Brasil solo ha juzgado 14 de los más de 300 asesinatos a ecologistas de la última década

Brasil es el segundo país de América Latina —por detrás de Colombia— con más asesinatos a defensores y defensoras ambientales. Lo señalaba en julio la ONG Global Witness, en su informe anual Enemies of the State? —¿Enemigos del Estado?—, sobre la criminalización del activismo ambiental, en el que sitúa a este país como el cuarto más peligroso del mundo en este sentido. En 2018, se cometieron 20 asesinatos a activistas del medio ambiente, según los datos de Global Witness.

Ahora, el informe Las mafias de la selva tropical: cómo la violencia y la impunidad alimentan la deforestación en la Amazonia brasileña, publicado este martes por la organización Human Rights Watch, analiza los crímenes contra ecologistas perpetuados por redes criminales en la última década. El último ocurrió hace solo una semana, cuando un inspector de la Funai —la agencia pública Fundación Nacional del Indio— fue tiroteado mientras conducía una moto en Tabatinga, en la Amazonia.

Según esta ONG, la Comisión de Tierras Pastorales (CPT, por sus siglas en portugués) cifra en más de 300 los asesinatos ocurridos en el contexto de conflictos por el uso de la tierra y los recursos en la Amazonia en los últimos 10 años. De ellos, solo 14 han llegado a los tribunales.

Human Rights Watch también ha documentado los intentos de asesinato —cuatro en la última década— y más de 40 amenazas de muerte, de las cuales, aseguran, ninguna ha llegado a ser juzgada. La mayoría, según explican en su investigación, a miembros de comunidades indígenas y residentes del bosque que denunciaron la tala ilegal a las autoridades.

“Esta falta de responsabilidad se debe, en gran parte, a que la policía no realizó las investigaciones adecuadas. La policía local, que ha reconocido el fracaso, dice que es porque los asesinatos tienen lugar en áreas remotas”, explican en su informe desde Human Rights Watch. Sin embargo, la ONG apunta también a “omisiones atroces en las investigaciones de asesinatos ocurridos en ciudades y no lejos de las estaciones de policía” y alerta de la falta de autopsias practicadas como uno de los mecanismos en esta línea.

Sobre las amenazas de muerte, desde Human Rights Watch apuntan a que en algunos lugares, los funcionarios se niegan a registrarlas. En al menos 19 de los 28 casos de asesinato que documenta el informe, las amenazas contra las víctimas precedieron a los ataques: “Si las autoridades hubieran investigado, los asesinatos podrían haberse evitado“.

Falta de protección

El informe de Human Rights Watch advierte de la relevancia de los defensores de la Amazonia para su conservación: “Las comunidades indígenas y otros residentes locales han desempeñado durante mucho tiempo un papel importante en los esfuerzos de Brasil para frenar la deforestación al alertar a las autoridades sobre la tala ilegal que, de otro modo, podría pasar desapercibida”.

Además de la impunidad que señala esta organización, uno de los factores que ha hecho que el riesgo de represalias sea alto es la falta de protección sobre quienes actúan frente a la deforestación de la Amazonia. “Desde 2004, Brasil ha tenido un programa para proteger a los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, pero los funcionarios del gobierno entrevistados [para la elaboración del informe] están de acuerdo en que el programa ofrece poca protección significativa”, señalan desde Human Rights Watch.

Las amenazas de la política ambiental de Bolsonaro

Si bien estos ataques ya ocurrían antes de que Jair Bolsonaro llegara a la presidencia brasileña al comienzo de este año, el informe alerta de que en lo que va de mandato se ha reducido la aplicación de las leyes ambientales y se han debilitado las agencias ambientales federales. En este tiempo, Bolsonaro también ha dirigido su discurso de odio a la labor activista, llegando incluso a acusar a las ONG del aumento de los fuegos que se ha producido en los últimos meses en la Amazonia.

La situación en la que se encuentra este área del país desde que Jair Bolsonaro llegó al poder no pronostica un futuro halagüeño para los derechos de los defensores ambientales. “Durante los primeros ocho meses de Bolsonaro en el cargo, la deforestación casi se ha duplicado en comparación con el mismo periodo en 2018, según datos oficiales”, argumentan desde Human Rights Watch. El mes pasado, la Amazonia brasileña registró la mayor cantidad de superficie quemada desde 2010, tal y como confirmaba el Instituto de Investigaciones Espaciales de Brasil hace unas semanas.

En este sentido y de cara a la Cumbre sobre la Acción Climática de la ONU que se celebra el próximo lunes, desde esta organización recuerdan que Brasil se comprometió en 2016 a acabar con la deforestación ilegal de la Amazonia para 2030.