Un reportaje original de Carbon Brief traducido y publicado en castellano por Climática.
Investigación: Josh Gabbatiss, Daisy Dunne, Aruna Chandrasekhar, Orla Dwyer, Molly Lempriere, Yanine Quiroz, Ayesha Tandon y Dr Giuliana Viglione. Diseño: Joe Goodman, Tom Pearson y Tom Prater.
Traducción: Rita da Costa.
Todos los días se nos invita a comprar productos y servicios con supuestos beneficios para el clima, ya sean «vuelos neutros en carbono», «carne de vacuno libre de emisiones» o «café sin huella de carbono». Pues bien, esos reclamos se basan en las compensaciones por emisiones de carbono.
En pocas palabras, las compensaciones de carbono significan que una entidad que emite gases de efecto invernadero a la atmósfera paga para que otra entidad contamine menos en su lugar. A menudo se utiliza indistintamente con créditos de carbono, aunque los créditos no tienen por qué utilizarse necesariamente para hacer afirmaciones sobre la neutralidad del carbono o la compensación de emisiones.
Por ejemplo, una compañía aérea de un país desarrollado que quiera presumir de estar reduciendo sus emisiones puede pagar para que se proteja una parcela de selva tropical en la Amazonia. Esto, en teoría, ‘contrarrestaría’ una parte de la contaminación que genera esa misma compañía aérea.
Pero las empresas no son las únicas que recurren a las compensaciones de carbono. Las grandes economías también están invirtiendo en este mecanismo para cumplir con sus compromisos internacionales de reducción de emisiones, y la compensación se ha convertido en uno de los principales temas de debate en las negociaciones de la ONU sobre el clima.
Para sus partidarios, la compensación es un sistema mutuamente beneficioso que canaliza miles de millones de dólares hacia proyectos de reducción de emisiones en países en vías de desarrollo, como la inversión en energías renovables o la implantación de métodos de cocción no contaminantes.
No obstante, investigadores, medios de comunicación y un número creciente de juristas ponen en tela de juicio este mecanismo de compensación de las emisiones de carbono y acusan a las empresas de usar el reclamo de la compensación para practicar lo que se conoce como greenwashing o blanqueo medioambiental.
Hay pruebas crecientes de que los proyectos de compensación, desde la implantación de métodos de cocción limpios hasta los planes de protección forestal, han sobreestimado su capacidad para reducir emisiones. Un estudio todavía inédito sugiere que sólo el 12% de las compensaciones comercializadas se traducen en «reducciones reales de emisiones».
Además, dichos proyectos se han relacionado con la expulsión de pueblos indígenas de sus tierras y otros abusos cometidos contra los derechos humanos.
A lo largo de las últimas décadas, el comercio de compensaciones de carbono entre países no sólo ha tenido un impacto insignificante en las emisiones, sino que es incluso probable que haya contribuido a incrementarlas.
En esta exhaustiva batería de preguntas y respuestas, Carbon Brief explica qué son las compensaciones de carbono, cómo las utilizan empresas y Estados, y por qué son una forma controvertida de luchar contra el cambio climático.
El artículo también ahonda en la pregunta de si es posible reformar, de verdad, un sistema que uno de los expertos consultados define como «profundamente disfuncional».
- ¿Qué son las compensaciones de carbono?
- ¿Qué dice la ciencia sobre la necesidad de fijar compensaciones de carbono?
- ¿Cómo utilizan los países las compensaciones de carbono para cumplir con sus compromisos climáticos?
- ¿Cómo utilizan las empresas y organizaciones las compensaciones de carbono?
- ¿Sobreestiman los proyectos de compensación de emisiones de carbono su capacidad para reducirlas?
- ¿Cómo pueden desembocar las compensaciones de carbono en un ‘doble cómputo?’
- ¿Cómo pueden contribuir las compensaciones de carbono al greenwashing?
- ¿Por qué los proyectos de compensación de las emisiones implican consecuencias no deseadas para los pueblos indígenas y las comunidades locales?
- ¿Podría el cambio climático poner en riesgo los proyectos de compensación de emisiones?
- ¿Se puede mejorar el mecanismo de compensación por las emisiones de carbono?
¿Qué son las compensaciones de carbono?
La compensación de emisiones de carbono es un mecanismo que permite a particulares, empresas o gobiernos compensar sus emisiones apoyando proyectos que las reduzcan en otros lugares.
En teoría, tras haber reducido tanto cuanto les sea posible sus emisiones, dichas entidades pueden financiar tecnologías limpias o campañas de reforestación con el fin de «contrarrestar» las emisiones que no pueden evitar.
De paso, estas medidas servirían también para respaldar una acción climática de coste relativamente bajo en los países en desarrollo y facilitar así una mayor reducción de emisiones a nivel global.
Sin embargo, en la práctica, el mecanismo de compensación permite que muchas de esas entidades mantengan el statu quo, es decir, que sigan produciendo el mismo volumen de emisiones mientras presumen de reducirlas basándose en las compensaciones.
Las compensaciones de carbono son una especie de ‘vales’ que representan gases de efecto invernadero ‘evitados’, ‘reducidos’ o ‘eliminados’. Se pueden intercambiar entre una entidad que sigue emitiendo esos gases y otra que ha reducido sus propias emisiones o que elimina dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera.
Si bien, en teoría, este mecanismo permite al primer grupo seguir emitiendo gases de efecto invernadero, el segundo debe reducir sus emisiones o capturar CO2 en una cantidad equivalente.
Las compensaciones se miden por lo general en toneladas de CO2 equivalente (tCO2e), y también se definen como «derechos» o certificados comercializables.
Los términos compensaciones de carbono y créditos de carbono se usan a menudo como sinónimos, pero la diferencia entre ambos radica en el mercado que los comercializa y en la forma de llevar a cabo la reducción de emisiones.
A grandes rasgos, existen dos tipos de mercado de carbono en los que se pueden intercambiar las compensaciones. El primero es el mercado ‘obligatorio’, que está regulado y atañe a las reducciones de emisiones impuestas por ley, respaldadas por normas comunes y que computan para los objetivos establecidos a nivel nacional o regional en materia climática.
En esta categoría podemos incluir los sistemas de comercio de derechos de emisión con fijación previa de límites máximos, como el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE UE), por el que las centrales eléctricas y las fábricas deben presentar cada año ‘derechos de emisión’ de carbono para cubrir sus emisiones dentro de un ‘límite máximo’ general fijado para los sectores regulados.
Las empresas pueden comprar y vender derechos entre sí. En ciertos casos, también pueden comprar compensaciones aprobadas de proyectos externos de reducción de emisiones para mantenerse dentro de sus límites.
Estos sistemas abarcan cerca del 18% de las emisiones mundiales y, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), han contribuido a reducir las emisiones en la UE, Estados Unidos y China. No obstante, hay sólidos indicios de que muchas de las compensaciones externas que se han incorporado a estos sistemas se han traducido en reducciones irrelevantes de las emisiones.
La segunda categoría es el mercado ‘voluntario‘ de carbono, un mercado poco regulado en el que participan empresas, particulares y organizaciones que no tienen la obligación legal de reducir sus emisiones. En este caso, la supervisión es mucho menor y existen menos pruebas aún de que las emisiones se reduzcan efectivamente.
(La mayoría de los créditos disponibles pueden comercializarse en el mercado voluntario, pero sólo un pequeño subconjunto puede usarse en el mercado obligatorio. Inicialmente, los programas que contaban con respaldo gubernamental y de la ONU se destinaban a los mercados obligatorios, mientras que los respaldados por las ONG se destinaban al mercado voluntario, pero en la actualidad ambos tipos de programas están presentes en los dos mercados).
La tabla siguiente refleja una muestra de los registros y programas de compensación existentes. Estos organismos ’emiten’ compensaciones, es decir, confirman que determinado proyecto ha reducido, evitado o eliminado equis toneladas de CO2.
Estos créditos se compran y se ‘retiran’ cuando una entidad desea contabilizarlos para un objetivo voluntario o vinculante de reducción de emisiones. Una vez retirados, no pueden volver a utilizarse.
A grandes rasgos, las compensaciones pueden clasificarse en dos grupos, como se observa en el diagrama que aparece más abajo, basado en los Principios de Oxford para la compensación neta de emisiones de carbono, un marco académico que trata de definir buenas prácticas en el campo de la compensación de emisiones.
El primer grupo abarca las reducciones de emisiones. Estas compensaciones se utilizan cuando una entidad intenta compensar un aumento de las emisiones en determinada zona rebajando las emisiones en otra. Este grupo de compensaciones incluye varias tipologías, dependiendo de si las emisiones se evitan o se reducen, con o sin almacenamiento.
Las compensaciones por evitación o emisiones evitadas proceden de proyectos que representan reducciones de emisiones si se comparan con una alternativa hipotética. Uno de los principales tipos de compensaciones por emisiones evitadas es el que representan los proyectos de energías renovables que se construyen en lugar de centrales de combustibles fósiles. Otro lo representan los programas para la implantación de métodos de cocción limpios, destinados a reducir la dependencia de combustibles tradicionales como la leña en la preparación de alimentos, con la consiguiente reducción de emisiones.
(Hay que tener en cuenta que las compensaciones de carbono son un campo minado de terminología y definiciones que se solapan. En este caso, las compensaciones por emisiones evitadas, según la definición de los principios de Oxford, son distintas de los créditos por emisiones evitadas, que tienen otro significado en los debates de la ONU sobre el clima).
Las compensaciones por reducción de emisiones con almacenamiento de corta duración del CO2 correspondiente incluyen los créditos procedentes de proyectos de deforestación evitada, como los del marco para la reducción de las emisiones provocadas por la deforestación y el deterioro forestal (REDD). Se trata de proyectos que pretenden evitar emisiones protegiendo bosques que, de otro modo, habrían sido talados o deteriorados.
(REDD se desarrolló en la ONU a finales de la década de 2000 como una manera de ayudar a los países en desarrollo a preservar sus bosques y se inscribe en el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Por otro lado, los proyectos etiquetados como REDD+ —que pueden no estar en sintonía con las normas de la ONU— se han convertido en parte importante del mercado voluntario de compensaciones, representando cerca de una cuarta parte del volumen total de comercialización).
Añadir tecnología de captura y almacenamiento de carbono (CAC) a una central eléctrica de combustibles fósiles, por su parte, podría generar créditos de reducción de emisiones con una vida útil más larga.
Las compensaciones por eliminación son generadas por proyectos que absorben CO2 de la atmósfera. Hoy en día, la mayor parte de las compensaciones por eliminación se traducen en proyectos de plantación de árboles, que no garantizan un almacenamiento permanente.
Podría generarse una nueva oleada de compensaciones más permanentes recurriendo a máquinas que capturan el CO2 del aire y técnicas como la meteorización forzada. Hasta ahora, estas compensaciones se limitan al mercado voluntario y aún se está estudiando su inclusión en un nuevo artículo 6 del Acuerdo de París para la regulación de los mercados internacionales de carbono.
Según el análisis llevado a cabo por Carbon Brief de los datos del Proyecto Berkeley de Comercio de Carbono, tan sólo el 3% de las compensaciones de los cuatro mayores registros de compensaciones voluntarias implican la eliminación de CO2, y todas ellas proceden de proyectos de plantación de árboles.
Muchas de las compensaciones disponibles han sido tachadas de «compensaciones basura» o «vendehúmos» porque son el resultado de fallos de diseño en el mercado de carbono y no representan reducciones reales de emisiones.
Las ideas y experimentos con las compensaciones de carbono y la comercialización de las mismas se remontan al menos medio siglo atrás, como se muestra en la siguiente cronología.
A lo largo de estos años, los proyectos de compensación han sido repetidamente acusados de generar conflictos territoriales, infringir los derechos humanos, obstaculizar la defensa del medioambiente y prolongar el uso del carbón y las prácticas contaminantes.
Los activistas los han tachado de «falsa solución». Las negociaciones sobre los nuevos mercados de carbono llevas a cabo al amparo del artículo 6 del Acuerdo de París han suscitado numerosas protestas porque no mitigan el problema a gran escala, amenazan los derechos de los pueblos indígenas y promueven el «imperialismo del carbono».
Mientras tanto, cada vez se denuncia más que ciertas empresas presumen de tener una huella de carbono neutra gracias a las compensaciones voluntarias y se les impide recurrir al greenwashing como reclamo publicitario.
Robert Mendelsohn, profesor de política forestal y economía de la Escuela de Medioambiente de la Universidad de Yale, ha resumido el problema fundamental de las compensaciones de carbono. Reflexionando sobre los logros de las compensaciones, ha declarado a Carbon Brief: «No han cambiado nuestra conducta y, por tanto, no se han traducido en una reducción del carbono en la atmósfera... Han generado una mitigación nula».
Sin embargo, con las compensaciones de carbono ya firmemente establecidas, todavía son muchos quienes las ven como una forma eficaz de reforzar la acción climática de las empresas, animar a los gobiernos para que se comprometan a implantar recortes de emisiones más ambiciosos y canalizar la financiación climática para que llegue allí donde es más necesaria.
«Creo que podemos resolver los problemas que tenemos actualmente en el mercado de carbono», ha afirmado a Carbon Brief Bogolo Kenewendo, miembro de la comisión directiva de la Iniciativa de Mercados de Carbono de África, subrayando la necesidad de crear «créditos con garantía de calidad e integridad».
¿Qué dice la ciencia sobre la necesidad de fijar compensaciones de carbono?
Desde su creación en 1988, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), autoridad científica de la ONU en lo que atañe al clima, ha publicado seis informes de evaluación. Dichos documentos resumen las últimas pruebas científicas sobre el cambio climático de origen humano y se consideran los informes con más autoridad en la materia.
El profesor Joeri Rogelj, director de investigación del Instituto Grantham de Cambio Climático y Medioambiente y catedrático de Ciencia y Política del Clima del Centro de Política Medioambiental del Imperial College de Londres, ha participado en la redacción de varios de estos informes. Según explica a Carbon Brief, «la expresión "compensaciones de carbono" no forma parte de la jerga que emplea la literatura [científica]», por lo que tampoco se usa mucho en los informes del IPCC.
La mayoría de los proyectos de compensación de carbono que existen en la actualidad implican «reducciones de emisiones», por las que una entidad puede contrarrestar su contaminación pagando para que evitar que se produzcan emisiones en otro lugar.
Esto es lo que suelen hacer las entidades que apoyan, pongamos por caso, la creación de nuevos proyectos de energías renovables para reemplazar los sistemas de combustibles fósiles, los proyectos de implantación de métodos de cocción limpios en el sur global o aquellos que protegen los ecosistemas para evitar el avance de la deforestación.
Aunque los informes del IPCC apenas se refieren a las compensaciones de carbono, sí que abordan el papel que este tipo de técnicas podría desempeñar para que el mundo pudiera cumplir con sus objetivos climáticos.
Por ejemplo, el último informe del IPCC sobre cómo afrontar el cambio climático afirma que todos los escenarios para limitar el calentamiento global a 1,5 o 2 °C implican una «drástica reducción» del uso de combustibles fósiles y una transición a fuentes de energía bajas en carbono, como las renovables.
También señala que los cambios en el uso de la tierra, como las prácticas que frenan la deforestación, «pueden reducir a gran escala las emisiones de gases de efecto invernadero», aunque añade que esto «no compensa del todo el retraso en la aplicación de medidas en otros sectores».
El informe también señala que, para impedir que el calentamiento global supere 1,5 o 2 °C, se requiere un acceso «generalizado» a métodos de cocción limpios.
Una proporción mucho menor de las compensaciones de carbono existentes tienen como objetivo eliminar CO2 de la atmósfera para compensar las emisiones de una entidad en otro lugar.
Esto se consigue por lo general plantando árboles, que eliminan CO2 de la atmósfera a medida que crecen, o restaurando ecosistemas dañados, pues son almacenes naturales de carbono.
Un puñado de empresas de todo el mundo está probando y desarrollando otras formas de eliminación de CO2 más avanzadas desde el punto de vista tecnológico.
Una de ellas consiste en cultivar plantas, quemarlas para generar energía y capturar las emisiones de CO2 resultantes antes de que lleguen a la atmósfera, una técnica denominada Bioenergía con Captura y Almacenamiento de Carbono (BECCS por sus siglas en inglés).
Otra técnica propuesta consistiría en utilizar ventiladores gigantes para aspirar el CO2 directamente de la atmósfera antes de enterrarlo bajo tierra o en el fondo del mar, una tecnología denominada Captura y Almacenamiento Directo del Aire (DACCS por sus siglas en inglés).
Sin embargo, ninguna de estas tecnologías se aplica actualmente a gran escala y, por tanto, aún no desempeñan un papel importante en la compensación de las emisiones de carbono.
El último informe del IPCC sobre cómo afrontar el cambio climático concluye que las técnicas de eliminación de CO2 son ya «inevitables» si el mundo quiere limitar el calentamiento global a 1,5 o 2 °C.
Por su parte, el análisis de Carbon Brief concluye que la eliminación de CO2 se contempla, en mayor o menor medida, en prácticamente todas las proyecciones que cifran el calentamiento global en menos de 2 °C.
Aunque hay pruebas científicas claras de que se necesitarán técnicas capaces de reducir las emisiones y eliminar el CO2 de la atmósfera para cumplir con los objetivos climáticos mundiales, aún no se sabe a ciencia cierta si la financiación facilitada a través de compensaciones de carbono podría —o debería siquiera— ayudar a implantarlas.
El último informe del IPCC sobre cómo afrontar el cambio climático no detalla hasta qué punto podría ser útil implantar esas técnicas mediante la financiación derivada de las compensaciones de carbono que aportan distintos países, según explica a Carbon Brief la principal autora del informe, la doctora Annette Cowie, climatóloga de la Universidad de Nueva Inglaterra (EEUU).
Según la propia Cowie, esto se explica en parte porque el informe se redactó cuando los países aún estaban debatiendo las normas de funcionamiento de los mercados de carbono en el marco del Acuerdo de París.
Además, siempre según Cowie, el informe «no puso el foco» en cómo las empresas y organizaciones usan las compensaciones de carbono en el mercado voluntario del carbono porque el IPCC no suele centrarse en el «sector empresarial». No obstante, el informe señala que «necesitaremos que el sector privado contribuya a financiar la respuesta al reto climático», y se refiere a los mercados de carbono como un «mecanismo potencialmente eficaz para lograrlo».
¿Cómo utilizan los países las compensaciones de carbono para cumplir con sus compromisos climáticos?
Casi todos los países del mundo han establecido planes para reducir sus emisiones en el marco del Acuerdo de París. La mayoría de las grandes economías tienen, además, objetivos de cero emisiones netas.
Además, se han acordado una serie de programas internacionales de compensación de emisiones de carbono supervisados por la ONU. En teoría, estos sistemas podrían ayudar a identificar la forma más económica de reducir emisiones y permitir que los países con más dificultades a la hora de cumplir con sus objetivos climáticos puedan costear la reducción de emisiones en otros lugares.
Esto podría ayudar a los gobiernos a alcanzar sus objetivos y animarlos a fijar otros más ambiciosos. También podría aportar financiación a los países en desarrollo, donde se encuentran la mayor parte de las oportunidades de reducir emisiones, pero se necesita apoyo económico para aprovecharlas. Sin embargo, a pesar de llevar dos décadas en marcha, hasta ahora estos mecanismos no se han traducido en una reducción tangible de las emisiones.
Lo que ha sucedido es que las empresas energéticas y las fábricas de las grandes economías emergentes han obtenido beneficios vendiendo compensaciones baratas, pero a menudo sin valor, a los países desarrollados. Como resultado, estos programas han incrementado las emisiones mundiales.
Los primeros grandes programas de compensación se establecieron con el Protocolo de Kioto, el primer acuerdo internacional vinculante para reducir las emisiones contaminantes, en el año 1997.
El más importante, con diferencia, fue el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Se trata de un acuerdo de obligado cumplimiento que ha permitido a los países desarrollados cumplir con sus objetivos vinculantes de Kioto en materia de emisiones mediante la compra de créditos generados en gran medida por proyectos energéticos de bajas emisiones de carbono en los países en desarrollo.
Souparna Lahiri, asesor de política climática de la Coalición Mundial por los Bosques que mantiene una postura crítica respecto a los mercados de carbono, considera que el MDL concedió «demasiada flexibilidad» a los países desarrollados: «[Dijeron:] gastemos dinero allí donde se puedan reducir [las emisiones] a un coste muy inferior, de tal manera que no gastemos demasiado, pero a cambio de esas inversiones [...] obtengamos créditos con los que compensar nuestras propias emisiones».
El MDL también pretendía canalizar la tan necesaria financiación climática hacia los países en desarrollo, que no estaban obligados a reducir sus propias emisiones en virtud del Protocolo de Kioto.
El análisis realizado por Carbon Brief de los datos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) muestra que China, India, Corea del Sur y Brasil suman el 81% de los créditos MDL emitidos, y que un solo país, China, ha emitido más de la mitad de los mismos, como muestra el siguiente gráfico. A excepción de Egipto y Sudáfrica, los países africanos han emitido tan sólo el 1% de los créditos en circulación.
El MDL se acordó junto con otra estrategia de compensación, denominada Mecanismo de Aplicación Conjunta, que abarcaba el comercio de compensaciones entre países desarrollados.
La UE, Nueva Zelanda y Suiza permitieron a sus centrales eléctricas y fábricas adquirir créditos de Kioto para cumplir con sus objetivos dentro del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), creando así el principal mercado para estas compensaciones. Cerca de la mitad de los 2.300 millones de créditos emitidos por el MDL se han utilizado en el RCDE (conviene señalar que, desde el año 2020, los créditos del MDL ya no pueden canjearse en el RCDE).
Según un estudio, los mercados de Kioto ayudaron a nueve países desarrollados, entre ellos Japón, España y Suiza, a cumplir con sus objetivos iniciales en materia de emisiones.
A pesar de este aparente éxito, muchos han llegado a la conclusión de que, en última instancia, lejos de promover la acción climática mundial, el MDL ha servido para obstaculizarla.
Esto se debe a que probablemente la mayoría de los proyectos con bajas emisiones de carbono desarrollados al amparo del MDL se habrían puesto en marcha aunque no contaran con la financiación de los países desarrollados, bien sea porque ya resultaban rentables o porque así lo exigía la legislación vigente.
Un estudio encargado por la Unión Europea en 2016 concluyó que seguramente se había sobrestimado la reducción de emisiones del 85% de los proyectos MDL, en particular las de las centrales eólicas e hidroeléctricas. No sólo eso, sino que además estos proyectos no han aportado una capacidad adicional de reducir las emisiones de carbono en los países en desarrollo. Según el sexto informe de evaluación del IPCC, «numerosos hallazgos apuntan a que el MDL, sobre todo al principio, no se tradujo en una reducción adicional de las emisiones en los países anfitriones, lo que significa que, en términos generales, los proyectos MDL redundaron en un incremento de las emisiones globales». Según otro estudio, el MDL podría haber aumentado las emisiones en 6.000 millones de toneladas de CO2 (GtCO2).
En 2012 comenzaron a circular informes en los que se afirmaba que el mercado del MDL se había «hundido» en medio de un «pánico generalizado en torno a los créditos del carbono. Esto se debió en gran medida a la escasez de demanda del RCDE UE.
A partir de 2012, la Unión Europea decidió limitar los créditos que aceptaría en el marco de este régimen, excluyendo, por ejemplo, los generados por los recortes de gases industriales en las fábricas. Esos proyectos MDL habían sido acusados de incentivar la producción adicional de gases de efecto invernadero con el fin de reclamar créditos por destruirlos.
La UE también dejó de aceptar nuevos créditos salvo que procedieran de países menos desarrollados. Simultáneamente, dado que otros países desarrollados se abstuvieron de fijar objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos, hubo poca demanda de fuera de la UE.
(Pese a haber ejercido una presión considerable para que se incluyera la compensación de carbono en el Protocolo de Kioto, Estados Unidos acabó por abstenerse de participar en dicho protocolo, lo que eliminó un potencial mercado clave para los créditos).
El precio de los créditos, que en 2008 había registrado un máximo histórico de 27,50 dólares por tonelada de CO2, se desplomó en 2012 a tan sólo 0,55 dólares por tonelada. Como muestra el gráfico siguiente, el número de nuevos proyectos registrados para participar en el MDL cayó en picado y no ha vuelto a recuperarse (por más que se sigan emitiendo créditos).
Según el Acuerdo de París, los países acordaron establecer nuevos mercados de carbono que, en última instancia, sustituyeran al problemático sistema de Kioto. Dichos mercados se engloban bajo la denominación de «mercados del Artículo 6», en referencia a la sección del tratado que establece de qué manera pueden los países «buscar cooperación voluntaria» para alcanzar sus objetivos climáticos.
Los detalles del comercio de carbono se especifican en el Artículo 6.2, que permite a los países intercambiar directamente entre sí créditos denominados Resultados de Mitigación Transferidos Internacionalmente (ITMO, por sus siglas en inglés), así como en el Artículo 6.4, que establece la creación de un nuevo mercado de carbono respaldado por la ONU para reemplazar al MDL.
A diferencia del MDL, cualquier país —desarrollado o en desarrollo— puede comprar y vender créditos utilizando los mecanismos del Artículo 6 para cumplir con sus objetivos climáticos en virtud del Acuerdo de París.
Un punto fundamental del nuevo mercado de carbono establecido en el artículo 6.4 —pero no del Artículo 6.2— es que incluye el objetivo específico de «lograr una mitigación global de las emisiones mundiales», algo que se consigue cancelando automáticamente el 2% de todos los créditos que se intercambian al amparo de este sistema.
Esto debería significar que la compensación en este sistema ya no es un juego de suma cero. Nadie podrá utilizar ese 2% de créditos para justificar una reducción de emisiones, lo que garantiza un descenso real de éstas y no un mero cambalache de emisiones.
Asimismo, los países firmantes han acordado evitar el 'doble cómputo' de los créditos contemplados en el artículo 6, lo que significa que, si un país vende una compensación a otro, uno de los dos deberá abstenerse de contabilizar esa reducción de emisiones para cumplir con sus objetivos climáticos.
Las negociaciones sobre los detalles técnicos de estos nuevos mercados han sido largas y complejas.
El organismo de supervisión previsto en el Artículo 6.4 todavía está ultimando algunos detalles, y no se espera que el comercio de créditos al amparo de este sistema empiece hasta 2024, una vez que se hayan fijado las normas definitivas.
Entre las cuestiones que se debaten en las distintas reuniones de este organismo se cuentan las metodologías para calcular cuántos créditos se emiten y si deben incluirse los proyectos de eliminación de carbono.
Ya se han alcanzado algunos acuerdos iniciales entre un puñado de países, entre ellos Suiza, Perú y Ghana, para intercambiar créditos ITMO según lo establecido en el Artículo 6.2.
Según la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones (IETA), 156 países han manifestado su intención de utilizar los mercados del Artículo 6, ya sea como compradores o vendedores. La IETA calcula que estos mercados podrían desencadenar inversiones climáticas por valor de miles de millones de dólares y reducir hasta el año 2030 el coste total de aplicación de los planes climáticos en 250.000 millones de dólares anuales.
(La IETA representa al sector del comercio de carbono, incluidas las empresas de combustibles fósiles, que han apoyado ampliamente los enfoques basados en el mercado en las negociaciones de la ONU sobre el clima).
Pedro Chaves Venzon, asesor de política internacional de IETA, ha declarado a Carbon Brief: «Espero una creciente y rápida adhesión al Artículo 6 a lo largo de los próximos años [...] porque no todos los países tienen la capacidad de potenciar la reducción y eliminación de emisiones para alcanzar las cero emisiones netas sólo mediante acciones dentro de sus fronteras».
Sin embargo, la oferta y demanda de créditos del Artículo 6 no están garantizadas.
A diferencia del Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París exige que todos los países se comprometan a reducir sus emisiones, no sólo los desarrollados.
Evitar la doble contabilidad podría, por tanto, dificultar que determinados países vendan grandes cantidades de compensaciones y, al mismo tiempo, cumplan con sus objetivos de emisiones. Scott Vaughan, investigador principal del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD), ha declarado a Carbon Brief: «Es fundamental que los vendedores sean precavidos, sobre todo los países en desarrollo, para no encontrarse en la tesitura de haber vendido, por así decirlo, las medidas más fáciles para reducir emisiones en suelo propio [y luego] verse en apuros para cumplir sus objetivos climáticos».
Además, las suposiciones de la IETA sobre la compra y venta de créditos se basan en planes de reducción de emisiones más ambiciosos que los actuales. Si los objetivos climáticos no cambian, habrá menos presión para comprar compensaciones de emisiones a otros países.
Por último, una parte de la opinión pública teme que los mercados del Artículo 6 puedan suponer una repetición de los errores cometidos con el MDL.
Tras años de debate, un número relativamente pequeño de créditos MDL emitidos entre 2013 y 2020 pueden usarse para cumplir los compromisos climáticos de 2030 según lo establecido en el Acuerdo de París.
(Australia había propuesto desde hace tiempo utilizar esos créditos para cumplir con sus compromisos del Acuerdo de París. En 2020, tras años de presiones, dio su brazo a torcer y aceptó cumplirlos mediante medidas de ámbito nacional.)
Además, los proyectos del MDL podrán seguir emitiendo créditos en el marco del nuevo sistema, siempre que cumplan las nuevas normas del Artículo 6.4. Esto podría traducirse en la entrada de miles de millones de lo que Carbon Market Watch denomina «créditos mayormente dudosos» en el sistema de París, y un estudio en particular calcula que podrían llegar a emitirse hasta 2.800 millones de créditos de carbono.
¿Cómo utilizan las empresas y organizaciones las compensaciones de carbono?
Las empresas y otras organizaciones recurren a las compensaciones de carbono en respuesta a la creciente presión para que tomen medidas contra el cambio climático, ya sea para cumplir con los objetivos estipulados por la legislación o con los objetivos de emisiones que se han fijado a título particular.
Más de la mitad de las cien mayores empresas del mundo por ingresos han manifestado su intención de adquirir compensaciones, según el análisis que ha llevado a cabo Carbon Brief de los datos de Net Zero Tracker. Sólo cuatro las han descartado de forma explícita: Walmart, Brookfield Asset Management, Roche y la petrolera tailandesa PTT Exploration & Production.
Entre los principales usuarios de las compensaciones se cuentan las grandes compañías petroleras y gasísticas, las compañías aéreas y los fabricantes de automóviles.
En teoría, las 'mejores prácticas' de las empresas que utilizan compensaciones consistirían en reducir sus emisiones anuales tanto como les fuera posible. De esta manera, sólo tendrían que comprar compensaciones por reducciones realizadas en otros lugares para cubrir las emisiones 'residuales' que resultaran demasiado difíciles o costosas de recortar.
Sin embargo, las acusaciones de greenwashing están al orden del día, ya que las empresas compran compensaciones baratas de calidad cuestionable, a menudo de proyectos de países en desarrollo, en vez de hacer todo lo posible por reducir sus propias emisiones.
En lugares como la UE, California y Quebec, las empresas que generan grandes emisiones, como fábricas y centrales eléctricas, pueden comprar compensaciones en el mercado obligatorio para cumplir con los requisitos legales de reducción de emisiones en el marco de sistemas regionales de comercio de derechos de emisión. Estos sistemas sirven para justificar miles de millones de toneladas de emisiones, y hay quienes vinculan la reducción de emisiones en las empresas participantes al impacto de las normativas.
El Sistema de Compensación y Reducción de Emisiones de Carbono para la Aviación Internacional (Corsia) de la ONU es un ejemplo único por el que todo un sector estará obligado a comprar créditos de compensación de carbono para compensar el aumento de sus emisiones más allá de 2027.
Al margen de estos requisitos legales, las empresas se enfrentan a la creciente demanda social de acción contra el cambio climático, responsabilidad social corporativa y la adopción de compromisos de cero emisiones netas.
Al calor de esta demanda, se ha desarrollado todo un mercado, conocido como mercado de compensación voluntaria, que apenas está regulado y a menudo se describe como un salvaje oeste en el que abundan los créditos basura.
El mercado voluntario se sustenta en normas y registros como el Verified Carbon Standard (VCS), que representa casi dos tercios del mercado voluntario y está administrado por la ONG Verra.
El siguiente gráfico, que refleja el número de créditos emitidos por distintos registros cada año, demuestra el creciente dominio de estas normas (tonos azules) frente al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la ONU (en rojo).
Como se aprecia, la demanda se ha ampliado y ya no contempla tan sólo las empresas y países que invierten en compensaciones del MDL con el único fin de cumplir con sus obligaciones en el marco de los sistemas de comercio de derechos de emisión y el Protocolo de Kioto.
A diferencia de los créditos avalados por la ONU, las organizaciones que emiten estas compensaciones del mercado voluntario son ONG y entidades privadas, por lo que tienen sus propios marcos de verificación y emisión de créditos.
(La división entre mercados voluntarios y obligatorios se complica por el hecho de que las empresas también pueden comprar créditos del mercado obligatorio de compensación —por ejemplo, del MDL— a título individual y voluntario. Por otro lado, los programas de obligado cumplimiento, como Corsia o el régimen de comercio de derechos de emisión con fijación previa de límites máximos de California y Quebec, permiten a los participantes adquirir un subconjunto aprobado de créditos de compensación voluntarios para cumplir con los objetivos obligatorios. Los créditos emitidos para este último régimen se indican en la sección California Air Resources Board del gráfico anterior).
Además de las normas que rigen los créditos, existe un grupo de auditores que comprueban que los proyectos de compensación funcionen como es debido, así como bolsas y minoristas que comercian con compensaciones y actúan como intermediarios en las transferencias. En la infografía siguiente se detallan los pasos de la producción, certificación y venta de compensaciones, así como los problemas que pueden surgir por el camino.
Según el análisis realizado por Carbon Brief de los datos recogidos en los cuatro principales proyectos de compensación voluntaria registrados por el Proyecto de Comercio de Carbono de Berkeley, tres cuartas partes de los 1.800 millones de compensaciones voluntarias emitidas proceden de proyectos de países en desarrollo, como muestra el mapa siguiente.
Al igual que ocurre con el MDL, las grandes economías emergentes, como China e India, han generado gran parte de estos créditos, con un 16% y un 12% del total, respectivamente. También lo han hecho países con zonas forestales de dimensiones considerables, como Perú e Indonesia.
Casi todos los demás créditos proceden de Estados Unidos, que es el principal emisor de los mismos. Sin embargo, cerca del 90% de sus créditos proceden, sobre todo, de registros con sede en Estados Unidos, como el American Carbon Registry, que a su vez son adquiridos en buena medida por organizaciones con sede en ese mismo país, a menudo para cumplir con objetivos fijados por ley.
Según un informe publicado por Shell y Boston Consulting Group, el mercado de compensaciones voluntarias alcanzó la cifra récord de 2.000 millones de dólares en 2021, cuatro veces más que el año anterior. Se calcula que alcanzará un valor de entre 10.000 y 40.000 millones de dólares en 2030, y muchos agentes del sector prevén un crecimiento «exponencial» de las compensaciones voluntarias en los próximos años.
(Esta cifra sigue siendo muy inferior al valor de los mercados de carbono en general. En 2021, el comercio de permisos en el RCDE EU y otros sistemas regionales de comercio de derechos de emisión se valoró en 851.000 millones de dólares.)
Existe una desconexión entre las predicciones de crecimiento y la reciente reacción contra el mercado de compensación voluntaria.
Los precios de las compensaciones voluntarias de carbono se han desplomado en el último año. Los inversores se han visto afectados por la recesión económica, pero también existe una mayor preocupación por la integridad de las compensaciones voluntarias. La doctora Barbara Haya, directora del Proyecto de Comercio de Carbono de Berkeley, explica a Carbon Brief: «El mercado está en plena ebullición y hay dos factores que tiran en direcciones opuestas: los objetivos de neutralidad de carbono y de cero emisiones neutras. Así que hay un creciente interés de los compradores por adquirir compensaciones, pero también una progresiva toma de conciencia de que el mercado no funciona y casi todos los créditos están sobrevalorados».
Estas cuestiones han llevado a la Science Based Targets Initiative, una organización que establece directrices para la política climática de las empresas, a declarar sin tapujos:
«El uso de créditos de compensación de carbono no debe contabilizarse como medida de reducción de emisiones de cara a los objetivos basados en la ciencia de las empresas a corto o largo plazo».
No obstante, Haya añade que las compensaciones pueden ayudar a promover la reducción de emisiones dentro de las empresas.
«Muchas empresas no se habrían fijado objetivos de neutralidad de carbono si no fuera por la posibilidad de comprar créditos de carbono baratos», sostiene. Un análisis de la empresa de calificación de créditos de carbono Sylvera reveló que las empresas que invertían en compensaciones reducían sus emisiones reales el doble que las que no lo hacían.
Se están haciendo esfuerzos para mejorar el mercado, y Pedro Chaves Venzon, del grupo industrial IETA, explica a Carbon Brief que el mercado voluntario también podría ayudar a desarrollar metodologías y normas de calidad para los mercados obligatorios internacionales: «Aunque no sean perfectas, pueden desempeñar un papel clave en el camino del planeta hacia las cero emisiones netas, ya que pueden ayudar a los gobiernos a crear la infraestructura necesaria para que los países desarrollen sistemas de cumplimiento y se comprometan con el artículo 6».
A modo de conclusión, Haya ha declarado a Carbon Brief: «Creo que es de vital importancia que aseguremos la calidad de las compensaciones antes de alentar el crecimiento del mercado; de lo contrario, tendremos un mercado aún mayor sosteniéndose sobre un castillo de naipes que se vendrá abajo en cuanto haya un escrutinio».
¿Sobreestiman los proyectos de compensación de emisiones de carbono su capacidad para reducirlas?
Una de las principales críticas a los sistemas de compensación de emisiones de carbono es que a menudo, por diversas razones, se exagera su capacidad para reducir las emisiones. Esto puede ser intencionado o no.
Es importante comprender las formas en que los proyectos de compensación de emisiones de carbono pueden sobrestimar su capacidad para reducir las emisiones.
Esto se debe a que, per se, las compensaciones de carbono no conducen a una reducción neta de las emisiones que entran en la atmósfera, sino que su objetivo es permitir que una entidad 'contrarreste' su contaminación pagando para que otra entidad contamine menos. Si la entidad a la que se paga por contaminar menos ha sobrestimado su capacidad para hacerlo, se producirá un aumento neto de las emisiones, lo que agravará el cambio climático.
La mayoría de los proyectos de compensación de emisiones de carbono que existen en la actualidad implican reducciones de emisiones, por las que una entidad puede contrarrestar su contaminación pagando para que las emisiones no se produzcan en otro lugar.
Lo más habitual es que las entidades subvencionen, por ejemplo, la creación de nuevos proyectos de energías renovables que reemplacen a los de combustibles fósiles, apoyen proyectos que suministren métodos de cocción limpios en el sur global o proyectos que protejan los ecosistemas para evitar la deforestación.
Según Gilles Dufrasne, responsable de los mercados mundiales de carbono de la organización independiente Carbon Market Watch, cada uno de estos enfoques conlleva sus riesgos. En declaraciones a Carbon Brief, ha manifestado:
«En los tres casos hay pruebas científicas sólidas de que existe un enorme riesgo de sobreestimación de las repercusiones de estos proyectos».
Un reciente preprint —un estudio que aún no ha completado el proceso de revisión por pares, es decir, revisado por especialistas ajenos a la investigación— estimaba que solo el 12% de los proyectos de compensación de emisiones de carbono existentes en la actualidad «se traducen en una reducción real de emisiones».
Hay varias maneras de sobreestimar la reducción de emisiones. La primera proviene de la forma en que los proyectos miden su capacidad de reducir las emisiones, según Dufrasne: «El problema de estos proyectos es establecer la línea de partida. Cuando se mide el impacto del proyecto, ¿con qué se compara? Con lo que habría ocurrido en ausencia del proyecto, algo bastante difícil de medir».
Por ejemplo, un proyecto de protección forestal generará un determinado número de créditos de carbono que se venderán a los contaminadores en función de la deforestación que los promotores del proyecto crean haber evitado.
Los estudios demuestran que los programas de protección forestal suelen sobrestimar la deforestación que han evitado y, por tanto, la cantidad de emisiones que han podido compensar.
Un estudio que examinaba 12 proyectos de protección forestal en la Amazonia brasileña descubrió que sobrestimaban sistemáticamente la deforestación que habían evitado.
Una investigación conjunta de The Guardian, el semanario alemán Die Zeit y SourceMaterial —organización de investigación periodística sin ánimo de lucro— publicada a principios de este año descubrió que el 90% de los planes de protección de la selva tropical aprobados por Verra, la mayor agencia de normas de compensación de carbono del mundo, habían sobrestimado en gran medida la cantidad de emisiones que las compensaciones habían ahorrado. Verra refutó enérgicamente las acusaciones.
Un análisis de la agencia de calificación de créditos de carbono Calyx Global descubrió que el 70% de los proyectos para implantar métodos de cocción no contaminantes sobrestimaban considerablemente su capacidad para reducir emisiones.
Y una investigación independiente de The Guardian publicada en septiembre reveló que buena parte de los proyectos de compensación de emisiones de carbono que más créditos de carbono han vendido no cumplían las reducciones de emisiones prometidas.
Las sobreestimaciones también pueden derivarse de suposiciones equivocadas sobre el período de tiempo durante el cual los proyectos de compensación pueden retener el carbono. Este concepto suele denominarse 'permanencia'.
Durante una transacción, los compradores adquieren créditos —cada uno de los cuales representa una tonelada de CO2— dando por sentado que están compensando una cantidad equivalente de carbono en otro lugar.
Sin embargo, esta transacción no tiene en cuenta si la cantidad de CO2 compensada seguirá fuera de la atmósfera de forma permanente. Esto es especialmente problemático para los programas de protección forestal, según explica Dufrasne:
«El CO2 que se emite a la atmósfera al quemar combustibles fósiles va a permanecer ahí durante siglos o milenios, pero no sabemos cuánto tiempo va a permanecer ahí el carbono almacenado en los bosques. De modo que no hay equivalencia entre almacenar carbono en los bosques y evitar la combustión de combustibles fósiles».
El carbono almacenado en los sistemas de protección forestal se ve amenazado por múltiples factores, entre los que se incluyen los cambios políticos y económicos, que pueden afectar las tasas de deforestación, así como el cambio climático, que aumenta la probabilidad de que se produzcan fenómenos arboricidas, como incendios forestales y sequías.
Este riesgo de 'permanencia' queda bien ilustrado cuando una empresa de combustibles fósiles paga para que sus emisiones sean compensadas por un plan de protección forestal, afirma Dufrasne:
«Básicamente se está trasladando el almacenamiento desde una reserva de carbono muy estable —los combustibles fósiles atrapados bajo tierra— a una reserva muy inestable, como el carbono de los bosques. A corto plazo, podría decirse que es lo mismo: una tonelada de carbono. Pero a medio y largo plazo, no es lo mismo en absoluto».
El riesgo de sobreestimación se agrava aún más por otro concepto conocido como adicionalidad.
Este término hace referencia a un interrogante que se plantean a menudo los financiadores de compensaciones de carbono: ¿cómo pueden estar realmente seguros de que el dinero que aportaron a través de créditos de carbono ha sido el factor decisivo para que el proyecto salga adelante y, por tanto, para la reducción de emisiones resultante?
Esto es especialmente cierto en el caso de las energías renovables. Aunque en el pasado éstas necesitaban subvenciones, la reducción de precios significa que las energías renovables, como la solar y la eólica, son ahora más baratas que los combustibles fósiles en la mayoría de países, lo que significa que ya hay un buen argumento económico para financiar estos proyectos sin necesidad de recurrir a los créditos de carbono, explica Dufrasne:
«Es bastante improbable que los ingresos procedentes de los créditos de carbono supongan alguna diferencia en la viabilidad económica de muchos proyectos de energías renovables. Dicho de otro modo: se habrían hecho de todas formas».
El riesgo de adicionalidad asociado a las energías renovables es tan grande que muchos de los principales registros de compensación voluntaria de carbono, como Verra y Gold Standard, no admiten nuevos proyectos de energías renovables.
(Sin embargo, aún no se ha decidido si los proyectos de energías renovables podrán seguir recibiendo financiación compensatoria por parte de los países firmantes en virtud del Acuerdo de París).
Un concepto relacionado con la adicionalidad es la atribuibilidad. Aunque un proyecto no hubiese podido salir adelante sin créditos de carbono, ¿cómo pueden estar seguros los financiadores de que la reducción de emisiones lograda es atribuible al propio proyecto y no a algún otro factor relacionado con la política, la economía o el medio ambiente?
Un ejemplo de atribuibilidad podría darse con un plan de protección forestal en la Amazonia brasileña, según Dufrasne.
En 2022, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, defensor de la «deforestación cero», llegó al poder tras cuatro años de mandato de Jair Bolsonaro, un presidente de extrema derecha que propició la aceleración de la deforestación amazónica.
«Pongamos que tenemos un proyecto de compensación de carbono que se está desarrollando a caballo entre dos mandatos, el de Bolsonaro y el de Lula. El proyecto podría afirmar que ha detenido la deforestación y compensado una gran cantidad de carbono, pero ¿cuánto se debe realmente al proyecto y no al cambio de liderazgo político?».
Otra cuestión relacionada con ésta es la de las fugas, el temor a que la introducción de un proyecto de compensación de carbono en una región pueda provocar nuevas emisiones en otro lugar. Por ejemplo, si se implanta un plan de protección forestal en una zona de la Amazonia, los deforestadores podrían responder talando otra zona del bosque que no esté protegida.
Una proporción menor de las compensaciones de carbono que existen en la actualidad funciona con el objetivo de eliminar CO2 de la atmósfera para compensar las emisiones de una determinada entidad en otro lugar.
Por lo general, esto se consigue plantando árboles, que eliminan CO2 de la atmósfera a medida que crecen, o restaurando ecosistemas dañados, que son almacenes naturales de carbono.
Al igual que ocurre con las reducciones de emisiones, las compensaciones que eliminan CO2 de la atmósfera pueden conllevar el riesgo de que se produzcan sobreestimaciones.
El profesor Ian Bateman es economista medioambiental de la Universidad de Exeter y director de NetZeroPlus, un proyecto de investigación que estudia cómo el Reino Unido podría eliminar emisiones de la atmósfera plantando árboles y restaurando ecosistemas.
Según explica a Carbon Brief, la plantación de árboles está plagada de complejidades y complicaciones que, si no se estudian y gestionan con cuidado, pueden llevar a sobrestimar la reducción de emisiones y, en el peor de los casos, a añadir más carbono a la atmósfera:
«Muchas veces, no sabemos a ciencia cierta las cifras netas de carbono que se derivarán de nuestras acciones».
Un ejemplo de aforestación que sale rana es el que ocurre cuando se plantan bosques sobre turberas, dice.
Las turberas son entornos anegados con suelos sumamente ricos en carbono. En el pasado, los planes de forestación drenaban las turberas para plantar árboles, con lo que provocaban involuntariamente la liberación a la atmósfera de ingentes cantidades de carbono que hasta entonces estaban atrapadas en los suelos anegados, explica Bateman:
«Se plantea así el problema del 'calentamiento global de los bosques'. Si plantamos árboles en la zona equivocada, corremos el riesgo de emitir mucho más carbono del que se almacena; no hablo de un poco, sino de varios múltiplos de la cantidad de carbono que puede almacenar un árbol».
¿Le preocupa que los promotores de proyectos de compensación de emisiones de carbono puedan no tener en cuenta los numerosos riesgos asociados a la plantación de árboles?
«Sí, desde luego. A nivel mundial, necesitamos herramientas —proporcionadas por los científicos— que las personas de a pie puedan usar para comprender estos riesgos».
¿Cómo pueden desembocar las compensaciones de carbono en un 'doble cómputo'?
Otro argumento en contra de las compensaciones por emisiones carbono es que pueden representar un elevado riesgo de 'doble cómputo'.
Se habla de doble cómputo cuando dos entidades usan la misma medida de reducción de emisiones para cumplir con sus objetivos climáticos.
Este doble cómputo puede producirse de varias maneras.
En teoría, el doble cómputo podría producirse cuando un país paga por un proyecto de compensación de emisiones de carbono en otro país. El riesgo en este caso sería que ambos países contabilizaran las mismas reducciones de emisiones alcanzadas mediante un solo proyecto para acreditar sus propios objetivos climáticos, lo que daría una imagen inflada de los resultados de ambos países en la lucha a nivel mundial contra las emisiones.
Sin embargo, en la cumbre climática COP26 celebrada en Glasgow en 2021, los países acordaron nuevas normas en el marco del Acuerdo de París para impedir que se produzca este tipo de doble cómputo, afirma Gilles Dufrasne, responsable mundial de mercados de carbono de la organización independiente de fiscalización Carbon Market Watch.
«Si un país compra un crédito de emisiones de carbono, el país donde se ejecuta el proyecto no puede computarlo para su compromiso climático internacional. Por ejemplo, si Estados Unidos compra créditos en la Amazonia brasileña, puede utilizarlos para su objetivo climático internacional, pero no así Brasil».
Otra forma de doble cómputo ocurre cuando una empresa privada financia un proyecto de compensación de emisiones de carbono en otro país. El riesgo en este caso sería que el país donde se ubica el proyecto contabilizara las reducciones de emisiones para su objetivo climático al tiempo que la empresa utiliza las mismas reducciones de emisiones para jactarse de haber reducido su huella de carbono o haber alcanzado las cero emisiones netas.
Según explica Dufrasne, el Acuerdo de París no impide del todo este tipo de duplicidad:
«El caso es que [hipotéticamente] Microsoft podría comprar créditos de emisiones de carbono en la Amazonia brasileña. Brasil usaría esa reducción de emisiones para su objetivo climático internacional y Microsoft para afirmar que tiene una huella de carbono neutro. Ahí es donde creemos que hay un riesgo de doble cómputo, con dos entidades atribuyéndose la misma reducción de emisiones».
En otras palabras, si la empresa paga para que se almacene una tonelada de carbono en la Amazonia brasileña, tanto la empresa como Brasil pueden afirmar individualmente que han compensado una tonelada de carbono.
En teoría, esto no contraviene el Acuerdo de París, ya que sólo los Estados están obligados a informar de sus emisiones en virtud del acuerdo. Por tanto, Brasil es la única de ambas partes que podría afirmar que ha compensado sus emisiones en el marco del acuerdo.
Sin embargo, grupos como Carbon Market Watch sostienen que esta doble reivindicación es muy engañosa para los consumidores. Además, puede suponer un riesgo de adicionalidad, según Dufrasne.
La adicionalidad plantea un problema al que se enfrentan a menudo los financiadores de compensaciones de carbono: ¿cómo pueden estar realmente seguros de que el dinero que aportaron a través de créditos de emisiones de carbono fue el factor decisivo para que el proyecto saliera adelante y, por tanto, para la reducción de emisiones resultante?
Explica Dufrasne:
«Si [una empresa como] Microsoft contabiliza la misma reducción que Brasil, ¿cómo puede estar segura de que no está pagando por algo que Brasil iba a hacer de todos modos?»
En otras palabras, si el sector privado inyecta suficiente dinero a través de créditos para reducir las emisiones de Brasil en una proporción considerable, este país podría sentirse disuadido de implantar nuevas políticas para hacer frente a las emisiones por sí mismo. En palabras de Dufrasne:
«El sector privado estaría así sustituyendo de algún modo lo que el gobierno brasileño tenía previsto hacer de todos modos. Apoyar a los países en desarrollo no es algo intrínsecamente perjudicial, pero eso no es lo mismo que aportarles toneladas adicionales de reducción de CO2».
En la cumbre sobre el clima COP27, que tuvo lugar en Egipto en 2022, los negociadores propusieron un nuevo concepto para intentar mitigar el riesgo de doble cómputo por parte de empresas y países.
Se acordó establecer un nuevo tipo de crédito de emisiones de carbono conocido como «contribución por mitigación». Este tipo de crédito permitiría a los países anfitriones de proyectos de compensación de emisiones contabilizar la reducción de emisiones lograda para sus objetivos climáticos, pero no a las empresas responsables de financiar el proyecto. En su lugar, la empresa «contribuiría» a la reducción de emisiones en el país anfitrión, lo que convertiría estos crédito en una forma de financiación climática.
Otra forma de doble cómputo —de la que se habla menos— es el solapamiento de proyectos de compensación de emisiones.
El riesgo de solapamiento es especialmente elevado en el caso de los programas de protección forestal e implantación de métodos de cocción limpios, afirma Dufrasne.
Ambos programas pretenden reducir las emisiones atajando la deforestación. En el caso de los proyectos de métodos de cocción limpios, se pretende reducir la deforestación proporcionando a los habitantes del sur global sistemas de cocción eficientes y no contaminantes, para que no se vean obligados a talar árboles para obtener leña.
Si se ponen en marcha en la misma zona un proyecto de métodos de cocción limpios y una iniciativa de protección forestal, existe el riesgo de que ambos proyectos den por sentado que el descenso de la deforestación observado se debe a su acción individual, explica Dufrasne:
«En la actualidad, no hay normas específicas que aborden este problema».
Un análisis de la agencia de calificación de crédito de carbono Calyx Global reveló que más de la mitad de los proyectos de métodos de cocción energéticamente eficientes se ubican en regiones donde otros proyectos afirman estar reduciendo emisiones gracias a la preservación de los bosques. Dicho estudio concluyó que no era posible determinar hasta qué punto existía un doble cómputo de los dos tipos de proyectos de compensación.
El doble cómputo también se puede producir por la forma en que se negocian los créditos de emisiones en los mercados.
En la actualidad, los registros de compensaciones de carbono deben señalar cuándo un crédito ha sido 'retirado', es decir, utilizado por un comprador.
Sin embargo, los registros no siempre proporcionan información sobre quién ha utilizado el crédito, lo que deja margen para la corrupción, afirma Dufrasne:
«Hay muy poca transparencia sobre lo que ocurre con los créditos una vez que salen al mercado. En teoría, podría haber intermediarios sin escrúpulos que vendieran créditos a múltiples clientes, diciéndoles: "He retirado el bono para ti, puedes verlo en el registro"».
«No tengo pruebas de que esto ocurra, es tan sólo una posibilidad».
¿Cómo pueden contribuir las compensaciones de carbono al greenwashing?
Las acusaciones de greenwashing por parte de empresas —e incluso gobiernos— han aumentado con el uso cada vez más generalizado de la compensación de emisiones de carbono.
La compra de compensaciones ha llevado a las empresas a hacer afirmaciones engañosas sobre compañías aéreas, combustibles fósiles y acontecimientos deportivos internacionales «con una huella de carbono neutra».
La doctora Barbara Haya, directora del Proyecto de Comercio del Carbono de Berkeley, explica a Carbon Brief:
«Sabemos que las compensaciones están socavando la acción directa en determinados casos. También sabemos que nos llevan a creer en la fantasía de que podemos coger un avión sin sentimiento de culpa o que podemos comprar gasolina neutra en carbono, algo que sencillamente no es posible».
Según el profesor Gregory Trencher, experto en política energética de la Universidad de Kioto, «la definición básica de greenwashing es que los beneficios climáticos reivindicados por una empresa concreta no se corresponden con la realidad. Y creo que vemos una tendencia muy clara en ese sentido por parte de ciertas empresas si nos fijamos en sus prácticas de compensación, si observamos la clase de beneficios que se atribuyen a estos proyectos concretos».
Un estudio de 2023 dirigido por Haya detectó «deficiencias» en cada uno de los tres principales registros del mercado voluntario de compensaciones que generan créditos mediante «la mejora de la gestión forestal». Según los autores, los tres registros «corren el riesgo de sobreatribución» de los proyectos. El documento reclamaba una «mayor carga probatoria de la calidad» de las compensaciones.
Los llamados créditos «falsos» o «basura» no son un problema nuevo. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), que funciona en la práctica como una agencia de defensa de los consumidores, ya investigaba el «comercio fraudulento de carbono» en una fecha tan temprana como enero de 2008, según informó entonces la Radio Pública National.
Muchas empresas revelan una «clara preferencia» por la compra de créditos de evitación frente a los de eliminación, ya que los primeros son significativamente más baratos que los segundos, aunque también «un poco engañosos», según Trencher. En declaraciones a Carbon Brief:
«Si nos ponemos en la posición del consumidor, o de una parte interesada, estamos dando por sentado que, cuando se lleva a cabo una actividad empresarial [y] se libera esa cantidad de CO2 a la atmósfera, se elimina físicamente y se compensa de algún modo».
Asimismo, las empresas suelen decantarse por la compra de compensaciones más baratas y 'antiguas' —compensaciones emitidas para proyectos que se pusieron en marcha hace años o incluso décadas— frente a las más caras y recientes.
No obstante, si se emiten créditos para, por ejemplo, un proyecto que se llevó a cabo hace 15 años, «el efecto de ese proyecto en la reducción de emisiones en el mundo actual es sumamente cuestionable», afirma Trencher. Las compensaciones deberían tener «una vinculación temporal más fuerte entre la actividad contaminante y la que se utiliza para absorber esas emisiones», añade. «A menudo, el lapso de tiempo entre una y otra es muy dilatado».
Trencher es coautor de un estudio publicado en 2023 que examina las estrategias de cero emisiones netas y los comportamientos de compensación de cuatro grandes petroleras. Según el estudio, ninguna de esas empresas tenía planes de transición para abandonar el uso de los combustibles fósiles, sino que recurrían a las compensaciones para alcanzar las cero emisiones netas. Los autores concluyeron:
«Estos hallazgos nos llevan a cuestionar la validez de las atribuciones de "hidrocarburos neutros en emisiones de carbono" y revelan que las estrategias de cero emisiones netas eluden la urgente tarea de frenar el suministro de combustibles fósiles al mercado global».
Frente a la idea de que las compensaciones de carbono conceden a las empresas 'licencia para contaminar', un informe de Sylvera, empresa de calificación de créditos de carbono, concluye que la compra de compensaciones está asociada a una reducción real de las emisiones.
De un total de 102 empresas ligadas a diversos sectores, las que compraron créditos redujeron sus emisiones directas, así como las emisiones relacionadas con su consumo de energía, en una media anual del 6,2% durante el período 2013-2021, mientras que las empresas que no compraron créditos redujeron sus emisiones en una media anual del 3,4%.
No obstante, el escrutinio cada vez más frecuente de las promesas de cero emisiones netas por parte de las empresas se ha traducido en un creciente número de litigios por publicidad falsa o engañosa, a menudo con base precisamente en la utilización que hacen estas empresas de las compensaciones de carbono.
En 2021, y de nuevo en 2022, se presentaron más de 25 demandas por «blanqueo climático», según el informe Tendencias mundiales en contenciosos sobre el cambio climático del Instituto Grantham para 2023.
Y es probable que esta cifra sea inferior a la real, ya que la base de datos utilizada en el informe no recoge las demandas presentadas ante organismos administrativos o de protección del consumidor, sostiene Catherine Higham, investigadora del Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment de la London School of Economics and Political Science. Higham ha manifestado a Carbon Brief:
«[Esas cifras] ponen de manifiesto el hecho de que muchas industrias tratan de arrogarse unas emisiones de carbono neutras, a menudo sin más base que la compensación de emisiones».
A diferencia de las demandas interpuestas por violación de los derechos humanos o por daños relacionados con el clima, las interpuestas por greenwashing suelen resolverse con relativa rapidez, y con frecuencia a favor de los demandantes, afirma Higham. Según explica a Carbon Brief:
«Hemos visto un número significativo de casos en que los tribunales han dicho que, sea cual sea la campaña publicitaria, es engañosa y no está demasiado bien justificada».
Además, según Higham, las demandas se presentan contra un «conjunto de entidades de lo más variopinto», compuesto no sólo por las industrias tradicionalmente contaminantes, como las de combustibles fósiles, los fabricantes de automóviles y las compañías aéreas, sino también los cultivadores de plátanos, las empresas de productos de limpieza y los productores de leche, tanto de origen animal como vegetal.
En marzo de 2022, el secretario general de la ONU, António Guterres, creó el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre los compromisos de cero emisiones netas de las entidades no estatales. Dicho grupo, integrado por una amplia variedad de expertos —entre ellos investigadores, responsables políticos y ejecutivos de empresas—, elaboró un informe sobre sus conclusiones, titulado «La integridad cuenta: compromisos de cero emisiones netas de empresas, instituciones financieras, ciudades y regiones».
En el informe, el grupo expone una serie de recomendaciones para que estas «entidades no estatales» establezcan principios eficaces para alcanzar las cero emisiones netas, entre los que se contempla «dar prioridad a la medidas urgentes y profundas de reducción de emisiones», en lugar de basarse sobre todo en las compensaciones.
En la presentación del informe en la COP27 de Sharm el-Sheikh, Guterres afirmó:
«Debemos oponernos de forma tajante al blanqueo medioambiental. Prometer en vano alcanzar cero emisiones netas para encubrir la expansión masiva de los combustibles fósiles es una práctica censurable, una auténtica estafa».
«La ausencia de normas, regulaciones y rigor en los créditos del mercado voluntario de carbono es sumamente preocupante. Los mercados fantasma de créditos de carbono no pueden socavar los verdaderos esfuerzos de reducción de emisiones, ni siquiera a corto plazo. Los objetivos deben alcanzarse mediante reducciones reales de las emisiones».
El informe proporciona una sólida base legal sobre la que apoyar demandas futuras, afirma Higham, que señala que éste es «tan sólo uno de los muchos esfuerzos» realizados por gobiernos y otras entidades para establecer normas y reglamentos sobre el uso del mecanismo de compensación.
Trencher señala que, según ha ido aumentando el escrutinio sobre el uso de las compensaciones, los mensajes de las empresas han ido cambiando, centrándose más en la calidad de las compensaciones. Y añade:
«Esta correlación entre compensación y greenwashing ha sido, en mi opinión, reconocida como un riesgo real para las empresas que practican la compensación de emisiones».
¿Por qué los proyectos de compensación de emisiones implican consecuencias no deseadas para los pueblos indígenas y las comunidades locales?
Otra crítica importante a los proyectos de compensación de las emisiones de carbono es que suelen tener consecuencias no deseadas para las comunidades locales y, en particular, para los pueblos indígenas.
En los dos últimos años, varios medios de comunicación han denunciado que los proyectos de compensación de emisiones que venden créditos a un abanico de empresas que va de marcas como Total o Shell a otras como Disney, Meta y Netflix han tenido un grave impacto en las comunidades locales, como la expulsión de los pueblos indígenas de sus hogares o la pérdida de sus tierras de cultivo.
También se han realizado investigaciones minuciosas sobre las graves repercusiones que han tenido para las personas y la naturaleza las compensaciones de carbono emitidas a los países en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio, el primer intento de la ONU de permitir el comercio de carbono entre Estados.
Así, The Guardian informó en 2015 de que una presa proyectada en Guatemala que emitía créditos de carbono para que los países desarrollados los compraran en el marco del MDL estaba relacionada con el asesinato de seis indígenas, entre ellos dos niños.
Los proyectos REDD que emiten créditos de carbono a partir de actividades de protección forestal han resultado especialmente perjudiciales para los pueblos indígenas. Esto se debe a que algunos proyectos de compensación no respetan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas sobre sus territorios, lo que ha provocado que algunos hayan sido expulsados por la fuerza de sus hogares o tierras de cultivo.
Levi Sucre, líder indígena costarricense y coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques —que se extiende desde México hasta Panamá— explica a Carbon Brief la importancia del territorio para los pueblos indígenas:
«Las nuestras son tierras ancestrales. Hemos vivido allí desde hace generaciones. Es importante que los Estados respeten los derechos de los indígenas. De lo contrario, nos enfrentamos a una inminente desposesión de la tierra, lo que se traduce en la destrucción de los medios de sustento, el desarraigo cultural y la aniquilación de la población local».
En un informe publicado por la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI), el Goodwell Climate Research Center y la Rainforest Foundation US se estima que las tierras «propiedad de y explotadas por» los pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y comunidades locales almacenan al menos 253.000 millones de toneladas de carbono, distribuidas según se muestra en el siguiente mapa.
Otro informe reciente de la RRI concluía que más de 1.375 millones de hectáreas de las tierras reclamadas por pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y comunidades locales no han sido aún reconocidas legalmente.
Sin el reconocimiento legal de los derechos sobre la tierra y, en última instancia, de los «derechos sobre el carbono» —definidos como los derechos a los beneficios generados por la reducción de emisiones—, estas comunidades se arriesgan a perder los beneficios de los proyectos de compensación, según Alain Frechette, director de análisis estratégico y compromiso global de la RRI, que ha explicado a Carbon Brief:
«Los derechos sobre el carbono están vinculados a los derechos sobre la tierra. Pero algunos países están nacionalizando los derechos sobre el carbono, lo que significa que el gobierno o la ciudadanía posee el carbono que hay en los árboles propiedad de [los pueblos indígenas], pero ¿qué derecho tienen a explotar ese árbol y beneficiarse de él?»
El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (número 169), firmado en 1989, es un documento clave a la hora de plantear los derechos indígenas en el contexto de los planes de compensación de emisiones de carbono.
Este acuerdo histórico contempla dos importantes derechos para los pueblos indígenas: el derecho a la autodeterminación y al consentimiento libre e informado «antes de la aprobación de cualquier proyecto que ataña a sus tierras o territorios y otros recursos naturales».
La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007, reconoce los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras —sean legalizadas o de propiedad tradicional—, territorios y recursos. También establece que los Estados «celebrarán consultas y cooperarán» para obtener el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas.
«Estos derechos ya existen; no hay excusa para que se infrinjan», subraya Julián Trujillo, investigador de Gaia Amazonas, ONG que asesora a las comunidades indígenas de la Amazonia nororiental colombiana en materia de derechos humanos.
Sin embargo, la realidad es otra en varios países africanos y latinoamericanos, donde se han denunciado violaciones de estos derechos.
En la región más septentrional y densamente boscosa de la República del Congo, un programa REDD aprobado en 2021 por el Banco Mundial desembocó en un plan de reparto desigual de beneficios para las comunidades. La población local sólo obtendrá el 15% de éstos, según la organización REDD-Monitor.
En el sur de Colombia, la pobreza y la violencia llevaron a la comunidad indígena nukak a negociar la venta de créditos de carbono a una empresa nacional en 2019, al amparo de un contrato «inadmisible y perjudicial» para los pueblos indígenas, informó Mongabay.
Aunque el proyecto no llegó a materializarse, fue criticado por la comunidad indígena porque nadie la consultó para obtener previamente su consentimiento libre e informado, y también por la falta de apoyo estatal para ayudar a la comunidad a entender los términos el contrato y defender sus derechos.
La falta de apoyo estatal podría provocar más conflictos en estas comunidades debido a la dificultad para comprender los contratos, afirma Horacio Almanza, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, que ha trabajado con comunidades de la Sierra Tarahumara, en el norte de México.
No se trata de crear nuevos derechos, sino de situarlos en el contexto de los créditos de emisiones de carbono, señala Trujillo.
Algunos de los derechos relacionados con las compensaciones de carbono se establecieron en la cumbre sobre el clima COP16, celebrada en Cancún en 2010, en la que se presentaron una serie de salvaguardias medioambientales y sociales que deben «promoverse y apoyarse» en el ámbito de los proyectos REDD en los países en desarrollo. Entre estas salvaguardias se incluye el respeto por los conocimientos y derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Pero las salvaguardias de Cancún no se acordaron hasta la COP21 de 2015, y sólo 26 países han presentado su sistema de salvaguardias a ONU-REDD —el organismo que supervisa los proyectos REDD—, según un nuevo informe de Rainforest Alliance UK.
Dichas salvaguardias se incluyen en las certificaciones de créditos de carbono, afirma Sucre. Sin embargo, la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques pide que las empresas de certificación de compensaciones, como ART TREE, tengan en cuenta en sus certificaciones la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Subraya Sucre:
«Cuando queremos quejarnos a la certificadora de que no se han tenido en cuenta [ciertos derechos] e intentamos apelar a ese mecanismo [la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas], no podemos hacerlo porque no está contemplado en sus normas».
Los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas también han sido fuente de controversia en las conversaciones más recientes de la ONU en torno al Artículo 6 de los mercados de carbono.
Si bien se reconoció la importancia de estas cuestiones, Carbon Market Watch afirma que no se hizo referencia a las mismas «con la firmeza necesaria» en las conclusiones y que no se estableció «ningún requisito específico para obtener el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas y las comunidades locales».
Una vez establecido un proyecto de compensación de emisiones de carbono, pueden surgir problemas relacionados con la administración de los recursos y los beneficios dentro de las comunidades locales, señala Almanza.
Para Silvia Gómez, directora de Gaia Amazonas, los pueblos indígenas y las comunidades locales deberían ser los titulares y propietarios de los proyectos de compensación de carbono. Su organización trabaja para ayudar a estas comunidades a gestionar sus flujos de ingresos y distribuir equitativamente los beneficios.
Existen mecanismos adicionales que los pueblos indígenas, las comunidades locales y las organizaciones sin ánimo de lucro tratan de impulsar para garantizar sus derechos en los mercados de carbono.
Almanza sostiene que estas comunidades podrían presentar denuncias formales ante tribunales internacionales «como se ha hecho recientemente y con buenos resultados».
Por último, con la condición de que preservemos su anonimato, un experto en derechos humanos y comunidades indígenas consultado por Carbon Brief afirma que en algunas comunidades latinoamericanas el crimen organizado ya se ha apoderado del negocio de la tala ilegal, que podría extenderse a los proyectos de compensación de carbono si las instituciones no atajan el problema y acaban con la impunidad.
«Los fondos podrían ir a parar a los bolsillos de quienes actualmente controlan los procesos de gestión forestal», advierte.
¿Podría el cambio climático poner en riesgo los proyectos de compensación de emisiones?
La protección de los bosques es una forma habitual de proyecto de compensación de las emisiones de carbono. Alrededor del 40% de los créditos que se han emitido en el mercado voluntario proceden de la protección, gestión y, en menor medida, plantación de bosques, según un análisis llevado a cabo por Carbon Brief de los datos del Proyecto de Comercio de Carbono de Berkeley.
Pero el cambio climático plantea un futuro incierto para el almacenamiento de carbono realizado por los árboles, que se verá afectado por el aumento de las temperaturas y los fenómenos meteorológicos extremos.
El profesor Ian Bateman alude a los principales riesgos relacionados con el clima como los «cuatro jinetes» del «apocalipsis arbóreo»: plagas, enfermedades, incendios y viento.
Los incendios forestales ya están teniendo un impacto considerable en los proyectos de compensación. Los recientes incendios forestales de Canadá quemaron parte de la vegetación de un proyecto de compensación. En 2021, otro programa de compensación forestal financiado por empresas como Microsoft y BP también se vio afectado por los incendios de Estados Unidos.
El doctor Shane Coffield, investigador posdoctoral en ciencias de la Tierra de la Universidad de Maryland, no cree que los proyectos de compensación de emisiones estén prestando la debida atención a los riesgos climáticos que se avecinan. En declaraciones a Carbon Brief:
«Si el carbono va a volver a la atmósfera dentro de 50 años [debido al clima extremo], eso quiere decir que no hemos compensado nuestras emisiones. En realidad, hemos contribuido a agravar el problema».
Coffield es el autor principal de un estudio que evalúa las repercusiones climáticas del almacenamiento de carbono en los ecosistemas de California, un estado que ha generado cerca de la décima parte de las compensaciones voluntarias relacionadas con la silvicultura presentes en el mercado, según datos de Berkeley.
De acuerdo con el estudio, la disminución prevista del almacenamiento de carbono será «especialmente elevada en zonas donde ya existen proyectos de compensación», lo que pone de manifiesto que existe «mucha incertidumbre», afirma Coffield.
Las condiciones meteorológicas extremas suelen contemplarse en los proyectos de compensación a través de un «fondo de reserva», es decir, créditos de carbono que se apartan para cubrir cualquier contratiempo que pueda sufrir un proyecto de compensación en el futuro.
Este mecanismo asegurador pretende garantizar que los créditos adquiridos sigan siendo válidos, aunque el proyecto se vea mermado más adelante por incendios, sequías u otros problemas.
Según un estudio de 2022, los incendios forestales ya han agotado casi una quinta parte de la reserva de cien años del programa de compensaciones de carbono forestal de California, equivalente al 95% de las contribuciones destinadas específicamente a cubrir todos los riesgos de incendio.
Esto supone que el seguro de California está «gravemente infracapitalizado» y es poco probable que pueda garantizar la «integridad medioambiental» del programa durante cien años, según ese mismo estudio.
Su autor principal, Grayson Badgley, investigador científico de CarbonPlan, organización sin ánimo de lucro dedicada a las soluciones climáticas, afirma que, en general, los fondos de reserva parecen «quedarse muy cortos». Según explica a Carbon Brief:
«Si no calculamos bien el fondo de reserva, corremos el riesgo de que el programa agrave el cambio climático y justifique las emisiones. Por tanto, debemos manejar cifras absolutamente precisas».
«Es previsible que la sequía empeore en el futuro, así como los incendios forestales. Ya estamos viendo cómo ocurren ambas cosas y no conozco ningún programa que tenga realmente en cuenta este tipo de cambios cruciales».
Los programas de compensación actualizan sus evaluaciones de riesgo a medida que van surgiendo más pruebas, pero Badgley sostiene que no todos tienen en cuenta suficientes riesgos específicos, ni ahora ni en el futuro.
El siguiente mapa muestra cómo el fuego arrasó parte de un proyecto de compensación forestal en Oregón durante una intensa oleada de incendios que arrasó el oeste de Estados Unidos en 2020.
Otros efectos del cambio climático afectan a los bosques y demás ecosistemas. Según el IPCC, el aumento de las temperaturas y la sequía pueden provocar una mortalidad generalizada de los árboles a escala regional.
Coffield señala que el aumento de la temperatura «merma de forma notable la capacidad de la vegetación para retener la humedad», lo que puede provocar estrés en las plantas. Y añade:
«La temperatura está subiendo, las precipitaciones en algunos lugares pueden subir o bajar, pero desde luego no lo suficiente como para compensar ese aumento de la demanda de agua asociado a la temperatura y al riesgo de incendios forestales».
Este aumento del estrés hídrico podría afectar el ritmo de crecimiento de las plantas y los árboles mediante la fotosíntesis, reduciendo su capacidad de eliminar CO2 de la atmósfera, según sugiere la investigación.
En la actualidad, los promotores de proyectos de protección forestal no están obligados a contemplar la posibilidad de que las plantas absorban menos CO2 en el futuro cuando hacen estimaciones sobre la cantidad de carbono que sus proyectos podrían compensar a lo largo del tiempo.
Los puntos de inflexión, hitos por los que el cambio climático podría impulsar transformaciones bruscas o irreversibles en el ecosistema del planeta, también podrían repercutir en el almacenamiento terrestre de carbono.
Otra amenaza es la que constituyen las plagas y enfermedades de los árboles, que se extienden con mayor rapidez a distintas partes del mundo debido al comercio y al cambio climático.
Badgley señala que esta incertidumbre en torno a los futuros efectos del clima sobre los árboles implica que los cálculos de las compensaciones podrían ser «más confusos» en el futuro. Y añade:
«Es posible que estemos apostando más de la cuenta en la capacidad de estos bosques para combatir el cambio climático».
¿Se puede mejorar el mecanismo de compensación por las emisiones de carbono?
Los proveedores de compensaciones por emisiones de carbono se enfrentan a una intensa presión para reformar este mecanismo, ya que los compradores se muestran menos receptivos a invertir ante el creciente escrutinio público, mediático y jurídico de sus beneficios climáticos.
En los últimos años se han puesto en marcha numerosos esfuerzos para mejorar los mercados del carbono.
Las negociaciones en torno a los mercados de carbono del Artículo 6 del Acuerdo de París han brindado a los países la oportunidad de construir un nuevo sistema avalado por la ONU que mejore los defectuosos mercados del Protocolo de Kioto, como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
Por el camino, muchos grupos de la sociedad civil y diversos países han defendido los «mercados de carbono de alta integridad» apoyando, entre otras iniciativas, los Principios de San José.
En última instancia, si bien los observadores han acogido con satisfacción algunas mejoras del sistema del Artículo 6, sigue habiendo cuestiones pendientes que, de no resolverse, podrían comprometer su capacidad para impulsar reducciones significativas de las emisiones sin perjuicio de las comunidades locales.
Todavía se están elaborando las normas del Artículo 6, incluidas las metodologías y bases de referencia para la emisión de créditos que, a la larga, regularán qué tipo de créditos se permiten en virtud del Artículo 6.
Scott Vaughan, del IISD, explica a Carbon Brief:
«Hay aspectos que aún se están negociando. Siempre habrá que introducir ajustes en las normas, porque es una cuestión compleja. Creo que han hecho lo acertado al decir "aquí está el marco y aquí están las normas", pero hay un montón de cosas que tenemos que acabar de definir».
Mientras tanto, a medida que se expande rápidamente, el mercado voluntario de compensación ha sido testigo de una serie de esfuerzos para mejorar lo que sigue siendo en buena medida un sistema no regulado. Entre esos esfuerzos se cuentan el Consejo de Integridad del Mercado Voluntario de Carbono (ICVCM), la Iniciativa de Integridad de los Mercados Voluntarios de Carbono (VCMI) y la Iniciativa de Objetivos Científicos (SBTi).
Los Principios de Oxford para la Compensación Neta de Emisiones de Carbono, que se dieron a conocer en 2020, establecen cuatro normas básicas para el sector:
- Respetar las mejores prácticas, concediendo prioridad a la reducción de emisiones frente a la compensación y utilizando compensaciones de alta calidad con una elevada integridad medioambiental.
- Desplazar la compensación hacia la eliminación de carbono y no hacia la reducción de emisiones.
- Favorecer el almacenamiento de larga duración frente a la retirada de las compensaciones.
- Apoyar el desarrollo de un mercado de compensaciones que favorezca las cero emisiones netas.
Como afirman los principios de Oxford, el mercado para estas compensaciones de alta calidad está todavía «inmaduro y necesita pioneros que apuesten por él».
Como muestra el gráfico siguiente, sólo el 3% de los créditos de los cuatro principales registros del mercado voluntario recogidos en la base de datos del Proyecto de Comercio de Carbono de Berkeley se han emitido para la eliminación de carbono, y todos ellos se destinaron a proyectos de plantación de árboles. Ninguno de los principales registros ha emitido créditos para un almacenamiento a largo plazo como el que representan los depósitos geológicos.
El sector reconoce cada vez más que algunas de las compensaciones a la venta son de menor calidad que otras.
En el mercado voluntario de compensaciones, los esfuerzos por evitar créditos de menor calidad incluyen a los dos mayores certificadores de compensaciones, Verra y Gold Standard, que en 2019 dejaron de emitir créditos para proyectos relacionados con energías renovables conectados a la red eléctrica, excepto en los países menos desarrollados o con menores ingresos.
Esto refleja una realidad, y es que los proyectos renovables en países relativamente ricos representan ahora inversiones económicamente atractivas al margen de los mecanismos de compensación y, por tanto, no brindan adicionalidad. Esto significa que los compradores de compensaciones no deberían arrogarse el mérito de la reducción de emisiones alcanzadas a través de esos proyectos.
Sin embargo, hay muchos créditos disponibles en el mercado que podrían socavar la acción climática prometida por el principio de compensación de carbono.
Por ejemplo, los créditos emitidos por proyectos iniciados al amparo del Protocolo de Kioto antes de 2020 siguen estando disponibles, a pesar de las dudas sobre el grado de adicionalidad de las reducciones de emisiones asociadas a los mismos.
Estos créditos estarán etiquetados, lo que permitirá a los compradores diferenciarlos claramente.
Así lo pone de manifiesto una investigación de Trove Research y el University College de Londres (UCL), que propone que las empresas que compran compensaciones puedan ayudar a limitar el uso de créditos antiguos y de escasa calidad.
Por encima de todo, hay que evitar que los créditos creados en el marco del MDL 'contaminen' el actual mercado voluntario de compensaciones, afirmó Guy Turner, principal autor del estudio, en el momento de su publicación.
En declaraciones a Carbon Brief, Turner añade: «Personalmente, me gustaría que se usaran menos, porque creo que debemos invertir dinero fresco en nuevos proyectos en vez de satisfacer la demanda actual de todo lo que ya estaba ahí».
La investigación de UCL y Trove también contribuyó a la creación del Grupo de Trabajo sobre la Ampliación de los Mercados Voluntarios de Carbono (TSVCM), creado por Mark Carney, exgobernador del Banco de Inglaterra.
El ICVCM —órgano de gobernanza creado por el TSVCM— dio a conocer en julio de 2023 sus Principios Básicos del Carbono (PCC), descritos como 10 principios fundamentales para «créditos de carbono de alta calidad que generen un impacto climático real y verificable, basados en los últimos avances científicos y en las mejores prácticas».
Dichos principios se dividen en tres pilares fundamentales: gobernanza, impacto de las emisiones y desarrollo sostenible.
Además de los PCC, la ICVCM ha publicado un marco para la acreditación de proyectos que permite a grupos de trabajo de múltiples partes interesadas empezar a evaluar proyectos y proporcionar una etiqueta de PCC. De este modo, los interesados en apoyar programas de acreditación de carbono podrán ver claramente cuáles han sido evaluados con arreglo a los principios y se ha verificado que los cumplen.
Por ello, aunque el marco de la ICVCM no representa una regulación, el grupo espera que la etiqueta CCP se asocie a calidad. El objetivo es conceder una prima a los proyectos y programas que la obtengan, garantizando que la adhesión a los principios tiene valor y haciendo probable que se negocien a un precio superior determinado por el mercado.
Daniel Ortega-Pacheco, copresidente de la ICVCM y director de Biocarbon, explica a Carbon Brief:
«Apostemos por la integridad, y el crecimiento vendrá de manera natural. La mayor medida de nuestro impacto será comprobar que ahora la integridad puede ofrecerse de forma coherente en todas las marcas de créditos de carbono, porque hay normas comunes, un entendimiento común y haremos todo lo posible para evaluar esos parámetros. Ahora es el momento de que los inversores movilicen realmente esa financiación».
El desarrollo del mercado voluntario de compensaciones de carbono sigue planteando una serie de interrogantes clave, entre otras la posible incorporación de tecnologías como el seguimiento, la notificación y la verificación digitales, aspectos vinculados a la permanencia y la relación entre el mercado voluntario de carbono y el Artículo 6.
No obstante, disponer de un marco inicial proporciona a la ICVCM un punto de partida, según Nat Keohane, miembro del consejo de la ICVCM y presidente del C2ES.
El doctor Francisco Souza, director de la Fundación Indígena del FSC y miembro de la junta directiva de la ICVCM, acogió con satisfacción el marco de principios y declaró que los PCC fomentarán el desarrollo de proyectos «de alta integridad», proyectos que proporcionarán financiación a los pueblos indígenas, «al tiempo que respetan nuestros derechos, tradiciones, culturas y conocimientos».
Ya están surgiendo proyectos con los pueblos indígenas como partes interesadas, como el desarrollo de un programa de protección forestal a 30 años vista en San Jerónimo Zacapexco (México).
Algunos expertos, entre ellos los impulsores de la iniciativa Objetivos Científicos, se han limitado a afirmar que las compensaciones, en su formato actual, no deberían usarse para atribuirse cero emisiones netas. Robert Mendelsohn, profesor de política forestal y economía de la Escuela de Medio Ambiente de Yale, comparte esta opinión. En declaraciones a Carbon Brief, afirma:
«Para que podamos tener reducciones voluntarias de carbono efectivas, primero debemos desacreditar al mercado existente. Pero esto dificultará mucho la puesta en marcha de un mercado eficaz. Tendrán que recuperar la confianza de la opinión pública».
«Creo que se puede crear un mercado eficaz, pero primero debemos deshacernos de estos créditos basados en proyectos y pasar a un sistema que se parezca mucho más a una regulación que limite las emisiones de las empresas».
Un enfoque alternativo que se está debatiendo sería permitir a las empresas canalizar financiación hacia proyectos relacionados con el clima, sin permitirles atribuirse los resultados como una compensación de sus propias emisiones.
Los créditos de 'contribución por mitigación' emitidos al amparo del Acuerdo de París podrían ser un vehículo adecuado para ello.
Así lo explica a Carbon Brief Kaya Axelsson, investigadora de la Universidad de Oxford que trabaja en los principios de Oxford:
«¿Por qué no decir simplemente que hemos invertido en este créditos porque está contribuyendo a reducir las emisiones en tal región... en vez de hacer afirmaciones falsas?»
El tiempo dirá si estamos ante una nueva era de proyectos de compensación de emisiones, respaldados por marcos más sólidos, una mayor transparencia y un impulso a la adicionalidad, que puedan tener verdadero impacto y ayudar a los países y las empresas a alcanzar las cero emisiones netas.
Este reportaje forma parte de una serie especial sobre compensaciones de carbono. Puedes leer el reto de textos (en inglés) en la web de Carbon Brief.
