Juicio por el clima: una vuelta más al activismo en las calles

Como ya lo han hecho en otras ocasiones, miles de personas vuelven a manifestarse en las calles este viernes frente a la inacción climática. La convocatoria internacional de Fridays For Future se replica en España con movilizaciones que ponen el foco sobre la justicia climática. No es casual: se cumple un año desde que Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón iniciaron un litigio climático contra el Gobierno de España, que en ese momento –y contraviniendo a la Unión Europea– no había aprobado el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

La UE establecía que los Estados miembros debían hacerlo, como tarde, en 2019, ya que se trata de un instrumento que contempla la reducción de emisiones para esta década. Sin embargo, el PNIEC no llegó al Consejo de Ministros hasta el pasado marzo. Y lo hizo con compromisos insuficientes: mientras que la ciencia –y el ya firmado Acuerdo de París– establece que las reducciones de dióxido de carbono deben reducirse al menos un 55% para 2030, el plan español solo contempla un 23% menos para ese año. Las organizaciones, conocedoras del borrador del PNIEC, incluyeron esta falta de ambición en su demanda inicial. Y, frente a la posibilidad de que se cerrara el caso una vez aprobado dicho plan, decidieron comenzar otro litigio en el que señalaban lo deficiente de sus objetivos. A este se adhirieron, además de las citadas organizaciones, Juventud por el Clima y la Coordinadora de ONG para el desarrollo.

Dado que el Tribunal Supremo decidió no archivar la primera demanda, España cuenta actualmente con dos litigios climáticos en proceso, si bien el segundo recurso, explica la abogada de Greenpeace Lorena Ruiz-Huerta –quien lidera los casos junto a Jaime Doreste, de Ecologistas en Acción–, se encuentra en una fase inicial y todavía no se ha presentado la demanda. La sentencia sobre el primero llegará, previsiblemente, a lo largo del primer semestre de 2022.

El recorrido de los juicios por el clima

Demandar a un gobierno –o a una empresa contaminante– por su papel insuficiente frente a la crisis climática es cada vez más habitual. “Dentro del movimiento ecologista nos hemos dado cuenta de que solamente con el activismo no está siendo suficiente”, señala Ruiz-Huerta. Para la abogada, “hay toda una ola de litigios climáticos a nivel internacional”. Esto tiene que ver con “no desperdiciar una herramienta de lucha adicional”, dice sobre acudir a la vía judicial: “Si ganamos este litigio obligamos al Gobierno a virar. Por eso es muy importante que tenga el respaldo ciudadano. Hay que visibilizar que otros tribunales ya se han atrevido a dar el paso, porque no es fácil demandar a un gobierno, y la demanda no es sencilla”.

Pero los precedentes no son pocos y el conocimiento científico disponible también ayuda a los procesos judiciales. Según un estudio reciente del Programa de Derecho Sostenible de la Universidad de Oxford, a menudo los litigios climáticos no prosperan porque no reflejan los avances más actualizados por parte de la ciencia. Algo que podría cambiar en un momento en el que cada vez es más amplia la información que atribuye algunos eventos climáticos extremos a las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la actividad humana.

Para eso, como explican los autores del citado informe, es fundamental “un mejor diálogo entre las comunidades científica y jurídica”.

Países Bajos marca el camino

El de Países Bajos es el caso que mencionan en mayor medida quienes trabajan en litigios climáticos. El histórico fallo de un Tribunal de Apelación de La Haya determinó, en 2018, que el país debía reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. La decisión aumentó la esperanza frente a otros juicios. Otra denuncia de Amigos de la Tierra Países Bajos –junto a otras seis organizaciones y con el apoyo de más de 17.000 ciudadanos y ciudadanas– acabó en una condena también histórica para la petrolera Shell, por su contribución al calentamiento global.

Este último, dice la abogada Ruiz-Huerta, es un caso especialmente inspirador. “Ha sido un precedente importantísimo que va a dar lugar a réplicas en todo el mundo”, apunta sobre otra deriva de los litigios climáticos: no solo se trata de demandar a los gobiernos, sino también a las empresas que no hacen lo suficiente por mitigar el cambio climático desde su sector.

En Francia, el conocido como ‘Caso del Siglo’ avanza con repercusiones para el Gobierno de Macron. Cuatro organizaciones del país –Notre Affaire à Tous, la Fundación Nicolas Hulot para la Naturaleza y la Humanidad (FNH), Greenpeace Francia y Oxfam Francia– llevaron al Gobierno francés frente al Tribunal Administrativo de París, que el pasado febrero dio la razón a las demandantes.

Tampoco ha sido el único caso de éxito en un litigio climático este año. El Tribunal Constitucional de Alemania dictaminó en abril que la Ley de Protección del Clima, aprobada en 2019, es insuficiente. Como resultado, el Ejecutivo alemán tiene hasta el 31 de diciembre de 2022 para establecer nuevos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a partir de 2031.

En el caso alemán, fueron un grupo de nueve jóvenes activistas –con el apoyo de Fridays For Future, Greenpeace, Amigos de la Tierra de Alemania (BUND), Deutsche Umwelthilfe, Germanwatch y Protect the Planet– quienes demandaron a su gobierno.