El 15 de enero de 2022 se produjo el peor desastre ecológico de la historia del Perú. Sus costas se tiñeron de negro a causa de un derrame de cerca dos millones de litros de hidrocarburos que salieron de un buque de Repsol que iba a descargar en la refinería de La Pampilla. «Ese ecocidio destrozó nuestra forma de vida y la ONU ha dicho que los daños ambientales pueden durar una década», lamenta el pescador Luis Antonio Díaz, presidente de la Asociación de pescadores de Aucallama.
«La multinacional se apresuró a decir que no tenía ninguna responsabilidad», explica Alejandro Chirinos, director ejecutivo de la ONG peruana CooperAcción. La erupción volcánica en Tonga (reino con más de 170 islas del Pacífico Sur) provocó un gran oleaje que afectó a la descarga del crudo en la refinería de la compañía. El desbordamiento del crudo se prolongó durante días y recorrió cinco distritos: Ventanilla, Santa Rosa, Ancón Aucallama y Chancay.
«Decían que el incidente estaba bajo control, pero amanecimos al día siguiente con las playas negras, manchó 11.060 hectáreas», afirma Díaz. Repsol alegó que el derrame de petróleo fue ocasionado por un fenómeno marítimo imprevisible para la compañía. Los pescadores señalan la responsabilidad de la energética, que debe velar por el mantenimiento de las instalaciones. «En los cuatro kilómetros que hay entre las embarcaciones y la refinería hay unas boyas, y esas boyas tienen un tipo de amarre. El amarre es ordenado desde la refinería, el bote lo ejecuta, pero quien supervisa es la refinería y se ha descubierto que hay dos boyas que no han tenido el amarre correcto y por eso el barco se fue con todo», sostiene el pescador de Aucallama.
Zenón Gallegos y Luis Antonio Díaz son pescadores artesanales que no han podido trabajar desde entonces y ven a sus familias y comunidades sufrir por las dificultades económicas y sociales a las que se enfrentan en un contexto muy convulso en su país. Hay más de 51.000 personas perjudicadas directamente, según los datos de CooperAcción. «Los vecinos se ayudan unos a otros, re reúnen y echan lo que tengan en una olla para dar de comer a los que no tienen nada», cuentan. Se sienten un como David frente a Goliat, pero llevan más de un año de lucha para reclamar que la multinacional no se limite a indemnizar económicamente a las personas afectadas. «Repsol es responsable de un ecocidio en Perú y debe reparar el daño ambiental causado con la restitución de los ecosistemas», indica Luis Antonio Díaz.
Han venido a España para visibilizar su causa en colaboración con las ONG Asociación Entrepueblos y CooperAcción. La iniciativa #RepsolHazteCargo recorrerá Barcelona, Valencia, Alicante, Madrid, Bilbao y A Coruña en los próximos días. Tienen previsto manifestarse en Madrid el 23 de marzo.
Al principio, Repsol aseguró que se habían derramado siete galones de petróleo (unos 26 litros). Días después, el Ministerio del Ambiente de Perú señaló que se trataba de 6.000 barriles (casi un millón de litros). Ahora, la cifra oficial del vertido es unos 11.900 barriles, es decir, cerca de dos millones de litros de petróleo. Las entidades señalan que este «ecocidio» ha repercutido negativamente en la economía de la zona, en la pesca, el comercio y el turismo. Además, ha afectado a dos áreas naturales protegidas, a 48 playas y a varias especies de animales, algunas en peligro de extinción, como la nutria marina o el pingüino de Humboldt.
Repsol ha tenido que indemnizar económicamente a las personas afectadas mediante pagos mensuales previos a que se dicte sentencia. Repsol confirma que más de 9.800 personas han cobrado adelantos de compensación, en una web habilitada para informar sobre este vertido.
Los pescadores explican que el principal problema es que el ecosistema sigue dañado. «Tú puedes ver la playa limpia, pero el fondo del mar sigue teniendo crudo. Estas son zonas de cría del pescado, y un año más tarde no tenemos nada que pescar», afirma Zenón Gallegos, presidente del sindicato de pescadores del Puerto de Chancay con 24 años de experiencia en la pesca artesanal. A este peruano le duele lo que considera una campaña de desinformación y lavado de imagen de Repsol. A unos días de cumplirse un año del desastre, convocaron a los medios de comunicación en la playa para decirles que ya estaba todo el daño reparado. Pero ese día las corrientes marinas quisieron sacar más crudo a la orilla y se les estropeó el teatro». Muestra indignado un publirreportaje publicado el 11 de enero en el diario La República en el cual la multinacional habla de evidencias para la reactivación de la pesca y la apertura de las playas.
Su colega Luis Antonio Díaz pone otro ejemplo de lo que considera una ofensa. «Las familias afectadas manifestamos que no teníamos recursos suficientes para la educación de nuestros hijos, y Repsol nos mandó esto», dice mientras muestra una mochila de tela con el logo de la petrolera que contiene tres cuadernos y unos lápices. El pescador considera que muchas familias van a tener que emigrar para poder trabajar en otras zonas del país. «Nosotros tenemos un conocimiento en la pesca artesanal pero nuestros hijos no lo van a tener si nos tenemos que ir», lamenta.
Por su parte, Repsol aseguraba en un informe publicado en diciembre del 2022 que «no se observó presencia de hidrocarburos en la superficie en ninguna de las estaciones cuando se realizó la colecta de muestras de fitoplancton y zooplancton». Y que «en el fondo submarino, de igual manera, no se encontró rastros de hidrocarburos cuando se procedió a realizar la observación y colecta de macroinvertebrados bentónicos y peces». «Las empresas en el Perú también tienen sus ONG que le lavan la cara con estos informes. A día de hoy la biomasa no es sostenible», apunta Alejandro Chirinos, director de CooperAcción.
Las autoridades peruanas anunciaron en mayo de 2022 una demanda judicial contra la petrolera española por 4.500 millones de dólares (más de 4.300 millones de euros) por el vertido de petróleo. La demanda, presentada ante el 27 Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, va dirigida contra Repsol S.A. (España), Mapfre Global Risks (España), Mapfre Perú Compañías de Seguro y Reaseguros (Perú), Refinería La Pampilla (Perú), Transtotal Agencia Marítima (Perú), y Fratelli d’amico Armatori (Italia), según informó la prensa peruana.
Los pescadores explican que Repsol ha intentado que las asociaciones de pescadores no pudieran personarse como parte en las demandas. Cuentan también que han enviado personal casa por casa para ofrecerles firmar una renuncia al proceso judicial a cambio de una prestación económica. El documento manifiesta que «el afectado cede a favor de RELAPASAA [la refinería La Pampilla de Grupo Repsol del Perú S.A.C] todos los derechos que le pudieran corresponder» y «contra quienes pueda ser iniciado un reclamo, debido o en relación evento y sus consecuencias». Es decir, que si finalmente hay una sentencia que obligue a la empresa a indemnizarles por un importe mayor, ellos ya habrían renunciado a ello.
«Han aprovechando la situación económica desesperada de la población afectada y la inestabilidad política en el país. Recordemos que hubo un intento de golpe de estado en diciembre», indica Chirinos. Unos 7.000 pescadores han firmado el documento, que no es un acuerdo porque no ha sido negociado con nosotros. Han aceptado los pagos por miedo a no recibir nada luego», explica Díaz.
«Todavía quedamos 1.000 pescadores de 19 organizaciones pesqueras que nos resistimos a firmar un acuerdo lesivo, abusivo e impositivo que vulnera todos nuestros derechos», explica Gallegos. Un año y un mes después del desastre ecológico, los pescadores aseguran que estas indemnizaciones cubren las pérdidas de este período sin trabajar, pero no contemplan el tiempo que pueda quedar hasta que salgan a faenar de nuevo. Y, por encima de todo, reclaman una reparación integral de sus daños morales y de su entorno natural.
Justo este jueves, Repsol –la mayor petrolera de España y líder en emisiones de CO2–, ha presentado sus resultados, los mejores de su historia. La compañía alcanzó el año 2022 su cifra récord de beneficios, con un resultado neto de 4.521 millones de euros, un 70% más que en 2021.
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Desde el pasado 7 de diciembre tras la destitución y detención de Pedro Castillo y la asunción de la presidencia por Dina Boluarte, Perú vive un clima de gran inestabilidad política y social con una intensa represión policial y militar y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Ecologistas en Acción exige el fin de la represión violenta por parte del Estado peruano, y que éste cumpla con su deber de salvaguarda y protección de los derechos humanos y del medio natural frente a los intereses de las grandes empresas extractivistas, y se solidariza con las legítimas demandas democráticas del pueblo peruano, en especial las comunidades campesinas, indígenas y pueblos originarios, cuyos intereses están siendo especialmente vulnerados.
Una de las demandas de las movilizaciones es el control de los acuerdos con las grandes empresas mineras, que concluyen en 2023 y 2024, pues dichas empresas contaminan los acuíferos con su actividad, dañando gravemente la salud de las poblaciones circundantes. El Estado peruano debe velar por el respeto y la salvaguarda de los espacios naturales, garantizar el acceso al agua a la población, con especial atención a las comunidades más vulnerables, y perseguir a las grandes empresas que hasta el momento han causado graves perjuicios en el medio ambiente de manera impune.
Ecologistas en Acción condena la situación de grave violación de los derechos humanos que se está produciendo en Perú, exige el fin de la represión violenta por parte del Estado peruano, y que éste cumpla con su deber de salvaguarda y protección del medio natural frente a los intereses de las grandes empresas extractivistas, ya sean gasísticas, de hidrocarburos o mineras.
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