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Condenado el Gobierno de Francia por inacción climática

En un plazo de dos meses se sabrá si el Tribunal Administrativo de París obliga al Gobierno a tomar acciones concretas para aumentar sus compromisos climáticos.
El eslogan 'No hay PLAN B' proyectado en la Torre Eiffel durante la celebración de la COP21 de París. Foto: REUTERS/Charles Platiau

Nueva sentencia histórica para la defensa del clima: el Tribunal Administrativo de París ha declarado este miércoles culpable al Estado francés por faltar a sus propios compromisos a la hora de combatir la crisis climática.

La sentencia del conocido como ‘caso del siglo’ considera ilegal que el Ejecutivo incumpla sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y señala al Gobierno como responsable de “daños ecológicos”. Actualmente, Francia se ha comprometido a reducir sus emisiones en un 40% para 2030 en comparación a 1990, y alcanzar la neutralidad climática para 2050.

Este caso se remonta al 17 de diciembre de 2018. Ese día, cuatro organizaciones -Notre Affaire à Tous, Fundación Nicolas Hulot para la Naturaleza y la Humanidad (FNH), Greenpeace Francia y Oxfam Francia- iniciaron un litigio contra el Ejecutivo de Emmanuel Macron por no hacer lo suficiente para luchar contra el cambio climático.

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Tras varias negativas del Gobierno, en noviembre de 2020, continuando con la demanda, el Consejo de Estado francés dio un plazo de tres meses al Ejecutivo para que presentase cualquier documento que demostrara que la trayectoria de reducción de emisiones de GEI que ha establecido para Francia (a través de la regulación nacional y la legislación de la UE) es alcanzable.

Por ahora, la condena es simbólica, con el pago de un euro a las organizaciones demandantes por “daño moral”. No obstante, en un plazo de dos meses se conocerá el contenido de la sentencia. Hay dos posibilidades: que el Estado francés deba pagar una multa a modo de compensación por los daños causados o que sea obligada a tomar acciones concretas para aumentar sus compromisos en materia climática.

Este caso es histórico no solo por el resultado. También lo es por el apoyo recibido desde un principio: más de 2,3 millones de personas han firmado la que es la mayor petición francesa de la historia sobre cualquier tema. En este sentido, para Hugo Partouche, abogado que representa a L’Affaire du Siècle -la coalición de organizaciones demandantes-, uno de los mayores obstáculos a la hora de presentar litigios climáticos es «la percepción pública», ya que mucha gente contraria a estos procedimientos cree que «los jueces no deberían tener un papel político», explica a Climática.

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Recientemente, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), junto al Sabin Center for Climate Change Law, publicaron un informe donde se pone en evidencia el ascenso de los litigios climáticos en los últimos años: desde 2017, cuando se elaboró el primer documento, hasta julio de 2020, los casos casi se han duplicado. «La justicia climática no es el único camino que queda» sino que «completa una acción más amplia para obligar a los gobiernos y empresas privadas a abordar la emergencia climática más rápido y mejor», cuenta Partouche.

Inspiración para el caso de España

Esta sentencia histórica no solo tiene implicaciones para Francia. Supone, además, un importante precedente para todos los litigios climáticos que se suceden en todo el mundo. Es el caso de España, donde repiten dos de las organizaciones: Greenpeace y Óxfam, más Ecologistas en Acción. En septiembre del año pasado, las tres ONG demandaron al Gobierno español ante el Tribunal Supremo por inacción climática.

Para Lorena Ruiz-Huertas, abogada de Greenpeace España que lidera la demanda, el caso francés «constituye un importante precedente europeo que debe servir de inspiración y apoyo para los jueces»: «Es más fácil adoptar una decisión valiente si no se sienten solos si saben que hay otros tribunales del ámbito europeo que también están dictando estas mismas resoluciones», cuenta a Climática. En los últimos días, las organizaciones dieron traslado al abogado del Estado para que responda a la demanda en un plazo de un mes.

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