A escasos días para que se produzca el cierre de 8 de las 15 centrales de carbón que actualmente operan en España, es cada vez más evidente que el uso de este combustible fósil carece de futuro en nuestro país. Por ello, es importante reflexionar acerca de los elementos que han llevado a que se produzcan estos cierres, así como de la perspectiva de futuro de las regiones afectadas por los mismos.
Durante décadas, el carbón ha jugado un papel de suma importancia para la generación de electricidad en España, situándose históricamente entre las cuatro primeras fuentes a nivel nacional. Sin embargo, a lo largo del último año y medio hemos sido testigos del inminente fin de este fósil en nuestro país, que se ha visto reflejado en el cierre de la mayor parte de las minas en diciembre de 2018, en la escasa contribución del carbón a la generación eléctrica en 2019 y en los primeros seis meses de 2020 – situándose por debajo del 5%-, o en los anuncios de cierre de la mayoría de las centrales. Estos últimos, derivados tanto de decisiones empresariales provocadas por la necesidad de alinear sus estrategias de negocio con la lucha contra el cambio climático, como por condiciones de mercado poco favorables -causadas por la subida al alza del precio del CO2 y la caída del precio del gas, entre otros –, o por la aplicación de normativa ambiental más estricta.
Es en este último punto donde me gustaría hacer hincapié dado que el cierre, a fecha 30 de junio de 2020, de 4.872 de los 9.456 MW de carbón existentes actualmente en nuestro país es, en gran parte, causa de no poder cumplir con los nuevos límites de emisión a la atmósfera fijados por la normativa europea.
Así, los titulares de todas estas centrales, en el año 2015, optaron por incluirlas en el denominado Plan Nacional Transitorio (PNT), mecanismo de excepción previsto por la Directiva de Emisiones Industriales. Este, les permitía continuar funcionando desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de junio de 2020 sin cumplir con los valores límite de emisión para dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas previstos en dicha Directiva. De querer continuar operando más allá de esa fecha, los titulares de las centrales debían adaptarlas para poder cumplir con los límites más estrictos de dicha normativa, invirtiendo en la instalación de las técnicas necesarias.
Dado que la mayoría de las instalaciones incluidas en el PNT no llevaron a cabo estas inversiones, se han visto obligadas a solicitar el cierre. Así, a finales de 2018, las dos empresas con mayor capacidad instalada de carbón en España –Endesa y Naturgy– presentaron las solicitudes de cierre de cinco centrales térmicas: Andorra, Compostilla, Meirama, La Robla y Narcea. Estas solicitudes se añadieron a la de Puentenuevo, presentada por Viesgo en el mismo año, y a las dos de Iberdrola para Velilla y Lada, presentadas en 2017. Cabe destacar que Iberdrola solicitó el cierre de Lada a pesar de haber tomado la decisión de invertir en la central para que pudiese cumplir con los límites de NOx previstos en la Directiva de Emisiones Industriales, siendo la primera empresa en comprometerse a poner fin a sus centrales térmicas de carbón en España para hacer frente a la emergencia climática.
El cierre de estas 8 centrales el 30 de junio pone de manifiesto que contar con un adecuado marco legislativo y sobre todo, aplicarlo de manera eficaz es imperativo para hacer frente a la emergencia climática. De las seis centrales de carbón restantes, se espera que dos cierren entre 2021 y 2022 (As Pontes y Litoral), otra en 2025 (Alcudia 3 y 4), y recientemente se ha anunciado el cierre de Los Barrios, aunque la fecha está aún por determinar. A día de hoy, solamente Aboño 2 y Soto de Ribera en Asturias continúan sin un plan de cierre concreto, aunque la empresa ha indicado que quiere poner fin a sus centrales de carbón antes de 2030. No obstante, España ya se sitúa en la trayectoria correcta para ser un país sin centrales de carbón a mediados de esta década, un calendario compatible con los objetivos del Acuerdo de París.
Por último, es importante destacar que todos estos cierres deben estar acompañados por el desarrollo y aplicación de los convenios de transición justa programados, que garanticen el mantenimiento del empleo en los territorios y su dinamización económica e industrial, ligados al despliegue de energías renovables. Para ello, el Acuerdo por una transición energética justa para centrales térmicas en cierre firmado el pasado mes de abril entre el Gobierno, las empresas titulares de las centrales y los sindicatos así como la constitución, el pasado 18 de junio, de la comisión de seguimiento de dicho acuerdo, suponen un paso importante en la búsqueda de soluciones para los trabajadores y territorios afectados. Este acuerdo está enmarcado dentro de la Estrategia de Transición Justa, que forma parte del Marco Estratégico de Energía y Clima, elaborado por el Gobierno de España para cumplir con lo establecido en el marco jurídico de la UE, lo que pone nuevamente de manifiesto la importancia del derecho como instrumento en la transición energética y la lucha contra el cambio climático.
Carlota Ruiz-Bautista es abogada ambiental del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA).
EL BIODIESEL DE SOJA también se debe eliminar.
El biodiésel de soja, en auge tras la prohibición de la palma, provoca graves impactos socioambientales
Se ha lanzado la campaña #AparcaLaSoja para dar a conocer a la población los impactos del monocultivo de la soja. A pesar de ser considerado de bajo riesgo por la Unión Europea, el biodiésel de soja provoca deforestación y pérdida de biodiversidad.
Miles de personas apoyan que la transposición de la Directiva de Energía Renovables en España debe de eliminar el uso de cultivos alimentarios para la fabricación de biocombustibles.
El mal llamado biodiésel a partir de cultivos agrícolas fue presentado como una “solución verde” para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que provocan el cambio climático. Sin embargo, un informe de la UE demostró en 2016 que el biodiésel de palma no solo no reduce emisiones de GEI, sino que supone tres veces más emisiones que el diésel fósil. En el caso del biodiésel de soja, dos veces más. Pero los impactos del monocultivo de palma y soja van más allá del cambio climático: provocan deforestación, pérdida de biodiversidad y alteración de los ecosistemas, lo que está relacionado con la aparición y rápida expansión de enfermedades zoonóticas como la COVID–19.
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