“¿Vamos a retrasarlo y a pagarlo más caro o a planificar y prosperar?”. Con esta pregunta, un nuevo informe, publicado este martes por la Comisión Mundial sobre Adaptación al Cambio Climático, hace un llamamiento a actuar a los países mediante medidas de adaptación frente a los impactos de la crisis climática. Esta Comisión reúne a diferentes líderes mundiales y está presidida por el exsecretario general de la ONU Ban Ki-moon y copresidida por Bill Gates y la directora administrativa del Banco Mundial y única candidata a suceder a Christine Lagarde frente al FMI, Kristalina Georgieva.
Según el documento, invertir más dinero en limitar las consecuencias del calentamiento global traería beneficios económicos: destinar 1,63 billones de euros a nivel global entre 2020 y 2030 —década en la que deben comenzar a ser visibles los objetivos del Acuerdo de París— podría generar 6,9 billones de euros en beneficios netos.
Tal y como se desprende de este informe, las acciones de adaptación deberían enfocarse sobre cinco áreas que consideran prioritarias. Los sistemas de alerta temprana, las infraestructuras resistentes al cambio climático, la mejora de la productividad agrícola en contextos de escasez de agua, la protección de los manglares y el fortalecimiento de los recursos hídricos.
Algunas de las situaciones que ya se están viviendo como consecuencia del calentamiento global se agravarían en caso de que no se tomen las medidas de adaptación adecuadas, con la urgencia que se requiere. Así, el informe alerta de posibles escenarios, como, por ejemplo, el impacto sobre el crecimiento en la agricultura mundial, que podría devaluarse hasta un 30% para 2050, con peores consecuencias para los productores más pequeños. “Las 500 millones de pequeñas granjas que hay en todo el mundo se verían afectadas”, señalan desde la Comisión. Un daño del que ya alertó hace unos días la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA): las sequías y las heladas devaluarían los cultivos agrícolas en el sur de Europa entre un 60 y un 80 por ciento en un horizonte de 2100 en caso de que no se actúe antes, con pérdidas económicas de entre 58 y 120 mil millones de euros.
Pero no solo eso: el número de personas que carecen de agua suficiente se elevaría, de cara a 2050, de los 3,6 billones actuales a los más de cinco billones y el aumento de los mares y las tormentas afectarían a cientos de millones de personas que viven en ciudades costeras y acarrearía un coste de más de un trillón de dólares cada año.
Además, el informe señala también que, de no llevar a cabo medidas de adaptación efectivas, más de 100 millones de personas de países desarrollados cruzarán la línea de la pobreza en 2030. Tal y como recuerdan desde la Comisión Mundial sobre la Adaptación al Cambio Climático, los impactos de la crisis climática afectan a todas las regiones del mundo y a todas las sociedades —aunque matizan que quienes han contribuido lo mínimo a la emergencia climática, especialmente los países empobrecidos, tienen un mayor riesgo de sufrir los efectos en mayor medida—.
El informe, que llega apenas dos semanas antes de que se celebre en Nueva York la Cumbre de Acción Climática convocada por la ONU, sostiene la urgencia de tomar medidas frente al cambio climático: los próximos 15 meses serán “críticos” a la hora de movilizar acciones frente a la “inestabilidad mundial”, aseguran desde el organismo que ha elaborado este trabajo.
Y no solo piden que se actúe en clave económica, sino que también destacan el imperativo humano: “El cambio climático aumenta la existencia de desigualdades y la brecha entre quienes viven en la riqueza y quienes viven en la pobreza. Tiene también un impacto especial sobre las mujeres y niñas quienes, en la mayoría del planeta, cuentan con una escasa representación en las decisiones que afectan a sus vidas. También supone una carga injusta para las generaciones futuras”. Por eso, señalan que deben abordarse las estructuras y dinámicas de poder para que no haya un mundo “donde unos pueden adaptarse y otros no”.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha desarrollado durante el último año un análisis global del plan vigente sobre adaptación al cambio climático. Este martes, la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), Valvanera Ulargui, hizo pública esta evaluación, que incluye 38 recomendaciones que orientarán un nuevo Plan Nacional de Adaptación para 2021-2030.
Entre las nuevas propuestas está la adopción de un enfoque de derechos humanos, una perspectiva de género en materia de adaptación así como contemplar actuaciones enfocadas a conocer mejor las diferencias en la vulnerabilidad atendiendo a factores socioeconómicos, personales y ambientales. Aspectos, entre otros, que hasta ahora no se contemplaban en el Plan vigente.
Durante la elaboración de este trabajo, más de 300 personas del ámbito profesional de la adaptación al cambio climático en España han respondido a una encuesta de la que se desprenden varios datos. En primer lugar, que consideran que el nivel de urgencia para actuar en esta línea de de un 8,7 en una escala de 10.
Si bien hay diferencias en cuanto a la percepción del riesgo para los diferentes impactos: más de un 80% ve un riesgo alto derivado del cambio climático en las zonas costeras, en los suelos y la desertificación y en la biodiversidad; un 73% también considera altos los riesgos para la salud, y una minoría —en torno al 40%— aprecian ese riesgo alto en sectores como las finanzas y seguros, el turismo y la industria.
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