Con el fin de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, España dispondrá de un Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética, similar al que lleva años instaurado en Reino Unido. Así lo ha acordado este martes la mayoría de grupos parlamentarios del Congreso durante la ponencia del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Este órgano, según recoge el texto desde que fue concebido, “desarrollará su actividad con plena autonomía” y su composición será paritaria en mujeres y hombres. Asimismo, el comité “elaborará anualmente un informe que será remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate en el mismo, con la participación del Gobierno”.
Durante la ponencia, celebrada a puerta cerrada en el Congreso como es habitual, se han debatido los artículos que van del 24 al 36, correspondientes al bloque final. Por delante, solo queda una última reunión para tratar las disposiciones finales. Posteriormente, el texto resultante se llevará a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico para su votación. Una vez aprobado, el proyecto se remitirá al Senado para que dé el visto bueno final.
Los artículos del 32 al 35, relativos a la investigación, desarrollo e innovación sobre cambio climático, gobernanza y participación pública, han salido adelante sin ninguna enmienda gracias al bloque conformado por PSOE, UP, ERC, Bildu, PNV y Teruel Existe. Y como ha venido siendo habitual, PP y Ciudadanos han mostrado mayor rechazo. Mientras, Más País-Equo se ha instalado en la abstención. Vox no ha aportado nada al mostrarse contrario a la ciencia y a la ley climática.
“Avanzamos ya hacia el final de los trabajos de la ponencia de la ley de cambio climático, consolidando la coalición y el bloque que ha apoyado la ley de manera sólida, y vemos la luz al final del túnel para aprobar esta ley, que será el marco para luchar de forma efectiva contra el cambio climático y para avanzar de una vez en este país en una transición energética”, sostiene Juan López de Uralde, portavoz de Unidas Podemos.
Con lo aprobado, en el plazo de un año una vez entre en vigor la ley, las comunidades autónomas deberán informar en la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de todos sus planes de energía y clima en vigor. Asimismo, el artículo 35 recoge que cualquier plan, programa, estrategia o instrumento de carácter climático “se llevará a cabo bajo fórmulas abiertas que garanticen la participación de los agentes sociales y económicos interesados y del público, en general, mediante los canales de comunicación, información y difusión que resulten más apropiados”.
En lo relativo a la contratación pública, la ley establece que se seguirán criterios medioambientales y de sostenibilidad energética. Del mismo modo, al menos un porcentaje “equivalente al acordado en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea de los Presupuestos Generales del Estado” se destinará a la lucha contra el cambio climático.
Otro de los artículos acordados se centra en las estrategias y convenios de transición justa, un instrumento dirigido a la optimización de las oportunidades en la actividad y el empleo de la transición hacia una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero.
Una de las novedades que incorpora el proyecto, a petición de PSOE y UP, es la redacción del artículo 25 bis, relativo al cese de la producción de carbón nacional. El texto señala que “el otorgamiento de autorizaciones de explotación, permisos, concesiones, prórrogas o sesiones de los recursos de carbón de las unidades de producción inscritas” quedará supeditado “a la devolución de las ayudas concedidas al amparo de la citada decisión comunitaria, y correspondientes a todo el periodo cubierto por el plan de cierre”. Tanto este artículo como el 28, donde se aborda la integración del riesgo climático en entidades financieras y de créditos, se acordó no someterlos a votación hasta la comisión final.
También hay un matiz importante en el artículo dedicado a la educación ambiental. A diferencia de borradores anteriores, se ha aprobado incluir en la ley la expresión “de manera transversal” en referencia a la necesidad de revisar, por parte del Gobierno, el tratamiento del cambio climático (y la sostenibilidad, otra novedad) en el currículo básico de la enseñanza.
“El proyecto de Ley de Cambio Climático sigue sin la suficiente ambición necesaria”, afirma Inés Sabanés, diputada de Más País-Equo. Confía en poder seguir mejorando el texto durante la votación final, y reclama un presupuesto suficiente para el comité de expertos y expertas, y la inclusión de la asamblea ciudadana –prometida hace más de un año por la vicepresidenta Teresa Ribera– en la ley.
Finalmente, según lo establecido en el artículo 36, antes de que termine el año se establecerán reglamentariamente las medidas que garanticen la coordinación, seguimiento, evaluación, publicidad, informe y notificación de los datos de emisiones del inventario nacional de gases de efecto invernadero, las proyecciones de emisiones y las políticas y medidas implementadas.
Esto se llama “poner lobos para cuidar a las ovejas” (dejar en manos de las grandes empresas generadoras de residuos la tarea de reciclarlos)
La mala gestión de los residuos de envases cuesta a los españoles hasta 744 millones de euros anuales
La investigación More Trash, More Cash: quién sale ganando con la crisis del plástico en España expone el interés de la industria de los envases de un solo uso para no mejorar la gestión de residuos en España y el beneficio que obtienen de un modelo de negocios que se lucra de la generación de residuos.
Las grandes marcas de bebidas y cadenas de supermercados están avalando una iniciativa voluntaria propuesta por Ecoembes –Reciclos– que no es nada más que una táctica de distracción y que de ser adoptada, no ayudará a cumplir los objetivos de la Unión Europea.
El informe calcula que a los ayuntamientos y a la ciudadanía española les supone hasta 744 millones de euros al año solo limpiar la basura que generan los envases de un solo uso. Este coste debería ser cubierto por los productores al 100 %.
Ximena Banegas, portavoz de Changing Markets: «Reciclos es el último intento desesperado de la industria por retrasar soluciones reales en España como es la introducción de un Sistema de Depósito y políticas de reutilización y prevención. Sin duda, Reciclos es uno de los peores ejemplos de greenwashing descubiertos en nuestra investigación mundial y el Gobierno español –que debería aplicar reformas reales para poner la recuperación verde en el epicentro– no debe caer en esta trampa. Apostando por políticas de prevención y reutilización podrán reducir el costo de la contaminación por plástico, se generarán nuevos puestos de trabajo y mejores oportunidades para negocios locales».
Esta investigación demuestra cómo Ecoembes encabeza la defensa de los intereses de la industria y que, cuantos más envases de un solo uso se ponen en el mercado, más beneficiado sale su modelo de negocio y aumenta su flujo de ingresos. Los mayores productores de plástico, grandes supermercados como Mercadona o Alcampo y las marcas de alimentación y bebidas más conocidas como Coca-Cola, Danone o Nestlé, al no denunciar públicamente esta iniciativa, están también apoyando iniciativas falsas que son únicamente un freno a soluciones reales…
https://www.ecologistasenaccion.org/163706/la-mala-gestion-de-los-residuos-de-envases-cuesta-a-los-espanoles-hasta-744-millones-de-euros-anuales/