Iberdrola contrató a Villarejo para evitar que se paralizara una de sus centrales más contaminantes

La octava empresa española que más gases de efecto invernadero emitió en 2018, Iberdrola, contó con los servicios del excomisario José Manuel Villarejo para impedir el bloqueo de la central termoeléctrica de ciclo combinado que la compañía posee en Arcos de la Frontera (Cádiz) y que entonces estaba en construcción.

La central, en funcionamiento desde 2005 y con una potencia instalada de 1.600 MW, es la tercera central de ciclo combinado más grande de España y la segunda de todas sus instalaciones que más emisiones produjo en 2018, según datos de la Unión Europea. Solo superaba por la central términca de Lada, el año pasado emitió un total de 0,7 toneladas de CO2, más del doble que en 2017.

Esta información la revelan a través de una investigación conjunta El Confidencial y Moncloa.com, donde se aportan grabaciones y documentos. Según publican ambos, la compañía presidida por José Ignacio Sánchez Galán pidió a Villarejo, en prisión preventiva desde 2017, que se infiltrase en el movimiento político y vecinal que había surgido como oposición al proyecto. El rechazo giraba en torno a los efectos nocivos de sus gases en la población y su emplazamiento entre dos zonas protegidas.

Bautizado con el nombre de ‘Arrow’, el trabajo fue encargado por el todavía responsable de seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, e implicaba seguimientos, control de las llamadas e investigar la vida privada de cualquiera que se opusiera a la central.

Una de las personas investigadas fue un juez de lo Contencioso de Jerez de la Frontera, responsable de decidir sobre una petición del Ayuntamiento de Cádiz para detener de forma cautelar las obras de la planta. El anexo dedicado al magistrado y revelado por los medios que han liderado la investigación decía lo siguiente: “Su elección (para que se haga cargo de recurso de lesividad) no ha sido casual, de hecho en la misma han pesado dos factores: su trayectoria ‘doctrinal’, en la que manifiesta una acusada tendencia a tomar posiciones en contra de las grandes empresas, y a favor de los sindicatos y otras asociaciones populares”. Finalmente, semanas después, el juez desestimó la solicitud del consistorio y la eléctrica no tuvo más problemas.

Como recuerda El Confidencial, el PSOE, partido que dirigía la ciudad, dejó de hacer oposición, lo que hizo que Izquierda Unida abandonara el Gobierno municipal de coalición. A esto se le suma la posición del PSOE en la Junta de Andalucía. Liderado entonces por Manuel Chaves, acabó facilitando la tramitación de las licencias ambientales pendientes para que la eléctrica pudiera iniciar la producción de energía.

Durante este proyecto, también se implicó a los medios de comunicación de la zona. Según los documentos publicados, Iberdrola colocó publicidad en periódicos y radios para lograr tener a la opinión pública de su parte.

Iberdrola y las trabas a las renovables

En septiembre de 2018, la Audiencia Nacional (AN) condenó a Iberdrola por cobrar subvenciones dirigidas a potenciar las energías renovables mientras producía dicha energía quemando gas. Gracias a esta estratagema, habría cobrado más de 12 millones de euros en subvenciones entre 2009 y 2011. Tal y como dijo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Iberdrola habría hecho un uso “irregular” de gas natural en la que era su única planta termosolar, la cual se encontraba en Puertollano (Ciudad Real).

Este dinero fue abonado por los propios consumidores en su recibo de la luz. Tras el recurso de la energética, la AN dio la razón a la acusación de la CNMC hace menos de un año, obligando a la multinacional a devolver todo el dinero. Días después de la sentencia, Iberdrola vendió su participación en la planta –el 90%– a Ence.