COP26: malestar por las restricciones y el acceso a las vacunas

La pandemia obligó a suspender en 2020 la COP26 de Glasgow, la sucesora de la albergada en Madrid en diciembre de 2019, es decir, hace ya dos años. Mientras la crisis climática no ha cesado en todo este tiempo, las negociaciones por el clima sí lo han hecho. La cita internacional se pospuso hasta noviembre de este año, con la esperanza de que la situación sanitaria fuese mejor. Sin embargo, la celebración de la COP26 se encuentra de nuevo bajo el punto de mira. Los motivos: la falta de acceso igualitario a las vacunas por parte de todos los países participantes y las restricciones en viajes y estancias impuestas por Reino Unido, que hacen que algunos países no tengan medios para acudir hasta la ciudad escocesa o no puedan hacer frente a los costes que implican las cuarentenas.

La última en alzar la voz ha sido la Red de Acción Climática (CAN, por sus siglas en inglés) a través de un comunicado. En él, piden directamente posponer la cita por la falta de planes para garantizar una participación segura y justa, algo que consideran “imposible” para las fechas anunciadas. La CAN representa a más de 1.500 organizaciones de la sociedad civil en más de 130 países que, aunque no influyen en los resultados de las negociaciones, sí participan activamente en cada cumbre como observadoras y asesoras.

Según explican, “una COP presencial a principios de noviembre excluiría de facto a muchos delegados gubernamentales, activistas de la sociedad civil y periodistas, sobre todo de los países del Sur Global, muchos de ellos en la ‘lista roja’ por la COVID-19 de Reino Unido”, como Filipinas, Indonesia, Bangladesh, Costa Rica, Argentina, Brasil o Chile. Algunos de estos países son, además, quienes sufren en gran medida las consecuencias del calentamiento global, por lo que su participación “plena y significativa” es “fundamental para conseguir un resultado creíble de la COP26”, añaden desde la CAN.

Tasneem Essop, directora ejecutiva de la Red de Acción Climática, ahonda en las desigualdades que ya existen y que ahora podrían agrandarse: “Siembre ha habido un inherente desequilibrio dentro de las conversaciones sobre el clima de la ONU y esto ahora se ve agravado por la crisis sanitaria”. “Mirando el cronograma actual para la COP26, es difícil imaginar que pueda producirse una participación justa del Sur Global en condiciones seguras y, por lo tanto, debería posponerse hasta que sea posible”, añade Essop, para quien “el contexto actual de apartheid de las vacunas no puede continuar bloqueando las voces de quienes necesitan ser especialmente escuchados en este momento”.

Lentitud en la vacunación prometida por Reino Unido

Activistas climáticos de algunos países del Sur Global lamentan la lentitud en el ritmo de vacunación que les permitirá poder acudir a la COP26. Si bien el gobierno británico se ofreció a vacunar a aquellas personas asistentes que de otra forma no podrían hacerlo, a dos meses del inicio de esta cumbre todavía no se han administrado las prometidas dosis. Según informa Reuters, esta incertidumbre podría llevar a algunos países a considerar no participar en la cumbre.

Aunque la vacuna no es obligatoria para asistir, se “recomienda encarecidamente la vacunación a todos los que acudan”. Así, se espera que el gobierno de Reino Unido vacune a los delegados acreditados que no podrían vacunarse de otra manera. Desde la organización de la COP26 (en manos del ejecutivo de Boris Johnson) cuentan a Climática que “los delegados que se hayan inscrito para recibir una vacuna a través del proceso de acreditación empezarán a recibir su primera dosis esta semana“.

Otro problema: los costes de las cuarentenas

Los delegados de los países que formen parte de la lista roja confeccionada por Reino Unido que estén totalmente vacunados tendrán que estar en cuarentena a su llegada al país durante cinco días. En cambio, aquellas personas no vacunadas deberán estarlo diez días. Así lo han decidido conjuntamente los gobiernos de Reino Unido y de Escocia en base al asesoramiento en materia de salud pública.

Este martes, el presidente de la COP26, Alok Sharma, ha asegurado que Reino Unido está financiando hoteles para que los delegados de los países que están en la lista roja del país puedan cumplir sus cuarentenas, otro factor que pone en peligro la participación de los estados más pobres. “El cambio climático no se ha tomado tiempo libre, por eso la COP26 debe seguir adelante de forma presencial en noviembre”, ha tuiteado Sharma.

Sin embargo, desde la CAN señalan que “las soluciones puramente logísticas orientadas únicamente a los participantes de la COP26 son insuficientes”. “Para que cualquier reunión en persona a la escala de una COP se pueda celebrar de forma segura e inclusiva en 2022, los gobiernos de los países ricos deben tomar medidas urgentes para proporcionar vacunas a la escala necesaria para hacer frente a la pandemia, a los países pobres”, dicen. Y matizan que no se trata de un boicot ni de “posponer la acción climática”: “Para impulsar una acción climática colectiva urgente, una COP verdaderamente inclusiva y segura es primordial”. Y se refieren al cumplimiento de los valores del Acuerdo de París, que recoge entre ellos el respeto y la promoción de los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, menores, personas con discapacidad y aquellas en situación de vulnerabilidad.

Todas estas dudas están haciendo que muchos países, en general del Sur Global, se planteen su asistencia. El caso de México ha resonado en las últimas semanas, si bien no se ha producido un anuncio oficial sobre su posible retirada. Una acción a la que podrían sumarse países de África y del Pacífico, al considerar que corren un mayor riesgo y que no se ha tratado de manera igualitaria a los países con menos recursos.

Este mismo martes, el Foro de Vulnerabilidad Climática (CVF, por sus siglas en inglés), formado por los países más amenazados por la crisis climática, ha emitido un comunicado donde afirman que “la COP26 debe celebrarse presencialmente en octubre-noviembre de 2021 con sólidas medidas frente a la COVID-19, y los países en desarrollo vulnerables necesitan un apoyo especial, un acceso facilitado y modalidades híbridas para garantizar una participación inclusiva”. “Esta es la reunión más importante para el futuro del planeta y no puede esperar”, sostienen.