El BEI, en el punto de mira por sus créditos al gas natural

El Banco Europeo de Inversión (BEI), uno de los principales mecanismos públicos de inversión de la Unión Europea, invirtió más de 2.500 millones de euros en infraestructuras de combustibles fósiles en 2018, según un análisis publicado por la ONG Oil Change International. La mayor parte de estas inversiones fueron a parar a diferentes tramos del Corredor Sur de Gas, el faraónico proyecto de gasoducto que conectará los campos de combustible de Azerbaiyán con el sur de Italia.

Según Oil Change, el informe desmonta los argumentos del BEI, que considera que la inversión en gas natural es compatible con los objetivos climáticos comunitarios. Además, el Banco asegura que la infraestructura podrá usarse también para transportar gas de origen no fósil. Sin embargo, la ONG argumenta que los ocho escenarios de acción climática establecidos por la Comisión Europea incluyen una reducción significativa del uso de gas, que no justificaría la  inversión en las infraestructuras”.

“El BEI y sus accionistas, los Estados miembros, están presentando excusas creativas para seguir llamando al gas un ‘combustible de transición’. Sin embargo, la ciencia está totalmente clara: tenemos que dejar todos los combustibles fósiles bajo tierra y avanzar hacia una transición a un 100% de energías renovables”, afirmó Bronwen Tucker, una de las autoras del informe y analista de Oil Change.

¿Intención o retórica?

El pasado viernes, dos días después de la publicación del análisis por parte de Oil Change, la junta de gobernadores del BEI celebró su reunión anual en Luxemburgo. Al final de la misma, y a través de una nota de prensa, los ministros de Finanzas de los 28 (que conforman la junta), afirmaron la intención de la institución de “completar el Plan de Inversión para Europa”, así como de “mejorar el impacto de la financiación” en el sector de la energía y desbloquear “inversiones públicas y privadas en todo el mundo”. Asimismo, los representantes de los estados celebraron “la determinación del BEI de hacer aún más para luchar contra el calentamiento global y los impactos de un clima cambiante”. En la misma nota de prensa, el presidente del BEI, Werner Hoyer, calificó a la institución que preside como “el banco europeo del clima”. “Tenemos la intención de invertir más en lo que hay que hacer”, concluyó Hoyer.

Desde Oil Change celebraron las palabras del banco, pero señalaron que hará falta que se transformen en acción para adquirir significado. En declaraciones a La Marea, Bronwen Tucker afirmó que “es esperanzador ver que los gobernadores del BEI pone el cambio climático en su lista de prioridades, pero estamos en mitad de una emergencia climática. Si los gobiernos que controlan el BEI, incluyendo al de España, quieren ser auténticos líderes climáticos, deben exigir que el banco deje de financiar petróleo, gas y carbón, y también deben acabar con su propia financiación de los combustibles fósiles.” Tucker también indicó que el BEI debe ir más allá de los compromisos adquiridos por el Banco Mundial, que anunció en 2017 que dejaría de financiar proyectos de extracción de petróleo y gas, para “demostrar que su promesa de alineación con el Acuerdo de París es más que simple retórica”.

Fuentes de la ONG también declararon a Climática que el BEI aún no ha terminado de evaluar su nueva política crediticia, lo que esperan que ocurra antes de fin de año: “Ahí es donde pedimos al BEI deje claro que no seguirán financiando combustibles fósiles”.

Respuesta del BEI

Por su parte, fuentes del BEI consultadas por Climática afirmaron que la política crediticia del banco responde a los objetivos de la UE, incluyendo “el máximo apoyo para alcanzar los objetivos energéticos y climáticos”, en paralelo con “otros objetivos de interés público de la UE, como asegurar el suministro de energía para todos y la transición justa a una sociedad libre de carbono en la que nadie se quede atrás”. Las mismas fuentes aseguraron que la institución tiene en cuenta las posiciones expresadas por Oil Change International, así como las de otros actores sociales, en la preparación de su borrador de criterios políticos, que aún se encuentra en preparación.

El BEI, asimismo, defendió su registro de financiación de proyectos de mitigación de emisiones, señalando que el 25% de sus créditos se dedica a ese objetivo. Fuentes de la institución reconocieron que “a muchas ONG les gustaría que dejásemos de financiar combustibles fósiles de forma inmediata”, pero puntualizaron que “la gran mayoría” de esos créditos refuerzan la seguridad de suministro de energía a través de gasoductos considerados Proyectos de Interés Común. El BEI afirmó que el gas puede usarse para complementar fuentes renovables de energía, y señaló a escenarios de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para argumentar que el gas “es necsario para eliminar el carbón”, añadiendo que “esta es una posición compartida por la mayoría de personas expertas en energía”.

“No son proyectos de carbón o petróleo. Al contrario: a menudo nuestra ‘financiación de combusitbles fósiles’ ayuda a construir turbinas de ciclo combinada de gas […] que usan tecnología punta con una huella de carbono muy inferior a las de carbón”, concluyeron.

El proyecto Cañete

Uno de los principales destinos del dinero del Banco Europeo de Inversión es el Corredor Sur de Gas, un sistema de gasoductos que servirá para transportar el gas de los campos de los yacimientos de Azerbaiyán, en el Cáucaso, hasta el sur de Italia. En febrero del año pasado, el BEI aprobó un crédito de 1.500 millones de euros públicos para la construcción del tramo más occidental, que conectará la costa de Albania con el sur de la Península Itálica. En total, el Corredor Sur ha recibido más de 3.500 millones de euros de organismos públicos, procedentes del BEI así como del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco Asiático de Infraestructura e Innovación. En total, el coste de la obra rondará los 40.000 millones de euros.

El Corredor, que consta de tres tramos principales, es uno de los proyectos más ambiciosos y polémicos de la UE. Plagado de acusaciones de corrupción y abusos de derechos humanos en su extremo oriental y de denuncias ciudadanas en el occidental, la propia viabilidad de la infraestructura se ha puesto en entredicho en numerosas ocasiones. La obra, que tiene el objetivo de diversificar el origen del gas natural consumido en la UE para reducir la dependencia de Rusia, podría acabar sirviendo como vía para la adquisición de aún más combustible ruso, toda vez que Moscú y Ankara ya han acordado la construcción de otro gasoducto bajo el Mar Negro. Además, las posibles fugas de metano podrían echar por tierra los supuestos beneficios para el clima de sustituir el uso de carbón por gas natural.

Durante los últimos años, el Corredor Sur se ha desarrollado bajo la vigilancia de Miguel Arias Cañete, el comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, y uno de los principales valedores del mismo. De hecho, Cañete no sólo ha vigilado que el Corredor Sur llegue a buen puerto, sino que en ocasiones se ha encargado personalmente del timón. Así fue en julio de 2017, cuando el ex ministro del gobierno de Mariano Rajoy, junto con el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, enviaron una carta a Werner Hoyer (el presidente del BEI), para asegurarse de que la institución diera luz verde a los créditos al proyecto, como finalmente sucedió.

El BEI también respondió a Climática para defender la financiación del Corredor Sur de Gas. Las fuentes consultadas señalaron que el gasoducto “puede transportar bio-metano”, aunque la capacidad total del mismo se ha reservado durante los primeros 15 años de funcionamiento para transportar gas desde el yacimiento de Shah Deniz II, en Azerbaiyán. El BEI ha estimado las emisiones totales de la operación del proyecto en 476 kt de CO2 equivalente al año.

Según el BEI, el Corredor Sur de Gas “no debería suponer ningún efecto directo sobre el cambio climático, porque es una fuente alternativa de gas y no pretende cubrir demanda adicional”.