunidad para reducir la pobreza energética y favorecer la rehabilitación energética de los edificios. Genera miles de empleos en PYMES, a la vez que reduce el consumo de energía. Los beneficios sociales, económicos y ecológicos de integrar las placas solares en edificios ya existentes y en suelos ya artificializados compensan con creces la reducción de emisiones a muy corto plazo que supone realizar macroplantas fotovoltáicas o eólicas sin considerar su impacto.

Como lo explicaba el protagonista de As Bestas, en el Far West actual se instalan gigantescas infraestructuras para hoy y se prepara miseria para mañana, ya que los dividendos futuros de la renta energética producida para la exportación en el monte gallego devastado irán a una compañía multinacional. Toda España y Europa están ahora exactamente ante este mismo dilema. Hacerlo bien no significa retrasar la transición a los renovables; significa acelerar hacia una democracia energética que planifique la sobriedad y tome en cuenta las limitaciones de materias primas disponibles. Reduciendo significativamente el consumo de materiales, de energía y el impacto en la biodiversidad, también seremos capaces de distribuir equitativamente los beneficios sociales y ambientales a toda la sociedad y a todos los territorios, para reducir todas las desigualdades. Renovables, sí. Así, sí.

* Agnès Delage Amat, catedrática de Ciencias Sociales

Fernando Prieto, Observatorio Sostenibilidad

María R. Cabello, arquitecta

Rafael Jiménez Aybar, experto en democracia ambiental

Alejandro Sacristán, Club Nuevo Mundo