Escriben Iara Pietricovsky, presidenta del Foro Internacional de Plataformas de ONG (FORUS); Eleonore Morel, directora ejecutiva de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH); y Tasneem Essop, directora ejecutiva de la Red de Acción Climática.
El mundo se enfrenta a la crisis sanitaria mundial más grave en un siglo, entrelazada con la creciente desigualdad social y económica, la sexta extinción en masa y los desastres ecológicos y climáticos sin precedentes. En este contexto de agitación mundial, hacemos un llamamiento a los bancos públicos de desarrollo que se reúnen esta semana para la cumbre Finanzas en Común para que formen parte de la solución hacia la construcción de un mundo justo, equitativo, inclusivo y sostenible.
Deben comprometerse a dedicar sus considerables recursos financieros e influencia a un futuro seguro, saludable y próspero para todos. Este lunes 9 de noviembre, más de 320 organizaciones de la sociedad civil han firmado una carta conjunta en la que se insta a los bancos públicos de desarrollo a transformar sus modelos de financiación.
La pandemia de COVID-19 es sólo el último ejemplo de las crisis multifacéticas a las que se enfrentan nuestras sociedades y podría empujar a 150 millones de personas más a la pobreza extrema para 2021. Ha llegado el momento de abordar la causa fundamental de esas crisis sistémicas, pues de lo contrario corremos el riesgo de aumentar drásticamente la difícil situación a la que se enfrentan miles de millones de personas. Las mujeres y las niñas, así como las que experimentan los efectos acumulativos de diversas vulnerabilidades, son las más afectadas y las más duramente. Cualquiera que sea la duración de esta pandemia, los desafíos a los que se enfrenta el mundo merecen respuestas globales para satisfacer las necesidades de las comunidades locales.
Los bancos públicos de desarrollo no deben repetir los errores del pasado. Deben aprovechar la oportunidad de la cumbre Finanzas en Común para iniciar un cambio profundo y rápido en su forma de operar. Tienen que situar la democracia, la inclusión, la igualdad, la solidaridad y el bien común en el centro de sus acciones. El dinero público sólo debe ser gastado para promover el bienestar de la gente y del planeta. Ni un solo céntimo puede destinarse a la violación de los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales, o los derechos de los Pueblos Indígenas, ni debe permitir la destrucción de la naturaleza.
Es hora de que los bancos públicos adopten una postura colectiva para impedir que el dinero se destine a los combustibles fósiles y a otros sectores que alimentan la crisis del clima y la biodiversidad. Creemos que el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la limitación del calentamiento global a 1,5 ºC mediante la plena aplicación del Acuerdo de París y la protección de la naturaleza deberían ser los principales impulsores de la acción en el próximo decenio.
Mediante un enfoque basado en los derechos y mecanismos sólidos para la participación significativa de la sociedad civil en todas las etapas, desde la elaboración de las políticas hasta la evaluación de sus efectos, los bancos públicos de desarrollo deberían mejorar el respeto de los derechos humanos y promover el desarrollo dirigido por la comunidad.
Sus operaciones directas e indirectas deben promover el fomento de la capacidad de recuperación y el desarrollo de servicios públicos esenciales y cualitativos, apoyar los esfuerzos de lucha contra la corrupción y la evasión de impuestos, y adherirse al principio de ‘no hacer daño’, de modo que su financiación no socave los objetivos climáticos y ambientales, aumente la carga de la deuda o amplíe las desigualdades. Para garantizar la rendición de cuentas, todos los bancos públicos de desarrollo y todos sus intermediarios deben aplicar las normas más estrictas de transparencia, las directrices de presentación de informes y las metodologías de evaluación de los riesgos y los efectos.
El contexto actual es calamitoso y pone de relieve una vez más la urgencia de repensar la financiación del desarrollo. Es necesario pensar en dar un paso adelante; no se trata sólo de cómo se está gastando el dinero público, sino también de abordar los efectos en gran medida negativos que las asociaciones entre el sector público y el privado tienen en las comunidades. Estos esfuerzos deben ser apoyados por los países que proporcionen el mandato, las políticas y las medidas adecuadas y los recursos necesarios a las instituciones financieras públicas.
Los bancos públicos de desarrollo reunidos en la cumbre Finanzas en Común deben actuar de inmediato para transformar sus modelos de financiación, adoptando los compromisos establecidos en nuestra carta conjunta. Su mandato de interés público debe ser claro, su gobernanza transparente y responsable. La sociedad civil seguirá cumpliendo su función de vigilancia para asegurar que la respuesta a la actual crisis económica mundial conlleve una transformación económica, social y ecológica. Si no es ahora, ¿cuándo?
Este texto fue publicado originalmente en inglés en Thomson Reuters Foundation.
