COP26: España declina formar parte de una alianza para acabar con la extracción de gas y petróleo

Los combustibles fósiles son los principales responsables del calentamiento global de la atmósfera. Hasta ahora, los esfuerzos de los países han consistido en simplemente reducir su uso gradualmente, con escaso éxito. Sin embargo, parece que esto va a cambiar. Este jueves, en el marco de la cumbre del clima de Glasgow, Costa Rica y Dinamarca han lanzado una alianza para acabar directamente con la industria del petróleo y el gas.

Francia, Groenlandia, Irlanda, Quebec, Suecia y Gales se han unido como miembros de pleno derecho, y California, Portugal y Nueva Zelanda lo han hecho como miembros asociados, mientras que Italia únicamente como “amigo” del proyecto. España y Reino Unido –anfitrión de la COP26– han decidido no adherise. Otras grandes ausencias de esta iniciativa son Estados Unidos, Canadá, Arabia Saudí, Rusia o Australia.

Bautizada como Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas (BOGA por sus siglas en inglés, Beyond Oil and Gas Alliance), se trata de la primera iniciativa diplomática del mundo centrada en mantener a estos combustibles fósiles bajo tierra. El acuerdo reúne a países y regiones que se han comprometido a poner fin a las nuevas rondas de concesión de licencias para la exploración y producción de petróleo y gas, “o que han dado pasos hacia ese objetivo”. Lo hacen, reconocen, porque “la eliminación gradual de la extracción de combustibles fósiles es un componente urgente y crucial para abordar la crisis climática”.

El problema de este tipo de coaliciones suelen ser dos. En primer lugar, las ausencias. Por lo general, no es común que se adhieran los que más se lucran con el negocio. En segundo lugar, por su carácter no vinculante. Al final, estos pactos no obligan a ningún implicado a cumplir sí o sí, o a responder en el caso de que no cumplan lo prometido. En ausencia de una ley nacional que fije ese objetivo, se trata de una mera declaración de intenciones.

Este último requisito sí que lo cumplen países como Francia, Irlanda, Portugal o Italia, que ya han prohibido las perforaciones por ley. También lo ha hecho España, que aun así, ha optado por no sumarse de momento a la denominada BOGA. En el artículo 9 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que entró en vigor este mismo año, se recoge explícitamente que “no se otorgarán en el territorio nacional […] nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de hidrocarburos o concesiones de explotación”. Es decir, lo mismo que promueve esta alianza de Costa Rica y Dinamarca. Entonces, ¿por qué España ha decidido mantenerse al margen?

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consideran que están en el siguiente capítulo y que se deben a los mandatos y calendarios fijados en la ley climática. La naturaleza de ese “siguiente capítulo” permanece envuelta en el misterio. Por lógica, si España está en una fase más avanzada de descarbonización, podría haber firmado la alianza BOGA casi sin leer sus presupuestos, por estar ya asumidos y en marcha. No ha sido el caso.

Este acuerdo deja fuera al responsable principal del calentamiento del planeta: el carbón. Para actuar contra este combustible fósil ya hay una alianza existente llamada Powering Past Coal Alliance (PPCA), de la que sí forma parte España.

A contracorriente con el gas y el petróleo

La medida más efectiva para mitigar el cambio climático es acabar con las emisiones procedentes de los combustibles fósiles. Sin embargo, gobiernos y empresas se resisten a dar el paso. 

Hace menos de un mes, la agencia de medio ambiente de la ONU presentó su informe anual sobre la Brecha de Producción 2021. Según el estudio, los gobiernos todavía planean producir en 2030 una cantidad de combustibles fósiles más de dos veces superior –un 110%– de lo que sería coherente con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC.

El gas, además, se espera que sea el combustible que más aumente entre 2020 y 2040, conforme a los planes de los gobiernos. Para la próxima década, la producción de gas estaría un 71% por encima de lo coherente con las directrices climáticas, mientras que la de petróleo lo estaría un 57% y la de carbón un 240%.

Según las estimaciones de la (históricamente conservadora) Agencia Internacional de la Energía, la demanda de petróleo y gas natural debe reducirse en un 75% y un 55%, respectivamente, entre 2020 y 2050, para alcanzar el objetivo de emisiones netas cero. Es decir, que no puede haber nuevos yacimientos de petróleo y gas más allá de los ya aprobados para su desarrollo a partir de este mismo año. Más o menos lo que propugna BOGA.

Los miembros principales de esta alianza tienen que comprometerse a poner fin a nuevas concesiones, rondas de licencias o arrendamientos para la exploración y extracción de petróleo y gas, así como establecer una fecha alineada el Acuerdo de París para poner fin a la producción y exploración de petróleo y gas en el territorio sobre el que tienen jurisdicción.

Pero hay dos categorías más en la alianza. Una en la que simplemente se “apoya” la iniciativa pero sin obligación ninguna, y la otra la de los “miembros asociados”. Estos serán países que han tomado medidas en apoyo de la restricción del suministro de combustibles fósiles pero que aún no han adoptado una prohibición total de licencias. Estas medidas incluyen la reforma de los subsidios nacionales a los combustibles fósiles, el fin de la financiación pública internacional para la extracción de combustibles fósiles, el fin de los subsidios a la investigación y el desarrollo (I+D) de los combustibles fósiles y la señalización del interés en adoptar medidas adicionales para limitar el suministro de combustibles fósiles para 2025.