En 2020, España fue el mayor productor de biodiésel de aceite de palma de la Unión Europea. Se utilizaron para ello 1,7 millones de toneladas de aceite de palma virgen, en su mayor parte procedentes de Indonesia y Malasia, países donde hay una fuerte vinculación entre el cultivo de esta planta y la deforestación. Es por ello que el país tiene una responsabilidad directa en el fomento de la deforestación y una falta de coherencia al aplicar la transición ecológica fuera de su territorio.
Pero esta falta de coherencia no queda aquí. Curiosamente, más del 60% de los biocombustibles producidos en España se exportan a otros Estados miembros de la UE para que cumplan con sus propios objetivos de “energías renovables para el transporte”.
Para entender esta práctica, tenemos que remontarnos al principio de la historia: en 2009, la Unión Europea aprueba la Directiva Europea de Energías Renovables (DER) con el fin de promover el uso de las energías renovables en sustitución de los combustibles fósiles en el sector del transporte. La normativa obligaba a cumplir con una cuota del 10% de energía renovable en el consumo final de energía destinada al transporte para 2020. Paralelamente, la Directiva sobre la Calidad de los Combustibles exigía a los proveedores de combustible que redujeran la intensidad de carbono de estos en un 6% para 2020.
Hasta aquí, todo bien. Sin embargo, ambas directivas pasaban por alto toda una serie de criterios de sostenibilidad, además de no utilizar el ciclo de vida completo de la cadena de suministro para producir biocombustibles en sus análisis, ni incluir las emisiones relacionadas con el cambio de uso del suelo –el famoso ILUC–. Esto dio lugar al consumo de una gran cantidad de biocombustibles insostenibles con mayores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que los fósiles. Concretamente, el biodiésel procedente del aceite de palma es el que tiene emisiones más elevadas (multiplica por 3 las del diésel de origen fósil), seguido por el biodiésel procedente de la soja.
En los últimos 10 años, se estima una pérdida de 4 millones de hectáreas de bosques con ecosistemas únicos, casi la superficie de Aragón, desde la entrada en vigor de la Directiva de Energía Renovables (DER) por la demanda de biodiésel por parte de los Estados miembros para cumplir con su objetivo del 10% de energía renovable en el transporte. En concreto, las importaciones de aceite de palma utilizado para la producción de este combustible alcanzaron su máximo en 2020, suponiendo el 58% del total de los aceites vegetales importados en la UE. El volumen de aceite de soja en la producción de biodiésel en 2020 representó el 7% de la producción total de la UE.
Ahora, se espera que el uso de biodiésel de aceite de palma en Europa disminuya a partir de 2023, dejándose de utilizar en 2030, según lo que indica la nueva revisión de la DER. Además de que la fecha marcada es demasiado tarde, existe el riesgo de que el hueco dejado por la eliminación del biodiésel procedente de aceite de palma en el mercado de biocombustibles de la UE se llene con soja. Ello requeriría entre 2,4 y 4,2 millones de hectáreas de tierras de cultivo adicionales, una superficie entre el tamaño de Eslovenia y el de los Países Bajos.
Podría parecer irónico que, cuando la Comisión Europea está planteado una prohibición de venta de nuevos vehículos de combustión interna (ICE) para 2035 y presenta el borrador de una ley para frenar la deforestación, en la Directiva de Energías Renovables se siga apostando por la utilización de biocombustibles que tienen mayor impacto en el clima que los propios combustibles fósiles y cuyas materias primas fomentan la deforestación.
En este momento, la Unión Europea puede decidir si es coherente con sus objetivos de descarbonización, alineando sus políticas en una misma dirección e introduciendo mecanismos que excluyan la utilización del aceite de palma y la soja como materias primas para la producción de biocombustibles lo antes posible y eliminar progresivamente el resto de biocombustibles basados en cultivos para 2030. O si sigue con un modelo que no ha producido ningún beneficio a nivel climático, social y para la biodiversidad.
Por su parte, España puede seguir el camino de otros países como Francia, Austria o Dinamarca, que han decidido eliminar los biocombustibles procedentes de la palma y de la soja como tarde para 2022.
No podemos permitirnos correr el riesgo de perder otros 10 años.
Marina Gros forma parte del equipo de gobernanza climática de ECODES.
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En la humedad de los cálidos trópicos en torno a la línea del ecuador se encuentran las condiciones óptimas para el crecimiento de la palma aceitera. En el sudeste de Asia, Mesoamérica y África se talan y queman día a día amplias superficies de selva para hacer espacio a las plantaciones. Así se emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que son dañinos para el clima. Indonesia, el principal país productor de aceite de palma fue en 2015 en parte responsable en mayor medida que los Estados Unidos de las emisiones de gases de erecto invernadero. El CO2 y las emisiones de metano son la causa de que el biocombustible de aceite de palma sea tres veces más dañino para el clima que el combustible fósil.
Pero no sólo se resiente el clima: con los árboles desaparecen especies animales en peligro de extinción como los orangutanes, los elefantes pigmeos de Borneo y los tigres de Sumatra. A menudo, el pequeño campesinado y los pueblos indígenas que desde hace generaciones viven en los bosques y los protegen sufren desplazamientos brutales. En Indonesia existen más de 700 conflictos por la tierra en relación con la industria de la palma aceitera. También en las plantaciones clasificadas como „sostenibles“ o „bio“ hay cada vez más violaciones de derechos humanos.
Los consumidores conocemos poco de todo esto. Nuestro consumo diario de aceite de palma tiene consecuencias negativas directas para nosotros: en el aceite de palma refinado hay grandes cantidades de ésteres de ácidos grasos perjudiciales para la salud, que dañan el material genético y pueden producir cáncer.
Repetidamente, ecologistas, defensores de derechos humanos, comunidad científica y recientemente también miembros del Parlamento Europeo exigen excluir el aceite de palma de los agrocombustibles y las centrales de producción energética desde 2021 -sin éxito. El 14 de junio de 2018, los estados miembro decidieron seguir permitiendo el uso del aceite tropical de palma como „bioenergía“ hasta 2030.
https://www.salvalaselva.org/peticion/1233/libertad-para-manifestantes-contra-palma-aceitera-son-inocentes#campaign
Nos quedamos sin aves comunes.
Un nuevo estudio realizado por BirdLife International y la RSPB revela que hemos perdido unos 600 millones de aves reproductoras en Europa desde 1980. Esta realidad la venimos avisando hace años: nos quedamos sin aves comunes.
El informe habla del declive de algunas especies concretas con datos poco esperanzadores como que el gorrión ha perdido 247 millones de ejemplares, seguido de la lavandera boyera, con 97 millones, el estornino, con 75 millones, y la alondra, con 68 millones de ejemplares menos desde 1980.
“En España, el 37% de las especies de aves comunes tienen declives en sus poblaciones, algunas superan el 50% de reducción en sus poblaciones en los últimos 25 años. No hemos cuantificado en millones de ejemplares las pérdidas, pero sin duda ahora tenemos considerablemente muchos menos ejemplares de golondrinas, perdices, codornices, vencejos, entre otras, que hace tan solo dos décadas”.