El Instituto de la Mujer insta a aplicar el enfoque ecofeminista a las políticas contra la crisis climática

Que las mujeres y niñas sufren mayores riesgos y cargas asociadas a la crisis climática está constatado. Son numerosas las investigaciones y los datos que demuestran que no solo se trata de que la pobreza sea mayor entre estas, y por tanto sean más vulnerables a las consecuencias del calentamiento global, sino que también influyen los roles asociados con el género y las propias normas culturales. Todo ello desemboca en que el 80% de los personas refugiadas por causas climáticas sean mujeres, que en los países con mayor desigualdad de género mueran hasta cuatro veces más mujeres que hombres en casos de inundaciones o que, en otros desastres naturales, ellas y los menores tengan hasta 14 veces más probabilidades de morir, como recoge el estudio Género y Cambio Climático, publicado por el Instituto de la Mujer y elaborado por la consultora RED2RED. 

Sin embargo, pese a los sustanciales avances realizados en los últimos años, las políticas públicas desarrolladas desde el ámbito local, autonómicos y nacional para combatir la crisis climática siguen sin aplicar de manera sistémica el enfoque de género con una “perspectiva dual”, es decir de manera transversal e incluyendo medidas positivas, como recomienda este informe. No obstante, destaca que España se encuentra en un buen momento y situación para hacerlo, con la tramitación de normativas como la Ley de Cambio Climático o la Estrategia para una Transición Justa. Y como explica en la introducción la directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades Beatriz Gimeno, ha de hacerse desde una perspectiva ecofeminista. “Invertir en igualdad de género y en el empoderamiento de las mujeres y las niñas es hacerlo en políticas efectivas para mejorar la conservación del medio ambiente, reducir la pobreza y asegurar que se alcancen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y El Acuerdo de París”, sostiene.

En este sentido, asegura que la salida de la crisis de la COVID-19 “no puede sino ser una salida verde”, lo que, anuncia, “abre la puerta a un proceso de cambio y transformación, en definitiva, un proceso de modernización, que requiere de medidas que hagan a nuestras sociedades más justas e inclusivas, y que tengan en cuenta, por supuesto, una perspectiva de género”. Y continúa: “El cambio al que nos enfrentamos, un proceso sin precedentes hacia la sostenibilidad, necesita de soluciones justas, efectivas y sostenibles que incluyan las perspectivas y las ideas de todos, mujeres y hombres”.

El estudio, que realiza un pormenorizado análisis de las políticas en el contexto internacional, de la Unión Europea y español, concluye con una serie de conclusiones y recomendaciones entre las que destacan que la transición que debemos abordar para mitigar y combatir las consecuencias de la crisis climática, para que sea “política y económicamente viable, es crucial hacer que sea socialmente justa”. Para ello, expone que debe concebirse desde sistemas de protección social adecuados que eviten bolsas de pobreza energética. La mejora de la eficiencia energética las viviendas y el acceso a aire acondicionado, entre las familias con recursos más bajos y en las que viven mujeres embarazadas niños y jóvenes. 

El informe también recomienda que se impulse el desarrollo de la Ley de 2011 sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, que las Comunidades Autónomas establezcan planes de apoyo integral para las mujeres del medio rural, que se visibilice y ponga en valor el trabajo desarrollado por las mujeres en el sector pesquero (rederas, mariscadoras, empacadoras, trabajadoras del sector acuícola…), que se apruebe una Ley de Movilidad Sostenible que permita una reconversión del sector de transportes, así como que se refuerce el enfoque de género en la Nueva Agenda Urbana, entre otras cuestiones. 

Para todo ello es imprescindible, según el estudio, que se garantice la participación de mujeres en todos los foros y eventos locales, autonómicos y nacionales donde se debata la respuesta política contra el cambio climático. Solo así se podrá garantizar que los derechos de las mujeres y las niñas sean una prioridad horizontal en los fondos que financian la política medioambiental.

Beneficiarias también de la economía vinculada a la lucha climática 

Las mujeres no han de ser solo reparadas y protegidas ante el impacto diferenciado de género de la crisis climática, subraya el estudio: han de ser igualmente parte de la solución y beneficiarias de las oportunidades asociadas la aparición de nuevos sectores económicos vinculados a la lucha contra la crisis climática. Entre estas, se especifican el uso de nuevas tecnologías de apoyo a la descarbonización, el pleno desarrollo de energías alternativas, la adaptación de vehículos o de electrodomésticos, así como “otras oportunidades laborales ligadas al despliegue del llamado ‘empleo verde o ‘empleo azul’, la economía circular, la movilidad limpia o la bioeconomía”. Igualmente, el informe recuerda la necesaria adaptación de los puestos de trabajo ya existentes a sistemas más sostenibles. 

En este contexto, el informe no se olvida del papel que han de jugar los hombres en este proceso. Y como ejemplo cita otro estudio elaborado en 2017 por Men Engage, Hombres, Masculinidades y Cambio Climático, que sostenía que “el patriarcado es perjudicial para nuestro clima desde la perspectiva en que los hombres han querido dominar a la naturaleza, de la misma forma que han deseado tener poder sobre los demás (mujeres, otros hombres y menores). Son necesarios nuevos esfuerzos para avanzar en la buena dirección involucrando a los hombres como seres humanos que también son vulnerables a los desastres climáticos”. Por ello, continuaba este estudio sobre la participación de los hombres en la igualdad de género, “el reto está también en que los niños y los hombres participen en este proceso transformador lejos de las ideas rígidas de la masculinidad, con demasiada frecuencia basadas en la conquista, el control y la dominación”.